¿Y tú dónde estabas cuando se “repartían” el dinero de los ERES en Andalucía?

La sucesión de noticias que aparecen día tras día sobre el escándalo de los EREs fraudulentos en Andalucía parece no tener fin. Cuando creíamos haberlo visto todo, escuchar la grabación que publicó el pasado Lunes el periódico El Mundo donde se reproduce la conversación de la Presidenta de Invercaria, y su director de promoción, en la que le exige la elaboración de informes falsos que justifiquen ante los auditores de la Cámara de Cuentas la concesión irregular de ayudas y créditos es una bonita muestra de la crisis moral que asola a las instituciones públicas españolas. No nos queremos en este post ceñir a este caso concreto, sino apuntar algunas reflexiones sobre como es posible que hayamos llegado a esta situación de degeneración moral.

“Historia de un alemán”, el libro de Sebastian Haffner, es probablemente uno de los libros que mejor retrata cómo el poder político consigue empujar a una sociedad para que acepte lo que, visto con perspectiva histórica, solo puede considerarse como moralmente repugnante. Siempre ha quedado en el aire la pregunta de cómo un país que representaba los valores más altos de la cultura de la época, cómo una sociedad formada y culta, pudo llegar a un nivel de degeneración en el que aceptara como necesaria la marginación de los judíos. Pueden albergarse dudas sobre lo que la mayoría de los alemanes conocía de la situación en los campos de concentración, pero caben pocas dudas sobre lo que acaecido cuando se promulgaron las leyes de Nuremberg que marcaban una clara línea entre los ciudadanos arios y los judíos. La aportación más interesante del libro es precisamente la explicación de cómo, una sociedad educada, va aceptando, paso a paso, con pasividad y resignación, el camino hacia la degeneración. El poder sabe que lo único que precisa es convencer a la gente de que es más cómodo no hacer nada y mirar para otro lado, que intentar resistirse y alzar la voz. Tampoco hay por qué remontarse a la Alemania nazi. Lo sucedido en los últimos treinta años en el País Vasco proporciona un ejemplo similar, salvando las distancias, de cómo la mayoría de la sociedad prefiere “no meterse en líos”, y aceptar con pasividad, la presión y las amenazas que se ejercen sobre otra parte de la sociedad, la minoría marginada.

El razonamiento que hay tras este comportamiento siempre es el mismo. A nadie se le puede exigir ser un héroe. Toda persona tiene una vida, un trabajo, una familia,…, cosas que pondría en riesgo si levantara la voz, si denunciara la situación, si se convirtiera en un “héroe”. Aunque al principio la situación le puede “repugnar”, poco a poco se va convenciendo de que en el fondo, él no puede hacer nada, y que por tanto, ¿por qué debería arriesgar su vida y su estatus social?. Mira a su entorno, y ve que todos a su alrededor se comportan igual, y esto le acaba tranquilizando. Al cabo de muy poco tiempo, lo que quizás meses antes le pareciera moralmente reprobable ahora acaba considerándolo normal. El secreto, que muy bien conoce el poder político, es ir empujando la línea moral de permisividad de la sociedad cada vez un poquito más lejos,…, hasta que todo se perciba como normal.

Si echamos la vista atrás a los últimos quince años en España, si contemplamos al deterioro que han sufrido todas las instituciones españolas, desde el parlamento, a los gobiernos centrales, autonómicos o  locales, el poder judicial, los tribunales,…., no podemos concluir con la siempre fácil respuesta de que la culpa la ha tenido la partitocracia. La forma cómo la corrupción y el despilfarro se han arraigado en nuestras vidas y los hemos aceptado sin mayores protestas exige una explicación algo más compleja.

Probablemente más allá de la responsabilidad de la clase política ha llegado el momento de preguntar ¿y tú dónde estabas?

