Proteger a los denunciantes de actos de corrupción

En su Cumbre de noviembre de 2010 celebrada en Seúl, los líderes del G20 trataron de su agenda contra la corrupción e identificaron como una de sus prioridades establecer medidas de protección para los denunciantes: “Proteger de acciones discriminatorias y  represalias a los denunciantes que informen de buena fe sobre actos sospechosos de corrupción (…)”. El Grupo de Trabajo Anti-corrupción del G20 encargó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la preparación de un informe con propuestas  para poner en práctica el objetivo señalado.

El 25 de noviembre pasado, la OCDE hizo publicó su informe, titulado G20 Anti-Corruption Action Plan. Action point 7: Protection of Whistleblowers .

Una traducción literal de “whistleblower” sería en español “soplador de silbato”, una traducción más correcta sería “soplón” y otra que sonara menos dura en nuestra cultura sería “denunciante”, si bien hay que aclarar que en inglés, en sentido estricto, el whistleblower es un denunciante dentro de la propia organización.

¿Qué entendemos por corrupción? El diccionario de la Real Academia Española la define de siguiente modo:”En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. De otro lado, para la organización Transparency International “La corrupción es operacionalmente definida como el abuso del poder encomendado para [obtener] beneficio particular”.

No encontramos, sin duda, ante un asunto polémico. En este mismo blog las denuncias como post o comentario han sido en los últimos meses constantes. ¿Quién no está contra la corrupción desde una actitud ciudadana?

Pero nuestra cultura mediterránea-católica, alejada de aquella de los países anglosajones imbuidos de los principios luteranos y calvinistas mucho más estrictos, nos hace ser más tolerantes con la corrupción y desde luego mucho menos activos personal e institucionalmente contra ella. De otro modo no se explicarían determinados acontecimientos desde hace años en España. La corrupción es intrínseca a una dictadura pero en una democracia los mecanismos para actuar contra ella deben ser eficaces y parece haber un alto nivel de acuerdo  en que no está siendo así. Muchos ejemplos podrían ponerse acerca de la tolerancia con la infracción de las normas establecidas, pero basta con hacer referencia al volumen del fraude fiscal que se estima entre un 20 y un 25 por ciento, el doble que en la zona euro. Según la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) la economía sumergida española superaba en 2008  el 17 por ciento del PIB con una media de 32.000 millones de euros anuales de fraude fiscal, cifra que según todos los expertos se ha incrementado en los últimos años.

El documento de la OCDE formula varias propuestas extraídas del abanico de mejores prácticas identificadas. Son las siguientes:

              1. Establecer una clara legislación y un eficaz marco institucional que  proteja de actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades, de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de inmoralidad o corrupción.

(v.gr. El requerimiento o fuerte estímulo a las empresas para implementar medidas de control que faciliten las denuncias, como controles internos, programas éticos, gestión del riesgo de fraudes, etc.)

             2. La legislación establece una clara definición de la esfera de revelaciones protegidas y de las personas incluidas bajo la protección de la ley.

(v.gr. Están bajo protección los empleados del sector público y del sector privado, incluyendo no solo empleados fijos y funcionarios sino también consultores, contratistas, empleados temporales, antiguos empleados, voluntarios, etc.)

             3. La legislación asegura que la protección ofrecida a los denunciantes es sólida y exhaustiva.

(v.gr. Protección de la identidad otorgando validez a los informes anónimos)

             4. La legislación define claramente los procedimientos y establece los canales para facilitar la información de actos sospechosos de corrupción y anima al uso cómodo y protegido de canales accesibles de denuncia.

(v.gr. Fuerte estímulo a las empresas para establecer canales de denuncia interna)

            5.   La legislación asegura qué mecanismos efectivos de protección son establecidos incluyendo confiar a un comité específico que es responsable y está dotado de la responsabilidad de recibir e investigar quejas de represalias y/o investigaciones impropias, así como proveer una completa gama de soluciones.  

