La visión de los ciudadanos extranjeros sobre la seguridad jurídica en España

En mis casi quince años de ejercicio notarial en Palma de Mallorca he tenido ocasión de tratar profesionalmente con muchos ciudadanos extranjeros, dado que la isla de Mallorca, por su ubicación, clima, paisajes y excelentes comunicaciones aéreas, es lugar de asueto y también de residencia, temporal o definitiva, de personas de muchas nacionalidades.

Los ciudadanos extranjeros, aun procedentes de muy distintas culturas jurídicas, se muestran en general tremendamente respetuosos con la actividad notarial y lo que ella representa, poniendo de manifiesto, en cuanto tienen ocasión de conocerlo y comprenderlo, un alto grado de confianza en el sistema español de transmisión inmobiliaria, basado en la dualidad notaría-registro de la propiedad, no demasiado parecido a lo que existe en la mayoría de sus países de origen.

Aun así, resulta bastante diferente la confianza inicial en la institución notarial de los ciudadanos alemanes, franceses o italianos, en cuyos países existe un “Notar”, “Notaire” o “Notaio” con competencias y una operativa muy similar a la española, aunque –todo hay que decirlo- con un coste muy superior, que la que manifiestan los ciudadanos británicos o de origen anglosajón, para los que la figura del “Notary Public”, que existe en sus países, presenta un perfil mucho más limitado que el notariado de origen latino, funcionando más como simple legitimador de firmas que como autor o elaborador de documentos públicos que se conservan en un protocolo de propiedad estatal y que producen importantes efectos civiles, registrales, ejecutivos y probatorios. No obstante, cuando conocen la eficacia y el coste de la institución en España, se suelen mostrar muy satisfechos por lo simple que acaba resultando cualquier transacción inmobiliaria y por la enorme seguridad que les acaba proporcionando a un coste razonable, sin tener que acudir a la figura de los seguros inmobiliarios, tan habituales -y también tan costosos- en el tráfico jurídico anglosajón. Además les parece, en general, sorprendente y muy atractiva tanto la posibilidad de realizar sus consultas de forma gratuita al notario, como la gran conexión telemática actual de las notarías españolas, que permiten solucionar al instante -con firma electrónica- consultas catastrales, denominaciones sociales, obtención de CIF, constitución de sociedades exprés, certificados de últimas voluntades, asientos registrales, pago de impuestos y muchos otros trámites que antes resultaban bastante engorrosos.

La visión de los ciudadanos extranjeros sobre la Administración de Justicia y la Abogacía españolas es también razonablemente buena. Con independencia del tema de los retrasos, bastante habitual en la mayoría de sus países de origen, casi todos los que han tenido algún contacto con los Tribunales españoles reconocen, en general, que en España se acaba al final impartiendo Justicia de verdad, aunque con lentitud, en la gran mayoría de los asuntos, con la comentadísima excepción de aquellos que están relacionados de alguna manera con la política, o los que tienen por la razón que sea una gran repercusión mediática, en los que la previsibilidad y seguridad de la Administración de Justicia española deja de ser la que debería, convirtiéndose en asuntos de alto riesgo y gran incertidumbre para los interesados o afectados. Y eso resulta opinión común no sólo entre los ciudadanos extranjeros, sino también entre muchos de los nacionales. En cuanto a los Abogados, existen en todas las capitales españolas despachos que atienden con solvencia reconocida todas las necesidades jurídico-económicas de los extranjeros en múltiples idiomas, y les proporcionan un servicio equivalente al de los mejores bufetes internacionales.

Pero bastante menos satisfechos se muestran los ciudadanos extranjeros con nuestro grado de seguridad jurídica general. La gran mayoría no acaba de comprender la peculiar y torrencial forma de legislar del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, y el funcionamiento general de nuestras Administraciones públicas, muchas de ellas con competencias solapadas y con un altísimo grado de ineficacia, duplicidades y absurdo entorpecimiento de cualquier trámite o expediente que se gestione ante ellas, por sencillo que pueda parecer. Comentarios del tipo “este país tiene una seguridad jurídica equiparable a la de muchos países africanos” se escuchan repetidamente en los despachos dedicados al Derecho de todas las zonas costeras españolas. Realmente, alguno de los supuestos que se han producido en los últimos tiempos, como este que les voy a resumir a continuación y que me contó en detalle un importante empresario alemán afectado directamente por la cuestión, no dicen demasiado sobre el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho que tan orgullosamente proclama la vigente Constitución de 1978.