Leyendo los periódicos, o escuchando los comentarios en la calle, muchas veces da la impresión de que todos acabamos de llegar a este país, y nos hemos encontrado con esta “desagradable sorpresa”, de la noche a la mañana. Supongo que la explicación es la misma que la que podía ofrecer la sociedad alemana tras la segunda guerra mundial: el estado es tan poderoso y nosotros tan pequeños, tan anónimos, tan poquita cosa… Esa respuesta reconforta, pero suena algo falsa. Hagamos un repaso.

Tendríamos que empezar por preguntar donde estaban los funcionarios que trabajaban en las administraciones donde se ha extendido la corrupción y el despilfarro, y donde estaban los cuerpos de élite de la administración encargados de velar por su buen funcionamiento. Sí, los políticos tuvieron la culpa. Sí, la partitocracia tiene muchos mecanismos para ejercer presión, para sacar adelante proyectos descabellados, y para expoliar las arcas públicas. Pero en este punto, conviene recordar que los funcionarios cuentan con un extraordinario privilegio con el que no cuenta ninguna otra profesión: un trabajo para toda la vida, asegurado sea quien sea el político que ejerza el poder. Conviene recordar que a pesar de lo que muchos pueden creer, la raíz de este privilegio no está en las difíciles oposiciones que sin duda habrán tenido que superar, ni en el difícil trabajo que tendrán que desempeñar. La razón de este privilegio radica precisamente en poder oponerse al poder político, y proteger el interés general frente a los vaivenes de los intereses políticos. Pero nadie en estos años ha levantado nunca demasiado la voz. Probablemente, tras ponernos todos de acuerdo en que toda la responsabilidad la tiene el poder político, convendría empezar a preguntarse donde estaban los funcionarios cuya función es velar por el comportamiento ejemplar de la administración pública … ¿qué han hecho estos años los interventores de la administración?, ¿cuál era la opinión de los diferentes cuerpos de letrados? ¿Dónde estaban los abogados del estado?,  ¿a qué se han dedicado los funcionarios de los tribunales y cámaras de cuentas? ¿Dónde estaban los jueces o los fiscales? …  Podríamos descender más y preguntar por todos los empleados públicos que hacen funcionar la maquinaria del estado, y que han visto pasar papeles y expedientes dudosos,… Sin duda suena muy injusto preguntarles por qué no levantaron la voz en el pasado, cuando hoy todos comentan que las situaciones irregulares las conocía todo el mundo. Pueden contestar que a ellos no les correspondía. Que se jugaban su carrera profesional, su destino, sus complementos de productividad, su…  vida profesional. El poder político siempre juega con este razonamiento. A pesar de tener garantizado un puesto para toda la vida, siempre hay algo que se pone en juego… y eso puede ser suficiente para considerar que no merece la pena ser un héroe, y llegas a la conclusión de que no te pueden exigir ser un héroe. Nada que reprochar. Solo que no deja de sorprender lo que hemos rebajado el listón de la heroicidad. Sin duda en estos años el poder político en España consiguió su objetivo.

Pero sería injusto cargar las tintas solo en los empleados públicos. ¿Dónde estábamos el resto de nosotros? ¿Qué hicimos cuando vimos construir autopistas absurdas, aeropuertos sinsentido, y despilfarros sin fin? ¿Qué hicimos cuando todos sabíamos que junto al boom inmobiliario la corrupción se había extendido como un cáncer en todos los niveles de la administración del estado? ¿Qué hicieron las empresas cuando se iba extendiendo la nunca demasiado comentada, conocida, ni comprobada práctica de tener que “contribuir” para poder acceder a los contratos de algunas administraciones?

La respuesta en todos los casos es bien sencilla. NADA. Ahora nos queda el recurso de salir a la calle a manifestarnos, pero… ya es un poco tarde para solo “manifestarse”. Ahora es el tiempo de reconstruir una sociedad civil desaparecida y adormecida en la última década para empezar de verdad ejercer el control necesario sobre las instituciones políticas. Si antes había una responsabilidad ciudadana, con más razón la sigue habiendo ahora. Es preciso reconstruir las instituciones públicas, con muchas más garantías, sobre la base de la transparencia y la exigencia de responsabilidades a los que ejercen el poder, y a los que deben velar por su buen funcionamiento. Esperar que por si solo el entramado político, con su interminable rémora de intereses, cambie la situación es esperar demasiado.