(v.gr. Derechos de los denunciantes en los procedimientos judiciales como parte agraviada, con un derecho individual de actuación)

            6.   La implementación de la legislación de protección al denunciante apoyándola con un incremento de la concienciación, de la comunicación,  la formación y evaluación periódicas de la eficacia del marco de protección.

      (v.gr. El crecimiento de la concienciación dirigido al cambio de las percepciones culturales y actitud pública hacia las denuncias para que sean consideradas un acto de lealtad hacia las organizaciones)

Para terminar señalemos que, según la organización Transparency International,  en 2010 España ocupaba el puesto número treinta en el Índice de Percepción de la Corrupción y, según declaraciones de los responsables de TI en España, habría bajado a la posición 31 en 2011.

Específicamente en lo que se refiere a nuestro país, el Barómetro Global de la Corrupción 2010 de dicha organización señala que solo el 3 por ciento de los ciudadanos encuestados consideran que la corrupción había descendido durante los últimos tres años, un 24 por ciento considera que se encontraba igual y el 73 por ciento considera que había aumentado. Un 74 por ciento manifestó que la acción del gobierno era  ineficaz mientras que un 26 por ciento la consideró eficaz.

Es, pues, es ésta ciertamente una cuestión polémica que admite muchas matizaciones pero que es preciso afrontar. No se trata solo de las practicas de corrupción, unas veces presuntas y otras probadas por sentencias firmes de los tribunales, que permanentemente ocupan las portadas de nuestros medios de comunicación sino del hecho de que España, que es la cuarta economía de la zona euro y que está entre los diez países más desarrollados del mundo, no puede tolerar datos como los señalados anteriormente. Según el mismo informe de TI,  en la Unión Europea nueve de cada diez personas se muestran dispuestas a denunciar un caso de corrupción del que puedan tener conocimiento. ¿Constituye ello, como parece, una de las características de una sociedad madura y sana cívicamente? ¿Se corresponde dicha actitud con la realidad cotidiana de nuestro país?

 

Proteger a los denunciantes de actos de corrupción

En su Cumbre de noviembre de 2010 celebrada en Seúl, los líderes del G20 trataron de su agenda contra la corrupción e identificaron como una de sus prioridades establecer medidas de protección para los denunciantes: “Proteger de acciones discriminatorias y  represalias a los denunciantes que informen de buena fe sobre actos sospechosos de corrupción (…)”. El Grupo de Trabajo Anti-corrupción del G20 encargó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la preparación de un informe con propuestas  para poner en práctica el objetivo señalado.

El 25 de noviembre pasado, la OCDE hizo publicó su informe, titulado G20 Anti-Corruption Action Plan. Action point 7: Protection of Whistleblowers .

Una traducción literal de “whistleblower” sería en español “soplador de silbato”, una traducción más correcta sería “soplón” y otra que sonara menos dura en nuestra cultura sería “denunciante”, si bien hay que aclarar que en inglés, en sentido estricto, el whistleblower es un denunciante dentro de la propia organización.

¿Qué entendemos por corrupción? El diccionario de la Real Academia Española la define de siguiente modo:”En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. De otro lado, para la organización Transparency International “La corrupción es operacionalmente definida como el abuso del poder encomendado para [obtener] beneficio particular”.

No encontramos, sin duda, ante un asunto polémico. En este mismo blog las denuncias como post o comentario han sido en los últimos meses constantes. ¿Quién no está contra la corrupción desde una actitud ciudadana?

Pero nuestra cultura mediterránea-católica, alejada de aquella de los países anglosajones imbuidos de los principios luteranos y calvinistas mucho más estrictos, nos hace ser más tolerantes con la corrupción y desde luego mucho menos activos personal e institucionalmente contra ella. De otro modo no se explicarían determinados acontecimientos desde hace años en España. La corrupción es intrínseca a una dictadura pero en una democracia los mecanismos para actuar contra ella deben ser eficaces y parece haber un alto nivel de acuerdo  en que no está siendo así. Muchos ejemplos podrían ponerse acerca de la tolerancia con la infracción de las normas establecidas, pero basta con hacer referencia al volumen del fraude fiscal que se estima entre un 20 y un 25 por ciento, el doble que en la zona euro. Según la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) la economía sumergida española superaba en 2008  el 17 por ciento del PIB con una media de 32.000 millones de euros anuales de fraude fiscal, cifra que según todos los expertos se ha incrementado en los últimos años.

