A la Unión Europea le gustan las cuotas

Estos días en los que se habla de mujer trabajadora, de mujer en puestos de relevancia, de códigos de buen gobierno, ha tenido especial repercusión el discurso de la Comisaria Europea de Justicia, Viviane Reading, criticado por unos y alabado por otros. Consideramos, por lo tanto, y porque ha sido la semana de reconocimiento internacional de la mujer que es hora de volver a hacer una reflexión sobre la presencia de mujeres en los consejos de dirección de las empresas, sobre las cuotas y sobre los techos de cristal. Que la crisis económica no nos haga olvidar otras cuestiones… ¿“menores”?

Ya sé que es un tema muy discutido y que provoca polémica, pero hasta ahora no parece que haya habido gran evolución. Pasan los años y estamos siempre en la casilla de partida. Mucha propuesta no vinculante, mucho cambio estético pero algo falla porque las cuotas de participación femenina no aumentan; solo un 14% de consejeras en la Unión Europea, lejos del objetivo del 40%.

Que sea la UE quien haga la reflexión es significativo y no solo porque legisla desde un ámbito de homogeneización supranacional, sino, porque la propia Unión Europea aplica, desde su inicio, un principio de cuotas rígido y que no ha sido discutido por nadie. Me refiero a las cuotas de representación de los nacionales de los países miembros en todos los puestos de trabajo de las Instituciones Comunitarias. Se ha asumido con total naturalidad que debe mantenerse un porcentaje de representación para cada estado miembro. Y no me refiero a instituciones como el Consejo o el Parlamento en los que efectivamente los Estados tienen una representación como tales, sino a la Comisión, equivalente a una administración pública, y que representa y defiende los intereses del conjunto de la UE.

El criterio para ser funcionario de la Comisión no es solo el de la valía sino también el del lugar de nacimiento ¿Y por qué? Simplemente porque en una Europa formada por tantos y tan distintos se pretende que haya una representación de casi todos. He encontrado un artículo de Pedro Torres Simó, ex Director General Adjunto de Personal y Administración de la Comisión Europea en el que reconoce lo siguiente: “Una norma seguida en las Instituciones comunitarias consiste en mantener una cierta proporción en los puestos de su plantilla entre las diversas nacionalidades. Esta proporción es absolutamente rígida en los puestos de máximo nivel y se flexibiliza según se baja en el nivel de los puestos, hasta llegar a su dilución práctica en niveles de entrada y en categorías auxiliares.” Teniendo mujeres que salen preparadas de las universidades en proporción superior a la de hombres y que nadie duda que estén preparadas y sean válidas igual que éstos, quizás haya que dar un pequeño impulso para que exista una cierta proporcionalidad en los ámbitos de máximo nivel de las empresas…

Efectivamente, la Unión Europea tiene mucho cuidado en establecer cuotas representativas para los países miembros en función de su población. Ya sé que habrá quejas y polémica entre los comentaristas; alguno dirá que en las empresas se progresa según los propios méritos y sacrificios indistintamente del sexo de cada uno. Estaría plenamente de a cuerdo si las condiciones de partida fueran las mismas para todos, igual que estaría de acuerdo de que en la Unión Europea no hubiera cuotas si ello no provocara como resultado que todos los funcionarios terminaran siendo alemanes o franceses.

Otros dirán que las empresas son entes privados y los Estados no. Pero no estamos hablando de la empresa privada familiar en la que la libertad para constituir su consejo de administración es indiscutible (aunque según las estadísticas del informe de la Comisión Europea harían bien en emplear un poco más de entendimiento femenino). La legislación que se propone va dirigida a las empresas cotizadas o estatales. Es decir grandes empresas que voluntariamente han optado por un tipo de control y regulación precisamente porque acuden a un mercado de financiación y de capital específico, protegido por el propio Estado. De hecho, las normas para promover la igualdad en los Consejos que se ha aprobado en Francia, Italia o Bélgica, y las recomendaciones de Holanda, España y Alemania solo hablan de empresas cotizadas o de empresas estatales.

