Artículo de Rodrigo Tena en El Mundo: “El médico de sí mismo”

Nuestro coeditor Rodrigo Tena ha publicado hoy este artículo en el diario El Mundo:

El médico de sí mismo”

¿Puede un Estado abordar importantes reformas estructurales cuando los únicos que tienen potestad para adoptarlas son a la vez los que principalmente deben sufrirlas? Si hemos de confiar en la experiencia histórica, la respuesta es no.

Una referencia interesante la constituye la fortísima crisis que la mayor parte de Europa atravesó durante el convulso siglo XVII. Según los mejores historiadores de la época, la causa fundamental hay que buscarla en la profunda debilidad estructural que padecían las monarquías renacentistas. Su poder había crecido exponencialmente a expensas de las ciudades del continente, las viejas forjadoras de la civilización europea; en definitiva, a expensas de lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. La virtud del autogobierno cívico claudicando paulatinamente frente a la rapacidad y al irresponsable exhibicionismo de los príncipes.

Durante la bonanza económica todo pareció ir bien. La burocracia crecía incesantemente multiplicando los puestos de cortesanos y funcionarios, ofreciendo así nuevas posibilidades de ascenso social. Los edificios públicos, los palacios, las escuelas, colegios y monasterios, proliferaban como caídos del cielo. Sin embargo, pagar todo eso no resultaba fácil, especialmente cuando las crisis financieras empezaron a convertirse en algo crónico. Los príncipes acudieron cada vez más al socorrido recurso de utilizar los oficios públicos como fuente de financiación, dejando libertad a sus “usufructuarios” para compensarse a si mismos a costa de la nación. En toda Europa, no sólo en España, las monarquías siguieron la misma pauta. No había otra salida. La sutil línea divisoria entre los ingresos legítimos y la pura y dura corrupción se borró completamente. El número y cuantía de los impuestos se multiplicaban a la vez que las redes clientelares adquirían proporciones gigantescas, creando oficios sin aparente fin.

Como ha ocurrido siempre, el oficio creaba su propia función, y no la necesidad el oficio, por lo que el resultado final terminó siendo una burocracia parasitaria completamente insostenible. A partir de 1620 el malestar en todas las naciones de Europa es patente. Proliferan los memoriales exigiendo reformas. Los príncipes son conscientes del problema, pero su capacidad de autorreformarse es muy escasa. ¿Hay algo más difícil que el que una poderosa burocracia pueda reducirse y limitarse a si misma?

Por eso, allí dónde se logró, fue a través de una mayor o menor dosis de revolución, como en Inglaterra y Holanda, o incluso moderadamente en Francia, aunque no lo suficiente como para evitar la grande del final del siglo siguiente. En España, por el contrario, la burocracia era demasiado imponente como para poder ser retada por una sociedad civil muy débil. Durante las grandes crisis del XVII, mientras la economía se contraía, los oficios no sólo no disminuyeron, sino que crecieron cada vez más. El resto es historia conocida.

Hoy vivimos un momento muy semejante: la economía se contrae, los impuestos suben y los oficios no disminuyen (es más, el número de entes autonómicos se incrementó un 23% entre 2009 y 2011). Los que tienen que reducir esta burocracia política, que se extiende desde el Estado central hasta las CCAA, diputaciones y ayuntamientos, con su entramado de organismos y empresas públicas, cámaras legislativas, consejos consultivos, cajas de ahorro, órganos de control redundantes y demás parafernalia, son los mismos que la usufructúan. En ese entramado, como no podía ser de otra manera, ha penetrado la corrupción hasta lo más profundo de la red, en forma de comisiones, astillas y apaños de toda índole. Es éste precisamente el efecto más pernicioso de las burocracias parasitarias: su capacidad de contaminar con sus prácticas ventajistas casi todos los sectores sociales y de hacer cómplices por doquier.

La historia no tiene por qué repetirse, porque, a diferencia de la época de las cortes renacentistas, nosotros vivimos en una democracia. Con muchas limitaciones, sin duda, pero en la que la sociedad civil tiene un papel institucional que jugar. Pero debemos de ser muy conscientes de que, en esa tarea, la burocracia política, pese a representarnos, no va a ser nuestra aliada. El cambio político no arregla nada por si sólo, como demuestran las tímidas medidas del nuevo Gobierno. Crear oficios es muy sencillo, eliminarlos, algo mucho más complicado.