Resulta que el Ayuntamiento de Deià, una villa mallorquina auténticamente de postal situada en la costa norte, entre el mar y la Serra de Tramuntana, que fue la residencia del escritor británico Robert Graves y de números artistas de muchas nacionalidades, concedió en 1986 y 1987 cuatro licencias municipales para construir cuatro casas en el maravilloso enclave costero de Llucalcari. Las casas, muy bonitas por cierto, totalmente respetuosas con la tipología rural mallorquina en piedra y teja, y de un altísimo valor económico, se construyeron y fueron habitadas por sus propietarios, varios de ellos extranjeros, que las disfrutaron durante unos años sin problema alguno. Pero alguien denunció la concesión de tales licencias, y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), en Sentencia dictada en el año 1992, declaró la nulidad de las mismas al considerar que estaban mal concedidas por el Ayuntamiento puesto que la zona no era urbanizable, ya que había sido declarada como “Paraje Pintoresco” por una norma estatal del año 1972, y además estaba clasificada como “Bien de Interés Cultural” por la Ley estatal de Patrimonio desde el año 1985. El tema llegó hasta el Tribunal Supremo (TS), que ratificó la Sentencia del TSJIB en el año 1999. En el año 2001, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB dictó un Auto en el que obligaba al Ayuntamiento de Deià a cumplir la sentencia firme del TS, aunque el Ayuntamiento, en parte solidarizado con los propietarios (por otro lado personas queridas y respetadas en el pueblo), hizo caso omiso, alegando falta de presupuesto para un derribo que le resultaba muy costoso por la orografía del lugar. En el año 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB aprobó el programa de ejecución de los derribos e impuso al Alcalde una multa personal de 600 euros por cada mes transcurrido sin derribar las viviendas. Finalmente, entre 2010 y 2011 las casas han sido derribadas con la ayuda económica del Consell Insular de Mallorca gobernado por el llamado “Pacto de Progreso”, ante la estupefacción de sus propietarios, que siguen sin entender como unas edificaciones que contaban en el momento en que fueron construidas con todas las licencias y permisos pueden acabar de esta manera.

Como complemento informativo, hay que comentar también que, al tratarse de viviendas de un altísimo valor económico pertenecientes a propietarios adinerados y situadas en un enclave privilegiado de la costa mallorquina, muchos partidos y grupos de la izquierda y del independentismo local han “abanderado” la causa del derribo, con nula preocupación por el atropello de derechos que sus propietarios puedan haber sufrido, sean quienes sean y tengan el “status” económico que tengan, cuestión que a un jurista responsable poco debería interesar. Y, como complemento informativo bis, cabe también añadir que el Ayuntamiento de Deià, municipio económicamente modesto con pocos habitantes censados, jamás podrá pagar ninguna indemnización equivalente al daño real causado a los propietarios por el derribo de sus viviendas construidas en su día con las debidas licencias municipales.

Pues bien, uno de esos propietarios afectados, persona de exquisita educación, gran amante de Mallorca y socio de una importante industria alemana radicada en Munich, me visitó recientemente, con la licencia municipal de obras del año 1986 en la mano, para preguntarme, amargamente, qué clase de país es éste en el que un ciudadano comunitario obtiene ese documento de su Ayuntamiento y construye una casa con los materiales típicos del lugar, maravillosamente integrada en el paisaje, pagando sus tasas y sus impuestos municipales religiosamente durante un montón de años, para acabar con la casa reducida a escombros entre los vítores de los perroflautas locales…. Sinceramente, no supe qué contestarle.

 

La visión de los ciudadanos extranjeros sobre la seguridad jurídica en España

En mis casi quince años de ejercicio notarial en Palma de Mallorca he tenido ocasión de tratar profesionalmente con muchos ciudadanos extranjeros, dado que la isla de Mallorca, por su ubicación, clima, paisajes y excelentes comunicaciones aéreas, es lugar de asueto y también de residencia, temporal o definitiva, de personas de muchas nacionalidades.

