El caso Megaupload

El pasado 19 de enero de 2012, la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos clausuró el sitio web www.megaupload.com. Megaupload era un conocido sitio web, responsable de buena parte de las descargas de películas, música y otros contenidos que han venido circulando por Internet. Buena prueba de ello es que, según diversas fuentes, el tráfico cursado por las redes de los operadores de telecomunicación se redujo entre un cinco y un diez por ciento tras el cierre de Megaupload.

El fundador de la web, Kim Schmitz, así como sus más cercanos colaboradores, fueron detenidos por la policía neozelandesa en cumplimiento de una orden internacional dictada por la Justicia norteamericana. Schmitz y los miembros de su equipo se enfrentan a cargos que pueden suponer penas de prisión de hasta cincuenta años de duración.

Los abultados ingresos de Megaupload, que permitieron a su propietario amasar un patrimonio que incluye trece automóviles Mercedes Benz, un Lamborguini, varios Cadillac, un Rolls Royce, un Maserati, una Harley Davidson y un avión privado; procedían por un lado de las cuotas abonadas por los llamados suscriptores “Premium”, y por otro lado de la publicidad. Lógicamente, los ingresos por publicidad son mayores cuanto mayor es la cantidad de usuarios que accede al sitio web, por lo que la puesta a disposición del público de contenidos atractivos es la clave del éxito de las páginas web que se financian a través de la publicidad.

Megaupload consiguió ser una plataforma publicitaria atractiva para sus anunciantes estimulando a sus propios usuarios para que “subiesen” contenidos interesantes a los servidores de Megaupload. El resultado fue que buena parte de ese contenido “atractivo” estaba sujeto a copyright, y Megaupload no solo no trató de eliminar ese contenido de sus servidores sino que siendo plenamente conscientes de ello lo mantuvo y trató además de disimularlo. Es por ello que la Justicia estadounidense acusa a Megaupload, entre otros cargos, de conspirar para violar los derechos de copyright.

El escrito de acusación incide en que Megaupload estableció incentivos económicos para aquellos usuarios que subiesen a los servidores contenidos especialmente populares, y que esos incentivos eran mayores cuanto más veces fuese dicho contenido descargado por otros usuarios. Y Megaupload mantuvo y fomentó este esquema pese a que conocía que esos contenidos estaban sujetos a derechos, los cuales resultaban violados por el modelo de negocio descrito. Este esquema era llamado “Uploader Rewards”.

Para sostener la acusación contra las personas físicas, evidenciando que no eran ajenas a que los contenidos subidos al servicio de Megaupload eran contenidos sujetos a derechos, el FBI intervino toda una serie de correos electrónicos en los que los directivos de Megaupload hacían referencias explícitas a contenidos sujetos a copyright, entre los que se encuentran documentales de la BBC, canciones de Louis Armstrong o episodios de series de televisión como Los Simpsons, entre otros muchos. Megaupload, además, publicaba una lista de lo contenidos más populares y que eran descargados con más frecuencia. Pero esta lista estaba manipulada para que en ella solo apareciesen contenidos libres de derechos, pese a que los que realmente registraban mayor número de descargas eran los sujetos a copyright. Schmitz y sus colaboradores eran, por tanto, plenamente conscientes de que para mantener su boyante negocio en marcha les interesaba ocultar que la principal razón por la que los usuarios acudían a su servicio eran esos contenidos “pirateados”, ya que gracias a esos muchos usuarios los ingresos publicitarios no paraban de crecer. La mejor descripción del modelo de negocio de Megaupload es la hecha por uno de sus directivos en uno de los correos intervenidos por el FBI: “Nosotros no somos piratas, sino que hacemos la entrega de la mercancía de los piratas”.  

