Dación en pago (I): ¿Buenas Prácticas? No, gracias, preferimos resultados

El día 22 de febrero el Ministro de Economía manifestó en el Parlamento que las familias con bajos ingresos y con todos sus miembros en paro podrán utilizar la dación en pago para saldar su deuda hipotecaria con el banco siempre que se trate de la primera vivienda. El Consejo de Ministros del pasado viernes no ha aprobado nada al respecto (según se comenta ahora irá al próximo Consejo). Buscando una mayor concreción de la propuesta sólo hemos encontrado la nota de prensa publicada por el Ministerio el mismo día 22 y que se puede consultar aquí.

En la nota se indica que se adoptarán un conjunto de medidas normativas que se complementarán con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero. Las medidas normativas irán dirigidas a definir el colectivo a beneficiar, a mejorar los procedimientos de ejecución hipotecaria y a limitar los intereses de demora. Lo demás queda para el Código de Buenas Prácticas, lo cual, en mi opinión, es muy insuficiente, y esto por los siguientes motivos:

En primer lugar, porque en España este tipo de Códigos tiene una eficacia muy relativa. Para que funcionen se necesita un mercado muy competitivo y transparente y un consumidor informado y exigente capaz de penalizar de manera eficaz a las entidades que se desvíen de la norma, y aquí ambas cosas brillan por su ausencia. Hemos visto ya lo que dan de sí estos Códigos en el ámbito del gobierno corporativo y lo poco que sirven para incrementar la rendición de cuentas del órgano de administración frente a los accionistas. Baste recordar que el Consejero Delegado de la primera entidad financiera del país ha sido indultado de la pena impuesta por cometer un delito gravísimo contra uno de sus clientes -lo que sin duda no es una Buena Práctica- y no parece que la entidad en cuestión se haya resentido por ello lo más mínimo. Por eso, esa supuesta “sanción” mencionada por la nota de prensa relativa a que se hará pública la adhesión de las entidades al Código no parece de entrada que intimide mucho, la verdad. Otra cosa es que por cuestión de marketing pueda interesar estar ahí, pero de eso me ocuparé luego.

Por eso mismo se reconoce que el principal “incentivo para la adopción del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido”. Esto puede ser más interesante, claro, pero sólo lo será si esa deducción resulta un escándalo para el resto de los contribuyentes. Me explico: la concreción de esta posibilidad exigirá determinar cuándo se produce la pérdida (en el momento de la dación o en el de la venta posterior por el banco) y, consecuentemente, con relación a qué (tasación o precio de venta). Pero también habrá que concretar cómo se determina la cuantía del crédito del banco supuestamente impagado y, por tanto, su pérdida real. Recordemos que cuando un deudor da en pago su piso para liberarse de su deuda, lo normal es que el importe de ésta sea mucho más elevado que el valor de la finca. La razón es muy simple: antes de convenir la dación lo habitual es que el deudor se retrase en el pago o deje simplemente de pagar las cuotas, generando intereses de demora que a veces son de hasta el 29%. Es por ello que el importe de la deuda crece hasta cifras astronómicas. El banco sabe que no va a cobrar este importe jamás, por lo que en bastantes ocasiones está dispuesto a cancelar la deuda a cambio del piso. A la vista de ello, ¿va a ser esta diferencia entre una deuda inflada por los intereses de demora y el valor tasado de la finca (o el ulterior precio de venta, en su caso) lo que se van a deducir fiscalmente los bancos en caso de aceptar el famoso Código? Si es así me apresuro a vaticinar que las entidades que más altos tenían sus intereses de demora será las primeras que se adhieran, lo que, como digo, sería escandaloso para el resto de los contribuyentes españoles. Habrá que estar a la letra pequeña, pero tiene mala pinta, porque sólo una medida de este tipo podrá ser interesante para los bancos. Ahora bien, en cualquier caso queda claro, una vez más, que las consecuencias del crédito irresponsable (tanto por parte de la entidad como del prestatario) las va a pagar el españolito de a pié a través de un trato fiscal discriminatorio.

Precisamente por todas esas incertidumbres, el detalle del Código y la manera en que van aplicarlo las entidades resulta fundamental. Seguro que por razones de marketing la mayoría les interesa estar ahí, pero ya lo negociarán de tal manera que el diablo esté en los detalles. Y no digo nada respecto de la forma de aplicarlo, porque ¿cómo se podrá controlar su cumplimiento de manera efectiva dada la absoluta opacidad de este mercado? (Por favor, que ningún comentarista me cite al Banco de España).

