Tú a Boston y yo a California. Una reflexión sobre el revolving door nacional

Estos últimos días han sido especialmente prolíficos en noticias relativas a este interesante fenómeno del revolving door en España, con la particularidad de que, en esta ocasión, no afectaban al político en cuestión (como el caso de ex vicepresidenta Salgado fichando por Endesa), sino a los cónyuges de las dos damas más poderosas del partido en el Gobierno, al hermano de una de ellas, y a la esposa del Secretario General del grupo socialista en el Congreso.

Efectivamente, Red Eléctrica de España, una sociedad cuyo 20 % es de propiedad estatal a través de la SEPI  (Sociedad Española de Participaciones Industriales) y, por tanto, controlada en la práctica por el Gobierno, ofreció al marido de la Secretaria Generaldel PP, Dolores de Cospedal, el puesto de Consejero. Sin embargo, como consecuencia de unas supuestas reticencias de  Moncloa -a la vista de la mala recepción de la noticia en las redes sociales- el interesado rechazó el cargo. Aunque eso no ha impedido que Ricardo, hermano de la Sra.de Cospedal, se postulase como principal candidato al puesto de director de la Fundación Carolina, Fundación  mixta dedicada a la promoción de las relaciones entre España y América Latina (aquí). Si echan un vistazo a su Patronato y a sus órganos de gobierno (todavía no actualizados, además) se harán una idea de su clara dependencia del Gobierno (aquí).

Unos días más tarde nos enteramos que Telefónica había fichado al marido de la actual vicepresidenta del Gobierno y a la esposa del Secretario General del grupo parlamentario socialista, Sr. Madina. (aquí y aquí). Según informan algunos medios, el Gobierno ha justificado la diferencia de trato a “los maridos” alegando que, en el caso del cónyuge de la vicepresidenta, “la compañía es privada y por ello no existe colisión alguna de intereses públicos y privados”;  llegando a afirmar que en su actual puesto de funcionario del Ministerio de Hacienda “habría más motivos de incompatibilidad a la hora de informar sobre las actuaciones del ejecutivo.” (aquí).

A mi me parece que estas manifestaciones denotan una cierta incomprensión del problema, y por ende de la repercusión mediática –nada favorable para el Gobierno- alcanzada por los nombramientos en cuestión. Es más, ayer mismo nos enterábamos también de que el Presidente del Gobierno había nombrado como miembros del Consejo de Estado a personas próximas al Partido Popular con despacho profesional abierto (aquí). Fuentes de Gobierno reconocen que esos abogados tendrán que “abstenerse en los informes sobre algunos proyectos de ley porque podrían afectar a los intereses de sus bufetes, de las empresas para las que trabajan o de los consejos de administración en que se sientan. No hay ninguna incompatibilidad teórica, pero sí puede haberla en la práctica.” De nuevo nos encontramos aquí con una argumentación que ni roza el tema. No se trata de que los nuevos consejeros se abstengan o no, sino que presumiblemente la cartera de clientes de esos despachos se va a multiplicar como efecto natural de que el abogado que les lleva el asunto tenga cierta “mano”, aunque no sea directa, en los dictámenes relativos a la normativa que les afecte. Puede que llegue el momento en que el Consejero se tenga que abstener en todo y, pese a ello, siga siendo muy interesante para sus clientes, aunque muy poquito para el Consejo de Estado.

Por eso este último aluvión de casos es tan interesante, porque nos ayuda a reflexionar sobre los dos grandes riesgos del revolving door –sin duda muy ligados entre sí- pero perfectamente identificables: el nepotismo o compadreo, y, sobre todo, el que constituye verdaderamente su esencia, la captura de los intereses públicos por los privados (wiki aquí). El primero, siendo importante, es un efecto casi natural del segundo, y pese a ello es al que se le ha dado más importancia.

Lo hemos comprobado claramente en el caso Cospedal. Lo que incendió las redes sociales fue la designación a dedo del cónyuge y del hermano de una persona con enorme influencia en el Gobierno para ocupar un cargo privado en una empresa dependiente del sector público. Lo que se rechazaba mayoritariamente por los ciudadanos es la práctica habitual de nuestra partitocracia de  “ocupa el poder y coloca a la familia a cargo de los presupuestos”. No pongo en duda la cualificación profesional de estas personas para ocupar estos cargos (simplemente porque la desconozco) pero cualquiera que sea, como en este país la gente está tan escamada y harta con estas cosas, la reacción fue furibunda y el Gobierno tuvo que dar inmediatamente marcha atrás, al menos en el caso del cónyuge.

