El déficit tarifario en el sector eléctrico

(Con Alberto Martín García)

Siguiendo en esa línea de facilitar a los consumidores el conocimiento del intrincado y casi inexpugnable mundo del sector eléctrico vamos a presentar en este post un tema bastante conflictivo por las posturas enfrentadas que existen al respecto. Me refiero al conocido como “déficit tarifario” que, para entendernos, podemos definir como: la diferencia entre la tarifa regulada que paga el consumidor por la energía  eléctrica y todos los costes reales asociados a la misma

En la actualidad, esta diferencia acumulada entre ingresos y costes asciende a 22.850 millones de euros,  según las Compañías eléctricas. 

Ante esta realidad, las dos preguntas que puede hacerse el lector son:

¿Cuál es el origen de este déficit?

¿Cómo se ha llegado a este importe?

Para responderlas adecuadamente es necesario echar la vista quince años atrás y analizar como estaba el sector en esos momentos.

Hasta el año 1997, el Ministerio de Industria era el encargado de calcular los costes del sistema eléctrico y de repercutirlos al consumidor final vía tarifa, la llamada tarifa integral (que “integraba” todos los costes). Básicamente este cálculo consistía en dividir los costes del sistema entre la totalidad del consumo esperado para el año siguiente. Como es lógico este cálculo era una estimación que año a año se iba corrigiendo, pero toda la responsabilidad recaía sobre un único agente.

En ese año, se aprobó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (transposición de la Directiva 96/92/CE, de 19 de diciembre) que liberalizaba todas las actividades del sector (generación, transporte, distribución y comercialización).

Una vez aprobada esta Ley, comenzaron a darse los primeros pasos para su liberalización. Se estableció un mercado mayorista liberalizado de compra-venta de energía eléctrica, manteniendo las tarifas integrales para el consumo minorista, que sería gestionado por el Operador del Mercado Eléctrico (OMEL). Cada día este Operador abre una subasta para las 24 horas del día siguiente, entrando en primer lugar, como ofertante, por parte de las generadoras, la energía nuclear, pues estas centrales no pueden detenerse dado el elevado coste que ello representaría; a continuación, por mandato legal, entran las energías renovables y seguidamente, por motivos económicos, las fósiles (carbón, petróleo y gas). Por parte de los demandantes, comienza el correspondiente al consumo residencial, para intervenir después las Pymes y empresas de servicios y finalmente los grandes consumidores. Cuando los ofertantes de energía (generadores) y los demandantes (comercializadoras) llegan a un punto de encuentro, éste es el que determina el precio de la toda la energía vendida en la subasta para esa hora.

Dado que el consumidor, durante un periodo de tiempo determinado (un año, seis o tres meses), paga una tarifa fija por la energía consumida y el coste de la misma varía permanentemente de un día para otro, se produce una disfunción en las Compañías eléctricas entre sus ingresos y gastos.

En los últimos años, el precio del petróleo ha experimentado un incremento espectacular, de30 a120 euros, mientras que las tarifas no se han incrementado, ni de lejos, en esta proporción. Esta circunstancia unida a los propios defectos del sector han hecho posible la existencia del déficit tarifario, que apareció por primera vez en el año 2000 cuando el Gobierno no quiso trasladar a los precios de la electricidad el súbito y brutal incremento del precio del petróleo. En el año 2008 hubo otra subida notable de esta materia prima que tampoco se trasladó al precio final por el impacto que supondría en la economía nacional y también porque había elecciones generales ese mismo año.

La propia CNE ha señalado que:

“No se cuestiona la propia existencia del pool y su continuidad, imprescindible en el modelo actual de liberalización de los mercados. Lo que se quiere es buscar soluciones a los problemas del pool, para que estos no destruyan y desvirtúen el sistema”.

El Gobierno a la vista del mal funcionamiento del mercado intentó reconducirlo mediante la  aprobación del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, en el que entre otras medidas, como la creación de la TUR, fijaba un plan para eliminar el déficit tarifario en el año 2013 mediante una reducción progresiva, año tras año, en el periodo 2009-2012. El primer año de funcionamiento del nuevo plan hubo una desviación de 3.000 millones de euros lo que puso de manifiesto la dudosa viabilidad de las previsiones. Posteriormente, en el año 2010, se aprobó el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, que sigue sin solucionar el problema, más bien al contrario ha incrementado la confusión y ha provocado los litigios que hemos comentado en otro post.

