Dación en pago: justificaciones improcedentes

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anunciado Real Decreto Ley que establece medidas para paliar el problema de las ejecuciones hipotecarias que afectan a las personas en riesgo de exclusión social y que se acompañará de un Código de Buenas Prácticas que podrán suscribir de forma voluntaria las entidades financieras. Tan pronto como tengamos acceso al texto articulado publicaremos los correspondientes comentarios. Ahora bien, en la rueda de prensa que ha seguido al Consejo de Ministros la Vicepresidenta del Gobierno ha defendido el carácter voluntario del Código con una excusa que no me ha gustado nada.

Ha dicho literalmente (aquí, minuto 13.50) que se ha optado por promover un Código voluntario porque, al pretender dar carácter retroactivo a la medida, tal cosa “no podía hacerse por ley”. Con esto viene implícitamente a decir que a ellos les hubiera gustado imponer esta solución de forma obligatoria, pero que no pueden hacerlo porque sería inconstitucional. Lo siento, pero esto no se lo cree nadie. En primer lugar, porque tal medida no sería inconstitucional, por muy retroactiva que fuese. Aquí no hay ninguna expropiación sin indemnización, sino una medida de reequilibrio de un contrato suscrito entre particulares por alteración sobrevenida de las circunstancias y con la finalidad de que su cumplimiento no resulte demasiado oneroso para una de las partes. Otra cosa es que se considere conveniente, por razones de política legislativa o de estabilidad del sistema financiero, no imponer tal solución. Ya lo sabemos, y hasta lo podemos llegar a comprender (incluso el “too big to fail”), pero lo decente es decirlo así y explicarlo, y no pretender dar gato por liebre. Si esta medida fuera inconstitucional, también lo sería imponer la exoneración de deudas en un procedimiento concursal, como se ha propuesto en este blog (aquí) y el propio PP lleva en su programa.

La Vicepresidenta tiene cierta tendencia a intentar ganar hasta la última peseta política, y eso no es de buenos jugadores. Al final se te ve el plumero….

Dación en pago: justificaciones improcedentes

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anunciado Real Decreto Ley que establece medidas para paliar el problema de las ejecuciones hipotecarias que afectan a las personas en riesgo de exclusión social y que se acompañará de un Código de Buenas Prácticas que podrán suscribir de forma voluntaria las entidades financieras. Tan pronto como tengamos acceso al texto articulado publicaremos los correspondientes comentarios. Ahora bien, en la rueda de prensa que ha seguido al Consejo de Ministros la Vicepresidenta del Gobierno ha defendido el carácter voluntario del Código con una excusa que no me ha gustado nada.

Ha dicho literalmente (aquí, minuto 13.50) que se ha optado por promover un Código voluntario porque, al pretender dar carácter retroactivo a la medida, tal cosa “no podía hacerse por ley”. Con esto viene implícitamente a decir que a ellos les hubiera gustado imponer esta solución de forma obligatoria, pero que no pueden hacerlo porque sería inconstitucional. Lo siento, pero esto no se lo cree nadie. En primer lugar, porque tal medida no sería inconstitucional, por muy retroactiva que fuese. Aquí no hay ninguna expropiación sin indemnización, sino una medida de reequilibrio de un contrato suscrito entre particulares por alteración sobrevenida de las circunstancias y con la finalidad de que su cumplimiento no resulte demasiado oneroso para una de las partes. Otra cosa es que se considere conveniente, por razones de política legislativa o de estabilidad del sistema financiero, no imponer tal solución. Ya lo sabemos, y hasta lo podemos llegar a comprender (incluso el “too big to fail”), pero lo decente es decirlo así y explicarlo, y no pretender dar gato por liebre. Si esta medida fuera inconstitucional, también lo sería imponer la exoneración de deudas en un procedimiento concursal, como se ha propuesto en este blog (aquí) y el propio PP lleva en su programa.

