Eficacia y coste de la Administración: los sueldos de los funcionarios

Decía Azaña que “Es de interés primordial para los españoles que el Estado acapare (en lo posible) los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores letrados, disputándoselos a la industria privada y a las profesiones libres. Abaratar la Administración no es criterio admisible, porque mientras siga siendo defectuosa e incapaz, por poco que cueste, será muy cara” (Grandeza y servidumbre de los funcionarios, Obras Completas, tomo I, pág. 468).

Puede parecer un poco contracorriente este aserto en estos días de austeridad y recorte de gasto público, pero no debemos perder de vista que el gasto de personal de la Administración no es un capítulo susceptible de sucesivos recortes, infinitos recortes, con alguna que otra protesta y huelga y sin merma de eficiencia. ¿O acaso damos por sentado que los empleados públicos son todos unos holgazanes y cuanto menos se les pague mejor? ¿O incluso, en una interpretación ultraliberal, que todos los funcionarios sobran?

No pensemos en los funcionarios como esas personas que a veces puedan parecer poco dinámicas al otro lado de la ventanilla. Ventanillas o, modernamente más bien, mesas hay muchas. Y no todos los empleados públicos son iguales. Pero, además, debemos tener en cuenta que empleados públicos son las personas que ejercen la medicina o la enfermería en los hospitales y centros de salud públicos, los policías, los bomberos, los maestros y profesores, los jueces, los diplomáticos, los abogados, economistas o ingenieros de caminos del Estado, los inspectores de Hacienda, etc. etc. El trabajo de todos ellos es importante. Y hay que pagarles por ello. Exigirles un buen desempeño de sus funciones, pero también pagarles de conformidad a tal exigencia.

Por supuesto que es precisa la austeridad, máxime en estos tiempos, y también la solidaridad (pues en el sector privado la crisis no se manifiesta en recortes sino en despidos, cierre de empresas o reducciones en proporciones mucho mayores que en la Administración), pero no debemos perder de vista que una Administración eficaz (no necesariamente sobredimensionada) es necesaria para disfrutar de una sociedad justa y una economía próspera. Y para la eficacia de la Administración, para contar con buenos profesionales en la misma, no son irrelevantes sus condiciones económicas y de otro tipo.

Hace no muchos días se leían unas declaraciones en prensa de Rodrigo Rato en las que afirmaba que los sueldos de los políticos deberían ser mayores, para atraer a las personas más capacitadas. Con mayor razón, puesto que se trata de su profesión y no de un cargo que debería ser pasajero, lo mismo podría ser aplicado a los funcionarios. El funcionario o empleado público desarrolla su trabajo y debe ser pagado por él. Al político se le puede esperar una cierta disposición a trabajar por los demás, a arreglar los asuntos de todos, más allá de su retribución estricta; teniendo en cuenta, por otro lado, que los políticos muchas veces acaban teniendo una retribución o compensación real muy superior a la formal tanto durante su mandato como después del mismo. ¿O acaso alguien piensa que Felipe González o Aznar tendrían los emolumentos que les pagan grandes empresas españolas si no hubieran sido presidentes? Incluso el propio Zapatero, que en este punto resulta más discreto y adecuado, mantiene un empleo y buena retribución como Consejero de Estado, puesto al que tampoco hubiera llegado de no haber sido Presidente.

Lo cierto es que, con una tradición de bajas remuneraciones especialmente en ámbitos de profesionales que pueden desarrollar su trabajo en el sector privado (como abogados, economistas, arquitectos o ingenieros), la crisis ha conducido a que el Gobierno nacional y los autonómicos aumenten la jornada de los empleados públicos, no incrementen e incluso reduzcan sus retribuciones, aún más. Ya fueron congelados los salarios públicos tanto por Felipe González como por Aznar, sin que nunca llegase a recuperarse esa pérdida. La situación pues, es, desagradable y no fomenta la mayor de las motivaciones. Pero hay que tener en cuenta el entorno. Actualmente, los empleados públicos (salvo los interinos) sí pueden valorar positivamente esa permanencia en su empleo, y lo extraordinariamente difícil que es no ya separar del servicio a un funcionario sino incluso despedir a un contratado laboral de la Administración. O lo ha sido hasta ahora.