Lo que es necesario es que todos los que tenemos interés en que esto no siga así, podamos empezar a decir NO, y si somos suficientes, lo que debería empezar a costar es seguir diciendo siempre que SÍ. Los pasos que podemos dar los tendremos que dejar para otro post.

¿Y tú dónde estabas cuando se “repartían” el dinero de los ERES en Andalucía?

La sucesión de noticias que aparecen día tras día sobre el escándalo de los EREs fraudulentos en Andalucía parece no tener fin. Cuando creíamos haberlo visto todo, escuchar la grabación que publicó el pasado Lunes el periódico El Mundo donde se reproduce la conversación de la Presidenta de Invercaria, y su director de promoción, en la que le exige la elaboración de informes falsos que justifiquen ante los auditores de la Cámara de Cuentas la concesión irregular de ayudas y créditos es una bonita muestra de la crisis moral que asola a las instituciones públicas españolas. No nos queremos en este post ceñir a este caso concreto, sino apuntar algunas reflexiones sobre como es posible que hayamos llegado a esta situación de degeneración moral.

“Historia de un alemán”, el libro de Sebastian Haffner, es probablemente uno de los libros que mejor retrata cómo el poder político consigue empujar a una sociedad para que acepte lo que, visto con perspectiva histórica, solo puede considerarse como moralmente repugnante. Siempre ha quedado en el aire la pregunta de cómo un país que representaba los valores más altos de la cultura de la época, cómo una sociedad formada y culta, pudo llegar a un nivel de degeneración en el que aceptara como necesaria la marginación de los judíos. Pueden albergarse dudas sobre lo que la mayoría de los alemanes conocía de la situación en los campos de concentración, pero caben pocas dudas sobre lo que acaecido cuando se promulgaron las leyes de Nuremberg que marcaban una clara línea entre los ciudadanos arios y los judíos. La aportación más interesante del libro es precisamente la explicación de cómo, una sociedad educada, va aceptando, paso a paso, con pasividad y resignación, el camino hacia la degeneración. El poder sabe que lo único que precisa es convencer a la gente de que es más cómodo no hacer nada y mirar para otro lado, que intentar resistirse y alzar la voz. Tampoco hay por qué remontarse a la Alemania nazi. Lo sucedido en los últimos treinta años en el País Vasco proporciona un ejemplo similar, salvando las distancias, de cómo la mayoría de la sociedad prefiere “no meterse en líos”, y aceptar con pasividad, la presión y las amenazas que se ejercen sobre otra parte de la sociedad, la minoría marginada.

El razonamiento que hay tras este comportamiento siempre es el mismo. A nadie se le puede exigir ser un héroe. Toda persona tiene una vida, un trabajo, una familia,…, cosas que pondría en riesgo si levantara la voz, si denunciara la situación, si se convirtiera en un “héroe”. Aunque al principio la situación le puede “repugnar”, poco a poco se va convenciendo de que en el fondo, él no puede hacer nada, y que por tanto, ¿por qué debería arriesgar su vida y su estatus social?. Mira a su entorno, y ve que todos a su alrededor se comportan igual, y esto le acaba tranquilizando. Al cabo de muy poco tiempo, lo que quizás meses antes le pareciera moralmente reprobable ahora acaba considerándolo normal. El secreto, que muy bien conoce el poder político, es ir empujando la línea moral de permisividad de la sociedad cada vez un poquito más lejos,…, hasta que todo se perciba como normal.