La Vicepresidenta tiene cierta tendencia a intentar ganar hasta la última peseta política, y eso no es de buenos jugadores. Al final se te ve el plumero….

Comprar en tiempos de crisis

Los recortes en los presupuestos públicos están teniendo consecuencias en numerosos ámbitos de nuestra sociedad. Desde la reducción del sueldo de los funcionarios al cierre de pymes por la morosidad de las administraciones pasando por la venta de coches oficiales o los rumores de ERES en Ayuntamientos. Nunca pensamos que las Administraciones no fueran a ser capaces de pagar y, por tanto, ni siquiera previmos mecanismos eficaces que nos permitieran hacer frente a esta situación.

Pero hoy me quiero centrar en un área de actividad mucho menos mediática y de la que se habla muy poco, pero que está siendo duramente castigada por la situación actual de recortes. Se trata del sector TIC y en particular de las inversiones TIC de la Administración. Las 2 siguientes gráficas son bastante demoledoras y muestran la reducción de inversiones TIC del conjunto de las administraciones españolas. Son cifras estremecedoras. La primera muestra la evolución de los capítulos 2 y 6 en los últimos años y la segunda la variación porcentual tomando como base el año 2008.

Un 40% de reducción de las inversiones TIC de la Administración tiene un efecto terrible, no solo en la tan manida modernización de nuestra Administración sino en la propia sostenibilidad de los servicios públicos. Ya hemos comentado en otros post que en nuestra “Sociedad del conocimiento” las TIC no van a solucionar los problemas de fondo de la Administración, pero sin ellas, la Administración no podrá ofrecer unos servicios razonables en calidad y en coste. Pero más dramático puede ser el efecto sobre la economía en su conjunto. Pensemos que en España, casi la mitad de la economía está gestionada desde el lado publico –la licitación pública representa el 13% del PIB y el gasto publico alrededor del 40%- y que numerosos informes avalan la relación entre inversión TIC en un país y su impacto sobre la productividad. La productividad española ha perdido muchos puntos respecto  a los países de nuestro entorno en los últimos años. Y con la situación actual parece que lo peor está por llegar.

Fruto de esta situación los gestores públicos se encuentran en una fase de desconcierto.  Sirvan 2 datos recientes para ilustrarlo: durante el primer semestre del 2011 se han publicado un 40% menos de licitaciones TIC que en el mismo periodo del 2010 y el pasado fin de año se renovaron contratos anuales por solamente unos meses, a modo de puente entre cambios de gobierno.  Si a esta situación presupuestaria, sumamos los recortes salariales pasados y futuros, no es difícil entrever un ambiente nada motivador ni para los gestores TIC, ni para  sus suministradores.

Es indudable que tanto los  gestores TIC como  las empresas  tendrán que aprender a desenvolverse en este nuevo entorno de escasísimos presupuestos de inversión, control estricto del déficit y plantillas congeladas.

Estas limitaciones obligan a usar nuevas fórmulas de contratación, previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, pero prácticamente no utilizadas en las TIC durante la época de bonanza. Fórmulas que posibilitan  que los activos contratados continúen figurando en la contabilidad del proveedor y que permiten que la Administración abone los servicios a medida que los vaya consumiendo. Me estoy refiriendo a la colaboración público-privada contractual. La colaboración público-privada es una herramienta disponible como mecanismo de contratación desde la entrada en vigor en 2008 de la LCSP y permite que el sector privado financie inversiones de infraestructuras sin que esta financiación afecte  a la estabilidad presupuestaria. Es por tanto una alternativa que puede resultar muy interesante de cara a la necesaria recuperación de la inversión en el contexto actual.

Si bien en España es una fórmula poco (y normalmente mal) utilizada en el ámbito de las TIC, en otros países como Gran Bretaña, llevan muchos años aplicándola. De hecho, una de las lecciones que han aprendido, es que la CPP aplicada a las TIC no es una herramienta sólo para los momentos de dificultades económicas sino que es un instrumento útil para implementar un cambio en las AAPP que haga sostenible la prestación de los servicios públicos bajo un modelo de mayor eficacia y eficiencia.

