Palos de ciego

Atrapados por la desconfianza. Atenazados por el miedo. Nos sentimos observados, en el ojo mismo de un huracán que puede arrancarnos con fuerza de un sueño irreal. Hoy Europa a pesar de sus múltiples problemas, no es el problema, es España. Sin la Unión no hay solución. No es la enemiga ni tampoco quién pende sobre nosotros una espada damocliana insensible e imperturbable. Hemos perdido todo atisbo de confianza. No somos serios, previsibles ni tampoco capaces de adoptar las reformas necesarias y contumaces que corten la hemorragia y empiecen a cauterizar. Donde hoy digo una cosa, mañana la desdigo, donde un real decreto regula apresuradamente una reforma a las semanas otro enmienda la plana, el contenido y el criterio. No había plan B en la oposición. La imprevisión, la superación, el desbordamiento y el criticar a otros y no a nosotros mismos, henchidos de soberbia y vanidad, no hacen sino que perdamos energía en lo verdaderamente importante y nos distraigamos en superficialidades y cortinas de humo que tanto gustan a los políticos, llámese Gibraltar, llámese respeto e himno oficial.

 

La Unión Europea, Bruselas, no doblega por el momento, nos hace pagar una contrición seria, rigurosa y efectiva. El Banco Central se niega a comprar deuda. Todo está calculado. No tienen prisa por el momento. Saben medir el riesgo. No es que el euro se la juegue en España e Italia como asevera el ministro, es que España se la juega si sale del euro, retrotrayéndonos a una autarquía en blanco y negro, a una devaluación del todo y por el todo y a un empeoramiento drástico del nivel de vida, del estado de bienestar y de las oportunidades. Cortocircuiteados los mercados, endeudadas familias y empresas, arrostrada toda competitividad, fuera del euro y al margen de la Unión, el futuro no es sombrío, es negro.

 

Nadie nos va a regalar nada. No tenemos peso para imponer políticamente nada en la Unión Europea. Y lo que pide España a medio camino de unas reformas insuficientes y que están empezando a ser criticadas desde Bruselas, con el serio correctivo y enmienda que supone para el gobierno Rajoy, quién una y otra vez adelanta y explica sus reformas fuera pero no dentro, no es aceptado. Quieren más. Exigen más. Son los financiadores netos del falso milagro español de la década del 2000.  Más allá de la sonrisa de cada reunión, del gesto y de la foto, lo que se negocia y se muñe entre bastidores es lo que se le impone a España. Nos invitan a última hora a cumbres bilaterales para los que no contábamos previamente y aquí sacamos pecho, pero todo es distraimiento y en suma buena labor del gabinete de presidencia que hace lo indecible para que aparentemos estar aun no estando. De nada sirven viajes a Berlín y a Washington. La suerte está echada.

 

España pide, deplora, suplica la intervención del Banco Central Europeo, la inyección multimillonaria de compra de deuda pública para bajar la prima de riesgo. Pero Bruselas no asiente, y el Banco Central insiste en no hacerlo. Ya lo hizo el verano pasado cuando el drama era inminente. Somos demasiado grandes para caer y que nos dejen caer, no por nosotros, sino porque significaría para euro, pero también nos harán y hacen expiar nuestros propios pecados.

 

Cada palo debe aguantar su vela. Jugamos a ser nuevos ricos, jugamos al derroche, al privilegio, al abuso, al dislate, a la soberbia que el dinero da y la vanidad rubrica. Y la partida de acabó. Y hemos perdido, pero podemos perder mucho más. Lo inminente es la intervención drástica del mercado financiero. Todo ha fallado, estrepitosamente, sobre todo, el mercado bancario y del crédito. Es vergonzoso lo que ha pasado, como estridente los silencios políticos y la ausencia de explicaciones coherentes, la no exigencia de responsabilidad y la inseguridad jurídica que una y otra vez ofrecemos como espectáculo bochornoso. La borrachera de optimismo y de gasto lo inundó todo, lo desreguló casi todo y todos nos creímos, egoístas y hedonistas, poseídos por el halo de los milagros económicos. Nos condujeron al abismo y lo permitimos, aplaudimos abúlicos de crítica, anémicos de reflexión. Los países del norte nos pagaron nuestra orgía de infraestructuras, algunas inútiles, el dispendio autonómico y local, de otras instituciones que siguen instaladas en el abuso del privilegio del poder y el derroche protocolario con una erosión institucional y legitimatoria en España de todas y cada una de las instituciones como nunca antes se había dado.