El documento de la OCDE formula varias propuestas extraídas del abanico de mejores prácticas identificadas. Son las siguientes:

              1. Establecer una clara legislación y un eficaz marco institucional que  proteja de actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades, de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de inmoralidad o corrupción.

(v.gr. El requerimiento o fuerte estímulo a las empresas para implementar medidas de control que faciliten las denuncias, como controles internos, programas éticos, gestión del riesgo de fraudes, etc.)

             2. La legislación establece una clara definición de la esfera de revelaciones protegidas y de las personas incluidas bajo la protección de la ley.

(v.gr. Están bajo protección los empleados del sector público y del sector privado, incluyendo no solo empleados fijos y funcionarios sino también consultores, contratistas, empleados temporales, antiguos empleados, voluntarios, etc.)

             3. La legislación asegura que la protección ofrecida a los denunciantes es sólida y exhaustiva.

(v.gr. Protección de la identidad otorgando validez a los informes anónimos)

             4. La legislación define claramente los procedimientos y establece los canales para facilitar la información de actos sospechosos de corrupción y anima al uso cómodo y protegido de canales accesibles de denuncia.

(v.gr. Fuerte estímulo a las empresas para establecer canales de denuncia interna)

            5.   La legislación asegura qué mecanismos efectivos de protección son establecidos incluyendo confiar a un comité específico que es responsable y está dotado de la responsabilidad de recibir e investigar quejas de represalias y/o investigaciones impropias, así como proveer una completa gama de soluciones.  

(v.gr. Derechos de los denunciantes en los procedimientos judiciales como parte agraviada, con un derecho individual de actuación)

            6.   La implementación de la legislación de protección al denunciante apoyándola con un incremento de la concienciación, de la comunicación,  la formación y evaluación periódicas de la eficacia del marco de protección.

      (v.gr. El crecimiento de la concienciación dirigido al cambio de las percepciones culturales y actitud pública hacia las denuncias para que sean consideradas un acto de lealtad hacia las organizaciones)

Para terminar señalemos que, según la organización Transparency International,  en 2010 España ocupaba el puesto número treinta en el Índice de Percepción de la Corrupción y, según declaraciones de los responsables de TI en España, habría bajado a la posición 31 en 2011.

Específicamente en lo que se refiere a nuestro país, el Barómetro Global de la Corrupción 2010 de dicha organización señala que solo el 3 por ciento de los ciudadanos encuestados consideran que la corrupción había descendido durante los últimos tres años, un 24 por ciento considera que se encontraba igual y el 73 por ciento considera que había aumentado. Un 74 por ciento manifestó que la acción del gobierno era  ineficaz mientras que un 26 por ciento la consideró eficaz.

Es, pues, es ésta ciertamente una cuestión polémica que admite muchas matizaciones pero que es preciso afrontar. No se trata solo de las practicas de corrupción, unas veces presuntas y otras probadas por sentencias firmes de los tribunales, que permanentemente ocupan las portadas de nuestros medios de comunicación sino del hecho de que España, que es la cuarta economía de la zona euro y que está entre los diez países más desarrollados del mundo, no puede tolerar datos como los señalados anteriormente. Según el mismo informe de TI,  en la Unión Europea nueve de cada diez personas se muestran dispuestas a denunciar un caso de corrupción del que puedan tener conocimiento. ¿Constituye ello, como parece, una de las características de una sociedad madura y sana cívicamente? ¿Se corresponde dicha actitud con la realidad cotidiana de nuestro país?