Los memoriales, los estudios, los informes, son sin duda importantes para tomar conciencia de la gravedad del problema, pero no son el principal recurso en una democracia. No se trata de hacer ver educadamente a nuestro soberano la necesidad de la reforma, incluso en su propio beneficio. Se trata, por el contrario, de ordenar a nuestros empleados políticos que adopten las medidas necesarias para ello. Encontraremos resistencias, pero a partir de ahí es responsabilidad de cada uno hacer sentir el peso de su inconformismo y de su protesta por las vías que un Estado democrático y de derecho ofrece. Sólo de ello dependerá el resultado final.

 

 

 

 

 

 

Artículo de Rodrigo Tena en El Mundo: “El médico de sí mismo”

Nuestro coeditor Rodrigo Tena ha publicado hoy este artículo en el diario El Mundo:

El médico de sí mismo”

¿Puede un Estado abordar importantes reformas estructurales cuando los únicos que tienen potestad para adoptarlas son a la vez los que principalmente deben sufrirlas? Si hemos de confiar en la experiencia histórica, la respuesta es no.

Una referencia interesante la constituye la fortísima crisis que la mayor parte de Europa atravesó durante el convulso siglo XVII. Según los mejores historiadores de la época, la causa fundamental hay que buscarla en la profunda debilidad estructural que padecían las monarquías renacentistas. Su poder había crecido exponencialmente a expensas de las ciudades del continente, las viejas forjadoras de la civilización europea; en definitiva, a expensas de lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. La virtud del autogobierno cívico claudicando paulatinamente frente a la rapacidad y al irresponsable exhibicionismo de los príncipes.

Durante la bonanza económica todo pareció ir bien. La burocracia crecía incesantemente multiplicando los puestos de cortesanos y funcionarios, ofreciendo así nuevas posibilidades de ascenso social. Los edificios públicos, los palacios, las escuelas, colegios y monasterios, proliferaban como caídos del cielo. Sin embargo, pagar todo eso no resultaba fácil, especialmente cuando las crisis financieras empezaron a convertirse en algo crónico. Los príncipes acudieron cada vez más al socorrido recurso de utilizar los oficios públicos como fuente de financiación, dejando libertad a sus “usufructuarios” para compensarse a si mismos a costa de la nación. En toda Europa, no sólo en España, las monarquías siguieron la misma pauta. No había otra salida. La sutil línea divisoria entre los ingresos legítimos y la pura y dura corrupción se borró completamente. El número y cuantía de los impuestos se multiplicaban a la vez que las redes clientelares adquirían proporciones gigantescas, creando oficios sin aparente fin.

Como ha ocurrido siempre, el oficio creaba su propia función, y no la necesidad el oficio, por lo que el resultado final terminó siendo una burocracia parasitaria completamente insostenible. A partir de 1620 el malestar en todas las naciones de Europa es patente. Proliferan los memoriales exigiendo reformas. Los príncipes son conscientes del problema, pero su capacidad de autorreformarse es muy escasa. ¿Hay algo más difícil que el que una poderosa burocracia pueda reducirse y limitarse a si misma?

Por eso, allí dónde se logró, fue a través de una mayor o menor dosis de revolución, como en Inglaterra y Holanda, o incluso moderadamente en Francia, aunque no lo suficiente como para evitar la grande del final del siglo siguiente. En España, por el contrario, la burocracia era demasiado imponente como para poder ser retada por una sociedad civil muy débil. Durante las grandes crisis del XVII, mientras la economía se contraía, los oficios no sólo no disminuyeron, sino que crecieron cada vez más. El resto es historia conocida.