Yo, al Sr. Guindos, que sé por conocimiento personal que es un hombre extraordinariamente competente y preparado, le recomendaría que echase un vistazo al programa electoral del PP. Ya sabemos que una vez ganada las elecciones nadie lo mira nunca, pero es que ahí está la clave de una posible solución a este drama social que estamos viviendo, y que sigue pasando casi desapercibida. Una solución, desde luego, mucho más efectiva que cualquier Código de Buenas Prácticas. En ese programa electoral se dice que “Reformaremos la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable.

Y es que, como venimos repitiendo en este blog (aquí, aquí, aquí y aquí) la solución real a este problema de la dación en pago está en la reforma de la Ley Concursal, y no (sólo) en la reforma de la Ley Hipotecaria. Tras un procedimiento concursal breve, el deudor (cualquier deudor, no sólo el hipotecario) que no tiene bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes. Es un procedimiento conocido con el nombre de fresh start y existe en la mayor parte de los países de nuestro entorno (EEUU, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Austria, Suecia…). Matilde Cuena lo ha estudiado en profundidad en este trabajo que se puede consultar aquí. Sólo cuando los acreedores perciban que pueden ver extinguida su deuda tras un procedimiento concursal, tendrán los incentivos necesarios para negociar con los deudores en unas mínimas condiciones de equilibrio. La autorregulación puede estar bien para ciertos casos. Aquí, desde luego, no sirve.

La verdad oficial

Quizá uno de los casos  de los que publica la prensa (y mira que hay competencia)  que reflejan con mayor claridad como nuestra crisis económica, política e institucional se ha transformado en una profunda crisis de valores, sea el de la Comisión de investigación sobre el gravísimo accidente del Metro de Valencia ocurrido hace unos años.

Por resumirles brevemente la historia, en el año 2006 se produce un tremendo accidente en el Metro de la ciudad de Valencia que deja nada menos que 43 muertos y 47 heridos. Como suele ocurrir en estos casos,  se abre una investigación judicial y otra en el Parlamento autonómico para esclarecer las causas del suceso y determinar las posibles responsabilidades. Todo esto, no está de más recordarlo, se hace con dinero público.

No se trata en este post, porque esto nos llevaría muy lejos, de hablar de la dudosa eficacia de una Comisión de investigación sobre unos hechos de los que puede derivarse alguna responsabilidad para el partido gobernante en un Parlamento en el que ese mismo partido dispone de mayoría absoluta. Tampoco se trata de valorar si la investigación judicial, que concluyó con el archivo de las actuaciones (al concluir que la responsabilidad penal quedó extinguida con la muerte del conductor por entender que el elemento determinante del descarrilamiento fue la  velocidad excesiva y no fallos en la seguridad)  fue o no  correcta, dado que carezco en absoluto de información sobre dicha investigación. En realidad, puede que nunca sepamos lo que ocurrió, es decir, que nunca sepamos la verdad. Y de eso trata este post.

Lo que quiero es llamar la atención –tomando como referencia las noticias aparecidas en la prensa estos últimos días- sobre la conducta de la ingeniosa Gerente (Marisa Gracia) de la empresa pública Ferrocarrils  de la Generalitat de Valencia  que gestiona el Metro de Valencia que, con dinero público, contrató nada menos que los servicios de una consultora de comunicación especializada (HM&Sanchis) para asesorar a sus propios técnicos cuando fueran a declarar ante la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas.  Con esto, la gerente pretendía conseguir la consagración de una ”verdad oficial” obteniendo de sus técnicos (no sabemos como de voluntariamente) ” declaraciones homogéneas” capaces de convencer a los parlamentarios de que lo sucedido fue un accidente “cuya causa fue el exceso de velocidad y que este exceso de velocidad no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica ni a ninguna dejación de responsabilidades ni a ningún incumplimiento de acuerdos, pues la línea 1 es segura y sobre la misma se lleva en los últimos 5 años y en los próximos 3 un plan de mejoras que se está cumpliendo escrupulosamente”, según reza literalmente el informe de la consultora que ha sido reproducido por un artículo de “el Mundo” del lunes 20 de febrero de 2012

Desde luego, la empresa contratada HM&Sanchís ya puede estar satisfecha del trabajo realizado, ya que lo cierto es que todo terminó felizmente para Ferrocarrils y sus empleados (no así para los familiares de las víctimas, claro está), ya que el Parlamento valenciano consagró esa “verdad oficial” , lo mismo que el Juzgado de Instrucción. Lo que se celebró, siempre según noticias de prensa, con una comilona por todo lo alto donde fueron invitados todos los técnicos que tan bien habían seguido las instrucciones y consejos de la dirección y de la consultora, comida, que, huelga decirlo, también pagamos todos los contribuyentes.