Si echamos la vista atrás a los últimos quince años en España, si contemplamos al deterioro que han sufrido todas las instituciones españolas, desde el parlamento, a los gobiernos centrales, autonómicos o  locales, el poder judicial, los tribunales,…., no podemos concluir con la siempre fácil respuesta de que la culpa la ha tenido la partitocracia. La forma cómo la corrupción y el despilfarro se han arraigado en nuestras vidas y los hemos aceptado sin mayores protestas exige una explicación algo más compleja.

Probablemente más allá de la responsabilidad de la clase política ha llegado el momento de preguntar ¿y tú dónde estabas?

Leyendo los periódicos, o escuchando los comentarios en la calle, muchas veces da la impresión de que todos acabamos de llegar a este país, y nos hemos encontrado con esta “desagradable sorpresa”, de la noche a la mañana. Supongo que la explicación es la misma que la que podía ofrecer la sociedad alemana tras la segunda guerra mundial: el estado es tan poderoso y nosotros tan pequeños, tan anónimos, tan poquita cosa… Esa respuesta reconforta, pero suena algo falsa. Hagamos un repaso.

Tendríamos que empezar por preguntar donde estaban los funcionarios que trabajaban en las administraciones donde se ha extendido la corrupción y el despilfarro, y donde estaban los cuerpos de élite de la administración encargados de velar por su buen funcionamiento. Sí, los políticos tuvieron la culpa. Sí, la partitocracia tiene muchos mecanismos para ejercer presión, para sacar adelante proyectos descabellados, y para expoliar las arcas públicas. Pero en este punto, conviene recordar que los funcionarios cuentan con un extraordinario privilegio con el que no cuenta ninguna otra profesión: un trabajo para toda la vida, asegurado sea quien sea el político que ejerza el poder. Conviene recordar que a pesar de lo que muchos pueden creer, la raíz de este privilegio no está en las difíciles oposiciones que sin duda habrán tenido que superar, ni en el difícil trabajo que tendrán que desempeñar. La razón de este privilegio radica precisamente en poder oponerse al poder político, y proteger el interés general frente a los vaivenes de los intereses políticos. Pero nadie en estos años ha levantado nunca demasiado la voz. Probablemente, tras ponernos todos de acuerdo en que toda la responsabilidad la tiene el poder político, convendría empezar a preguntarse donde estaban los funcionarios cuya función es velar por el comportamiento ejemplar de la administración pública … ¿qué han hecho estos años los interventores de la administración?, ¿cuál era la opinión de los diferentes cuerpos de letrados? ¿Dónde estaban los abogados del estado?,  ¿a qué se han dedicado los funcionarios de los tribunales y cámaras de cuentas? ¿Dónde estaban los jueces o los fiscales? …  Podríamos descender más y preguntar por todos los empleados públicos que hacen funcionar la maquinaria del estado, y que han visto pasar papeles y expedientes dudosos,… Sin duda suena muy injusto preguntarles por qué no levantaron la voz en el pasado, cuando hoy todos comentan que las situaciones irregulares las conocía todo el mundo. Pueden contestar que a ellos no les correspondía. Que se jugaban su carrera profesional, su destino, sus complementos de productividad, su…  vida profesional. El poder político siempre juega con este razonamiento. A pesar de tener garantizado un puesto para toda la vida, siempre hay algo que se pone en juego… y eso puede ser suficiente para considerar que no merece la pena ser un héroe, y llegas a la conclusión de que no te pueden exigir ser un héroe. Nada que reprochar. Solo que no deja de sorprender lo que hemos rebajado el listón de la heroicidad. Sin duda en estos años el poder político en España consiguió su objetivo.

Pero sería injusto cargar las tintas solo en los empleados públicos. ¿Dónde estábamos el resto de nosotros? ¿Qué hicimos cuando vimos construir autopistas absurdas, aeropuertos sinsentido, y despilfarros sin fin? ¿Qué hicimos cuando todos sabíamos que junto al boom inmobiliario la corrupción se había extendido como un cáncer en todos los niveles de la administración del estado? ¿Qué hicieron las empresas cuando se iba extendiendo la nunca demasiado comentada, conocida, ni comprobada práctica de tener que “contribuir” para poder acceder a los contratos de algunas administraciones?