Los ciudadanos extranjeros, aun procedentes de muy distintas culturas jurídicas, se muestran en general tremendamente respetuosos con la actividad notarial y lo que ella representa, poniendo de manifiesto, en cuanto tienen ocasión de conocerlo y comprenderlo, un alto grado de confianza en el sistema español de transmisión inmobiliaria, basado en la dualidad notaría-registro de la propiedad, no demasiado parecido a lo que existe en la mayoría de sus países de origen.

Aun así, resulta bastante diferente la confianza inicial en la institución notarial de los ciudadanos alemanes, franceses o italianos, en cuyos países existe un “Notar”, “Notaire” o “Notaio” con competencias y una operativa muy similar a la española, aunque –todo hay que decirlo- con un coste muy superior, que la que manifiestan los ciudadanos británicos o de origen anglosajón, para los que la figura del “Notary Public”, que existe en sus países, presenta un perfil mucho más limitado que el notariado de origen latino, funcionando más como simple legitimador de firmas que como autor o elaborador de documentos públicos que se conservan en un protocolo de propiedad estatal y que producen importantes efectos civiles, registrales, ejecutivos y probatorios. No obstante, cuando conocen la eficacia y el coste de la institución en España, se suelen mostrar muy satisfechos por lo simple que acaba resultando cualquier transacción inmobiliaria y por la enorme seguridad que les acaba proporcionando a un coste razonable, sin tener que acudir a la figura de los seguros inmobiliarios, tan habituales -y también tan costosos- en el tráfico jurídico anglosajón. Además les parece, en general, sorprendente y muy atractiva tanto la posibilidad de realizar sus consultas de forma gratuita al notario, como la gran conexión telemática actual de las notarías españolas, que permiten solucionar al instante -con firma electrónica- consultas catastrales, denominaciones sociales, obtención de CIF, constitución de sociedades exprés, certificados de últimas voluntades, asientos registrales, pago de impuestos y muchos otros trámites que antes resultaban bastante engorrosos.

La visión de los ciudadanos extranjeros sobre la Administración de Justicia y la Abogacía españolas es también razonablemente buena. Con independencia del tema de los retrasos, bastante habitual en la mayoría de sus países de origen, casi todos los que han tenido algún contacto con los Tribunales españoles reconocen, en general, que en España se acaba al final impartiendo Justicia de verdad, aunque con lentitud, en la gran mayoría de los asuntos, con la comentadísima excepción de aquellos que están relacionados de alguna manera con la política, o los que tienen por la razón que sea una gran repercusión mediática, en los que la previsibilidad y seguridad de la Administración de Justicia española deja de ser la que debería, convirtiéndose en asuntos de alto riesgo y gran incertidumbre para los interesados o afectados. Y eso resulta opinión común no sólo entre los ciudadanos extranjeros, sino también entre muchos de los nacionales. En cuanto a los Abogados, existen en todas las capitales españolas despachos que atienden con solvencia reconocida todas las necesidades jurídico-económicas de los extranjeros en múltiples idiomas, y les proporcionan un servicio equivalente al de los mejores bufetes internacionales.

Pero bastante menos satisfechos se muestran los ciudadanos extranjeros con nuestro grado de seguridad jurídica general. La gran mayoría no acaba de comprender la peculiar y torrencial forma de legislar del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, y el funcionamiento general de nuestras Administraciones públicas, muchas de ellas con competencias solapadas y con un altísimo grado de ineficacia, duplicidades y absurdo entorpecimiento de cualquier trámite o expediente que se gestione ante ellas, por sencillo que pueda parecer. Comentarios del tipo “este país tiene una seguridad jurídica equiparable a la de muchos países africanos” se escuchan repetidamente en los despachos dedicados al Derecho de todas las zonas costeras españolas. Realmente, alguno de los supuestos que se han producido en los últimos tiempos, como este que les voy a resumir a continuación y que me contó en detalle un importante empresario alemán afectado directamente por la cuestión, no dicen demasiado sobre el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho que tan orgullosamente proclama la vigente Constitución de 1978.