Si las cosas evolucionan por el buen camino entraremos en una siguiente fase de colaboración. A medida que los gestores públicos y sus suministradores comiencen a utilizar estas nuevas fórmulas, se darán cuenta de que necesitan nuevos modelos organizativos, nuevos perfiles profesionales y nuevas herramientas de gestión. Organizaciones, perfiles y herramientas que permitirán que la administración evolucione desde la actual función de operador a la de regulador pero que también empujaran  a los proveedores a establecer prácticas diseñadas para dar una respuesta  adecuada a la evolución de su cliente.

Pero para avanzar en este camino deberemos hacer frente a muchos de los mitos acerca de la colaboración público-privada. El más extendido es que supone una “privatización” encubierta de la Administración. Una colaboración público-privada bien articulada puede permitir disponer de lo mejor de los dos mundos en beneficio de la Sociedad. La Administración debe centrarse en su objetivo nuclear, que es proporcionar servicios públicos eficientes y equitativos en aquellas áreas básicas para articular adecuadamente la sociedad: educación, sanidad, justicia, defensa, etc. pero puede aprovechar el conocimiento y saber hacer del sector privado a la hora de proporcionar esos servicios. Pongamos por ejemplo, la administración electrónica. Yo creo que no cabe ninguna duda de que el sector privado ha sabido sacar más provecho de las TIC a la hora de acercarse a sus clientes. Pensemos por ejemplo en el sector bancario que ha conseguido que la banca electrónica sea una realidad desde hace muchos años mientras que acercarse a la Administración a través de Internet, salvo honrosas excepciones, sigue siendo harto dificultoso.

Además la aplicación de este tipo de contratos, al permitir establecer relaciones más claras y estables entre la Administración y las empresas, puede ayudar a poner en marcha servicios más avanzados e innovadores y con ello a contribuir al efecto tractor de las compras públicas. Efectivamente, los mecanismos de contratación tradicionales con contratos de corta duración para actividades complejas que muchas veces duran muchos años y sin incrementos del capítulo 1, introducen una presión sobre el órgano contratante difícil de gestionar. Ello suele provocar complejos encadenamientos de contratos para hacer frente a su ejecución cuando no a tensiones laborales que acaban derivando en cesiones ilegales de trabajadores.

Finalmente, estos contratos son más exigentes a la hora de garantizar la calidad del servicio proporcionado por los suministradores. Los mecanismos habituales de contratación se protegen frente al incumplimiento mediante la inclusión de penalizaciones de muy difícil aplicación, por lo que una vez adjudicado el contrato, los mecanismos reales para garantizar la calidad del servicio son escasos. En el caso de los contratos CPP el pago de los servicios va directamente ligado a su éxito (bien por disponibilidad o incluso por el grado de utilización) lo que hace que el suministrador se juegue mucho en garantizar la excelencia en el servicio prestado. Tradicionalmente se paga por defecto y solo ante un expediente de penalización se puede presionar al suministrador. En este caso se paga en función del servicio ofrecido y el suministrador asume el riesgo de la inversión inicial. Son 2 escenarios muy diferentes.

Por tanto la aplicación de este tipo de fórmulas de contratación, con sensatez, puede contribuir a: mantener las inversiones TIC en un momento de fuertes recortes presupuestarios, a aprovechar la amplia experiencia TIC de otros sectores de nuestra economía y a proporcionar servicios de calidad. Todo ello puede ayudar a modernizar los servicios públicos y a dinamizar nuestro tejido empresarial más innovador en un momento en que es especialmente necesario. Pero insistimos que es importante hacerlo con cabeza. Tenemos la experiencia de aplicaciones fallidas en otros países que podemos y debemos aprovechar para no caer en los mismos errores en España.

