El poder judicial no es propiedad ni de los jueces ni de los partidos

¿Nombramiento por los jueces o por el Parlamento? Esa parece ser la única alternativa posible a la hora de designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Véanse, si no, estos artículos de Jorge de Esteban y de Gregorio Peces-Barba publicados esta semana en El Mundo y en El País, respectivamente. Pero lo cierto es que ambas propuestas presentan muchos inconvenientes.

Para comprenderlo debemos reflexionar primero sobre qué tipo de Poder Judicial deseamos para España. Seguro que uno independiente, por supuesto, porque sólo por medio de un poder judicial inmune a las presiones políticas es posible garantizar un adecuado funcionamiento del Estado de Derecho; pero también nos interesa un poder judicial eficaz, adaptado a la sociedad en la que está inmerso y, sobre todo, responsable frente a los ciudadanos españoles que, al fin y al cabo, son sus verdaderos titulares. Pues bien, resulta evidente que ambos objetivos –independencia y responsabilidad- están en cierta tensión. Existe el riesgo de que, tratando de conseguir una judicatura ferozmente independiente, la convirtamos en irresponsable, una especie de casta que vele por sus propios intereses y no rinda cuentas de su actuación a nadie. Por el contrario, a ver si por intentar hacerla responsable y conectada a los intereses de la ciudadanía, la vamos a transformar en una mera correa de transmisión de los políticos profesionales y de sus personales intereses partitocráticos.

Enumerados los objetivos y los riesgos nos queda por examinar los instrumentos para alcanzar los primeros y, sin duda, el principal es el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que sólo reformando el  Consejo no vamos a resolver los problemas de la Justicia en España. El Gobierno y las CCAA tienen considerable influencia en su funcionamiento (precisamente el demencial reparto de competencias en esta sede es una de los obstáculos más importantes a su imprescindible reforma), pero no cabe duda de que el Consejo es la pieza fundamental, pues en sus manos está el régimen básico de premios y castigos: la política de nombramientos en los tribunales superiores del Estado (que tanto interesa controlar a los políticos) y el régimen disciplinario. Es evidente que el sistema de incentivos tiene una influencia directa en el funcionamiento de cualquier organización. La forma de designación de los vocales del Consejo que tienen encomendado este cometido, es, por tanto, un instrumento clave para mostrar nuestra opción preferente por uno u otro de esos objetivos en tensión que señalábamos al principio: independencia versus responsabilidad.

La Ley Orgánica originaria, la de 1980, optó por la independencia, indicando que los doce miembros que conforme al artículo 122 de la Constitución debían ser designados entre jueces y magistrados, serían nombrados por los propios jueces y magistrados. Cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982 con una amplísima mayoría absoluta, se encontró con un poder judicial controlado completamente por la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación mayoritaria de tendencia conservadora. Sintiéndose plenamente legitimado para buscar una mayor conexión entre el poder judicial y la sociedad española de ese momento, redujo la edad de jubilación a los 65 años (lo que supuso la salida inmediata de 56 de los 74 magistrados del Tribunal Supremo) y procedió cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo para evitar que el nombramiento de las vacantes volviese a recaer en jueces conservadores.  La Ley de 1985 consagró entonces, en el artículo 112, que los 12 magistrados serían nombrados por mitad entre el Congreso y el Senado, lo que daba lugar a que los veinte que integran la totalidad de sus miembros fuesen elegidos por el Parlamento, circunstancia única en los países de nuestro entorno (para no hacer demasiado largo este post podemos comentar los distintos sistemas en el debate, si es que lo hay). Con ocasión de esta reforma Alfonso Guerra pronunció su famosa frase recordándonos la condición exánime de Montesquieu.

Se optaba así por la “responsabilidad” frente a la independencia, pero pronto las cosas vinieron a demostrar que ni una cosa ni la otra. El Tribunal Constitucional, pese a declarar que el sistema anterior era mejor y más compatible con la Constitución, avaló la reforma en su Sentencia 108/1986, siempre, eso sí, “que las Cámaras, a la hora de hacer sus propuestas, no atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos.” Cual oráculo de Casandra, la advertencia se convirtió en realidad y, desde entonces los partidos, en vez de ponerse de acuerdo en el nombre de las personas más idóneas (para los nombramientos se necesita mayoría de tres quintos), se ponen de acuerdo en el número que le toca a cada uno. Como consecuencia de ese reparto partitocrático, ahora no tenemos ni constitucionalidad, ni independencia, ni eficacia, ni tampoco responsabilidad, como demuestra que gracias a ese apaño hayan llegado al Consejo personas que pasarán sin duda a nuestra particular historia de la infamia judicial, si alguna vez se cuenta, como, por ejemplo y sin ser exhaustivo, el famoso ex juez Pascual Estevill.