Yo no sé si al llegar a este punto de la lectura ustedes tienen la misma sensación que yo ¿hasta donde se puede seguir deteriorando el sistema de valores en el que se asienta, o se asentaba hasta hace poco , nuestras instituciones públicas?  Me refiero a cosas como la responsabilidad, la profesionalidad, la lealtad, la honorabilidad, la dignidad y hasta la simple decencia.

Porque el problema no es solo que  Ferrocarrils sea una empresa pública, y que, como tal, esté sujeta a unas normas de Derecho público y a unas obligaciones de lealtad institucional (de colaboración entre organismos públicos) que, al menos sobre el papel, son bastante estrictas, lo mismo que a unas normas de contratación, que,  de nuevo sobre el papel, son igualmente estrictas. El problema o la pregunta es   ¿Por qué siente la necesidad de contratar Ferrocarrils a una consultora especializada en comunicación en este caso?  Pues a esta pregunta, que no es retórica, contesta la empresa diciendo que es “normal” que se trabaje con expertos en comunicación e imagen para dar respuesta a “un asunto de tanta complejidad”.

Y ustedes, que a lo mejor no conocen mucho el sector público, se preguntarán ¿pero de verdad esto es normal? Pues dejando de lado el lenguaje utilizado, ya que este “asunto de tanta complejidad” es un gravísimo accidente de Metro con muchos muertos, lo cierto es que durante los años de la burbuja se ha venido consolidando en el sector público la costumbre de acudir a consultoras “de apoyo”, “asistencias técnicas”, “consultoras especializadas” para bastantes asuntos, fuesen o no de mucha complejidad. Consultoras que, por cierto, pueden ser también otras empresas públicas, para rizar el rizo.

A mi juicio, este fenómeno, tomando como presupuesto la alegría con que se ha dispuesto del dinero público,  es un síntoma más de la huida de la responsabilidad por parte de los políticos y gestores públicos. El gestor o directivo público tiende a pensar que puede eludir más fácilmente su responsabilidad si dispone de una consultora o una empresa especializada que “fabrique” una verdad oficial, que puede coincidir, o no, con la verdad. Ya se trate de la realización de una auditoría, de una determinada contratación, de un informe técnico, de un proyecto estratégico, del diseño de una remodelación organizativa, del lanzamiento de un programa de ayudas, de un tema jurídico complejo, etc, etc, etc, el gestor público respira más tranquilo si dispone de un documento con el logo y sello de la empresa (no olvidemos que el sector público sigue teniendo mucha fe en la papelería) que avale sus decisiones, por si acaso al final la cosa sale mal, y la verdad es que en estos años muchas cosas han salido pero que muy mal.  En definitiva, el gestor o directivo público siempre podrá refugiarse en el hecho de que su actuación venía avalada por un “informe técnico” de una empresa externa independiente, y si tiene marca, todavía mejor.

Huelga decir que las empresas contratadas para estos menesteres suelen ser bastante más complacientes con el gestor que los contrata que los funcionarios y empleados públicos, y eso que tampoco es que la independencia de estos colectivos haya sido para tirar cohetes, aunque soy consciente de que las generalizaciones siempre son injustas.  Pero creo sinceramente que si estas conductas independientes y profesionales hubieran sido las predominantes no estaríamos donde estamos.