Comprar en tiempos de crisis

Los recortes en los presupuestos públicos están teniendo consecuencias en numerosos ámbitos de nuestra sociedad. Desde la reducción del sueldo de los funcionarios al cierre de pymes por la morosidad de las administraciones pasando por la venta de coches oficiales o los rumores de ERES en Ayuntamientos. Nunca pensamos que las Administraciones no fueran a ser capaces de pagar y, por tanto, ni siquiera previmos mecanismos eficaces que nos permitieran hacer frente a esta situación.

Pero hoy me quiero centrar en un área de actividad mucho menos mediática y de la que se habla muy poco, pero que está siendo duramente castigada por la situación actual de recortes. Se trata del sector TIC y en particular de las inversiones TIC de la Administración. Las 2 siguientes gráficas son bastante demoledoras y muestran la reducción de inversiones TIC del conjunto de las administraciones españolas. Son cifras estremecedoras. La primera muestra la evolución de los capítulos 2 y 6 en los últimos años y la segunda la variación porcentual tomando como base el año 2008.

Un 40% de reducción de las inversiones TIC de la Administración tiene un efecto terrible, no solo en la tan manida modernización de nuestra Administración sino en la propia sostenibilidad de los servicios públicos. Ya hemos comentado en otros post que en nuestra “Sociedad del conocimiento” las TIC no van a solucionar los problemas de fondo de la Administración, pero sin ellas, la Administración no podrá ofrecer unos servicios razonables en calidad y en coste. Pero más dramático puede ser el efecto sobre la economía en su conjunto. Pensemos que en España, casi la mitad de la economía está gestionada desde el lado publico –la licitación pública representa el 13% del PIB y el gasto publico alrededor del 40%- y que numerosos informes avalan la relación entre inversión TIC en un país y su impacto sobre la productividad. La productividad española ha perdido muchos puntos respecto  a los países de nuestro entorno en los últimos años. Y con la situación actual parece que lo peor está por llegar.

Fruto de esta situación los gestores públicos se encuentran en una fase de desconcierto.  Sirvan 2 datos recientes para ilustrarlo: durante el primer semestre del 2011 se han publicado un 40% menos de licitaciones TIC que en el mismo periodo del 2010 y el pasado fin de año se renovaron contratos anuales por solamente unos meses, a modo de puente entre cambios de gobierno.  Si a esta situación presupuestaria, sumamos los recortes salariales pasados y futuros, no es difícil entrever un ambiente nada motivador ni para los gestores TIC, ni para  sus suministradores.

Es indudable que tanto los  gestores TIC como  las empresas  tendrán que aprender a desenvolverse en este nuevo entorno de escasísimos presupuestos de inversión, control estricto del déficit y plantillas congeladas.

Estas limitaciones obligan a usar nuevas fórmulas de contratación, previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, pero prácticamente no utilizadas en las TIC durante la época de bonanza. Fórmulas que posibilitan  que los activos contratados continúen figurando en la contabilidad del proveedor y que permiten que la Administración abone los servicios a medida que los vaya consumiendo. Me estoy refiriendo a la colaboración público-privada contractual. La colaboración público-privada es una herramienta disponible como mecanismo de contratación desde la entrada en vigor en 2008 de la LCSP y permite que el sector privado financie inversiones de infraestructuras sin que esta financiación afecte  a la estabilidad presupuestaria. Es por tanto una alternativa que puede resultar muy interesante de cara a la necesaria recuperación de la inversión en el contexto actual.

Si bien en España es una fórmula poco (y normalmente mal) utilizada en el ámbito de las TIC, en otros países como Gran Bretaña, llevan muchos años aplicándola. De hecho, una de las lecciones que han aprendido, es que la CPP aplicada a las TIC no es una herramienta sólo para los momentos de dificultades económicas sino que es un instrumento útil para implementar un cambio en las AAPP que haga sostenible la prestación de los servicios públicos bajo un modelo de mayor eficacia y eficiencia.