Como señala Marco Celentani en el blog “Nada es gratis”, “aun cuando en las cifras que a veces se barajan, parezca que el sueldo medio del empleado público es superior al del sector privado, “para hacer una comparación sensata hay que tener en cuenta las diferentes características de los individuos, entre ellas su formación. No tiene sentido comparar el sueldo de un neurólogo que trabaja en el sector público con el de un empleado del sector privado sin apenas estudios y que realiza un trabajo poco calificado. Pero tampoco hay que olvidar que los empleos públicos son distintos a los privados por una razón fundamental: que son más estables, a veces mucho mas estables, y que generan unos ingresos menos variables”. Es decir, hay que tener en cuenta la diferente cualificación media, si bien es cierto que hay que tener en cuenta las ganancias pero también la estabilidad.

Pues bien, Celentani cita un interesante estudio de la Universidad de Bristol del que resultaría que, tomando en cuenta las distintas variables, las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado en España son pequeñas o nulas. Y lo cierto, desde mi propia experiencia (en el sector público y el privado) y al menos en ciertos ámbitos profesionales, las diferencias existen pero son en perjuicio de los empleados públicos, aunque la estabilidad de estos sea ahora envidiable. Lo que no se debe es faltar a la verdad con estadísticas mal ponderadas y decir que el empleado público, encima, gana más.

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita un dictamen de urgencia del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. El objetivo de la norma, se dice, es conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público. La reducción de las remuneraciones puede suponer sin duda un esfuerzo de austeridad, pero no necesariamente de eficacia, pues competitivamente estos puestos serán menos atractivos para quien pueda desempeñar otros. Y si se piensa que es que no se lo merecen, busquemos a otros, que esa sería cuestión distinta.

Por tanto, creo que es justo y correcto que los empleados públicos compartan el esfuerzo de todos ante esta crisis. Pero sin que creamos que se trata de un pozo sin fondo. Porque algún día, al tiempo que se reclame eficiencia, habrá que considerar que las retribuciones de los empleados públicos son sin duda un elemento esencial en la captación y motivación de buenos profesionales. Igualmente, por supuesto, habrá que introducir mecanismos que aseguren su mayor eficacia y exigencia.

 

 

Eficacia y coste de la Administración: los sueldos de los funcionarios

Decía Azaña que “Es de interés primordial para los españoles que el Estado acapare (en lo posible) los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores letrados, disputándoselos a la industria privada y a las profesiones libres. Abaratar la Administración no es criterio admisible, porque mientras siga siendo defectuosa e incapaz, por poco que cueste, será muy cara” (Grandeza y servidumbre de los funcionarios, Obras Completas, tomo I, pág. 468).

Puede parecer un poco contracorriente este aserto en estos días de austeridad y recorte de gasto público, pero no debemos perder de vista que el gasto de personal de la Administración no es un capítulo susceptible de sucesivos recortes, infinitos recortes, con alguna que otra protesta y huelga y sin merma de eficiencia. ¿O acaso damos por sentado que los empleados públicos son todos unos holgazanes y cuanto menos se les pague mejor? ¿O incluso, en una interpretación ultraliberal, que todos los funcionarios sobran?

No pensemos en los funcionarios como esas personas que a veces puedan parecer poco dinámicas al otro lado de la ventanilla. Ventanillas o, modernamente más bien, mesas hay muchas. Y no todos los empleados públicos son iguales. Pero, además, debemos tener en cuenta que empleados públicos son las personas que ejercen la medicina o la enfermería en los hospitales y centros de salud públicos, los policías, los bomberos, los maestros y profesores, los jueces, los diplomáticos, los abogados, economistas o ingenieros de caminos del Estado, los inspectores de Hacienda, etc. etc. El trabajo de todos ellos es importante. Y hay que pagarles por ello. Exigirles un buen desempeño de sus funciones, pero también pagarles de conformidad a tal exigencia.

Por supuesto que es precisa la austeridad, máxime en estos tiempos, y también la solidaridad (pues en el sector privado la crisis no se manifiesta en recortes sino en despidos, cierre de empresas o reducciones en proporciones mucho mayores que en la Administración), pero no debemos perder de vista que una Administración eficaz (no necesariamente sobredimensionada) es necesaria para disfrutar de una sociedad justa y una economía próspera. Y para la eficacia de la Administración, para contar con buenos profesionales en la misma, no son irrelevantes sus condiciones económicas y de otro tipo.