Cualquiera que conozca un consejo de administración de empresa cotizada en España sabe que las personas que en ellos se sientan lo hacen por un criterio de representatividad de algo o alguien y no por su valía o capacidad de dar consejo. Basta con analizar cada una de ellas.

Tampoco hablamos de que mujeres y hombres sean iguales, está claro de que no lo son, se trata únicamente de que estén igualmente representados en órganos de decisión que afectan por igual a hombres y a mujeres.

El informe de la Comisión expone, con datos estadísticos una serie de argumentos favorables al incremento de presencia femenina en las empresas que es una pena no tener en cuenta:

1. Las empresas con mujeres en sus órganos directivos presentan mejores resultados económicos que las demás. Según estudios de McKinsey & Company las compañías con más mujeres en su consejo vieron como el valor de su acción aumentaba un 17% en bolsa entre 2005 y 2007 y su beneficio fue casi el doble del de la media de la industria.

2. Las mujeres controlan el 70% del consumo global, así que por pura lógica las mujeres pueden conocer mejor cual es el comportamiento del consumidor.

3. La diversidad mejora la calidad de la toma de decisión ya que se basa en más alternativas que las de la toma de decisión por parte de un consejo de administración homogéneo.

4. Distintos estudios han demostrado, igualmente, que el buen gobierno corporativo y la ética empresarial aumentan en las compañías con más mujeres en su consejo.

5. Más de la mitad de los estudiantes que se gradúan al año son mujeres. Su talento, que ha costado el mismo precio al Estado que el de los hombres, se infrautiliza si no se les da oportunidad en puestos de toma de decisión.

El mismo informe señala que ha habido un pequeño aumento de presencia femenina del 1,9% entre 2010 y 2012 pero sigue siendo muy lento ya que de media, 6 de cada 7 miembros de consejos son hombres (86,3%). Los distintos países europeos han progresado de manera distinta y únicamente Francia que ha adoptado la cuota obligatoria legal en enero de 2011 con un plan progresivo hasta 2017, fecha en la que tiene que haber un 40% de mujeres en los consejos, ha experimentado, ya hoy, un aumento significativo (de 12.3% a 22.3%).

Brevemente, hasta hoy, la normativa que se ha ido introduciendo en Europa es la siguiente:

Francia, Italia y Bélgica han adoptado legislación de obligado cumplimiento, siguiendo el ejemplo de Noruega (quien sí ha resuelto de manera eficaz el problema), aunque cada uno ha planteado distintas cuotas y distintos plazos para que se completen y por ahora es Francia la que más ha progresado. España y Holanda también tienen legislación aprobada pero no es obligatoria sino recomendatoria, sin establecer sanciones. En Reino Unido Lord Davies elaboró un informe recomendando la presencia de al menos un 25% de mujeres en las compañías cotizadas en 2015, el gobierno ha iniciado una campaña de consulta de las empresas para que indiquen cuantas mujeres piensan tener en sus consejos para esa fecha. Los códigos de gobierno corporativo de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, España Suecia y Reino Unido recomiendan de distinta manera la diversidad de géneros en los Consejos de Administración pero sin incluir medidas coercitivas.

La conclusión del informe es muy clara; al ritmo que vamos se tardará, si nada se tuerce, 40 años en igualar la presencia femenina a la masculina en los consejos de administración europeos. Por esta razón, la Comisión propone considerar otro tipo de medidas más contundentes y de aplicación obligatoria aunque primero establecerá un periodo de consulta a los stakeholders (estados, organizaciones profesionales, compañías, sindicatos y demás organizaciones o individuos relevantes). A partir de mayo de 2012 contará ya con datos suficientes para poder tomar medidas concretas.

Visto que desde las empresas se remolonea, esperemos que sea Europa la que dé impulso a la cuota femenina. Yo estoy de acuerdo con las palabras de la Comisaria Reading “No soy una fan de las cuotas, pero me gusta lo que las cuotas consiguen”.