Resulta que el Ayuntamiento de Deià, una villa mallorquina auténticamente de postal situada en la costa norte, entre el mar y la Serra de Tramuntana, que fue la residencia del escritor británico Robert Graves y de números artistas de muchas nacionalidades, concedió en 1986 y 1987 cuatro licencias municipales para construir cuatro casas en el maravilloso enclave costero de Llucalcari. Las casas, muy bonitas por cierto, totalmente respetuosas con la tipología rural mallorquina en piedra y teja, y de un altísimo valor económico, se construyeron y fueron habitadas por sus propietarios, varios de ellos extranjeros, que las disfrutaron durante unos años sin problema alguno. Pero alguien denunció la concesión de tales licencias, y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), en Sentencia dictada en el año 1992, declaró la nulidad de las mismas al considerar que estaban mal concedidas por el Ayuntamiento puesto que la zona no era urbanizable, ya que había sido declarada como “Paraje Pintoresco” por una norma estatal del año 1972, y además estaba clasificada como “Bien de Interés Cultural” por la Ley estatal de Patrimonio desde el año 1985. El tema llegó hasta el Tribunal Supremo (TS), que ratificó la Sentencia del TSJIB en el año 1999. En el año 2001, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB dictó un Auto en el que obligaba al Ayuntamiento de Deià a cumplir la sentencia firme del TS, aunque el Ayuntamiento, en parte solidarizado con los propietarios (por otro lado personas queridas y respetadas en el pueblo), hizo caso omiso, alegando falta de presupuesto para un derribo que le resultaba muy costoso por la orografía del lugar. En el año 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB aprobó el programa de ejecución de los derribos e impuso al Alcalde una multa personal de 600 euros por cada mes transcurrido sin derribar las viviendas. Finalmente, entre 2010 y 2011 las casas han sido derribadas con la ayuda económica del Consell Insular de Mallorca gobernado por el llamado “Pacto de Progreso”, ante la estupefacción de sus propietarios, que siguen sin entender como unas edificaciones que contaban en el momento en que fueron construidas con todas las licencias y permisos pueden acabar de esta manera.

Como complemento informativo, hay que comentar también que, al tratarse de viviendas de un altísimo valor económico pertenecientes a propietarios adinerados y situadas en un enclave privilegiado de la costa mallorquina, muchos partidos y grupos de la izquierda y del independentismo local han “abanderado” la causa del derribo, con nula preocupación por el atropello de derechos que sus propietarios puedan haber sufrido, sean quienes sean y tengan el “status” económico que tengan, cuestión que a un jurista responsable poco debería interesar. Y, como complemento informativo bis, cabe también añadir que el Ayuntamiento de Deià, municipio económicamente modesto con pocos habitantes censados, jamás podrá pagar ninguna indemnización equivalente al daño real causado a los propietarios por el derribo de sus viviendas construidas en su día con las debidas licencias municipales.

Pues bien, uno de esos propietarios afectados, persona de exquisita educación, gran amante de Mallorca y socio de una importante industria alemana radicada en Munich, me visitó recientemente, con la licencia municipal de obras del año 1986 en la mano, para preguntarme, amargamente, qué clase de país es éste en el que un ciudadano comunitario obtiene ese documento de su Ayuntamiento y construye una casa con los materiales típicos del lugar, maravillosamente integrada en el paisaje, pagando sus tasas y sus impuestos municipales religiosamente durante un montón de años, para acabar con la casa reducida a escombros entre los vítores de los perroflautas locales…. Sinceramente, no supe qué contestarle.

 

La factura de la luz, instrucciones de uso.

Prosiguiendo en esa labor de adentrarnos en el proceloso mundo del sector eléctrico, corresponde ahora el turno a la factura que nos presentan las empresas comercializadoras relativa a nuestro consumo de energía eléctrica. Intentaremos huir de tecnicismos y utilizar una terminología que sea fácilmente comprensible a los consumidores, aunque esta circunstancia pueda suponer una inferior calidad técnica del post.