Ahora el Gobierno del PP quiere volver al sistema inicial. Quizá sea mejor que el degenerado producto actual, pero no es ni mucho menos satisfactorio. La Justicia en España no sólo necesita independencia, también está pidiendo a gritos mucha mayor agilidad, eficacia y responsabilidad. Casos tan desgraciados como la sentencia del Tribunal Supremo avalando el reingreso del juez Urquía a la carrera, pese a los intentos de impedirlo del actual Consejo (comentado en este blog aquí), no nos hacen ser muy optimistas sobre lo que puede ocurrir si los jueces llegan a controlar otra vez de manera casi total el poder judicial. Es obvio, aunque el estado actual de cosas en nuestro país nos lo haga olvidar con demasiada frecuencia, que el regulador no puede ser el mismo que el regulado. Y eso no debería ocurrir ni con los banqueros, ni con los notarios, ni con los jueces. Bastante duro es soportar la casta de los políticos profesionales como para crear gratuitamente otras nuevas situadas al margen de la responsabilidad.

Pero, ¿no existiría entonces otra alternativa?, ¿estamos abocados de forma perpetua a golpearnos con Escila huyendo de Caribdis, y viceversa? En la pasada legislatura un partido político, UPyD, presentó en el Parlamento una propuesta interesante (aquí) que pasó sin pena ni gloria. Sugirió, simplemente, que esos jueces no fuesen nombrados sólo por sus pares, sino también por otros profesionales muy interesados en el correcto funcionamiento de la Justicia, como fiscales, abogados y secretarios judiciales. En Francia, con un número de miembros mucho más reducido, se permite a los fiscales y a los consejeros de Estado designar un representante. En España, por imperativo constitucional, ese representante tiene que ser un magistrado, pero nada impide que el elector pueda no serlo. Esto introduciría un factor de generación de incentivos muy sugestivo, pues el magistrado elegido por los abogados, que aspire además a la reelección, deberá tener en cuenta algo más que sus propios intereses corporativos.

Reconozco que las soluciones no son sencillas, pero puestos a introducir reformas, es siempre deseable dar una oportunidad al debate y a la imaginación, antes que limitarse a repetir mecánicamente las fórmulas del pasado.

 

El poder judicial no es propiedad ni de los jueces ni de los partidos

¿Nombramiento por los jueces o por el Parlamento? Esa parece ser la única alternativa posible a la hora de designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Véanse, si no, estos artículos de Jorge de Esteban y de Gregorio Peces-Barba publicados esta semana en El Mundo y en El País, respectivamente. Pero lo cierto es que ambas propuestas presentan muchos inconvenientes.

Para comprenderlo debemos reflexionar primero sobre qué tipo de Poder Judicial deseamos para España. Seguro que uno independiente, por supuesto, porque sólo por medio de un poder judicial inmune a las presiones políticas es posible garantizar un adecuado funcionamiento del Estado de Derecho; pero también nos interesa un poder judicial eficaz, adaptado a la sociedad en la que está inmerso y, sobre todo, responsable frente a los ciudadanos españoles que, al fin y al cabo, son sus verdaderos titulares. Pues bien, resulta evidente que ambos objetivos –independencia y responsabilidad- están en cierta tensión. Existe el riesgo de que, tratando de conseguir una judicatura ferozmente independiente, la convirtamos en irresponsable, una especie de casta que vele por sus propios intereses y no rinda cuentas de su actuación a nadie. Por el contrario, a ver si por intentar hacerla responsable y conectada a los intereses de la ciudadanía, la vamos a transformar en una mera correa de transmisión de los políticos profesionales y de sus personales intereses partitocráticos.

Enumerados los objetivos y los riesgos nos queda por examinar los instrumentos para alcanzar los primeros y, sin duda, el principal es el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que sólo reformando el  Consejo no vamos a resolver los problemas de la Justicia en España. El Gobierno y las CCAA tienen considerable influencia en su funcionamiento (precisamente el demencial reparto de competencias en esta sede es una de los obstáculos más importantes a su imprescindible reforma), pero no cabe duda de que el Consejo es la pieza fundamental, pues en sus manos está el régimen básico de premios y castigos: la política de nombramientos en los tribunales superiores del Estado (que tanto interesa controlar a los políticos) y el régimen disciplinario. Es evidente que el sistema de incentivos tiene una influencia directa en el funcionamiento de cualquier organización. La forma de designación de los vocales del Consejo que tienen encomendado este cometido, es, por tanto, un instrumento clave para mostrar nuestra opción preferente por uno u otro de esos objetivos en tensión que señalábamos al principio: independencia versus responsabilidad.

