(con Serafín Casamayor)

Artur Mas acaba de proponer a Rajoy que se avance en la aprobación de un pacto fiscal (es decir el eufemismo para reclamar un cupo catalán) y que lo vea como una oportunidad para restablecer una buena relación entre Cataluña y España (como si se hubieran unido ayer). Al parecer miembros del PSC también apoyarían esta propuesta.

A estas alturas tal vez haya muchas personas de bien que se crean esta argumentación del presidente catalán (¡esta vez sí, esta vez se van a conformar y no van a pedir nada más!), aunque personalmente me suscite muchas dudas. Pero lo que quiero plantear en este post es si realmente conviene a los ciudadanos catalanes tener un pacto fiscal y si que con éste se resolverían (mágicamente) todos sus problemas o si, por el contrario, se trata de otra treta de los políticos que han gobernado la Generalitat durante los últimos treinta años para escapar de su responsabilidad y seguir manipulando las emociones de sus electores. La pregunta que nos hacemos es ¿el problema de Cataluña es de falta de ingresos o de excesos de gastos? Claro que la pregunta se podría aplicar al resto de España, pero analizamos el caso catalán porque es quien está insistiendo más en una vía rápida para incrementar sus gastos rechazando paralelamente cualquier control de sus presupuestos por el Estado.

Sabemos que la Agencia de calificación Moody’s ha incluido a Cataluña entre las CCAA peor gestionadas económica y financieramente de toda España, hasta el punto de que de ser una nación independiente hace tiempo que hubiera debido ser rescatada. Junto al gasto excesivo de la propia Generalitat, o el hecho de contar con el Parlamento más caro de España, habría que añadir la deuda de algunas entidades públicas catalanas destacadas por un Informe de la Cámara de Comercio de Barcelona, como el Instituto Catalán de Finanzas (una suerte de Banco público catalán que otrora diversas ayudas públicas), la Agencia Catalana del Agua con una deuda de 1400 millones o del Instituto Catalán del Suelo, con 900 millones de deuda. En otro post ya hicimos mención a la curiosa estrategia “nacionalista” de preferir eliminar camas de hospital antes que reducir el gasto en unas embajadas de escasa utilidad o la financiación del estudio del catalán en algunos países de Latinoamérica

No obstante, recientemente hemos conocido  un caso bastante singular: el del Ayuntamiento de Reus, declarado “el más opaco de Catalunya” según informe del propio Síndic de Greuges catalán del 2010, al que por supuesto nadie ha hecho ni caso (lo que lleva quizás a alguna reflexión sobre los efectos de la transparencia más allá de declarar su necesidad). Este Ayuntamiento regido durante 32 años por el PSC y ahora por CiU, pero del que se ha beneficiado casi todos los partidos que han tenido concejales (incluida ERC) creó un monstruo de empresa pública denominada Innova, que ha llegado a absorber el 70% del presupuesto del propio ayuntamiento, aunque sus empresas facturan por menos de ese 70%, con lo cual, lo que le cuesta al Ayuntamiento es que son los causantes de prácticamente el 80% del déficit presupuestario del mismo.

Nunca se informó del sueldo de los directivos de esa empresa, y solo a finales del mes pasado (enero) conocimos que recibían sueldos de más de 250.000 euros al año, en algún caso con un Audi A-6 de regalo. A su máximo responsable  por cierto se le ha premió tras tan exitosa gestión (para su bolsillo) con el nombramiento de presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS); ahora entendemos algo mejor cómo van las cosas en el sector sanitario catalán.

Al hacerse públicos sus salarios, de los cuatro principales afectados, uno se ha negado tajantemente a dimitir, aduciendo que tiene un contrato en vigor, y que si le despiden hará que se ejecuten las clausulas de rescisión, con lo cual ese 80% de déficit del Ayuntamiento a expensas de Innova se vería incrementado. Es el caso extremo en el que la empresa pública creada por una Administración “fagocita” al propio ente público que la creó.

Como consecuencia, ahora todo el equipo jurídico municipal está volcado en ver cómo pueden renegociar a la baja el contrato de Alta Dirección que tienen suscrito con alguno de estos directivos (al parecer con alguno ha conseguido dejarlo en los “simbólicos” 144.000 euros). Un fenómeno curioso en una situación de “emergencia económica” en que se encuentra España, tal y como la definió la vicepresidenta del Gobierno en su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros.

Por otra parte, causa cierta perplejidad ver a una Administración constreñida por cláusulas “abusivas” de ciertos contratos que ella misma celebra con sus empleados, cuando a los funcionarios se les aplica el principio de que no tienen derechos frente a la Administración sino “meras expectativas de derechos”, con lo que pueden cambiarse sus condiciones de trabajo incluso sin oírles,

Pero en fin, a lo que íbamos, más allá de cuestiones sentimentales (todas muy respetables pero siempre fácilmente objeto de manipulación): ¿les interesa a los ciudadanos catalanes un pacto fiscal para poder gastar más y con menores controles todavía? ¿O realmente lo que es de su interés es que se mantengan los ingresos pero que alguien neutral controle que no se cometan desmanes en el gasto? Tal vez sobre esto sí que habría que convocar un referéndum en Cataluña, pero para ello “no hi ha collons”, políticamente hablando, se entiende.