La respuesta en todos los casos es bien sencilla. NADA. Ahora nos queda el recurso de salir a la calle a manifestarnos, pero… ya es un poco tarde para solo “manifestarse”. Ahora es el tiempo de reconstruir una sociedad civil desaparecida y adormecida en la última década para empezar de verdad ejercer el control necesario sobre las instituciones políticas. Si antes había una responsabilidad ciudadana, con más razón la sigue habiendo ahora. Es preciso reconstruir las instituciones públicas, con muchas más garantías, sobre la base de la transparencia y la exigencia de responsabilidades a los que ejercen el poder, y a los que deben velar por su buen funcionamiento. Esperar que por si solo el entramado político, con su interminable rémora de intereses, cambie la situación es esperar demasiado.

Lo que es necesario es que todos los que tenemos interés en que esto no siga así, podamos empezar a decir NO, y si somos suficientes, lo que debería empezar a costar es seguir diciendo siempre que SÍ. Los pasos que podemos dar los tendremos que dejar para otro post.

El nuevo régimen de acceso a la abogacía (y II): perspectiva de dos estudiantes

Como es sabido, la Ley 34/2006 de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, pretende regular el acceso de los licenciados en Derecho a estas profesiones, exigiendo para la colegiación que cursen un máster y pasen un examen. El fundamento de esta regulación es mejorar la justicia española y conseguir abogados más  preparados para el ejercicio profesional, de forma que se refuerce el derecho a la tutela judicial efectiva. Además de lo anterior se consigue una armonización con el resto de países de la Unión Europea que ya cuentan con un sistema de acceso a la abogacía complementario a los estudios universitarios.  Y en estos objetivos, estamos todos de acuerdo: Abogados mejor formados, más garantías y más derechos y libertades.

 

Veamos cómo se pretende conseguir. La nueva Ley establece un sistema de formación consistente en un curso teórico formativo específico, un período de prácticas y un examen estatal para la evaluación de la aptitud profesional.

 

El curso formativo será acreditado por los Ministerios de Educación y Justicia  e impartido por Universidades tanto públicas como privadas acreditadas para obtener el título oficial de Máster Universitario, y por Escuelas de práctica jurídica, creadas por los Colegios de Abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía (CGAE).

 

El período de prácticas externas tuteladas, se desarrollará en departamentos jurídicos de las AAPP, en sociedades o despachos profesionales de abogados y en Juzgados o Tribunales, entre otras opciones. Siempre con la característica común de permitir al estudiante conocer de primera mano y por primera vez, en la gran mayoría de los casos, el mundo profesional en el que van a tener que actuar.

 

Esta Ley ha suscitado una gran polémica, especialmente por los problemas de derecho transitorio, resueltos en una disposición del RDL sobre mediación aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo. Pero, aparte de aquéllos, su regulación nos coloca ante la cuestión de fondo de cómo debería ser la formación universitaria en Derecho. Y es que el hecho de exigirse un título adicional a los licenciados para acreditar su capacidad para ejercer como abogados, es tanto como reconocer que llevamos muchos años fabricando productos semiterminados y lanzándolos al mercado como si estuviesen listos para su utilización. Entonces, y debería ser la mayor preocupación, ¿Necesitamos añadir una formación complementaria a la actual, o lo que hay que cambiar es la manera en que se imparte la formación básica? Como estudiantes, creemos que la formación teórica que se recibe es adecuada técnicamente hablando y aporta una sólida base en este sentido, siempre que se aproveche como se debe. Lo que sí falla clamorosamente es el aspecto práctico, pero en nuestra opinión, si la teoría se estudia en un año concreto, y las prácticas sobre esa misma materia se hacen tres años después, en el máster, valen de muy poco. Lo razonable sería rediseñar los planes de estudio de forma global, desde el inicio de la formación universitaria.