En primer lugar se desglosará el contenido de la factura explicando cada uno de los apartados que intervienen en la misma y, posteriormente, se expondrán aquellos puntos que pueden ser objeto de negociación por parte del abonado o que son un tanto discutibles y que deberían abordarse por parte de las organizaciones de consumidores.

La factura de la luz para el consumo residencial está compuesta de cinco conceptos diferentes aunque relacionados entre sí. Para otro tipo de abonados, como pueden ser: las industrias, grandes empresas, etc., la factura tiene una estructura diferente y su explicación complicaría la finalidad de este post.

Estos conceptos son los siguientes:

 

1º.- TERMINO FIJO DE POTENCIA (X)

Es un importe fijo que cobra la Compañía por utilizar sus redes eléctricas y permitir que la electricidad llegue a nuestro hogar. Esta cantidad se abona siempre aunque no se haya realizado consumo alguno y es proporcional a la potencia contratada por el abonado.

Esta potencia suele ser un múltiplo de 1,15 kW (1,15; 2,3; 3,4; 4,6: 5,7; etc.) siendo muy importante elegir la más adecuada pues en caso contrario se puede estar pagando en exceso. Lo aconsejable es dejarse asesorar por un profesional que, en función de los electrodomésticos que se tengan instalados en el hogar y del uso simultaneo que se pueda hacer de los mismos, determinará la potencia a contratar que, insisto debe ser la más baja posible. Es el único parámetro de la factura que puede elegir el consumidor y que influye sobre el importe total a pagar.

Su importe viene determinado por:

A es la Potencia contratada (kW)

X = A x B

B es el Término de potencia (euros/kW)

El Término de potencia está regulado por el Gobierno y tiene dos componentes: uno fijo y otro variable, que es margen comercial de la Compañía. El abonado, cuando su potencia contratada es superior a 10 kW, puede negociar con la Comercializadora, dentro de un estrecho margen, precio máximo y mínimo, que determina el Gobierno periódicamente, pero es necesario no crear falsas expectativas sobre esa posibilidad de negociación ya que para los abonados domésticos es muy limitada.

En el caso de estar acogido a la Tarifa Último Recurso (TUR) el importe de este Término de potencia está fijado por el Gobierno.

 

2º.- ENERGÍA CONSUMIDA (Y)

Corresponde al coste real de la energía consumida por el abonado. Es la diferencia entre dos lecturas consecutivas del contador eléctrico, multiplicada por el Término de energía (precio del kWh) que fija el Gobierno cada tres meses para cada tramo de potencia.

Su importe se determina por:

C es el número de kWh consumidos

Y = C x D

D es el Término de energía

 

El importe de este Término de energía que incluye también el coste de los peajes de acceso es diferente dependiendo de la potencia contratada. En el caso de ser la TUR, es fijo y está determinado por el Gobierno. Si se trata de una potencia superior a 10 kW se puede negociar con la Comercializadora.

La determinación del importe de este Término de energía es la que ha motivado el cuestionado “Déficit Tarifario”, ya que desde el año 2002 y por cuestiones políticas no se ha afrontado decididamente el incremento real del coste de la energía.

 

3º.- IMPUESTO ELÉCTRICO (I)

Es un impuesto creado en el año 1997 para ayudas a la minería del carbón. Desde entonces no se ha modificado y permanece en la factura. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

 

I = [(X + Y) x 1,05113] x 0,04864

 

4º.- ALQUILER DEL EQUIPO DE MEDIDA (Z)

Dependiendo del tipo de contador que tengamos instalado, la Comercializadora cobra una cantidad mensual fija en concepto de alquiler del equipo de medida.

En el caso de que el abonado pretenda adquirir el equipo, se encontrará con todo tipo de dificultades por parte de la Compañía, pues como ya se ha mencionado en un post anterior, el consumidor, a lo largo de la duración de su contrato, abona por este concepto más de diez veces el coste del contador.

 

5º.- IMPUESTO GENERAL (IVA)

IVA = (X + Y + Z + I) X 0,18

Resulta bastante curioso comprobar como se paga el IVA por el impuesto eléctrico, es decir, impuesto sobre impuesto.

