Estos son los “Principios de Actuación” de Telefónica (pero si no le gustan aquí tiene otros)

En la página web de Telefónica pueden consultarse los ahí llamados “Principios de Actuación” de sus directivos y empleados, en una palabra, el código ético del grupo. Como allí se indica “Se estructuran en unos Principios Generales: honestidad y confianza, respeto por la ley, integridad y respeto por los derechos humanos.” Para que tal cosa no se quede en agua de borrajas, se aclara al lector que “En Telefónica hemos trasladado nuestros Principios de Actuación a todos nuestros profesionales a través de un curso formativo on line, de carácter obligatorio, y cuyo objetivo es dar a conocer a todos los empleados nuestro código ético y reflexionar sobre la importancia de contar en el Grupo con unos estándares éticos que le ayuden en el desarrollo de su actividad diaria.” Como supongo que el Duque de Palma, el Sr. Urdangarín, consejero de Telefónica Internacional, no habrá quedado eximido de hacer el curso on line desde su residencia Washington, he sentido cierta curiosidad por bucear en su contenido.

El código ético se inicia en su primera página con una carta del Presidente, Sr. Alierta, en la que nos dice que “Nuestra reputación se construye y se ve afectada por decisiones y acciones tomadas por cada uno de nosotros”. Tras leer esto no puedo evitar recordar –cual perro de Pavlov que se ponía a babear tras escuchar la campanilla- que la Sala Penal del Tribunal Supremo tuvo a bien declarar prescrito in extremis, y con argumentos verdaderamente traídos por los pelos, una actuación del Sr. Alierta cuando era Presidente de Tabacalera que me parece que no encaja muy bien con su código ético. Ni con el general, ni tampoco con el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores que se puede consultar en la web de la CNMV. Los que quieran refrescar la información publicada en nuestro blog pueden pinchar aquí, o en este otro post publicado por nuestros amigos de Nada es Gratis sobre el mismo tema.

Un poco más adelante se desarrollan los Principios “Respeto por la ley” e “Integridad”. Ahí se nos dice, entre otras cosas, que “Velamos por el cumplimiento de todas las legislaciones, normativas y obligaciones regulatorias, tanto nacionales como internacionales, considerando además entre ellas las políticas y normativas internas (…) Evitamos o declaramos cualquier conflicto de intereses que pueda anteponer prioridades personales a las colectivas.” Estas manifestaciones del código deben coordinarse con el art. 12, 2, d. del Reglamento del Consejo, que afirma que los consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo cuando “su permanencia en el Consejo pueda afectar al crédito o reputación de que gozala Compañía en el mercado o poner en riesgo de cualquier otra manera sus intereses”.

A la vista de todo ello, y dada la actitud pasiva desarrollada hasta ahora por la compañía, podríamos considerar que Telefónica está a la espera de aplicar su código ético en el caso del Duque de Palma a que haya sentencia firme, como es tan tradicional en nuestro país, o incluso a que, una vez recaída, el Gobierno no indulte al Sr. Urdangarín, imitando en este punto el buen criterio del Banco de España en el caso Alfredo Sáenz, al que este blog ha dedicado unos cuantos post (ver el último). Y sería muy prudente al hacerlo, porque, como es sabido, a la manera del memory hole de Orwell, lo que el Gobierno indulta nunca ha existido. No debe extrañar entonces que, como cuenta El Confidencial (aquí), dicho consejero haya sido reelegido en el cargo en julio de 2011, pese a que los indicios de comportamiento irregular en su contra ya fuesen abrumadores. En fin, que podemos esperar todavía un buen rato. A menos, claro está, que sea cierto lo que nos dice el mismo diario de que Telefónica está esperando instrucciones de la Casa Real para ver si aplica o no el código al Sr. Urdangarín. Ver aquí.

Si este fuese el caso, quizá se debiera incluir en los Principios de Actuación otro Principio, cuya redacción propongo por si se considera útil su incorporación en la próxima Junta General de la compañía:

“Principio de Pragmatismo:

En el caso de directivos contratados incumpliendo el Principio de Contratación (Basamos nuestras políticas de selección, contratación, formación y promoción interna, en criterios claros de capacidad, competencia y méritos profesionales), ya sea porque son miembros de la Casa Real, o se trata de ex políticos contratados con el fin de eludir el Principio de Neutralidad (No efectuamos donaciones en metálico o en especie, de ninguna índole, a partidos políticos, organizaciones, facciones, movimientos, entidades, sean éstas de carácter público o privado cuya actividad esté claramente vinculada con la actividad política), en estos casos no, repetimos, NO se aplicarán los anteriores Principios.”

Lo dicho, como afirmó Marx (en esta ocasión Groucho), estos son mis Principios, pero si no le gustan aquí tengo otros.