Hace no muchos días se leían unas declaraciones en prensa de Rodrigo Rato en las que afirmaba que los sueldos de los políticos deberían ser mayores, para atraer a las personas más capacitadas. Con mayor razón, puesto que se trata de su profesión y no de un cargo que debería ser pasajero, lo mismo podría ser aplicado a los funcionarios. El funcionario o empleado público desarrolla su trabajo y debe ser pagado por él. Al político se le puede esperar una cierta disposición a trabajar por los demás, a arreglar los asuntos de todos, más allá de su retribución estricta; teniendo en cuenta, por otro lado, que los políticos muchas veces acaban teniendo una retribución o compensación real muy superior a la formal tanto durante su mandato como después del mismo. ¿O acaso alguien piensa que Felipe González o Aznar tendrían los emolumentos que les pagan grandes empresas españolas si no hubieran sido presidentes? Incluso el propio Zapatero, que en este punto resulta más discreto y adecuado, mantiene un empleo y buena retribución como Consejero de Estado, puesto al que tampoco hubiera llegado de no haber sido Presidente.

Lo cierto es que, con una tradición de bajas remuneraciones especialmente en ámbitos de profesionales que pueden desarrollar su trabajo en el sector privado (como abogados, economistas, arquitectos o ingenieros), la crisis ha conducido a que el Gobierno nacional y los autonómicos aumenten la jornada de los empleados públicos, no incrementen e incluso reduzcan sus retribuciones, aún más. Ya fueron congelados los salarios públicos tanto por Felipe González como por Aznar, sin que nunca llegase a recuperarse esa pérdida. La situación pues, es, desagradable y no fomenta la mayor de las motivaciones. Pero hay que tener en cuenta el entorno. Actualmente, los empleados públicos (salvo los interinos) sí pueden valorar positivamente esa permanencia en su empleo, y lo extraordinariamente difícil que es no ya separar del servicio a un funcionario sino incluso despedir a un contratado laboral de la Administración. O lo ha sido hasta ahora.

Como señala Marco Celentani en el blog “Nada es gratis”, “aun cuando en las cifras que a veces se barajan, parezca que el sueldo medio del empleado público es superior al del sector privado, “para hacer una comparación sensata hay que tener en cuenta las diferentes características de los individuos, entre ellas su formación. No tiene sentido comparar el sueldo de un neurólogo que trabaja en el sector público con el de un empleado del sector privado sin apenas estudios y que realiza un trabajo poco calificado. Pero tampoco hay que olvidar que los empleos públicos son distintos a los privados por una razón fundamental: que son más estables, a veces mucho mas estables, y que generan unos ingresos menos variables”. Es decir, hay que tener en cuenta la diferente cualificación media, si bien es cierto que hay que tener en cuenta las ganancias pero también la estabilidad.

Pues bien, Celentani cita un interesante estudio de la Universidad de Bristol del que resultaría que, tomando en cuenta las distintas variables, las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado en España son pequeñas o nulas. Y lo cierto, desde mi propia experiencia (en el sector público y el privado) y al menos en ciertos ámbitos profesionales, las diferencias existen pero son en perjuicio de los empleados públicos, aunque la estabilidad de estos sea ahora envidiable. Lo que no se debe es faltar a la verdad con estadísticas mal ponderadas y decir que el empleado público, encima, gana más.

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita un dictamen de urgencia del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. El objetivo de la norma, se dice, es conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público. La reducción de las remuneraciones puede suponer sin duda un esfuerzo de austeridad, pero no necesariamente de eficacia, pues competitivamente estos puestos serán menos atractivos para quien pueda desempeñar otros. Y si se piensa que es que no se lo merecen, busquemos a otros, que esa sería cuestión distinta.

Por tanto, creo que es justo y correcto que los empleados públicos compartan el esfuerzo de todos ante esta crisis. Pero sin que creamos que se trata de un pozo sin fondo. Porque algún día, al tiempo que se reclame eficiencia, habrá que considerar que las retribuciones de los empleados públicos son sin duda un elemento esencial en la captación y motivación de buenos profesionales. Igualmente, por supuesto, habrá que introducir mecanismos que aseguren su mayor eficacia y exigencia.