 

El importe total de la factura a pagar por el consumidor es:

T = X + Y + Z + I + IVA

 

En la factura pueden aparecer otros conceptos que el abonado debe vigilar para que no se lo cobren indebidamente como son:

Facturación por exceso de potencia

Energía reactiva

Seguro de protección, enganche a la red

 

Es conveniente reseñar que cada vez que hay un cambio de tarifas, lo que suele producirse con cierta frecuencia, implica que en ese periodo de facturación son aplicables dos tarifas diferentes, lo que supone una dificultad añadida para la comprensión de la factura por parte del abonado.

Las Compañías, en general, suelen seguir un criterio similar para abordar este problema que consiste en calcular el número de días transcurridos en cada periodo y a cada uno de ellos le aplican la tarifa correspondiente, pues consideran que el consumo se reparte proporcionalmente en función de los días.

Sin embargo, alguna Compañía opta por realizar el cálculo de cuál sería el precio medio a aplicar en cada concepto si se tienen en cuenta los días facturados en cada periodo. Ese precio medio es el que se aplica luego a la totalidad del consumo. En este caso, la factura puede parecer más sencilla y comprensible, pero la realidad es la contraria pues dificulta la comprobación por parte del abonado ya que la tarifa que le han aplicado no se corresponde con la que figura en el BOE, pues se trata de una tarifa media ponderada.

Una vez desglosada la factura vamos a señalar aquellos puntos relacionados con la facturación en los que puede establecerse un proceso de negociación con la Comercializadora y que es donde radica la teórica liberación del mercado.

 

a) La periodicidad de la facturación que puede ser: mensual o bimensual.

b) La energía consumida que puede calcularse sobre lectura real o lectura estimada. En este caso, todas las Compañías se inclinan por lectura estimada porque les supone un ahorro considerable, al no tener que pagar los salarios de los lectores de contadores, pero ello puede suponer un perjuicio para el abonado ya que, si por circunstancias personales han variado sus hábitos de consumo, está pagando anticipadamente a la Compañía, una energía que no ha consumido.

c) El tipo de tarifa de acceso a contratar que estará en función de la distribución horaria del consumo del abonado. Cuando sea factible, es aconsejable desviar el máximo consumo posible a las denominadas horas valle (a partir de las 22 horas y hasta las 8 horas) en las que el precio del kWh es más económico, con lo que procedería la contratación de una tarifa con discriminación horaria.

La discriminación horaria supervalle no es aconsejable pues se creó pensando en la recarga de las baterías del coche eléctrico.

d) En el caso de que la potencia contratada sea inferior a 10 kWh, el abonado puede optar libremente por acogerse a la TUR o permanecer en el mercado liberalizado. En principio, parece aconsejable, la primera opción para los abonados domésticos.

Para que el lector pueda valorar, en función de su consumo, la opción tarifaria que sea más favorable a sus intereses, se incluyen a continuación las tarifas de último recurso (TUR) aprobadas por el Gobierno para el primer trimestre de 2012, en la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre.

 

Término de potencia:

TPU = 20,633129 €/kW y año.

Término de energía: TEU

Modalidad sin discriminación horaria:

TEU0= 0,142319 €/kWh

Modalidad con discriminación horaria de dos periodos:

TEU1 = 0,164896 €/kWh

TEU2 = 0,067697 €/kWh

Modalidad con discriminación horaria supervalle:

TEU1 = 0,167056 €/kWh

TEU2 = 0,080880 €/kWh

TEU3 = 0,055744 €/kWh

 

Otros aspectos legales de la facturación como podrían ser la existencia o no del impuesto eléctrico o el coste total de la energía que estamos pagando los españoles, salen fuera del marco del presente post.

La finalidad de estas líneas, como se indicó al principio, es facilitar la comprensión de la factura eléctrica y que, en la medida de lo posible, el abonado pueda elegir, dentro del estrecho margen que se le permite, la opción tarifaria que sea más conveniente para sus intereses.

La factura de la luz, instrucciones de uso.

Prosiguiendo en esa labor de adentrarnos en el proceloso mundo del sector eléctrico, corresponde ahora el turno a la factura que nos presentan las empresas comercializadoras relativa a nuestro consumo de energía eléctrica. Intentaremos huir de tecnicismos y utilizar una terminología que sea fácilmente comprensible a los consumidores, aunque esta circunstancia pueda suponer una inferior calidad técnica del post.