Hoy vivimos un momento muy semejante: la economía se contrae, los impuestos suben y los oficios no disminuyen (es más, el número de entes autonómicos se incrementó un 23% entre 2009 y 2011). Los que tienen que reducir esta burocracia política, que se extiende desde el Estado central hasta las CCAA, diputaciones y ayuntamientos, con su entramado de organismos y empresas públicas, cámaras legislativas, consejos consultivos, cajas de ahorro, órganos de control redundantes y demás parafernalia, son los mismos que la usufructúan. En ese entramado, como no podía ser de otra manera, ha penetrado la corrupción hasta lo más profundo de la red, en forma de comisiones, astillas y apaños de toda índole. Es éste precisamente el efecto más pernicioso de las burocracias parasitarias: su capacidad de contaminar con sus prácticas ventajistas casi todos los sectores sociales y de hacer cómplices por doquier.

La historia no tiene por qué repetirse, porque, a diferencia de la época de las cortes renacentistas, nosotros vivimos en una democracia. Con muchas limitaciones, sin duda, pero en la que la sociedad civil tiene un papel institucional que jugar. Pero debemos de ser muy conscientes de que, en esa tarea, la burocracia política, pese a representarnos, no va a ser nuestra aliada. El cambio político no arregla nada por si sólo, como demuestran las tímidas medidas del nuevo Gobierno. Crear oficios es muy sencillo, eliminarlos, algo mucho más complicado.

Los memoriales, los estudios, los informes, son sin duda importantes para tomar conciencia de la gravedad del problema, pero no son el principal recurso en una democracia. No se trata de hacer ver educadamente a nuestro soberano la necesidad de la reforma, incluso en su propio beneficio. Se trata, por el contrario, de ordenar a nuestros empleados políticos que adopten las medidas necesarias para ello. Encontraremos resistencias, pero a partir de ahí es responsabilidad de cada uno hacer sentir el peso de su inconformismo y de su protesta por las vías que un Estado democrático y de derecho ofrece. Sólo de ello dependerá el resultado final.

 

 

 

 

 

 

Secesiones a la carta. El caso escocés

La noticia aparecida recientemente puede parecer sorprendente a simple vista. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ofrece un referéndum para que los escoceses puedan decidir en los próximos 18 meses sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido u optar por la secesión y constituirse como un país independiente. Sin embargo, el Ministro Principal del Gobierno Autónomo de Escocia, Alex Salmond, del declaradamente independentista Partido Nacionalista Escocés, rechaza indignado ese referéndum. Merece la pena echar un vistazo hoy a este caso, y en un próximo post al semejante caso quebequés, y ver si podemos aprender de ellos.

 

Son dos los motivos que llevan a este líder independentista escocés a rechazar el referéndum de independencia.

 

En primer lugar, que las encuestas prevén que la opción independentista no alcanzaría el 40% de los sufragios. Lo que dejaría al partido que quiere guiar a Escocia a la independencia en una posición un tanto desairada. Sin embargo, ya se sabe que para un nacionalista tal resultado sólo podría interpretarse como una equivocación de los electores, que no habrían alcanzado el grado de madurez suficiente para tomar conciencia de su condición de pueblo diferente, etcétera. Nada que no pudiera resolverse con un nuevo referéndum en condiciones más favorables, lo que si se ejerce suficiente influencia sobre los medios de comunicación y la educación sólo sería cuestión de tiempo

 

Ese sistema de referéndums sucesivos, que lleven a los secesionistas de derrota en derrota hasta la victoria final, ha sido como veremos en el siguiente post también intentado por los nacionalistas de Quebec, aunque infructuosamente. Los que lo propugnan no explican, sin embargo, qué pasaría  si en el caso hipotético de haber conseguido la secesión, transcurridos unos años la mayoría de la ciudadanía comprobara que ha sido una elección desafortunada y quisiera dar marcha atrás. ¿Cabría un nuevo referéndum para revertir la secesión y reincorporarse al país de origen? Sospechamos que esa posibilidad no encaja mucho con la mentalidad nacionalista, tan proclive al carácter absoluto y excluyente de los sentimientos de pertenencia Habiendo sacado a su pueblo del error en el pasado ¿Cómo van a dejar que vuelva a equivocarse? Muy probablemente, lo mismo que le pasa ahora a Salmond, el entusiasmo plebiscitario se limitaría a los supuestos de victoria asegurada..