 

A la Unión Europea le gustan las cuotas

Estos días en los que se habla de mujer trabajadora, de mujer en puestos de relevancia, de códigos de buen gobierno, ha tenido especial repercusión el discurso de la Comisaria Europea de Justicia, Viviane Reading, criticado por unos y alabado por otros. Consideramos, por lo tanto, y porque ha sido la semana de reconocimiento internacional de la mujer que es hora de volver a hacer una reflexión sobre la presencia de mujeres en los consejos de dirección de las empresas, sobre las cuotas y sobre los techos de cristal. Que la crisis económica no nos haga olvidar otras cuestiones… ¿“menores”?

Ya sé que es un tema muy discutido y que provoca polémica, pero hasta ahora no parece que haya habido gran evolución. Pasan los años y estamos siempre en la casilla de partida. Mucha propuesta no vinculante, mucho cambio estético pero algo falla porque las cuotas de participación femenina no aumentan; solo un 14% de consejeras en la Unión Europea, lejos del objetivo del 40%.

Que sea la UE quien haga la reflexión es significativo y no solo porque legisla desde un ámbito de homogeneización supranacional, sino, porque la propia Unión Europea aplica, desde su inicio, un principio de cuotas rígido y que no ha sido discutido por nadie. Me refiero a las cuotas de representación de los nacionales de los países miembros en todos los puestos de trabajo de las Instituciones Comunitarias. Se ha asumido con total naturalidad que debe mantenerse un porcentaje de representación para cada estado miembro. Y no me refiero a instituciones como el Consejo o el Parlamento en los que efectivamente los Estados tienen una representación como tales, sino a la Comisión, equivalente a una administración pública, y que representa y defiende los intereses del conjunto de la UE.

El criterio para ser funcionario de la Comisión no es solo el de la valía sino también el del lugar de nacimiento ¿Y por qué? Simplemente porque en una Europa formada por tantos y tan distintos se pretende que haya una representación de casi todos. He encontrado un artículo de Pedro Torres Simó, ex Director General Adjunto de Personal y Administración de la Comisión Europea en el que reconoce lo siguiente: “Una norma seguida en las Instituciones comunitarias consiste en mantener una cierta proporción en los puestos de su plantilla entre las diversas nacionalidades. Esta proporción es absolutamente rígida en los puestos de máximo nivel y se flexibiliza según se baja en el nivel de los puestos, hasta llegar a su dilución práctica en niveles de entrada y en categorías auxiliares.” Teniendo mujeres que salen preparadas de las universidades en proporción superior a la de hombres y que nadie duda que estén preparadas y sean válidas igual que éstos, quizás haya que dar un pequeño impulso para que exista una cierta proporcionalidad en los ámbitos de máximo nivel de las empresas…

Efectivamente, la Unión Europea tiene mucho cuidado en establecer cuotas representativas para los países miembros en función de su población. Ya sé que habrá quejas y polémica entre los comentaristas; alguno dirá que en las empresas se progresa según los propios méritos y sacrificios indistintamente del sexo de cada uno. Estaría plenamente de a cuerdo si las condiciones de partida fueran las mismas para todos, igual que estaría de acuerdo de que en la Unión Europea no hubiera cuotas si ello no provocara como resultado que todos los funcionarios terminaran siendo alemanes o franceses.

Otros dirán que las empresas son entes privados y los Estados no. Pero no estamos hablando de la empresa privada familiar en la que la libertad para constituir su consejo de administración es indiscutible (aunque según las estadísticas del informe de la Comisión Europea harían bien en emplear un poco más de entendimiento femenino). La legislación que se propone va dirigida a las empresas cotizadas o estatales. Es decir grandes empresas que voluntariamente han optado por un tipo de control y regulación precisamente porque acuden a un mercado de financiación y de capital específico, protegido por el propio Estado. De hecho, las normas para promover la igualdad en los Consejos que se ha aprobado en Francia, Italia o Bélgica, y las recomendaciones de Holanda, España y Alemania solo hablan de empresas cotizadas o de empresas estatales.

Cualquiera que conozca un consejo de administración de empresa cotizada en España sabe que las personas que en ellos se sientan lo hacen por un criterio de representatividad de algo o alguien y no por su valía o capacidad de dar consejo. Basta con analizar cada una de ellas.

Tampoco hablamos de que mujeres y hombres sean iguales, está claro de que no lo son, se trata únicamente de que estén igualmente representados en órganos de decisión que afectan por igual a hombres y a mujeres.