Si las cosas evolucionan por el buen camino entraremos en una siguiente fase de colaboración. A medida que los gestores públicos y sus suministradores comiencen a utilizar estas nuevas fórmulas, se darán cuenta de que necesitan nuevos modelos organizativos, nuevos perfiles profesionales y nuevas herramientas de gestión. Organizaciones, perfiles y herramientas que permitirán que la administración evolucione desde la actual función de operador a la de regulador pero que también empujaran  a los proveedores a establecer prácticas diseñadas para dar una respuesta  adecuada a la evolución de su cliente.

Pero para avanzar en este camino deberemos hacer frente a muchos de los mitos acerca de la colaboración público-privada. El más extendido es que supone una “privatización” encubierta de la Administración. Una colaboración público-privada bien articulada puede permitir disponer de lo mejor de los dos mundos en beneficio de la Sociedad. La Administración debe centrarse en su objetivo nuclear, que es proporcionar servicios públicos eficientes y equitativos en aquellas áreas básicas para articular adecuadamente la sociedad: educación, sanidad, justicia, defensa, etc. pero puede aprovechar el conocimiento y saber hacer del sector privado a la hora de proporcionar esos servicios. Pongamos por ejemplo, la administración electrónica. Yo creo que no cabe ninguna duda de que el sector privado ha sabido sacar más provecho de las TIC a la hora de acercarse a sus clientes. Pensemos por ejemplo en el sector bancario que ha conseguido que la banca electrónica sea una realidad desde hace muchos años mientras que acercarse a la Administración a través de Internet, salvo honrosas excepciones, sigue siendo harto dificultoso.

Además la aplicación de este tipo de contratos, al permitir establecer relaciones más claras y estables entre la Administración y las empresas, puede ayudar a poner en marcha servicios más avanzados e innovadores y con ello a contribuir al efecto tractor de las compras públicas. Efectivamente, los mecanismos de contratación tradicionales con contratos de corta duración para actividades complejas que muchas veces duran muchos años y sin incrementos del capítulo 1, introducen una presión sobre el órgano contratante difícil de gestionar. Ello suele provocar complejos encadenamientos de contratos para hacer frente a su ejecución cuando no a tensiones laborales que acaban derivando en cesiones ilegales de trabajadores.

Finalmente, estos contratos son más exigentes a la hora de garantizar la calidad del servicio proporcionado por los suministradores. Los mecanismos habituales de contratación se protegen frente al incumplimiento mediante la inclusión de penalizaciones de muy difícil aplicación, por lo que una vez adjudicado el contrato, los mecanismos reales para garantizar la calidad del servicio son escasos. En el caso de los contratos CPP el pago de los servicios va directamente ligado a su éxito (bien por disponibilidad o incluso por el grado de utilización) lo que hace que el suministrador se juegue mucho en garantizar la excelencia en el servicio prestado. Tradicionalmente se paga por defecto y solo ante un expediente de penalización se puede presionar al suministrador. En este caso se paga en función del servicio ofrecido y el suministrador asume el riesgo de la inversión inicial. Son 2 escenarios muy diferentes.

Por tanto la aplicación de este tipo de fórmulas de contratación, con sensatez, puede contribuir a: mantener las inversiones TIC en un momento de fuertes recortes presupuestarios, a aprovechar la amplia experiencia TIC de otros sectores de nuestra economía y a proporcionar servicios de calidad. Todo ello puede ayudar a modernizar los servicios públicos y a dinamizar nuestro tejido empresarial más innovador en un momento en que es especialmente necesario. Pero insistimos que es importante hacerlo con cabeza. Tenemos la experiencia de aplicaciones fallidas en otros países que podemos y debemos aprovechar para no caer en los mismos errores en España.