 

Quizá tenga aún más interés el segundo motivo de rechazo nacionalista al referéndum. En él, quien tiene la facultad de aprobarlo, es decir, el Primer Ministro británico, amparándose en los mismos razonamientos que en el año 1998 hizo el Tribunal Supremo de Canadá, y que dieron lugar a la llamada “Ley canadiense de la Claridad” que trataré en el siguiente post, propone que la pregunta sea sencilla, clara y sólo en un sentido: ¿Desea usted o no que Escocia siga formando parte de el Reino Unido?

 

La estrategia de Cameron es buena, pues de lo que se trata es de empezar por resolver esa cuestión esencial para que la misma no pueda ser utilizada para chantajear al Reino Unido sobre las condiciones de permanencia, pues eso es precisamente lo que pretenden los nacionalistas escoceses. Es decir, que a la hora de la verdad los secesionistas resultan no serlo tanto, y lo que pretenden es azuzar el sentimiento independentista para, en un aparente compromiso, establecer una fórmula ambigua de soberanía con asociación que permitiera a las autoridades escocesas recaudar todos los impuestos, quedarse así con los ingentes ingresos del petróleo del Mar del Norte, y gestionar todas las políticas sociales. Con la ventaja de ahorrarse además otros gastos bastante menos vistosos, como los de defensa entre otros. No sé si a nuestros inteligentes lectores les va sonando todo esto, pero sospecho que sí.

 

Es decir, que en realidad las aspiraciones nacionalistas se concretan en diseñar su propio modelo de pertenencia, o de semi-secesión, de forma que les resulte lo más ventajosa posible, que se ahorren cuantiosos gastos que deberían ser financiados mayoritariamente por el resto de los contribuyentes británicos, y que se limite al mínimo su contribución a la solidaridad respecto de otras zonas menos favorecidas del Reino. ¿Les sigue sonando?

 

Frente a la inteligente estrategia de Cameron para desactivar el chantaje, podemos echar una vista somera a lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas. Cuando han alcanzado el poder, los nacionalistas vascos y catalanes se han dotado de poderosos medios de propaganda, algunos de efectos a largo plazo pero sumamente poderosos, como el control de la Educación y de un mundo cultural fuertemente subvencionado. Tales medios se han puesto al servicio de unas ideas más o menos explícitamente secesionistas, que incluían la represión de cualquier manifestación exterior de sentimientos comunes de pertenencia, considerados en el lenguaje oficial sólo como vestigios de situaciones anteriores represivas felizmente superadas. Y una vez agitadas y promovidas adecuadamente tales aspiraciones, se han dirigido al Gobierno y a los partidos de ámbito nacional, con un mensaje como éste:

 

“Mirad, ya sabéis que no nos consideramos ni nos sentimos españoles, y que este sentimiento es cada vez más general entre los habitantes de nuestro territorio. Pero nosotros somos personas razonables que queremos buscar fórmulas de convivencia en las que todos podamos sentirnos a gusto. Así que te propongo que me des esto y lo otro, a ver si así conseguimos satisfacer en parte nuestras aspiraciones. Bien entendido que ello no implica renunciar a nuestras aspiraciones de soberanía, ni por tanto excluye que en el futuro podamos seguir planteando demandas para avanzar hacia ella”. Es decir, en Román paladino, una secesión a plazos y a la carta, que pasa por establecimiento, si se puede conseguir, de regímenes privilegiados, como los que suponen los regímenes de concierto fiscal de las provincias vascas, y que ahora, como no, reclaman sin rubor los actuales gobernantes autónomos de Cataluña.

 

Son por tanto los mismos pirómanos los que reclaman los medios, en forma de transferencias, para calmar lo que denominan “aspiraciones de autogobierno” (o de privilegio). Puro chantaje.

 

Lo sorprendente, sin embargo, no ha sido esta forma de actuar y lograr objetivos. Casi todos, salvo una minoría de recios principios morales, aspirarían a lograr situaciones de privilegio si estuvieran a su alcance. Lo que de verdad ha sido extraño es que los partidos de ámbito nacional, en las numerosas ocasiones en que no han tenido mayoría absoluta, ante su incapacidad de hacer frente común a esos desafíos con una verdadera política de estado, han ido cediendo a ese chantaje que, no lo dudemos, ante su éxito va a seguir planteándose en el futuro. Han preferido atender su particular y cortoplacista interés por alcanzar el poder (aunque progresivamente mermado) que los generales de la nación.