El informe de la Comisión expone, con datos estadísticos una serie de argumentos favorables al incremento de presencia femenina en las empresas que es una pena no tener en cuenta:

1. Las empresas con mujeres en sus órganos directivos presentan mejores resultados económicos que las demás. Según estudios de McKinsey & Company las compañías con más mujeres en su consejo vieron como el valor de su acción aumentaba un 17% en bolsa entre 2005 y 2007 y su beneficio fue casi el doble del de la media de la industria.

2. Las mujeres controlan el 70% del consumo global, así que por pura lógica las mujeres pueden conocer mejor cual es el comportamiento del consumidor.

3. La diversidad mejora la calidad de la toma de decisión ya que se basa en más alternativas que las de la toma de decisión por parte de un consejo de administración homogéneo.

4. Distintos estudios han demostrado, igualmente, que el buen gobierno corporativo y la ética empresarial aumentan en las compañías con más mujeres en su consejo.

5. Más de la mitad de los estudiantes que se gradúan al año son mujeres. Su talento, que ha costado el mismo precio al Estado que el de los hombres, se infrautiliza si no se les da oportunidad en puestos de toma de decisión.

El mismo informe señala que ha habido un pequeño aumento de presencia femenina del 1,9% entre 2010 y 2012 pero sigue siendo muy lento ya que de media, 6 de cada 7 miembros de consejos son hombres (86,3%). Los distintos países europeos han progresado de manera distinta y únicamente Francia que ha adoptado la cuota obligatoria legal en enero de 2011 con un plan progresivo hasta 2017, fecha en la que tiene que haber un 40% de mujeres en los consejos, ha experimentado, ya hoy, un aumento significativo (de 12.3% a 22.3%).

Brevemente, hasta hoy, la normativa que se ha ido introduciendo en Europa es la siguiente:

Francia, Italia y Bélgica han adoptado legislación de obligado cumplimiento, siguiendo el ejemplo de Noruega (quien sí ha resuelto de manera eficaz el problema), aunque cada uno ha planteado distintas cuotas y distintos plazos para que se completen y por ahora es Francia la que más ha progresado. España y Holanda también tienen legislación aprobada pero no es obligatoria sino recomendatoria, sin establecer sanciones. En Reino Unido Lord Davies elaboró un informe recomendando la presencia de al menos un 25% de mujeres en las compañías cotizadas en 2015, el gobierno ha iniciado una campaña de consulta de las empresas para que indiquen cuantas mujeres piensan tener en sus consejos para esa fecha. Los códigos de gobierno corporativo de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, España Suecia y Reino Unido recomiendan de distinta manera la diversidad de géneros en los Consejos de Administración pero sin incluir medidas coercitivas.

La conclusión del informe es muy clara; al ritmo que vamos se tardará, si nada se tuerce, 40 años en igualar la presencia femenina a la masculina en los consejos de administración europeos. Por esta razón, la Comisión propone considerar otro tipo de medidas más contundentes y de aplicación obligatoria aunque primero establecerá un periodo de consulta a los stakeholders (estados, organizaciones profesionales, compañías, sindicatos y demás organizaciones o individuos relevantes). A partir de mayo de 2012 contará ya con datos suficientes para poder tomar medidas concretas.

Visto que desde las empresas se remolonea, esperemos que sea Europa la que dé impulso a la cuota femenina. Yo estoy de acuerdo con las palabras de la Comisaria Reading “No soy una fan de las cuotas, pero me gusta lo que las cuotas consiguen”.

 

El expolio de la empresa Odissey

El expolio practicado por la empresa Odyssey Marine Exploration es el resultado del desconocimiento por parte de nuestra administración de una buena parte de la realidad marítima que nos rodea. También, de la no atendida reclamación por parte de nuestra Armada y Guardia Civil de la Mar de más “presencia en la mar”.

