En la reciente reunión celebrada del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, trasladó a las Comunidades Autónomas la imperiosa necesidad de reducir el déficit público y racionalizar el gasto de todas las administraciones. Como parte del proceso de redimensionamiento del sector público que el Gobierno quiere impulsar, se encuentra la eliminación de empresas y organismos públicos autonómicos.

 En diferentes medios se apunta que el Gobierno quiere suprimir cerca de 450 entes. De hecho, alcanzar esa cifra supondría cumplir el acuerdo que las CCAA suscribieron con la Sra Salgado en marzo de 2010 en una reunión del citado Consejo de Política Fiscal y Financiera.

 En esa reunión de 2010, se acordó reducir el tamaño del sector público autonómico en 514 entes, sin tener en cuenta el País Vasco. La Riojano incluyó ningún ente para su eliminación y Cantabria acordó incrementar en una unidad su sector público, por lo tanto recayó en las 14 Comunidades restantes la tarea de la supresión de los 514 entes autonómicos. En un informe publicado por el Ministerio que dirige el Sr Montoro se detalla el grado de cumplimiento (o incumplimiento según se mire) de cada Comunidad Autónoma. En la siguiente tabla, que hemos elaborado a partir del citado informe, se refleja el avance del proceso de reducción del sector público iniciado por cada Comunidad Autónoma según lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (para ello se compara la situación a 1 de julio de 2011 con la de julio de 2010).

A nivel global, solo se han suprimido 69 de los 514 entes previstos lo que supone un grado de cumplimiento del 13,4%. Porcentaje escaso teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la relevancia de la tarea que hay acometer. Si analizamos el nivel de cumplimiento por Comunidad Autónoma, solo tres tienen un grado de cumplimiento superior al 50%: Comunidad Valenciana (69%), Extremadura (58%) y Castilla La Mancha (52%). Destacan en el otro extremo otras CCAA que, lejos de cumplir con la reducción pactada, han incrementado el tamaño de su sector público: Castilla y León, Aragón y Canarias. Y finalmente el grueso de las CCAA con niveles de cumplimiento de la reducción pactada realmente bajos: Cataluña (3%), Andalucía (4,5%), Galicia (6,5%)…

 Vamos que donde “dije digo, digo Diego” y si la responsabilidad de redimensionar el sector público autonómico recae exclusivamente sobre el propio interesado vemos lo que pasa (por mucho que se haya alcanzado un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera). Está claro que queda mucho camino por recorrer y parece que el Gobierno va a perseguir que se llegue al final de la reducción pactada en su momento.

 No obstante, llegados a este punto, cabe preguntarse si la cifra de reducción de entes sigue siendo válida casi dos años después y con una crisis que no ha tocado fondo. Surgen dudas razonables al respecto por dos motivos principales. El primer motivo es que la situación se ha agravado desde 2010, con varias Comunidades Autónomas incumpliendo el objetivo de déficit lo que provoca la necesidad de revisar el alcance del ajuste en esas CCAA. Bastaría citar como ejemplo la Comunidad Valenciana, que nada más empezar el 2012 ha anunciado un ajuste adicional de 1.000 millones de euros para atajar el déficit, que contempla una mayor racionalización del sector público. En concreto, la Generalitat reducirá 46 empresas públicas a 6 entes. Es decir, que van a suprimir en 2012 40 entidades cuando en el acuerdo de 2010 se comprometieron solo a eliminar 13.

 El segundo motivo es “la cocina” del acuerdo alcanzado en 2010. ¿Cómo se llegó a la cifra de reducción de 514 entes?. ¿Preguntando a cada interesado, es decir a cada Comunidad Autónoma y recogiendo la cifra que cada uno aportaba?. Desde luego si analizamos los entes que tienen que reducir cada una de las 14 CCAA eso parece. Las dos Comunidades que tienen un sector público más abultado son Cataluña y Andalucía, seguidas a cierta distancia de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana. Pues bien, según las cifras del acuerdo alcanzado, Cataluña tenía que reducir su sector público en un 15%, Andalucía un 29%, Madrid un 14%, Baleares un 53% y Valencia solo un 8%. En otras Comunidades que tienen un sector público de menor tamaño también observamos grandes diferencias. Contrasta la reducción de Castilla La Mancha (56%) y Extremadura (16%) frente a la de Asturias (1%) o Castilla y León (2%) que apenas suprimen entidades públicas. Claramente el acuerdo de reducción de entes que se alcanzó no guarda ningún tipo de relación con el tamaño del sector público de cada Comunidad Autónoma (el tamaño del sector no debería ser el único factor a tener en cuenta pero una mínima relación podría esperarse).

 En cualquier caso, ya demos por buena o por insuficiente la cifra de entes autonómicos que habría eliminar (los famosos 450 entes que se han publicado en diferentes medios de comunicación), dura tarea la que tiene el Sr Montoro por delante, porque está en juego la economía del país y el dinero de todos los españoles, porque los incumplimientos de algunas Comunidades los pagamos todos.

 El Ministro de Hacienda y AAPP ha asegurado que el Gobierno va a respetar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas pero que va a sancionar a las que incumplan el objetivo de déficit. Veremos qué mecanismo establece y si se cumple. No será la primera vez ni la última que se habilita un régimen sancionador que luego no se aplica… Esperemos que en la cuestión que nos ocupa no suceda, por el bien de nuestra economía y el de nuestros bolsillos.