En primer lugar se desglosará el contenido de la factura explicando cada uno de los apartados que intervienen en la misma y, posteriormente, se expondrán aquellos puntos que pueden ser objeto de negociación por parte del abonado o que son un tanto discutibles y que deberían abordarse por parte de las organizaciones de consumidores.

La factura de la luz para el consumo residencial está compuesta de cinco conceptos diferentes aunque relacionados entre sí. Para otro tipo de abonados, como pueden ser: las industrias, grandes empresas, etc., la factura tiene una estructura diferente y su explicación complicaría la finalidad de este post.

Estos conceptos son los siguientes:

 

1º.- TERMINO FIJO DE POTENCIA (X)

Es un importe fijo que cobra la Compañía por utilizar sus redes eléctricas y permitir que la electricidad llegue a nuestro hogar. Esta cantidad se abona siempre aunque no se haya realizado consumo alguno y es proporcional a la potencia contratada por el abonado.

Esta potencia suele ser un múltiplo de 1,15 kW (1,15; 2,3; 3,4; 4,6: 5,7; etc.) siendo muy importante elegir la más adecuada pues en caso contrario se puede estar pagando en exceso. Lo aconsejable es dejarse asesorar por un profesional que, en función de los electrodomésticos que se tengan instalados en el hogar y del uso simultaneo que se pueda hacer de los mismos, determinará la potencia a contratar que, insisto debe ser la más baja posible. Es el único parámetro de la factura que puede elegir el consumidor y que influye sobre el importe total a pagar.

Su importe viene determinado por:

A es la Potencia contratada (kW)

X = A x B

B es el Término de potencia (euros/kW)

El Término de potencia está regulado por el Gobierno y tiene dos componentes: uno fijo y otro variable, que es margen comercial de la Compañía. El abonado, cuando su potencia contratada es superior a 10 kW, puede negociar con la Comercializadora, dentro de un estrecho margen, precio máximo y mínimo, que determina el Gobierno periódicamente, pero es necesario no crear falsas expectativas sobre esa posibilidad de negociación ya que para los abonados domésticos es muy limitada.

En el caso de estar acogido a la Tarifa Último Recurso (TUR) el importe de este Término de potencia está fijado por el Gobierno.

 

2º.- ENERGÍA CONSUMIDA (Y)

Corresponde al coste real de la energía consumida por el abonado. Es la diferencia entre dos lecturas consecutivas del contador eléctrico, multiplicada por el Término de energía (precio del kWh) que fija el Gobierno cada tres meses para cada tramo de potencia.

Su importe se determina por:

C es el número de kWh consumidos

Y = C x D

D es el Término de energía

 

El importe de este Término de energía que incluye también el coste de los peajes de acceso es diferente dependiendo de la potencia contratada. En el caso de ser la TUR, es fijo y está determinado por el Gobierno. Si se trata de una potencia superior a 10 kW se puede negociar con la Comercializadora.

La determinación del importe de este Término de energía es la que ha motivado el cuestionado “Déficit Tarifario”, ya que desde el año 2002 y por cuestiones políticas no se ha afrontado decididamente el incremento real del coste de la energía.

 

3º.- IMPUESTO ELÉCTRICO (I)

Es un impuesto creado en el año 1997 para ayudas a la minería del carbón. Desde entonces no se ha modificado y permanece en la factura. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

 

I = [(X + Y) x 1,05113] x 0,04864

 

4º.- ALQUILER DEL EQUIPO DE MEDIDA (Z)

Dependiendo del tipo de contador que tengamos instalado, la Comercializadora cobra una cantidad mensual fija en concepto de alquiler del equipo de medida.

En el caso de que el abonado pretenda adquirir el equipo, se encontrará con todo tipo de dificultades por parte de la Compañía, pues como ya se ha mencionado en un post anterior, el consumidor, a lo largo de la duración de su contrato, abona por este concepto más de diez veces el coste del contador.