Sin embargo, el problema fundamental queda así oscurecido. Red Eléctrica es una empresa gestionada por unos señores muy interesados en sus resultados (normal) y a los que un contacto directo con el Gobierno les viene francamente bien, sencillamente porque depende enormemente de la regulación pública. Cómo en el previsible caso de los clientes de esos despachos de los nuevos Consejeros de Estado, el nuevo equipo directivo de Red Eléctrica (por supuesto del PP) buscó un buen contacto que les permitiera transmitir sus problemas, necesidades e inquietudes de una manera fácil y fluida al Gobierno. Y encontraron al marido dela Sra. De Cospedal. Desde el punto de vista de la empresa tiene toda la lógica, porque dado el lamentable e improvisado proceso de producción de normas en este país, uno puede en cualquier momento encontrarse una disposición adicional que le lamine sin tiempo para reaccionar (eso en la interpretación más benevolente), o aprovechando el río revuelto, colocar una disposición adicional que lamine a la competencia o al consumidor (en la menos benevolente). Ahora bien, cuando ese contacto pasa por contratar directamente al marido de una figura política de tal calado (no se si la Sra. De Cospedal está casada en gananciales o en separación de bienes, pero el impacto del contrato en la economía familiar es igual de obvio), la reacción que debería esperarse del político prudente es aconsejar al cónyuge otra salida profesional.

Obviamente no se trata de condenarle al paro, especialmente cuando se trata de personas de alta cualificación profesional, pero sí de ser consciente de que hay ciertas empresas de mucha importancia que operan en sectores muy regulados y por ello con gran dependencia de lo que pueda decidir el Gobierno de turno, respecto de las que no sólo hay que ser honesto, sino parecerlo. Por eso no es un problema meramente de tamaño y músculo; si al cónyuge le hubiera fichado Inditex creo que nadie hablaría de él, al menos con motivo. Por supuesto, si no hay cualificación profesional o la que hay no resulta especialmente idónea para la empresa o el “timing” es sospechoso –justo la empresa se da cuenta de la valía profesional del candidato-marido cuando la esposa alcanza un puesto políticamente muy relevante- la desconfianza lógicamente aumenta y surge el riesgo de nepotismo. Se podría alegar que en estos casos el sueldo se lo paga una empresa privada, pero es obvio que, si se consuma el riesgo de captura de la voluntad pública, al final se lo acabamos pagamos entre todos los contribuyentes en forma de servicios más caros, menos competencia, más paro, etc.

Es por ello que, en el caso de la vicepresidenta, la afirmación de que “la compañía es privada y por ello no existe colisión alguna de intereses públicos y privados” o que puede haber “más motivos de incompatibilidad en el Ministerio de Hacienda” es francamente rechazable. El revolving door, como digo, no es sólo un problema de compadreo, es sobre todo un problema de influencias. Lo que debía haber alegado el Gobierno es que la compañía en cuestión (Telefónica) ya apenas depende de la regulación nacional (lo que por otra parte es bastante cierto, pues ahora casi todo lo importante se cuece en Bruselas) lo que a su vez podrá ser discutido o no, pero no que “no hay problema porque se trata de una empresa privada”. En cuanto a lo del Ministerio de Hacienda no merece ni siquiera un comentario, aunque sí una respuesta corporativa, porque parece presuponer que los lazos familiares inhabilitan a los Abogados del Estado para cumplir profesionalmente con su cometido.

Pero no nos engañemos, estas revolving doors las llevan aprovechando toda la vida todas las grandes empresas de estos sectores regulados o muy dependientes de las decisiones políticas, es decir, casi todas. Es lo que nuestros colegas de NeG llaman “el capitalismo castizo”. El caso de la sra  Salgado con Endesa es un ejemplo palmario, pero para apuntar también la otra vía, recordemos simplemente que el actual ministro de Defensa fue consejero de Instalaza, una importante empresa del sector (aquí).

A mi particularmente se me podría reprochar que yo tampoco abría la boca cuando el Director General de los Registros y del Notariado era un notario. Bueno, de eso hace tanto tiempo que todavía no había blogs, pero por eso voy a dejar de manifestar que no parece lógico que sea ni notario ni registrador (como ocurre en la actualidad). Por muy honestos que sean, y no tengo ninguna duda, más bien al contrario, de que lo han sido y de que lo son en la actualidad,  existe una incompatibilidad objetiva, aunque ya no sea de intereses -que también- sino de formación y experiencia, que dificulta un ejercicio idóneo y neutral del cargo público.

Para finalizar hay que decir que, obviamente, este problema no es únicamente español, sino que se trata de un fenómeno general que afecta incluso a los EEUU, al menos en sectores tan sensibles como el financiero o el armamentístico. Sin embargo, la diferencia es que allí tienen Comisiones del Senado que investigan y un régimen legal de transparencia absolutamente envidiable. Conocen al detalle si la empresa en cuestión es más o menos sensible al marco regulatorio, cómo vota el político en cuestión en asuntos que tienen que ver con ese marco, el contenido al detalle de sus decisiones, que retribuciones ha percibido,  etc., etc. Conocen hasta quién visita la CasaBlancay cuántos minutos ha estado. También, por supuesto, tienen un régimen de incompatibilidades serio que funciona de verdad y que no puede ser burlado de forma verdaderamente vergonzosa a través de la contratación por filiales como aquí es tan frecuente (aquí).