 

Pagamos la insensatez, la irresponsabilidad, lo suntuoso de un derroche vacío, estéril. Pagamos los pecados de políticos y partidos que han mangoneado el ruedo ibérico de punta a punta, comprando adeptos, voluntades y colocando afines entre el aplauso de unos y  la envidia de otros. Y todo igual, cada palo, ya se sabe, su vela. Pagamos el hedonismo conformista de una sociedad vacua y estéril de valores, anestesiada en el egoísmo. Pero cada vez son más y mayores los umbrales de pobreza, la marginación, la desesperación. Paro, pobreza y miseria son una cruz demasiado pesada para un país noqueado, incapaz de reaccionar y sus gobernantes de tener el pulso y la firmeza decidida y seria para llevarlo a cabo. Solo con las crisis, solo ante la inminencia de lo que parece inevitable se pueden emprender cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que embriden una situación, corrijan el exceso, racionalicen los criterios y los hagan efectivos. Pero para eso hace falta liderazgo, coraje, valentía, audacia y consenso. No, no es hora para el derrotismo ni para el pesimismo, es hora para el esfuerzo, la racionalidad, la valentía y la convicción de que se puede, con sacrificio y rigor, renuncia y verdad, salir de la peor crisis que hemos conocido la generación de la democracia. Europa nos situó en la senda de la prosperidad, pero no quisimos hacer deberes ni prever el mañana. Hoy todo el esfuerzo, todo actuar y supeditación, sólo depende de lo que queramos ser y hasta donde seamos capaces de renunciar a un modelo que era tan grande como angosto, pero inalcanzable e inasumible. Se acabó la fiesta. Se acabó un sueño que sólo era eso, un sueño. El gobierno debe ya afrontar la realidad con una catarsis total dejando de dar tímidos palos de ciego que hoy incluso Bruselas censura, critica y denosta.

 

Los irreductibles adipocitos: de nuevo sobre las cuentas públicas

Llega el verano, y con él el momento de enfrentarse a la propia imagen en traje de baño. El reflejo que nos devuelve el espejo al probarnos el bañador nos lleva, como cada año, a arrepentirnos de todos los excesos calóricos cometidos durante el invierno; excesos que hasta ahora quedaban más o menos disimulados merced a la función protectora de chaquetas y abrigos, pero que ahora se manifiestan dolorosamente.

 

La situación de nuestras cuentas públicas, en las que una menguante recaudación dificulta cada vez más el objetivo de reducción del déficit, recuerda en cierta medida a ese terrible instante en el que comprobamos como la ropa de la temporada pasada ya no nos sirve. Las cremalleras no cierran, y la única forma de abotonar ciertas prendas es dejar de respirar. Pues bien, en ambos casos solo queda una solución: adelgazar. Pero, ¿cómo adelgazar? ¿Y cómo hacerlo a la velocidad necesaria? ¿Y cómo hacerlo de forma sostenible, evitando el efecto rebote que nos lleve a recuperar casi inmediatamente los kilos tan trabajosamente perdidos?

 

El tejido graso está compuesto por células adiposas, o adipocitos, que son las responsables de almacenar en su interior la grasa que da forma a esas redondeces que tan antiestéticas resultan según los actuales cánones de belleza. Algunos estudios científicos (ver aqui)  sostienen que los seres humanos fijan el número de adipocitos de su cuerpo hacia los veinte años de edad, de manera que si bien los niños engordan y adelgazan añadiendo o eliminando adipocitos de su organismo, los adultos mantienen un número constante de adipocitos, y cuando engordan o adelgazan lo que varía es el tamaño de estos. Esta es una de las razones por las que para los adultos es más difícil controlar el “efecto rebote”, ya que por mucho que se adelgace, el número de adipocitos permanece casi constante; es decir, las células grasas siguen ahí, prestas a cumplir con su función de almacenar lípidos y, por tanto, prestas, para nuestra desesperación, a hacernos recuperar las odiadas redondeces. También por esta razón es tan importante evitar la obesidad infantil, ya que un niño obeso acumulará en su cuerpo gran cantidad de adipocitos, cantidad que quedará fijada al entrar en la edad adulta, predisponiéndole por tanto a padecer de obesidad durante el resto de su vida.