Sin embargo, el caso Odyssey se ha podido producir también por culpa de nuestras carencias en estos temas, y porque nuestro derecho marítimo en su práctica trata, solamente, de un conjunto de normas para regular la capacidad comercial de los buques mercantes, amparadas por el Código de Comercio y la Organización Marítima Internacional. Pero el verdadero Derecho del Medio Marino abarca un campo mucho más amplio que va, desde el Derecho Medioambiental de la mar, hasta las preferencias de paso por diferentes puntos del globo. Las fronteras de agua, los derechos pesqueros, los de la náutica de recreo y los de los buques de guerra. Las aguas costeras, los puertos, las diferentes zonas marítimas etc. Y, cómo no, la regulación de la propiedad de los barcos hundidos que, antes de irse a pique, tenían un propietario. Por ello, se debe incentivar el conocimiento de estas materias tanto en universidades como en cursos específicos, para que se formen abogados privados especializados, que puedan presentar batalla en los muchos temas marítimos a los que se debe enfrentar España.

La situación en la que nos encontramos con respecto a la mar en general radica en que los abogados “maritimistas” se dedican, en exclusiva, a defender litigios mercantiles, dejando para los letrados de la diplomacia, a sueldo de los estados, y por ende dirigidos por ellos, la resolución de estas cuestiones varias, por lo general vinculadas a acuerdos estatales, intereses de país y apaños diplomáticos. Con lo que la parte más amplia y extensa del Derecho de la Mar sigue estando sujeta al Derecho Administrativo y, de momento, no hay indicios de que pueda llegar su inminente adecuación al siglo XXI.

Ha sido una pena no haber podido demandar a los cazatesoros norteamericanos ante el Tribunal Internacional del Mar, sito en Hamburgo. Y no lo hemos podido hacer porque los Estados Unidos todavía no han firmado la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar, la única Constitución de los mares, que pondría fin a los procesos anglosajones IN REM, que alargan las competencias de sus jueces hasta las aguas de otros países, como ha sucedido en el caso Odyssey.

El expolio de la empresa Odissey

El expolio practicado por la empresa Odyssey Marine Exploration es el resultado del desconocimiento por parte de nuestra administración de una buena parte de la realidad marítima que nos rodea. También, de la no atendida reclamación por parte de nuestra Armada y Guardia Civil de la Mar de más “presencia en la mar”.

Sin embargo, el caso Odyssey se ha podido producir también por culpa de nuestras carencias en estos temas, y porque nuestro derecho marítimo en su práctica trata, solamente, de un conjunto de normas para regular la capacidad comercial de los buques mercantes, amparadas por el Código de Comercio y la Organización Marítima Internacional. Pero el verdadero Derecho del Medio Marino abarca un campo mucho más amplio que va, desde el Derecho Medioambiental de la mar, hasta las preferencias de paso por diferentes puntos del globo. Las fronteras de agua, los derechos pesqueros, los de la náutica de recreo y los de los buques de guerra. Las aguas costeras, los puertos, las diferentes zonas marítimas etc. Y, cómo no, la regulación de la propiedad de los barcos hundidos que, antes de irse a pique, tenían un propietario. Por ello, se debe incentivar el conocimiento de estas materias tanto en universidades como en cursos específicos, para que se formen abogados privados especializados, que puedan presentar batalla en los muchos temas marítimos a los que se debe enfrentar España.

La situación en la que nos encontramos con respecto a la mar en general radica en que los abogados “maritimistas” se dedican, en exclusiva, a defender litigios mercantiles, dejando para los letrados de la diplomacia, a sueldo de los estados, y por ende dirigidos por ellos, la resolución de estas cuestiones varias, por lo general vinculadas a acuerdos estatales, intereses de país y apaños diplomáticos. Con lo que la parte más amplia y extensa del Derecho de la Mar sigue estando sujeta al Derecho Administrativo y, de momento, no hay indicios de que pueda llegar su inminente adecuación al siglo XXI.

Ha sido una pena no haber podido demandar a los cazatesoros norteamericanos ante el Tribunal Internacional del Mar, sito en Hamburgo. Y no lo hemos podido hacer porque los Estados Unidos todavía no han firmado la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar, la única Constitución de los mares, que pondría fin a los procesos anglosajones IN REM, que alargan las competencias de sus jueces hasta las aguas de otros países, como ha sucedido en el caso Odyssey.