En España, mientras tanto, nos tenemos que conformar con la presión que puntualmente puedan hacer los medios de comunicación y las redes sociales, y lo cierto es que, como demuestra el caso de Red Eléctrica, puede llegar a ser muy efectiva.

Medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos (IV): ¿Beneficios fiscales?

El Real Decreto-ley 6/2012, sobre  protección de deudores hipotecarios sin recursos establece un marco abierto a la adhesión de las entidades financieras (en adelante “los bancos”), denominado Código de Buenas Prácticas (CBP), consistente en el compromiso por el banco de adoptar tres tipos de medidas:

1) La primera de ellas, conceder al deudor que reúna los requisitos del Decreto-ley, un periodo de carencia de 4 años con reducción del tipo de interés al euríbor+0,25 y una ampliación del plazo del préstamo de hasta 40 años.

2) Como medida complementaria de la anterior, si fuera inviable el plan de reestructuración resultante, acordar una quita de la deuda; esta medida es discrecional por parte del banco.

3) Si en el plazo de doce meses se produce la situación de inviabilidad del pago, como alternativa a la ejecución hipotecaria el deudor puede solicitar cancelar su deuda mediante dación en pago de la vivienda hipotecada. Esta medida es obligatoria para el banco, quedando comprometido a ello si lo solicita el deudor.

¿Qué ofrece el Gobierno a cambio de la adhesión del banco al CBP?

La primera medida (reestructuración de la deuda) quedaría exenta del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Pero el caso es que las novaciones modificativas de préstamos hipotecarios ya están exentas desde hace bastantes años en virtud de la Ley 2/1994. Es decir, que esta medida de apoyo fiscal es puramente nominal y carece de efecto práctico alguno. Lo mismo cabe decir de la medida complementaria consistente en la quita de la deuda, que ya está también exenta de gravamen hoy en día, como toda cancelación total o parcial de hipoteca.

Donde aparentemente los beneficios serían mayores es en el caso de la tercera medida, la dación en pago, que conlleva dos actos notariales y registrales, la transmisión de la propiedad y la subsiguiente cancelación de la hipoteca, y las siguientes cargas fiscales:

1. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, al 7% en la mayoría de las CCAA. Este gravamen, que es notoriamente la parte del león, no se modifica.

2. Impuesto de Plusvalía municipal. Pasa a soportarlo el banco en vez del transmitente, sin que pueda repercutirse a éste.

3. IRPF a cargo del deudor por la ganancia de capital obtenida, en su caso, como consecuencia de la dación en pago. Se declara exenta.

Es fácil ver que el banco no obtiene beneficio fiscal alguno, sino más bien perjuicio. Sí que resulta agraciado por una risible bonificación gubernamental (sin coste para el Estado) del 50% de los honorarios notariales y registrales de la cancelación de la hipoteca (apenas 50 €). En cambio, la adhesión al CBP le supondrá correr con la carga tributaria del Impuesto de plusvalía municipal que, en caso contrario, iría por cuenta del deudor que entrega su vivienda.

La medida parece, más que otra cosa, haber tenido en cuenta el misérrimo estado de las arcas de los municipios españoles. Es fácil conjeturar que, bajo el régimen ordinario del Impuesto, los Ayuntamientos difícilmente llegarían a ingresar nada, pues los sujetos pasivos del impuesto, los cedentes en pago, se hallan en el umbral de la pobreza, sin bienes ni rentas, y la deuda tributaria parece irremisiblemente destinada a causar baja por incobrable. Ahora los Ayuntamientos, en las operaciones acogidas al sistema del Decreto-ley, tendrán al banco para cobrar ese impuesto antes prácticamente incobrable.

Mención aparte merece la exención de la ganancia de capital en IRPF como consecuencia de la dación en pago. Si atendemos al supuesto de hecho contemplado en la norma, se trata de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. ¿En cuántos casos el importe de la deuda hipotecaria que se cancela va a superar el precio de adquisición de la vivienda y producir una ganancia de capital para el deudor? Y ¿cómo iban a cobrar los servicios de recaudación de la AEAT el impuesto correspondiente de un deudor en el umbral de pobreza? Sin embargo, el Gobierno parece haber “olvidado” que el contribuyente, si hace menos de tres años que adquirió la vivienda, aún tendría que devolver, por no haber reunido los requisitos para haber llegado a ser su vivienda habitual, las cantidades que hubiera deducido en las declaraciones de IRPF anteriores, más los intereses de demora, por improcedencia sobrevenida de dicha deducción. Aunque, como ya he apuntado, el destino de esa deuda tributaria de regularización de la deducción parece ser inevitablemente la de resultar incobrable.

En todo caso, lo restrictivo de los requisitos para gozar de los beneficios del CBP hace que su aplicación en la práctica vaya a ser, previsiblemente, mínima. Todo parece más bien una mera operación publicitaria sin contenido real apreciable.