Megaupload es una empresa radicada en Hong Kong, y su propietario, residente en Nueva Zelanda, tiene ciudadanía alemana y finlandesa, todo lo cual le situaba, en principio, fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el hecho de que la ubicación física de los servidores y sistemas de almacenamiento de la información determina la jurisdicción aplicable a los contenidos allí almacenados ha posibilitado que el FBI y los tribunales estadounidenses sometan a Megaupload la legislación norteamericana, dado que una parte de los servidores utilizados por la empresa se ubica en Virginia. A partir de ahí, y en aplicación del tratado de extradición entre EE.UU. y Nueva Zelanda, vigente desde 1970, las autoridades norteamericanas solicitaron de las neozelandesas la detención de Schmitz y su cúpula directiva.

El cierre de Megaupload ha tenido el efecto colateral de colocar en una situación de indefensión a aquellos usuarios que utilizaban la web ahora clausurada como un sistema de almacenamiento “en la nube” de contenido propio y perfectamente legal. Efectivamente, entre los servicios ofrecidos por Megaupload se encontraba el de almacenamiento y compartición de ficheros, similar al que ofrecen otros populares proveedores como Dropbox. Ahora estos usuarios se encuentran con que no pueden acceder a esos contenidos, y se enfrentan a la posibilidad de que sea directamente borrados por las empresas propietarias de los centros de almacenamiento de datos que eran proveedoras de Megaupload, ya que ésta ha dejado de hacer frente al pago de las facturas al tener sus fondos intervenidos.

Varios días después de la intervención, la Fiscalía de Virginia notificó a Megaupload que había concluido la revisión de los contenidos almacenados en los servidores de las empresas Cogent Communications y Carpathia Hosting ubicados en Virginia, y que los abogados de Megaupload disponían de dos semanas para, junto a esas empresas, buscar una solución para el contenido legal almacenado en esos servidores por los miles de usuarios de los servicios de Megaupload. 

El cierre de Megaupload reabre así el debate sobre la seguridad de los contenidos almacenados “en la nube”. Es preciso recordar que al emplear un servicio Cloud Computing se suscribe un contrato de prestación de servicios entre el usuario y el proveedor. Este contrato se articula, en muchos casos, mediante la mera aceptación de los términos y condiciones del servicio en la web del proveedor, pero incluso en esos casos es preciso que el usuario tenga presente que la seguridad y confidencialidad de la información es un aspecto esencial a la hora de contratar servicios Cloud. Así, en el concreto caso de Megaupload, y para defender los intereses de los usuarios que almacenaron contenido legítimo en los servidores de esta empresa, es necesario analizar en detalle los términos y condiciones establecidos en su servicio de almacenamiento de información para determinar qué responsabilidades son exigibles a Megaupload por la falta de acceso temporal o incluso la eventual desaparición de esa información.

Causas y efectos del gasto oculto de nuestras Administraciones públicas

Leo con preocupación en la prensa la reciente sorpresa de nuestra Ministra de Fomento acerca de la deuda real en más de 50.000 millones de euros (se dice fácil pero la cifra es impresionante) sobre lo previsto, aunque en la comparecencia de la Ministra ante las Cortes, el pasado 9 de febrero, la cifra del endeudamiento total del Ministerio de Fomento quedaba cifrada en los 40.000 euros. Ante esta disparidad de datos sólo cabe pensar en dos alternativas; o bien, el ex Ministro Blanco se hizo alguna clase de lío con los pen-drives y el que contenía la deuda diferida se le quedó en los bolsillos; o bien en el Ministerio de Fomento no se aclaran con las cuentas. Sin embargo y, aunque no se han dado explicaciones públicas sobre este incremento de última hora, me barrunto a qué se debe. Y es que, al menos desde el año 2010, las diferentes Administraciones públicas (no sólo el Ministerio de Fomento) han estado acudiendo, para muy buena parte de los contratos ya adjudicados a lo que eufemísticamente han denominado como “diferimiento de anualidades“. Diferimiento que significa que lo que estaba previsto pagar para 2010 y 2011 se traslada a los ejercicios de 2012 y siguientes, para lo cual se recabó, en su momento, la aquiescencia de los propios contratistas bajo la amenaza velada de no pagarles nada. Cosa que, según parece, sigue sucediendo en el momento actual,  porque ya sabemos que se pega todo menos lo bonito.