 

La formación no debería dividirse en etapas tan diferenciadas, sino ser un proceso más continuo e integrado. El proceso debería ser intensivo en formación teórica al principio e ir introduciendo progresivamente formación práctica, pero no al terminar la universidad, sino durante la misma, o si no, elaborando programas de estudios teóricos más cortos pero intensos para luego establecer un período suficiente de prácticas, de forma que todo el proceso de formación terminase en un período razonable de tiempo. Lo que es obvio es que tan importante es una buena formación teórica como práctica, de lo contrario estaríamos formando juristas ajenos al mundo profesional, y dificultamos tanto la adaptación como la elección acertada de su futuro laboral.

 

Los estudiantes no criticamos que haya que estudiar más como se escucha con demasiada frecuencia. Es más, parece claro que aquellos cuya intención es ser abogados tienen claro que nunca dejarán de estudiar y de actualizar sus conocimientos. Por tanto la crítica es al cómo, no al por qué de esta formación complementaria.

 

 Quizás la mejor fórmula para lograr esa formación integral deseada sea examinar las carencias del estudiante recién licenciado y ver de qué manera se podría rediseñar el sistema educativo para suplirlas durante los años destinados al efecto. Porque la universidad ha sido hasta el momento nuestro lugar de entrenamiento para dar el salto al mercado laboral y nunca una fase intermedia de preparación, como parece ser que se ve ahora. El problema es que durante este tiempo ha existido una clara carencia de interrelación del mundo estudiantil y el profesional. En definitiva, han sido etapas muy diferenciadas, pero consecutivas. Hay que difuminar esa línea divisoria involucrando a los alumnos en lo que algún día será su día a día desde antes: sería más eficiente, económico y lo más importante, permitiría a los estudiantes decidir su futuro profesional con más criterio.

 

Al hilo de lo anterior, se ha dicho que esta formación debería  tener tres pilares: función social y ética del abogado; formación procesal y especialización (en materias y en legislación territorial). De nuevo, ¿Qué problema hay en incluir estos pilares en los años de licenciatura? O mejor dicho, ¿No debería el licenciado en derecho conocer la función social y ética del abogado, poseer una profunda formación procesal y haberse especializado en aquella materia que más le interesa cuando acaba la carrera? El artículo 6 de la Ley dice que la mitad del máster será de tipo práctico, pero ya hemos dicho que, en nuestra percepción, lo que debería de ser es la mitad…de la propia carrera. Y hay una pregunta más: el coste del máster es notablemente elevado aunque se realice en una universidad pública ¿Por qué, siendo una formación complementaria reconocida por el legislador como una necesidad social imperante, debe tener un coste económico muy superior al de la misma Universidad?

 

Pero también los estudiantes hemos de hacer un ejercicio de autocrítica. No podemos conformarnos con que la Universidad nos dé toda la educación que necesitamos. Debemos ser proactivos, si observamos carencias debemos preocuparnos y suplirlas. La formación universitaria es voluntaria, y es uno de los medios para llegar al fin pretendido, pero no el único. Es nuestro propio futuro el que está en juego. Si no nos lo labramos nosotros, nadie lo va a hacer, o por lo menos no debería. La universidad y el futuro máster no son los únicos medios de preparación a nuestro alcance. El movimiento asociativo estudiantil, con las nuevas tecnologías para comunicarse, podría no solamente representar un perfil reivindicativo sino también de servicios, y en el caso de la carrera de Derecho podría organizarse para dar servicios a los estudiantes alcanzando convenios con colegios profesionales, consejerías de justicia, administraciones, despachos profesionales y un largo etcétera para complementar nuestra formación y acercarnos al mundo laboral durante la carrera.