Y es que, efectivamente, la autorregulación está muy bien en un país serio, en donde estas cosas se las creen tanto los directivos como los usuarios y el público en general. Especialmente, en países donde existen mecanismos de sanción por parte del mercado a las empresas que las incumplen, en definitiva, donde existen mercados abiertos y transparentes. Esto nos da ya una pista de el por qué estos códigos éticos de muchas de las grandes empresas españolas son como los principios de Groucho. La vinculación de estas empresas con el poder, su dependencia de la regulación, las hacen especialmente proclives al oscurantismo y al “revolving door”. Con cualquier cambio de Gobierno, con independencia de su color, podemos observar cómo los políticos desfilan del poder público al privado -integrado por ¿antiguos? monopolios y entidades financieras- y a la inversa. Esta “cultura” explica la razón por la que se contrata a gente como Zaplana, Javier de Paz o… el yerno del rey. Como ocurre siempre en España, los favores se pagan. Simplemente, a los españoles nos gustaría saber cómo y en qué forma los terminamos pagando nosotros.

¿Estado del Bienestar garantizado o subvencionado para los colectivos en riesgo de exclusión?

Conviene preguntarse cómo vamos, al menos en los próximos diez años, a ser capaces de sostener este que denominamos sistema del bienestar actual. Y conviene analizar, y muy en profundidad, si el sistema del bienestar que hemos construido en nuestro país, en lo relativo a las grandes poblaciones en riesgo de exclusión, cumple todo su objetivo cuando tratamos de creernos que con una teórica seguridad social  universal, una educación gratuita aparentemente universal y un fuerte sistema prestacional de pensiones para nuestras clases pasivas, hemos llegado al paraíso. Cierto es que estos regímenes han venido a  mejorar el bienestar de los ciudadanos, comparándolo en la evolución temporal e histórica, pero, ¿lo regulado con legislación, realmente completa el sistema del bienestar?.

Hay algo que no debe funcionar muy bien, si atendemos a lo que se está produciendo en los últimos meses dentro del colectivo de personas con discapacidad y poblaciones en riesgo. Las manifestaciones que se están sucediendo desde hace meses en todo el país por colectivos de personas con discapacidad, ante la preocupación por el retraso e incluso impago de las subvenciones “acostumbradas” y aprobadas, nos hacen pensar que se puede estar desmoronando un sistema de servicios asentado sobre la débil base del mantenimiento en función de la situación económica. En España, para bien y también para mal, poseemos una fortaleza y estructura asociativa sin comparación en ningún país de nuestro entorno. Esta estructura asociativa, dividida y distribuida en verdaderas redes sociales locales, autonómicas y nacionales, y aglutinadas en el caso de la discapacidad en una macro federación organizada en torno a ONCE, Fundación ONCE y CERMI, se ha convertido en verdadera gestora de servicios que indefectiblemente nunca debieran dejar de ser responsabilidad de los poderes públicos. Derivado aún de la mentalidad asistencial de finales de los setenta y principios ochenta del siglo pasado, el tercer sector se ha ido encargando, bajo la argumentación de completar las evidentes carencias sociales que tienen millones de ciudadanos, de tratar de paliar las condiciones de desigualdad que el Estado no era, o no ha querido, garantizar. Así, en torno a los regímenes de subvenciones del 0’7 del IRPF, y del Régimen General, completado con cientos de convenios, contratos directos y figuras análogas, se han ido construyendo verdaderos negocios de servicios derivados de la que debiera ser responsabilidad pública, y por ende, el tercer sector y toda su red asociativa se ha acostumbrado a que así sea. De tal forma, que en manera similar al régimen convenial laboral, se ha convertido casi en derecho consolidado el recibir año a año cantidades multimillonarias de subvenciones revalorizadas.

Juego muy fácil para el poder político, y muy cómodo de asumir por el tercer sector, estructurado en las mencionadas redes complejas a través de asociaciones, confederaciones y federaciones de todo tipo. El político firma el cheque de subsistencia o mantenimiento, y la estructura asociativa tan contenta al recibirlo. Sistema asistencial puro y duro, e irónicamente contradictorio con las proclamas a bombo y platillo de la nueva filosofía de los colectivos de las personas con discapacidad o mayores, abogando por una nueva era de participación activa.

¿Y cuando el dinero se acaba, al menos temporalmente? ¿Cómo mantenemos el sistema de derechos, bienes y servicios que hemos ido garantizando? Sólo es posible a través de un replanteamiento tanto del concepto como de la gestión y eficacia en el gasto sin merma de derechos.