En el lado contrario, se posicionan los que niegan la existencia del déficit tarifario en base a los siguientes argumentos:

* En el año 1997, el Gobierno creó una partida denominada Costes de Transición a la Competencia (CTC) que se incluyó en la tarifa eléctrica de venta con el fin de dar estabilidad al sector y compensarle del paso de un régimen regulado a otro de libre mercado, estableciéndose un pago máximo de 8.600 millones de euros. En el año 2006, el Gobierno canceló anticipadamente esta ayuda, con un importe total pagado de 12.000 millones de euros, muy por encima del máximo estipulado, lo que supuso un “negocio redondo” para las Compañías eléctricas que se beneficiaron de un superávit inesperado.

* Bajo la presión del supuesto déficit tarifario, las Compañías se han beneficiado de otras medidas gubernamentales, como han sido la concesión de prórrogas de explotación de centrales hidroeléctricas y nucleares, completamente amortizadas.

* En las subastas diarias del mercado, dado el procedimiento seguido, la energía nuclear se está pagando a precios muy superiores a su coste, sobretodo en la procedente de aquellas centrales cuya vida útil se ha prorrogado.

* El resultado de las subastas en las que se fija el precio de la TUR está bajo sospecha porque desde el tercer trimestre del año 2009 en que entró en vigor esta tarifa, siempre han arrojado un precio superior al que luego ha resultado ser el precio del “pool” (el mercado mayorista). La propia CNE está investigando este asunto.

 * Los distintos Gobiernos han “permitido” que las Compañías eléctricas carguen en la factura mensual una cantidad promedio de 3 euros por el alquiler del contador, cuando el coste actual de un equipo de esta naturaleza está alrededor de 30 euros. Es decir, que en el primer año se paga el contador y a partir de entonces, la Compañía ingresa, de promedio, 40 euros anuales por cliente, que estimando un parque de contadores de 20 millones de unidades supone un ingreso neto de 800 millones de euros al año.  

* Para favorecer el consumo de carbón nacional, se incluye en la factura al consumidor, el denominado “Impuesto eléctrico”.

* El sistema de facturación de las Compañías eléctricas no ofrece garantías al consumidor, como se ha podido comprobar en sentencias recientes de los Tribunales de Justicia.   

Como resumen de lo expuesto, los detractores del “déficit tarifario” afirman:

“Los consumidores de electricidad tenemos que soportar una deuda ficticia con las Compañías eléctricas generada por defectos en el diseño del Mercado, avalarla con nuestro patrimonio (el Estado), y hacernos cargo de sus intereses de demora. El llamado “déficit tarifario”, que no es más que un déficit regulatorio creado artificialmente, asciende al día de hoy a 22.850 millones de euros. Este endeudamiento además va a seguir creciendo, como mínimo, hasta 2013, por un valor estimado en otros 5.000 millones de euros.

Y por si fuera poco, las Compañías eléctricas siguen vendiendo bisutería al precio de joyería, obteniendo unos enormes beneficios caídos del cielo (Windfall Profits) por valor de 3.500 millones de euros anuales.

Nos han inculcado que hay que pagar por la electricidad lo que realmente cuesta y que las energías renovables disparan su precio”.

Presentadas ambas posturas y sus razonamientos en torno al “déficit tarifario”, considero debo “mojarme” y expresar mi opinión personal al respecto.

No siendo un experto en la materia me atrevo a afirmar que si bien, desde el punto de vista contable, existe el denominado “déficit tarifario”,reconocido por el Gobierno, debido a las circunstancias que se han expuesto en el presente post, la realidad es que las Compañías eléctricas están obteniendo, a cambio, otros beneficios que no se contabilizan pero que repercuten favorablemente en sus cuentas de resultados anuales.

Recientemente, el Gobierno ha anunciado una congelación del precio de la TUR, cuando, en realidad, podría haberse producido una bajada ya que el precio de la energía mayorista ha descendido últimamente debido a la benignidad de las temperaturas invernales.

Por todo ello considero que debería llevarse a cabo un estudio serio y detallado de todo el proceso para llegar a una valoración real del posible “déficit tarifario” si es que existe. 

 

Impuestos y demagogia

Basta con leer la mayoría de los comentarios publicados a partir del anuncio de la subida de impuestos por parte del Gobierno, para llegar a la conclusión de que nuestros nuevos gobernantes, nada más tomar posesión, han continuado con una práctica tradicional de todos los partidos políticos: decir una cosa en la campaña electoral y hacer otra bien distinta una vez han llegado al poder. Sin embargo, no estaría de más reflexionar un poco más a fondo sobre la circunstancia señalada, sobre todo, cuando la promesa proclamada en campaña electoral es una promesa relativa a impuestos.