Ya se sabe que con los privilegios de la Administración, sus acreedores, por mucho que tengan justificadas las deudas, pueden ver dilatado su cobro durante muchos años, aún cuando obtengan una sentencia firme ejecutable. Y es que la ejecución de sentencias frente a la Administración pública tiene dificultades muy serias debido a esos privilegios, muchas veces mal utilizados (en beneficio de quienes las gobiernan) por no cumplir con la finalidad de “interés público” para el que fueron  concebidos. Por tanto, no es de extrañar -especialmente para quien conoce la contratación pública- que las empresas constructoras hayan prestado su consentimiento para que lo que se encontraba presupuestado para 2010 o 2011 se traslade a los ejercicios de 2012 y siguientes porque más vale cobrar tarde (a dos años vista) que no llegar a cobrar. Y ahora, las diferentes Administraciones (con el Ministerio de Fomento a la cabeza) no tienen más remedio que seguir haciendo lo mismo porque, como es conocido, el que se queda quieto paga…

Sin embargo,  cuando llegue el momento en el que haya que comenzar a pagar lo que dejó de pagarse años atrás, surgirán los problemas para todos, comenzando por las propias Administraciones públicas y terminando por los subcontratistas de los contratistas de las Administraciones (pasando, lógicamente, por éstos). Al tirar de la manta y levantar las alfombras, el nuevo Gobierno -y lo mismo ha pasado en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- se ha encontrado con una auténtica “bomba de relojería” que amenaza con estallar en un momento en el que resulta indispensable contener el gasto público. Porque lo que ha hecho el anterior Gobierno ha sido algo así como el “yo invito pero tú pagas” -dicho en términos castizos- al sacar a licitación proyectos y obras absolutamente inútiles sin hacer frente a los compromisos de pago que eso comportaba. Ahora se aflora el problema y toca a “otros” pagar las deudas contraídas para evitar que se siga rompiendo esa especie de cadena maldita que comienza por la deuda de las Administraciones públicas, sigue por la de las constructoras y concluye con la de los subcontratistas y suministradores a todos los niveles. Si el primero no paga (las Administraciones) o demora excesivamente sus pagos, pueden caer los que les siguen con lo que ello supone de destrucción del tejido empresarial y del empleo. Y claro está, el remedio más sencillo consiste en continuar con la “patada a seguir” continuando con el diferimiento de pago hasta el infinito sin tener en cuenta que con ese sistema la deuda a pagar se incrementa.

Esperemos a ver que pasa con todas estas deudas atrasadas (respecto de lo cual nada se ha dicho aún) aunque la Ministra de Fomento ya ha anunciado un nuevo Plan de Infraestructuras que corrija las desviaciones de los existentes -especialmente en materia de carreteras y ferrocarriles- aunque ha reconocido la existencia de una deuda total por importe de 40.000 euros, de los cuales 34.200 son a largo plazo y 5.800 a corto (algo más de tres puntos sobre el PIB). Como puede apreciarse, los datos facilitados en la comparecencia ante las Cortes no casan con la aparición de una mayor deuda sobre lo previsto -los dichosos 50.000 millones de euros- lo cual tiene descolocado al personal.

Con todo, el mayor problema que pueden plantear todos estos diferimientos de  pago acordados por  las distintas Administraciones públicas hace un par de años, es el desconocimiento real de la deuda del Sector Público, que es un dato indispensable para adoptar medidas correctas. Porque hemos de tener muy en cuenta que ante la insuficiencia de recursos, el Estado ya no puede acudir a darle a la máquina de hacer dinero (suponiendo que eso fuese una solución efectiva) sino que tiene que captarlo en el mercado de deuda pública y devolverlo al cabo de unos años a unos intereses cada vez más altos. Operación que, además, no puede repetirse de forma indefinida, como me temo que se está haciendo, porque incide en nuestro nivel de endeudamiento al que, por imperativo de la UE (y también de nuestra Constitución), hay que poner coto.