Es evidente que el sector asociativo cumple un papel fundamental en nuestra sociedad, pero éste debe ser de apoyo a los ciudadanos con determinadas dificultadas, y nunca entender al sector asociativo como un “subcontratado” del Estado. Esta es la función asignada a las subvenciones del Régimen General. ¿Pero y las del IRPF y Convenios en su contenido actual? Entiendo que más cuestionable, mucho más, bien entendido siempre dentro del objeto que hoy cubren. Porque a través de las subvenciones del IRPF, de los Convenios, los contratos menores, se financian programas enteros destinados a los denominados SIL, Servicios de Integración Laboral. Es raro encontrar una Federación o Asociación del tercer sector de la discapacidad que no tenga uno, ¿y no sería esta una actuación inherente a nuestro servicio público de empleo? Recordemos que el derecho a un empleo digno está presente en nuestra Constitución. A través de las multimillonarias subvenciones derivadas del IRPF se han venido creando verdaderas redes de servicios de asistencia domiciliaria y acompañamiento, ¿no es ésta una labor que debiera gestionar y garantizar nuestra red de servicios sociales y sociosanitarios, y por supuesto, la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia?. Con dinero recibido directamente de las subvenciones del IRPF el sector asociativo gestiona y trabaja en poner en marcha productos y servicios relacionados con la comunicación, de forma que las grandes telecos les proporcionen, en la mayoría de los casos a través de sus Fundaciones y no de sus empresas, productos accesibles para hablar y comunicarse, ¿no es esta una obligación que debiera cumplir nuestra Administración Pública? ¿Y la realización de estudios, informes y análisis de necesidades que se derivan al Tercer Sector, para que se gasten enormes cantidades anuales en hacer estos documentos sobre sus propias necesidades?.

Al mismo tiempo, quizás sea el momento también, aún siendo impopular dentro del sector asociativo, de buscar el camino para racionalizar el gasto público, y mejorar sustancialmente su efectividad. Es España rige todavía un sistema de inclusión laboral surrealista desde el año 1982, potenciando claramente el empleo protegido (Centros Especiales de Empleo), ratificado hace un mes en la Estrategia de empleo: buscando incentivar la contratación de personas con discapacidad, un empresario que contrate en indefinido recibe 12.000 €, 0 15.000 € si tiene determinadlo grado y patología, además de las bonificaciones del 100% de la cuota empresarial a la SS y otras ayudas. Esto es aplicable tanto si la persona contratada tiene un certificado de discapacidad del 35% porque le falta una mano o falta de visión en un ojo, como para una persona con parálisis cerebral, tetraplejia o autista. Mientras, la subvención por incorporar a un trabajador con discapacidad a la empresa ordinaria es tan sólo de 8.000 € si la persona tiene especiales dificultades. Con esta estrategia difícilmente se va a conseguir el objetivo de la normalización laboral. ¡Surrealista! Las empresas están repletas de pequeños discapacitados, y los grandes, los que tienen verdaderas dificultades, siguen marginados.

A lo mejor tenemos que introducir en nuestra ley de dependencia, verdaderos recursos tecnológicos de autonomía personal para reducir costes, generando ahorro reinvertible, y dejar de derivar recursos económicos al sector asociativo para que hagan la labor que debiera ser del Estado. Mientras somos ricos, los cheques funcionan. Pero cuando llegan años de sequía, nos damos cuenta que el pozo del que sacamos el agua no tiene tanta profundidad. Una racionalización objetiva del gasto no sólo no tiene que reducir derechos, más bien debe reforzar los mismos. La configuración de la ley de dependencia es insostenible, si no se introducen otros recursos enfocados a la autonomía personal, sin olvidar ni despreciar, en absoluto, la introducción de tecnologías accesibles domóticas, de comunicación e interactuación.

Igualmente podríamos decir en lo referente a la garantía de comunicación accesible para personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas. Reducción de costes a través de herramientas tecnológicas, como las videoconferencias. Sólo la Administración Central gasta más de 2’5 M de euros en servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos, que además son proporcionados por el propio sector asociativo, convirtiéndose en un círculo cerrado retroalimentado. La Administración tiene recursos de sobra para garantizar los derechos, y mejorar su cumplimiento incluso, en muchos casos, con reducción drástica de costes, a través de su propia infraestructura, reducción que puede destinar a otros servicios.

El mantenimiento del estado del bienestar poniendo cheques, subvenciones, encima de la mesa, manteniendo así apaciguado al sector asociativo pero en plena situación de subsistencia, no soluciona nada. Clara que es mucho más sencillo, derivar flagrantemente responsabilidades públicas hacia la sociedad civil, que como estructura está contenta, pero no como ciudadano individual. Una persona con discapacidad no quiere subsistir, quiere interactuar con plena autonomía como ciudadano, con igualdad de oportunidades. Por supuesto que el sector asociativo tiene una función, y no debe desaparecer el apoyo desde las instituciones públicas; pero es necesario dar un giro completo en su concepto, y en la función que debe cumplir.