Llama ante todo la atención que muchos comentaristas manifiesten su sorpresa por el grave “fraude” que para los electores supone el incumplimiento de una promesa electoral. Es algo así como “rasgarse las vestiduras”  ante un acontecimiento que por regla general casi que podría decirse es consustancial al funcionamiento del sistema electoral en los países democráticos. Una cosa es lo que se dice en la campaña electoral con respecto a determinadas cuestiones y, en particular, las relativas a impuestos,  y otra bien distinta lo que se hace (o puede/debe hacerse) una vez se ha alcanzado el Gobierno. Es esta una máxima que todos los ciudadanos conocen perfectamente, y que ni mucho menos supone una desvalorización por sí misma del propio sistema, sino más bien, una característica ínsita en las reglas por las que se rige la actividad política democrática.  Cualquier partido político (máxime si el mismo tiene expectativas fundadas de alcanzar el poder) emplea, dentro de ciertos límites, como táctica para alcanzar sus objetivos, no tanto la mentira, como la demagogia, que es algo bien diferente.  La promesa del PP de que si llegaba al Gobierno no iba a subir los impuestos, era, en mi opinión, una clara promesa demagógica, en el sentido de que cualquier elector mínimamente informado sabía a ciencia cierta que en las actuales circunstancias económicas en las que se encuentra España, la vía de aumentar la carga impositiva que recae sobre los ciudadanos era algo inevitable. Significativamente, de la misma forma que el PP empleó en su campaña electoral de forma demagógica el lema de no aumentar los impuestos, es ahora el PSOE el que utiliza de forma demagógica el hecho de este incumplimiento electoral por parte del PP a fin de así empezar a erosionar desde el punto de vista político la actuación gubernamental. Lo cual no sólo es legítimo que lo haga, sino que es algo consustancial al “juego político”. Bastaría con pensar en todo caso qué hubiese hecho el PSOE en materia de impuestos de haber ganado las elecciones, pues los antecedentes nos indican que la vía podía haber sido, otra vez, una medida mucho más regresiva como resulta ser el aumento de la imposición indirecta.

Mayor importancia y preocupación reviste el hecho del mensaje reiterado por parte de algunos dirigentes  o ideólogos próximos al PP, de que la existencia misma de los impuestos es un obstáculo objetivo para el desarrollo económico de nuestro país. Pero aquí ya no nos encontraríamos en sentido estricto ante una promesa electoral, sino ante una declaración más general en vía de principio o de tipo ideológico, que supone asumir como “filosofía” de actuación la maldad intrínseca de cualquier impuesto por el simple hecho de su propia existencia. Y esto es ya “harina de otro costal”, puesto que como bien ha señalado significativamente Juan Rosell, Presidente de la CEOE, los impuestos en los países democráticos son signo de civilización, y si esto no se tiene claro y es mayoritariamente asumido por la ciudadanía, pero sobre todo, por la clase política, difícilmente vamos a poder llevar a cabo en términos individuales los sacrificios que sean necesarios para salir de la crisis o simplemente para vivir en una sociedad civilizada. Es precisamente en este ámbito donde habrá que reclamarle al  nuevo Gobierno un compromiso firme a favor de la adopción de medidas que restablezcan la confianza de los españoles en un sistema tributario fundamentado en los principios de justicia que marca nuestra Constitución, pues de ello dependerá en gran medida que el coste de la crisis sea debidamente repartido entre todos y, por ende, debidamente comprendido y asumido. Desde esta óptica, no son mal presagio  las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno en el ámbito del IRPF y del IBI que, siendo provisionales, auguran sin embargo una voluntad real por dejar atrás promesas demagógicas y planteamientos ideológicos que poco tienen que ver con la realidad de una sociedad del siglo XXI.

En el año 1977,un Gobierno de la UCD (es decir, un Gobierno “de derechas” en la terminología del siglo XX), siendo ministro de Hacienda F. Fernández Ordóñez,  estableció las bases de lo que por primera vez en la historia de España iba a ser un sistema tributario moderno (Ley 50/1977, de 14 de noviembre), introduciendo figuras entonces  tan revolucionarias como la supresión del secreto bancario o la regulación del delito fiscal. Los años  transcurridos y las sucesivas modificaciones legislativas acontecidas en el diseño de nuestro sistema tributario,  creo que han desdibujado en gran medida los parámetros de equidad a los que debe responder el mismo, pero también, las exigencias de claridad y simplicidad que deben presidir su aplicación en aras al principio de seguridad jurídica y cumplimiento “natural” de las normas por parte de sus destinatarios (Administración y contribuyentes).

La actual coyuntura que atraviesa España es motivo de fundada preocupación, pero también, de fundada esperanza en que podamos acometer entre todos, con nuestras propuestas, actuaciones y críticas, los cambios o las actualizaciones que sea preciso realizar para “poner a punto” una sociedad que precisa  -y mayoritariamente demanda- consensos básicos en cuestiones fundamentales de las que depende nuestro futuro.  Y en lo atinente al ámbito tributario, si algo de verdad sobra, es la demagogia… al menos hasta la próxima campaña electoral.