 

En España, la estructura administrativa ha superado los veinte años de edad. Solo la derivada de algunas transferencias recientes a las Comunidades Autónomas, como son las de Administración de Justicia, es más joven. Pero, en general, la actual Administración Pública puede considerarse adulta. Adulta y obesa.

 

El Gobierno, forzado por el contexto económico y las directrices establecidas por nuestros socios europeos, está acometiendo recortes en las cuentas públicas, pero se diría que en lugar de tratar de eliminar adipocitos, que como se ha señalado es lo difícil en personas adultas, tan solo los está reduciendo de tamaño. ¿Qué fue de la supresión de las Diputaciones? ¿Por qué sigue habiendo en las Comunidades Autónomas Consejerías y Direcciones Generales dedicadas a asuntos de los que supuestamente ya se ocupan o bien la Administración General del Estado o bien las Entidades Locales? ¿Por qué se ha pasado por alto sin debate alguno la propuesta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de devolver competencias al Estado y adelgazar radicalmente las CC.AA.? ¿Hay alguien dispuesto a consultar a los ciudadanos para preguntarles si quieren que los impuestos sigan subiendo para sostener este modelo de Estado Autonómico?

 

Si para alcanzar el objetivo de déficit lo que se plantea es una reducción más o menos lineal de los presupuestos de todos los departamentos, consejerías, secretarías, etc; es posible que dicho objetivo se alcance, pero los adipocitos seguirán ahí, simplemente conteniendo su natural tendencia a acumular grasas, esperando al momento propicio para dar nuevamente rienda suelta a su naturaleza. Por consiguiente, la reducción del déficit será meramente coyuntural, y el problema estructural de una Administración ineficiente que no responde a las necesidades de los administrados no habrá sido resuelto. Habremos perdido la oportunidad de evolucionar hacia una Administración magra y eficaz. Y el problema es que la Administración obesa que tenemos es estructuralmente insostenible, porque todos los organismos y departamentos que ahora tienen que arreglarse con una parte del presupuesto que solían manejar volverán a expandirse en cuanto tengan oportunidad, dando rienda suelta a su glotonería.

 

Si realmente se desea resolver la cuestión estructural de nuestras cuentas públicas, no se trata de contener la respiración dos o tres años esperando a que la recaudación se recupere o a que nos permitan volver a endeudarnos. No se trata de reducir el presupuesto a las televisiones autonómicas, sino de venderlas o cerrarlas. No se trata de recortar determinadas subvenciones, sino de suprimirlas. No se trata de limitar el número de miembros de los parlamentos autonómicos, sino de eliminarlos, aprovechando para podar la frondosa legislación autonómica, lo cual por cierto contribuiría decididamente a recuperar la tan necesaria unidad de mercado. No se trata de reducir un porcentaje el presupuesto de los servicios de salud y de las embajadas autonómicas, sino de cerrar las segundas antes de siquiera plantearse recortar las prestaciones de los primeros.

 

Se trata, en definitiva, de lograr eso que para los niños es sencillo pero para los adultos es mucho más difícil: eliminar adipocitos para que no vuelvan a engordar y no tengamos que horrorizarnos nuevamente frente al espejo el próximo verano.

Normas contra normas

Se dice que un político triunfa realmente cuando consigue que también sus adversarios sigan sus concepciones. Así lo hicieron el movimiento laborista y socialdemócrata en Europa tras la Segunda Guerra Mundial con su modelo de Estado del bienestar, o años más tarde Thatcher y Reagan con sus cambios políticos y económicos.

 

Todo ello es virtud cuando se basa en la convicción de la mayoría, pero  se torna en patología si se consigue por mecanismos de coacción más o menos explícita, con el uso de mecanismos de propaganda, o si los adversarios se alimenten de algún tipo de “pensamiento débil” que le impida articular un discurso diferente al oficial.

 

En estos casos el especial marco de corrección política que se genera supone una verdadera losa que aplasta el debate y la libre circulación de ideas y deforma la realidad hasta lo grotesco. Y surge todo un sistema de reglas no escritas, al margen del ordenamiento oficial y frecuentemente incluso en contra del mismo. Con su propio sistema sancionador incluso más eficaz, pues muy diversos comisarios sin placa vigilan con desvelo por su observancia.