 

Todo ello ha dado lugar, además, a un efecto perverso efecto secundario probablemente no previsto por los nacionalistas. En parte por un impulso de emulación favorecido por el prejuicio de considerar que transferir a las comunidades autónomas era lo progresista y reservar facultades al estado central lo reaccionario, lo propio de un pasado a superar, y en parte por un deseo, quiero creer que bien intencionado, de construir un Estado armónico, gran parte de esas conquistas nacionalistas se han venido generalizar, con la atribución de esas competencias al resto de las comunidades autónomas.

 

Con el efecto de que, por una parte, el ansia narcisista de diferencia de nuestros nacionalistas no se saciaba y exigía más, y por otra de que haya quedado un Estado excesivamente reducido, y sin suficientes medios para dirigir el país de forma eficiente. Todo ello a cambio de de unas Comunidades Autónomas  mal diseñadas y desarrolladas, sin suficientes mecanismos de control que han administrado los asuntos públicos de la calamitosa e irresponsable manera cuyos resultados leemos todos los días en los periódicos. El diseño del Estado, por tanto, no ha obedecido a plan alguno, ni ha atendido a parámetros de eficiencia. Se ha hecho a golpe de chantaje y cesión, de intuiciones y ocurrencias, con el resultado de contribuir decisivamente a nuestra particular y feroz crisis económica.

 

Esta dialéctica parece tan interiorizada por nuestros gobernantes, que se sigue admitiendo incluso con la actual mayoría absoluta de nuestro partido gobernante, como nos cuenta aquí el profesor Centeno  .

 

¡Qué bien nos hubiera venido aquí tener políticos que hubieran sido capaces de desactivar el chantaje y parar el proceso como lo está haciendo Cameron!

 

Pero todavía pueden buscarse soluciones, y los ejemplos de fuera, ante el fracaso de esta originalísima aportación nuestra a la geopolítica del Estado de las Autonomías, nos pueden dar muchas pistas. Al respecto, desde un blog jurídico como éste, podemos plantearnos ¿Cómo puede responder un estado democrático y moderno a la eventualidad de que la mayoría de los habitantes de un territorio deseen la secesión? ¿Existe un apoyo suficiente a esta posibilidad en el Derecho Internacional? ¿Puede tener un territorio el derecho a definir unilateralmente sus relaciones con el resto y con el estado central? ¿Y a plantear su secesión unilateralmente si sus pretensiones no se ven satisfechas? Y las respuestas que desde un punto de vista jurídico-constitucional se den a tales problemas ¿Cómo pueden influir en el desarrollo o incluso en la solución de los mismos? Para responder a estas preguntas resulta interesantísimo el caso de Quebec en Canadá. Pero, agotada ya muy posiblemente la paciencia de los lectores, seguro que agradecerán esperar hasta el siguiente post.

 

 

Secesiones a la carta. El caso escocés

La noticia aparecida recientemente puede parecer sorprendente a simple vista. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ofrece un referéndum para que los escoceses puedan decidir en los próximos 18 meses sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido u optar por la secesión y constituirse como un país independiente. Sin embargo, el Ministro Principal del Gobierno Autónomo de Escocia, Alex Salmond, del declaradamente independentista Partido Nacionalista Escocés, rechaza indignado ese referéndum. Merece la pena echar un vistazo hoy a este caso, y en un próximo post al semejante caso quebequés, y ver si podemos aprender de ellos.

 

Son dos los motivos que llevan a este líder independentista escocés a rechazar el referéndum de independencia.