Pero es que realmente Ferrocarrils ha dado un paso más allá. No contrató a la consultora solamente para hacer un informe que avalase su falta de responsabilidad en el accidente. No, lo suyo fue convertir a los propios técnicos de la casa en los avalistas de su falta de responsabilidad, mediante un concienzudo proceso de “coaching” que les permitiese decir con visos de verosimilitud lo que su empresa consideraba conveniente que dijesen a las Cortes Valencianas. Se trataba de eliminar la posibilidad de que declarasen espontáneamente y ¿por qué no decirlo? de acuerdo con su propia conciencia, no fuesen a cometer “errores”. Además se trasmitía además a los técnicos el mensaje claro de que la empresa quería que comunicasen lo que la empresa había decidido que dijesen, no lo que ellos creían que debían decir.
Y
Vaya por delante que ignoro si la verdad oficial en este caso coincide o no con la verdad a secas, o con lo que los seres humanos podemos considerar como la verdad en un caso tan triste.  Pero no solo no me parece normal, sino que me parece moralmente objetable que la verdad oficial se” fabrique” con dinero público contratando a una empresa especializada para enfrentarse a una Comisión de Investigación también pagada con dinero público. Y que cuando esa verdad oficial se consagra en las instancias correspondientes, se celebre con una comida también con cargo a los contribuyentes. Y siempre me rondará una última pregunta ¿para qué tantas molestias si realmente esa era toda la verdad?

 

 

La verdad oficial

Quizá uno de los casos  de los que publica la prensa (y mira que hay competencia)  que reflejan con mayor claridad como nuestra crisis económica, política e institucional se ha transformado en una profunda crisis de valores, sea el de la Comisión de investigación sobre el gravísimo accidente del Metro de Valencia ocurrido hace unos años.

Por resumirles brevemente la historia, en el año 2006 se produce un tremendo accidente en el Metro de la ciudad de Valencia que deja nada menos que 43 muertos y 47 heridos. Como suele ocurrir en estos casos,  se abre una investigación judicial y otra en el Parlamento autonómico para esclarecer las causas del suceso y determinar las posibles responsabilidades. Todo esto, no está de más recordarlo, se hace con dinero público.

No se trata en este post, porque esto nos llevaría muy lejos, de hablar de la dudosa eficacia de una Comisión de investigación sobre unos hechos de los que puede derivarse alguna responsabilidad para el partido gobernante en un Parlamento en el que ese mismo partido dispone de mayoría absoluta. Tampoco se trata de valorar si la investigación judicial, que concluyó con el archivo de las actuaciones (al concluir que la responsabilidad penal quedó extinguida con la muerte del conductor por entender que el elemento determinante del descarrilamiento fue la  velocidad excesiva y no fallos en la seguridad)  fue o no  correcta, dado que carezco en absoluto de información sobre dicha investigación. En realidad, puede que nunca sepamos lo que ocurrió, es decir, que nunca sepamos la verdad. Y de eso trata este post.

Lo que quiero es llamar la atención –tomando como referencia las noticias aparecidas en la prensa estos últimos días- sobre la conducta de la ingeniosa Gerente (Marisa Gracia) de la empresa pública Ferrocarrils  de la Generalitat de Valencia  que gestiona el Metro de Valencia que, con dinero público, contrató nada menos que los servicios de una consultora de comunicación especializada (HM&Sanchis) para asesorar a sus propios técnicos cuando fueran a declarar ante la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas.  Con esto, la gerente pretendía conseguir la consagración de una ”verdad oficial” obteniendo de sus técnicos (no sabemos como de voluntariamente) ” declaraciones homogéneas” capaces de convencer a los parlamentarios de que lo sucedido fue un accidente “cuya causa fue el exceso de velocidad y que este exceso de velocidad no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica ni a ninguna dejación de responsabilidades ni a ningún incumplimiento de acuerdos, pues la línea 1 es segura y sobre la misma se lleva en los últimos 5 años y en los próximos 3 un plan de mejoras que se está cumpliendo escrupulosamente”, según reza literalmente el informe de la consultora que ha sido reproducido por un artículo de “el Mundo” del lunes 20 de febrero de 2012

Desde luego, la empresa contratada HM&Sanchís ya puede estar satisfecha del trabajo realizado, ya que lo cierto es que todo terminó felizmente para Ferrocarrils y sus empleados (no así para los familiares de las víctimas, claro está), ya que el Parlamento valenciano consagró esa “verdad oficial” , lo mismo que el Juzgado de Instrucción. Lo que se celebró, siempre según noticias de prensa, con una comilona por todo lo alto donde fueron invitados todos los técnicos que tan bien habían seguido las instrucciones y consejos de la dirección y de la consultora, comida, que, huelga decirlo, también pagamos todos los contribuyentes.

Yo no sé si al llegar a este punto de la lectura ustedes tienen la misma sensación que yo ¿hasta donde se puede seguir deteriorando el sistema de valores en el que se asienta, o se asentaba hasta hace poco , nuestras instituciones públicas?  Me refiero a cosas como la responsabilidad, la profesionalidad, la lealtad, la honorabilidad, la dignidad y hasta la simple decencia.