Así las cosas, resulta que la ocurrencia de los diferimientos de pago en la contratación pública nos va a salir por un ojo de la cara (otro más, si eso es posible), porque apuntan hacia un grave problema de muy difícil solución que se asemeja a la cuadratura del círculo. Evidentemente, habrá que pagar toda la deuda diferida a las empresas de construcción pública para que éstas, a su vez, puedan hacer frente a los pagos comprometidos con los subcontratistas y proveedores. Pero como el dinero para hacer frente a estos pagos difícilmente podrá obtenerse con un mayor nivel de endeudamiento de nuestras Administraciones (porque ya hemos sobrepasado el límite), me temo que no quedará más remedio que reducir todo el Sector Público (y muchas de las subvenciones a su cargo)  más de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea que la “genial idea” del diferimiento de pagos va a generar, probablemente, un efecto boomerang, causando una retracción en la contratación de infraestructuras públicas (a menos que se adopten modelos basados en las PPP si la UE nos deja) y provocando que el dinero que no se pagó antaño haya de salir del adelgazamiento forzoso del Sector Público. Sinceramente, no se me ocurre (al menos por ahora) otra salida para la situación creada por unas medidas (los diferimientos de pago a los contratistas) que, en su momento, pretendieron tapar un roto con un simple zurcido para que a sus autores no se les vieran las vergüenzas.

Causas y efectos del gasto oculto de nuestras Administraciones públicas

Leo con preocupación en la prensa la reciente sorpresa de nuestra Ministra de Fomento acerca de la deuda real en más de 50.000 millones de euros (se dice fácil pero la cifra es impresionante) sobre lo previsto, aunque en la comparecencia de la Ministra ante las Cortes, el pasado 9 de febrero, la cifra del endeudamiento total del Ministerio de Fomento quedaba cifrada en los 40.000 euros. Ante esta disparidad de datos sólo cabe pensar en dos alternativas; o bien, el ex Ministro Blanco se hizo alguna clase de lío con los pen-drives y el que contenía la deuda diferida se le quedó en los bolsillos; o bien en el Ministerio de Fomento no se aclaran con las cuentas. Sin embargo y, aunque no se han dado explicaciones públicas sobre este incremento de última hora, me barrunto a qué se debe. Y es que, al menos desde el año 2010, las diferentes Administraciones públicas (no sólo el Ministerio de Fomento) han estado acudiendo, para muy buena parte de los contratos ya adjudicados a lo que eufemísticamente han denominado como “diferimiento de anualidades“. Diferimiento que significa que lo que estaba previsto pagar para 2010 y 2011 se traslada a los ejercicios de 2012 y siguientes, para lo cual se recabó, en su momento, la aquiescencia de los propios contratistas bajo la amenaza velada de no pagarles nada. Cosa que, según parece, sigue sucediendo en el momento actual,  porque ya sabemos que se pega todo menos lo bonito.

Ya se sabe que con los privilegios de la Administración, sus acreedores, por mucho que tengan justificadas las deudas, pueden ver dilatado su cobro durante muchos años, aún cuando obtengan una sentencia firme ejecutable. Y es que la ejecución de sentencias frente a la Administración pública tiene dificultades muy serias debido a esos privilegios, muchas veces mal utilizados (en beneficio de quienes las gobiernan) por no cumplir con la finalidad de “interés público” para el que fueron  concebidos. Por tanto, no es de extrañar -especialmente para quien conoce la contratación pública- que las empresas constructoras hayan prestado su consentimiento para que lo que se encontraba presupuestado para 2010 o 2011 se traslade a los ejercicios de 2012 y siguientes porque más vale cobrar tarde (a dos años vista) que no llegar a cobrar. Y ahora, las diferentes Administraciones (con el Ministerio de Fomento a la cabeza) no tienen más remedio que seguir haciendo lo mismo porque, como es conocido, el que se queda quieto paga…