 

Resumamos por tanto los principales argumentos expuestos. Tendría sentido que se comenzara invirtiendo mucho más tiempo en formación teórica que en práctica, y progresivamente se fuera invirtiendo el proceso, cada vez más formación práctica y menos teórica. De hecho, es lo que ocurre en el mundo profesional. Los profesionales trabajan principalmente, pero sin dejar en ningún momento de estudiar para actualizarse. Parece por tanto necesario realizar prácticas durante la carrera. Es necesario interrelacionar el mundo académico y el profesional simultanear teoría y práctica para que los procesos se retroalimenten. Y lo más importante, es necesario que los estudiantes asumamos con responsabilidad nuestro papel a la hora de formarnos, sin achacar toda la responsabilidad al Estado.

 

El nuevo régimen de acceso a la abogacía (y II): perspectiva de dos estudiantes

Como es sabido, la Ley 34/2006 de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, pretende regular el acceso de los licenciados en Derecho a estas profesiones, exigiendo para la colegiación que cursen un máster y pasen un examen. El fundamento de esta regulación es mejorar la justicia española y conseguir abogados más  preparados para el ejercicio profesional, de forma que se refuerce el derecho a la tutela judicial efectiva. Además de lo anterior se consigue una armonización con el resto de países de la Unión Europea que ya cuentan con un sistema de acceso a la abogacía complementario a los estudios universitarios.  Y en estos objetivos, estamos todos de acuerdo: Abogados mejor formados, más garantías y más derechos y libertades.

 

Veamos cómo se pretende conseguir. La nueva Ley establece un sistema de formación consistente en un curso teórico formativo específico, un período de prácticas y un examen estatal para la evaluación de la aptitud profesional.

 

El curso formativo será acreditado por los Ministerios de Educación y Justicia  e impartido por Universidades tanto públicas como privadas acreditadas para obtener el título oficial de Máster Universitario, y por Escuelas de práctica jurídica, creadas por los Colegios de Abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía (CGAE).

 

El período de prácticas externas tuteladas, se desarrollará en departamentos jurídicos de las AAPP, en sociedades o despachos profesionales de abogados y en Juzgados o Tribunales, entre otras opciones. Siempre con la característica común de permitir al estudiante conocer de primera mano y por primera vez, en la gran mayoría de los casos, el mundo profesional en el que van a tener que actuar.

 

Esta Ley ha suscitado una gran polémica, especialmente por los problemas de derecho transitorio, resueltos en una disposición del RDL sobre mediación aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo. Pero, aparte de aquéllos, su regulación nos coloca ante la cuestión de fondo de cómo debería ser la formación universitaria en Derecho. Y es que el hecho de exigirse un título adicional a los licenciados para acreditar su capacidad para ejercer como abogados, es tanto como reconocer que llevamos muchos años fabricando productos semiterminados y lanzándolos al mercado como si estuviesen listos para su utilización. Entonces, y debería ser la mayor preocupación, ¿Necesitamos añadir una formación complementaria a la actual, o lo que hay que cambiar es la manera en que se imparte la formación básica? Como estudiantes, creemos que la formación teórica que se recibe es adecuada técnicamente hablando y aporta una sólida base en este sentido, siempre que se aproveche como se debe. Lo que sí falla clamorosamente es el aspecto práctico, pero en nuestra opinión, si la teoría se estudia en un año concreto, y las prácticas sobre esa misma materia se hacen tres años después, en el máster, valen de muy poco. Lo razonable sería rediseñar los planes de estudio de forma global, desde el inicio de la formación universitaria.

 

La formación no debería dividirse en etapas tan diferenciadas, sino ser un proceso más continuo e integrado. El proceso debería ser intensivo en formación teórica al principio e ir introduciendo progresivamente formación práctica, pero no al terminar la universidad, sino durante la misma, o si no, elaborando programas de estudios teóricos más cortos pero intensos para luego establecer un período suficiente de prácticas, de forma que todo el proceso de formación terminase en un período razonable de tiempo. Lo que es obvio es que tan importante es una buena formación teórica como práctica, de lo contrario estaríamos formando juristas ajenos al mundo profesional, y dificultamos tanto la adaptación como la elección acertada de su futuro laboral.