 

En primer lugar, que las encuestas prevén que la opción independentista no alcanzaría el 40% de los sufragios. Lo que dejaría al partido que quiere guiar a Escocia a la independencia en una posición un tanto desairada. Sin embargo, ya se sabe que para un nacionalista tal resultado sólo podría interpretarse como una equivocación de los electores, que no habrían alcanzado el grado de madurez suficiente para tomar conciencia de su condición de pueblo diferente, etcétera. Nada que no pudiera resolverse con un nuevo referéndum en condiciones más favorables, lo que si se ejerce suficiente influencia sobre los medios de comunicación y la educación sólo sería cuestión de tiempo

 

Ese sistema de referéndums sucesivos, que lleven a los secesionistas de derrota en derrota hasta la victoria final, ha sido como veremos en el siguiente post también intentado por los nacionalistas de Quebec, aunque infructuosamente. Los que lo propugnan no explican, sin embargo, qué pasaría  si en el caso hipotético de haber conseguido la secesión, transcurridos unos años la mayoría de la ciudadanía comprobara que ha sido una elección desafortunada y quisiera dar marcha atrás. ¿Cabría un nuevo referéndum para revertir la secesión y reincorporarse al país de origen? Sospechamos que esa posibilidad no encaja mucho con la mentalidad nacionalista, tan proclive al carácter absoluto y excluyente de los sentimientos de pertenencia Habiendo sacado a su pueblo del error en el pasado ¿Cómo van a dejar que vuelva a equivocarse? Muy probablemente, lo mismo que le pasa ahora a Salmond, el entusiasmo plebiscitario se limitaría a los supuestos de victoria asegurada..

 

Quizá tenga aún más interés el segundo motivo de rechazo nacionalista al referéndum. En él, quien tiene la facultad de aprobarlo, es decir, el Primer Ministro británico, amparándose en los mismos razonamientos que en el año 1998 hizo el Tribunal Supremo de Canadá, y que dieron lugar a la llamada “Ley canadiense de la Claridad” que trataré en el siguiente post, propone que la pregunta sea sencilla, clara y sólo en un sentido: ¿Desea usted o no que Escocia siga formando parte de el Reino Unido?

 

La estrategia de Cameron es buena, pues de lo que se trata es de empezar por resolver esa cuestión esencial para que la misma no pueda ser utilizada para chantajear al Reino Unido sobre las condiciones de permanencia, pues eso es precisamente lo que pretenden los nacionalistas escoceses. Es decir, que a la hora de la verdad los secesionistas resultan no serlo tanto, y lo que pretenden es azuzar el sentimiento independentista para, en un aparente compromiso, establecer una fórmula ambigua de soberanía con asociación que permitiera a las autoridades escocesas recaudar todos los impuestos, quedarse así con los ingentes ingresos del petróleo del Mar del Norte, y gestionar todas las políticas sociales. Con la ventaja de ahorrarse además otros gastos bastante menos vistosos, como los de defensa entre otros. No sé si a nuestros inteligentes lectores les va sonando todo esto, pero sospecho que sí.

 

Es decir, que en realidad las aspiraciones nacionalistas se concretan en diseñar su propio modelo de pertenencia, o de semi-secesión, de forma que les resulte lo más ventajosa posible, que se ahorren cuantiosos gastos que deberían ser financiados mayoritariamente por el resto de los contribuyentes británicos, y que se limite al mínimo su contribución a la solidaridad respecto de otras zonas menos favorecidas del Reino. ¿Les sigue sonando?

 

Frente a la inteligente estrategia de Cameron para desactivar el chantaje, podemos echar una vista somera a lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas. Cuando han alcanzado el poder, los nacionalistas vascos y catalanes se han dotado de poderosos medios de propaganda, algunos de efectos a largo plazo pero sumamente poderosos, como el control de la Educación y de un mundo cultural fuertemente subvencionado. Tales medios se han puesto al servicio de unas ideas más o menos explícitamente secesionistas, que incluían la represión de cualquier manifestación exterior de sentimientos comunes de pertenencia, considerados en el lenguaje oficial sólo como vestigios de situaciones anteriores represivas felizmente superadas. Y una vez agitadas y promovidas adecuadamente tales aspiraciones, se han dirigido al Gobierno y a los partidos de ámbito nacional, con un mensaje como éste:

 

“Mirad, ya sabéis que no nos consideramos ni nos sentimos españoles, y que este sentimiento es cada vez más general entre los habitantes de nuestro territorio. Pero nosotros somos personas razonables que queremos buscar fórmulas de convivencia en las que todos podamos sentirnos a gusto. Así que te propongo que me des esto y lo otro, a ver si así conseguimos satisfacer en parte nuestras aspiraciones. Bien entendido que ello no implica renunciar a nuestras aspiraciones de soberanía, ni por tanto excluye que en el futuro podamos seguir planteando demandas para avanzar hacia ella”. Es decir, en Román paladino, una secesión a plazos y a la carta, que pasa por establecimiento, si se puede conseguir, de regímenes privilegiados, como los que suponen los regímenes de concierto fiscal de las provincias vascas, y que ahora, como no, reclaman sin rubor los actuales gobernantes autónomos de Cataluña.