Sin embargo,  cuando llegue el momento en el que haya que comenzar a pagar lo que dejó de pagarse años atrás, surgirán los problemas para todos, comenzando por las propias Administraciones públicas y terminando por los subcontratistas de los contratistas de las Administraciones (pasando, lógicamente, por éstos). Al tirar de la manta y levantar las alfombras, el nuevo Gobierno -y lo mismo ha pasado en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- se ha encontrado con una auténtica “bomba de relojería” que amenaza con estallar en un momento en el que resulta indispensable contener el gasto público. Porque lo que ha hecho el anterior Gobierno ha sido algo así como el “yo invito pero tú pagas” -dicho en términos castizos- al sacar a licitación proyectos y obras absolutamente inútiles sin hacer frente a los compromisos de pago que eso comportaba. Ahora se aflora el problema y toca a “otros” pagar las deudas contraídas para evitar que se siga rompiendo esa especie de cadena maldita que comienza por la deuda de las Administraciones públicas, sigue por la de las constructoras y concluye con la de los subcontratistas y suministradores a todos los niveles. Si el primero no paga (las Administraciones) o demora excesivamente sus pagos, pueden caer los que les siguen con lo que ello supone de destrucción del tejido empresarial y del empleo. Y claro está, el remedio más sencillo consiste en continuar con la “patada a seguir” continuando con el diferimiento de pago hasta el infinito sin tener en cuenta que con ese sistema la deuda a pagar se incrementa.

Esperemos a ver que pasa con todas estas deudas atrasadas (respecto de lo cual nada se ha dicho aún) aunque la Ministra de Fomento ya ha anunciado un nuevo Plan de Infraestructuras que corrija las desviaciones de los existentes -especialmente en materia de carreteras y ferrocarriles- aunque ha reconocido la existencia de una deuda total por importe de 40.000 euros, de los cuales 34.200 son a largo plazo y 5.800 a corto (algo más de tres puntos sobre el PIB). Como puede apreciarse, los datos facilitados en la comparecencia ante las Cortes no casan con la aparición de una mayor deuda sobre lo previsto -los dichosos 50.000 millones de euros- lo cual tiene descolocado al personal.

Con todo, el mayor problema que pueden plantear todos estos diferimientos de  pago acordados por  las distintas Administraciones públicas hace un par de años, es el desconocimiento real de la deuda del Sector Público, que es un dato indispensable para adoptar medidas correctas. Porque hemos de tener muy en cuenta que ante la insuficiencia de recursos, el Estado ya no puede acudir a darle a la máquina de hacer dinero (suponiendo que eso fuese una solución efectiva) sino que tiene que captarlo en el mercado de deuda pública y devolverlo al cabo de unos años a unos intereses cada vez más altos. Operación que, además, no puede repetirse de forma indefinida, como me temo que se está haciendo, porque incide en nuestro nivel de endeudamiento al que, por imperativo de la UE (y también de nuestra Constitución), hay que poner coto.

Así las cosas, resulta que la ocurrencia de los diferimientos de pago en la contratación pública nos va a salir por un ojo de la cara (otro más, si eso es posible), porque apuntan hacia un grave problema de muy difícil solución que se asemeja a la cuadratura del círculo. Evidentemente, habrá que pagar toda la deuda diferida a las empresas de construcción pública para que éstas, a su vez, puedan hacer frente a los pagos comprometidos con los subcontratistas y proveedores. Pero como el dinero para hacer frente a estos pagos difícilmente podrá obtenerse con un mayor nivel de endeudamiento de nuestras Administraciones (porque ya hemos sobrepasado el límite), me temo que no quedará más remedio que reducir todo el Sector Público (y muchas de las subvenciones a su cargo)  más de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea que la “genial idea” del diferimiento de pagos va a generar, probablemente, un efecto boomerang, causando una retracción en la contratación de infraestructuras públicas (a menos que se adopten modelos basados en las PPP si la UE nos deja) y provocando que el dinero que no se pagó antaño haya de salir del adelgazamiento forzoso del Sector Público. Sinceramente, no se me ocurre (al menos por ahora) otra salida para la situación creada por unas medidas (los diferimientos de pago a los contratistas) que, en su momento, pretendieron tapar un roto con un simple zurcido para que a sus autores no se les vieran las vergüenzas.