Porque el problema no es solo que  Ferrocarrils sea una empresa pública, y que, como tal, esté sujeta a unas normas de Derecho público y a unas obligaciones de lealtad institucional (de colaboración entre organismos públicos) que, al menos sobre el papel, son bastante estrictas, lo mismo que a unas normas de contratación, que,  de nuevo sobre el papel, son igualmente estrictas. El problema o la pregunta es   ¿Por qué siente la necesidad de contratar Ferrocarrils a una consultora especializada en comunicación en este caso?  Pues a esta pregunta, que no es retórica, contesta la empresa diciendo que es “normal” que se trabaje con expertos en comunicación e imagen para dar respuesta a “un asunto de tanta complejidad”.

Y ustedes, que a lo mejor no conocen mucho el sector público, se preguntarán ¿pero de verdad esto es normal? Pues dejando de lado el lenguaje utilizado, ya que este “asunto de tanta complejidad” es un gravísimo accidente de Metro con muchos muertos, lo cierto es que durante los años de la burbuja se ha venido consolidando en el sector público la costumbre de acudir a consultoras “de apoyo”, “asistencias técnicas”, “consultoras especializadas” para bastantes asuntos, fuesen o no de mucha complejidad. Consultoras que, por cierto, pueden ser también otras empresas públicas, para rizar el rizo.

A mi juicio, este fenómeno, tomando como presupuesto la alegría con que se ha dispuesto del dinero público,  es un síntoma más de la huida de la responsabilidad por parte de los políticos y gestores públicos. El gestor o directivo público tiende a pensar que puede eludir más fácilmente su responsabilidad si dispone de una consultora o una empresa especializada que “fabrique” una verdad oficial, que puede coincidir, o no, con la verdad. Ya se trate de la realización de una auditoría, de una determinada contratación, de un informe técnico, de un proyecto estratégico, del diseño de una remodelación organizativa, del lanzamiento de un programa de ayudas, de un tema jurídico complejo, etc, etc, etc, el gestor público respira más tranquilo si dispone de un documento con el logo y sello de la empresa (no olvidemos que el sector público sigue teniendo mucha fe en la papelería) que avale sus decisiones, por si acaso al final la cosa sale mal, y la verdad es que en estos años muchas cosas han salido pero que muy mal.  En definitiva, el gestor o directivo público siempre podrá refugiarse en el hecho de que su actuación venía avalada por un “informe técnico” de una empresa externa independiente, y si tiene marca, todavía mejor.

Huelga decir que las empresas contratadas para estos menesteres suelen ser bastante más complacientes con el gestor que los contrata que los funcionarios y empleados públicos, y eso que tampoco es que la independencia de estos colectivos haya sido para tirar cohetes, aunque soy consciente de que las generalizaciones siempre son injustas.  Pero creo sinceramente que si estas conductas independientes y profesionales hubieran sido las predominantes no estaríamos donde estamos.

Pero es que realmente Ferrocarrils ha dado un paso más allá. No contrató a la consultora solamente para hacer un informe que avalase su falta de responsabilidad en el accidente. No, lo suyo fue convertir a los propios técnicos de la casa en los avalistas de su falta de responsabilidad, mediante un concienzudo proceso de “coaching” que les permitiese decir con visos de verosimilitud lo que su empresa consideraba conveniente que dijesen a las Cortes Valencianas. Se trataba de eliminar la posibilidad de que declarasen espontáneamente y ¿por qué no decirlo? de acuerdo con su propia conciencia, no fuesen a cometer “errores”. Además se trasmitía además a los técnicos el mensaje claro de que la empresa quería que comunicasen lo que la empresa había decidido que dijesen, no lo que ellos creían que debían decir.
Y
Vaya por delante que ignoro si la verdad oficial en este caso coincide o no con la verdad a secas, o con lo que los seres humanos podemos considerar como la verdad en un caso tan triste.  Pero no solo no me parece normal, sino que me parece moralmente objetable que la verdad oficial se” fabrique” con dinero público contratando a una empresa especializada para enfrentarse a una Comisión de Investigación también pagada con dinero público. Y que cuando esa verdad oficial se consagra en las instancias correspondientes, se celebre con una comida también con cargo a los contribuyentes. Y siempre me rondará una última pregunta ¿para qué tantas molestias si realmente esa era toda la verdad?