 

Son por tanto los mismos pirómanos los que reclaman los medios, en forma de transferencias, para calmar lo que denominan “aspiraciones de autogobierno” (o de privilegio). Puro chantaje.

 

Lo sorprendente, sin embargo, no ha sido esta forma de actuar y lograr objetivos. Casi todos, salvo una minoría de recios principios morales, aspirarían a lograr situaciones de privilegio si estuvieran a su alcance. Lo que de verdad ha sido extraño es que los partidos de ámbito nacional, en las numerosas ocasiones en que no han tenido mayoría absoluta, ante su incapacidad de hacer frente común a esos desafíos con una verdadera política de estado, han ido cediendo a ese chantaje que, no lo dudemos, ante su éxito va a seguir planteándose en el futuro. Han preferido atender su particular y cortoplacista interés por alcanzar el poder (aunque progresivamente mermado) que los generales de la nación.

 

Todo ello ha dado lugar, además, a un efecto perverso efecto secundario probablemente no previsto por los nacionalistas. En parte por un impulso de emulación favorecido por el prejuicio de considerar que transferir a las comunidades autónomas era lo progresista y reservar facultades al estado central lo reaccionario, lo propio de un pasado a superar, y en parte por un deseo, quiero creer que bien intencionado, de construir un Estado armónico, gran parte de esas conquistas nacionalistas se han venido generalizar, con la atribución de esas competencias al resto de las comunidades autónomas.

 

Con el efecto de que, por una parte, el ansia narcisista de diferencia de nuestros nacionalistas no se saciaba y exigía más, y por otra de que haya quedado un Estado excesivamente reducido, y sin suficientes medios para dirigir el país de forma eficiente. Todo ello a cambio de de unas Comunidades Autónomas  mal diseñadas y desarrolladas, sin suficientes mecanismos de control que han administrado los asuntos públicos de la calamitosa e irresponsable manera cuyos resultados leemos todos los días en los periódicos. El diseño del Estado, por tanto, no ha obedecido a plan alguno, ni ha atendido a parámetros de eficiencia. Se ha hecho a golpe de chantaje y cesión, de intuiciones y ocurrencias, con el resultado de contribuir decisivamente a nuestra particular y feroz crisis económica.

 

Esta dialéctica parece tan interiorizada por nuestros gobernantes, que se sigue admitiendo incluso con la actual mayoría absoluta de nuestro partido gobernante, como nos cuenta aquí el profesor Centeno  .

 

¡Qué bien nos hubiera venido aquí tener políticos que hubieran sido capaces de desactivar el chantaje y parar el proceso como lo está haciendo Cameron!

 

Pero todavía pueden buscarse soluciones, y los ejemplos de fuera, ante el fracaso de esta originalísima aportación nuestra a la geopolítica del Estado de las Autonomías, nos pueden dar muchas pistas. Al respecto, desde un blog jurídico como éste, podemos plantearnos ¿Cómo puede responder un estado democrático y moderno a la eventualidad de que la mayoría de los habitantes de un territorio deseen la secesión? ¿Existe un apoyo suficiente a esta posibilidad en el Derecho Internacional? ¿Puede tener un territorio el derecho a definir unilateralmente sus relaciones con el resto y con el estado central? ¿Y a plantear su secesión unilateralmente si sus pretensiones no se ven satisfechas? Y las respuestas que desde un punto de vista jurídico-constitucional se den a tales problemas ¿Cómo pueden influir en el desarrollo o incluso en la solución de los mismos? Para responder a estas preguntas resulta interesantísimo el caso de Quebec en Canadá. Pero, agotada ya muy posiblemente la paciencia de los lectores, seguro que agradecerán esperar hasta el siguiente post.