 

5º.- IMPUESTO GENERAL (IVA)

IVA = (X + Y + Z + I) X 0,18

Resulta bastante curioso comprobar como se paga el IVA por el impuesto eléctrico, es decir, impuesto sobre impuesto.

 

El importe total de la factura a pagar por el consumidor es:

T = X + Y + Z + I + IVA

 

En la factura pueden aparecer otros conceptos que el abonado debe vigilar para que no se lo cobren indebidamente como son:

Facturación por exceso de potencia

Energía reactiva

Seguro de protección, enganche a la red

 

Es conveniente reseñar que cada vez que hay un cambio de tarifas, lo que suele producirse con cierta frecuencia, implica que en ese periodo de facturación son aplicables dos tarifas diferentes, lo que supone una dificultad añadida para la comprensión de la factura por parte del abonado.

Las Compañías, en general, suelen seguir un criterio similar para abordar este problema que consiste en calcular el número de días transcurridos en cada periodo y a cada uno de ellos le aplican la tarifa correspondiente, pues consideran que el consumo se reparte proporcionalmente en función de los días.

Sin embargo, alguna Compañía opta por realizar el cálculo de cuál sería el precio medio a aplicar en cada concepto si se tienen en cuenta los días facturados en cada periodo. Ese precio medio es el que se aplica luego a la totalidad del consumo. En este caso, la factura puede parecer más sencilla y comprensible, pero la realidad es la contraria pues dificulta la comprobación por parte del abonado ya que la tarifa que le han aplicado no se corresponde con la que figura en el BOE, pues se trata de una tarifa media ponderada.

Una vez desglosada la factura vamos a señalar aquellos puntos relacionados con la facturación en los que puede establecerse un proceso de negociación con la Comercializadora y que es donde radica la teórica liberación del mercado.

 

a) La periodicidad de la facturación que puede ser: mensual o bimensual.

b) La energía consumida que puede calcularse sobre lectura real o lectura estimada. En este caso, todas las Compañías se inclinan por lectura estimada porque les supone un ahorro considerable, al no tener que pagar los salarios de los lectores de contadores, pero ello puede suponer un perjuicio para el abonado ya que, si por circunstancias personales han variado sus hábitos de consumo, está pagando anticipadamente a la Compañía, una energía que no ha consumido.

c) El tipo de tarifa de acceso a contratar que estará en función de la distribución horaria del consumo del abonado. Cuando sea factible, es aconsejable desviar el máximo consumo posible a las denominadas horas valle (a partir de las 22 horas y hasta las 8 horas) en las que el precio del kWh es más económico, con lo que procedería la contratación de una tarifa con discriminación horaria.

La discriminación horaria supervalle no es aconsejable pues se creó pensando en la recarga de las baterías del coche eléctrico.

d) En el caso de que la potencia contratada sea inferior a 10 kWh, el abonado puede optar libremente por acogerse a la TUR o permanecer en el mercado liberalizado. En principio, parece aconsejable, la primera opción para los abonados domésticos.

Para que el lector pueda valorar, en función de su consumo, la opción tarifaria que sea más favorable a sus intereses, se incluyen a continuación las tarifas de último recurso (TUR) aprobadas por el Gobierno para el primer trimestre de 2012, en la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre.

 

Término de potencia:

TPU = 20,633129 €/kW y año.

Término de energía: TEU

Modalidad sin discriminación horaria:

TEU0= 0,142319 €/kWh

Modalidad con discriminación horaria de dos periodos:

TEU1 = 0,164896 €/kWh

TEU2 = 0,067697 €/kWh

Modalidad con discriminación horaria supervalle:

TEU1 = 0,167056 €/kWh

TEU2 = 0,080880 €/kWh

TEU3 = 0,055744 €/kWh

 

Otros aspectos legales de la facturación como podrían ser la existencia o no del impuesto eléctrico o el coste total de la energía que estamos pagando los españoles, salen fuera del marco del presente post.

La finalidad de estas líneas, como se indicó al principio, es facilitar la comprensión de la factura eléctrica y que, en la medida de lo posible, el abonado pueda elegir, dentro del estrecho margen que se le permite, la opción tarifaria que sea más conveniente para sus intereses.