La Ley Orgánica originaria, la de 1980, optó por la independencia, indicando que los doce miembros que conforme al artículo 122 de la Constitución debían ser designados entre jueces y magistrados, serían nombrados por los propios jueces y magistrados. Cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982 con una amplísima mayoría absoluta, se encontró con un poder judicial controlado completamente por la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación mayoritaria de tendencia conservadora. Sintiéndose plenamente legitimado para buscar una mayor conexión entre el poder judicial y la sociedad española de ese momento, redujo la edad de jubilación a los 65 años (lo que supuso la salida inmediata de 56 de los 74 magistrados del Tribunal Supremo) y procedió cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo para evitar que el nombramiento de las vacantes volviese a recaer en jueces conservadores.  La Ley de 1985 consagró entonces, en el artículo 112, que los 12 magistrados serían nombrados por mitad entre el Congreso y el Senado, lo que daba lugar a que los veinte que integran la totalidad de sus miembros fuesen elegidos por el Parlamento, circunstancia única en los países de nuestro entorno (para no hacer demasiado largo este post podemos comentar los distintos sistemas en el debate, si es que lo hay). Con ocasión de esta reforma Alfonso Guerra pronunció su famosa frase recordándonos la condición exánime de Montesquieu.

Se optaba así por la “responsabilidad” frente a la independencia, pero pronto las cosas vinieron a demostrar que ni una cosa ni la otra. El Tribunal Constitucional, pese a declarar que el sistema anterior era mejor y más compatible con la Constitución, avaló la reforma en su Sentencia 108/1986, siempre, eso sí, “que las Cámaras, a la hora de hacer sus propuestas, no atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos.” Cual oráculo de Casandra, la advertencia se convirtió en realidad y, desde entonces los partidos, en vez de ponerse de acuerdo en el nombre de las personas más idóneas (para los nombramientos se necesita mayoría de tres quintos), se ponen de acuerdo en el número que le toca a cada uno. Como consecuencia de ese reparto partitocrático, ahora no tenemos ni constitucionalidad, ni independencia, ni eficacia, ni tampoco responsabilidad, como demuestra que gracias a ese apaño hayan llegado al Consejo personas que pasarán sin duda a nuestra particular historia de la infamia judicial, si alguna vez se cuenta, como, por ejemplo y sin ser exhaustivo, el famoso ex juez Pascual Estevill.

Ahora el Gobierno del PP quiere volver al sistema inicial. Quizá sea mejor que el degenerado producto actual, pero no es ni mucho menos satisfactorio. La Justicia en España no sólo necesita independencia, también está pidiendo a gritos mucha mayor agilidad, eficacia y responsabilidad. Casos tan desgraciados como la sentencia del Tribunal Supremo avalando el reingreso del juez Urquía a la carrera, pese a los intentos de impedirlo del actual Consejo (comentado en este blog aquí), no nos hacen ser muy optimistas sobre lo que puede ocurrir si los jueces llegan a controlar otra vez de manera casi total el poder judicial. Es obvio, aunque el estado actual de cosas en nuestro país nos lo haga olvidar con demasiada frecuencia, que el regulador no puede ser el mismo que el regulado. Y eso no debería ocurrir ni con los banqueros, ni con los notarios, ni con los jueces. Bastante duro es soportar la casta de los políticos profesionales como para crear gratuitamente otras nuevas situadas al margen de la responsabilidad.

Pero, ¿no existiría entonces otra alternativa?, ¿estamos abocados de forma perpetua a golpearnos con Escila huyendo de Caribdis, y viceversa? En la pasada legislatura un partido político, UPyD, presentó en el Parlamento una propuesta interesante (aquí) que pasó sin pena ni gloria. Sugirió, simplemente, que esos jueces no fuesen nombrados sólo por sus pares, sino también por otros profesionales muy interesados en el correcto funcionamiento de la Justicia, como fiscales, abogados y secretarios judiciales. En Francia, con un número de miembros mucho más reducido, se permite a los fiscales y a los consejeros de Estado designar un representante. En España, por imperativo constitucional, ese representante tiene que ser un magistrado, pero nada impide que el elector pueda no serlo. Esto introduciría un factor de generación de incentivos muy sugestivo, pues el magistrado elegido por los abogados, que aspire además a la reelección, deberá tener en cuenta algo más que sus propios intereses corporativos.

Reconozco que las soluciones no son sencillas, pero puestos a introducir reformas, es siempre deseable dar una oportunidad al debate y a la imaginación, antes que limitarse a repetir mecánicamente las fórmulas del pasado.