 

Los estudiantes no criticamos que haya que estudiar más como se escucha con demasiada frecuencia. Es más, parece claro que aquellos cuya intención es ser abogados tienen claro que nunca dejarán de estudiar y de actualizar sus conocimientos. Por tanto la crítica es al cómo, no al por qué de esta formación complementaria.

 

 Quizás la mejor fórmula para lograr esa formación integral deseada sea examinar las carencias del estudiante recién licenciado y ver de qué manera se podría rediseñar el sistema educativo para suplirlas durante los años destinados al efecto. Porque la universidad ha sido hasta el momento nuestro lugar de entrenamiento para dar el salto al mercado laboral y nunca una fase intermedia de preparación, como parece ser que se ve ahora. El problema es que durante este tiempo ha existido una clara carencia de interrelación del mundo estudiantil y el profesional. En definitiva, han sido etapas muy diferenciadas, pero consecutivas. Hay que difuminar esa línea divisoria involucrando a los alumnos en lo que algún día será su día a día desde antes: sería más eficiente, económico y lo más importante, permitiría a los estudiantes decidir su futuro profesional con más criterio.

 

Al hilo de lo anterior, se ha dicho que esta formación debería  tener tres pilares: función social y ética del abogado; formación procesal y especialización (en materias y en legislación territorial). De nuevo, ¿Qué problema hay en incluir estos pilares en los años de licenciatura? O mejor dicho, ¿No debería el licenciado en derecho conocer la función social y ética del abogado, poseer una profunda formación procesal y haberse especializado en aquella materia que más le interesa cuando acaba la carrera? El artículo 6 de la Ley dice que la mitad del máster será de tipo práctico, pero ya hemos dicho que, en nuestra percepción, lo que debería de ser es la mitad…de la propia carrera. Y hay una pregunta más: el coste del máster es notablemente elevado aunque se realice en una universidad pública ¿Por qué, siendo una formación complementaria reconocida por el legislador como una necesidad social imperante, debe tener un coste económico muy superior al de la misma Universidad?

 

Pero también los estudiantes hemos de hacer un ejercicio de autocrítica. No podemos conformarnos con que la Universidad nos dé toda la educación que necesitamos. Debemos ser proactivos, si observamos carencias debemos preocuparnos y suplirlas. La formación universitaria es voluntaria, y es uno de los medios para llegar al fin pretendido, pero no el único. Es nuestro propio futuro el que está en juego. Si no nos lo labramos nosotros, nadie lo va a hacer, o por lo menos no debería. La universidad y el futuro máster no son los únicos medios de preparación a nuestro alcance. El movimiento asociativo estudiantil, con las nuevas tecnologías para comunicarse, podría no solamente representar un perfil reivindicativo sino también de servicios, y en el caso de la carrera de Derecho podría organizarse para dar servicios a los estudiantes alcanzando convenios con colegios profesionales, consejerías de justicia, administraciones, despachos profesionales y un largo etcétera para complementar nuestra formación y acercarnos al mundo laboral durante la carrera.

 

Resumamos por tanto los principales argumentos expuestos. Tendría sentido que se comenzara invirtiendo mucho más tiempo en formación teórica que en práctica, y progresivamente se fuera invirtiendo el proceso, cada vez más formación práctica y menos teórica. De hecho, es lo que ocurre en el mundo profesional. Los profesionales trabajan principalmente, pero sin dejar en ningún momento de estudiar para actualizarse. Parece por tanto necesario realizar prácticas durante la carrera. Es necesario interrelacionar el mundo académico y el profesional simultanear teoría y práctica para que los procesos se retroalimenten. Y lo más importante, es necesario que los estudiantes asumamos con responsabilidad nuestro papel a la hora de formarnos, sin achacar toda la responsabilidad al Estado.