 

Lo vemos todos los días en los territorios donde en nacionalismo regional ha alcanzado una cierta penetración. Uno de sus mecanismos, por el que se trata de justificar la legitimidad de estas reglas, es el argumento de que ciertos actos, aunque perfectamente legales, resultan una “provocación” contra cierta exquisita sensibilidad que, eso sí, siempre está de un solo lado. Van algunos ejemplos.

 

Capítulo 1: en la Plaza.

Hace unos cuantos años, en la plaza de toros de Bilbao, el banderillero de la cuadrilla de un diestro prepara sus banderillas. Como en muchos otros sitios, éstas son de dos colores: amarillo y rojo. Alarma. Inmediatamente alguien se da cuenta de que ello viola uno de esos códigos sagrados no escritos, y un comisario es enviado a avisar de la necesidad de que se cambien las banderillas por otras de otro color para evitar “la provocación”. Por supuesto que el objetivo se consigue sin resistencia digna de mención.

 

Capítulo 2: en la montaña.

Hace unos años un regimiento de montaña del ejército, durante unas maniobras, y según su costumbre, se hace una foto en la cima de un monte vizcaíno con su bandera española. De alguna manera la foto se filtra, y se agita escandalizado el PNV, que lo tacha de provocación. Como al parecer la cima ha sido mancillada, ese partido convoca una procesión laica (o no tanto) de militantes que, con destacados dirigentes al frente, suben al monte en una marea de ikurriñas como si se tratara de conseguir una suerte de exorcismo.

 

Algo parecido ha ocurrido hace pocos días, cuando de nuevo el mismo partido junto con el partido próximo a ETA ha considerado provocación inaceptable (ver aquí) que el ejército español haga unas maniobras en suelo vasco, es decir, en parte del territorio español. Parece que la provocación se intensificaba por coincidir con el aniversario del bombardeo de Guernica, que realizó la Legión Cóndor en el marco, no lo olvidemos, de una ofensiva de un ejército español (el sublevado) contra otro ejército español (el republicano). Aunque esto último ya haya sido convenientemente tergiversado.

 

Capítulo 3: en la calle.

Recuerdo una orden dada, creo, por algún responsable del Gobierno anterior para que las unidades de la Policía Nacional que actúan en Cataluña no exhiban como distintivo el que es habitual en cualquier otro lugar: la bandera española. Se trata también, al parecer, de no provocar.

 

De la misma forma, en la mayoría de los municipios vascos y catalanes se incumple la ley de banderas, a veces con el beneplácito del partido socialista y casi siempre con el de EB e ICV (las marcas de IU allí). De nuevo se justifica con el argumento de que cumplir la ley resultaría provocador. La sensibilidad de los millones de vascos y catalanes que se sienten españoles y se identifican con ese símbolo, al parecer, debe de ser de segunda, o indigna de ser considerada.

 

Capítulo 4: carta del colegio.

Hace tiempo que ese empeño de “no provocar” ha saltado las barreras regionales, y esa forma represiva de corrección política no se conforma con las normas jurídicas, sino que se atreve también a violar las semánticas. Ocurre así con el hipertrofiado e indebido uso del adjetivo “estatal”.

 

La palabra “Estado” puede tener un significado geográfico en países federales en los que reciben ese nombre las entidades federadas. Pero nunca en otros países, en que el Estado no es un concepto geográfico, sino referido al conjunto de las administraciones públicas. En definitiva, uno puede entrar en el Estado de Oklahoma, pero nunca en el Estado francés, italiano o español. Como mucho, podrá entrar en algún edificio perteneciente a tales Estados.

 

Ya Orwell predijo que los totalitarismos tratarían de cambiar a su capricho el significado de las palabras, y esa profecía se vio tristemente cumplida en los regímenes soviético y nazi del pasado siglo. Se puede comprobar en este interesante libro (ver aquí) de Rosa Sola.

 

Pero parece que la cosa sigue. Nuestros nacionalismos regionales parecen haber decidido que la una forma de afirmarse en su independentismo es negar de entrada, y contra toda evidencia, que todavía formen parte España. O negarse, para no tener siquiera que planteárselo, a “mentar la bicha”. Yo no entiendo muy bien esa forma de pensar, pues si yo fuera independentista respecto de cualquier región no vería contradictorio con mi anhelo de secesión la aceptación de la realidad de que, mientras no se consiga, y por mucho que me pueda doler, todavía tal región forma parte de España. Pero ya sabemos que es consustancial al nacionalismo el empeño en deformar la realidad, motivo por el que si el secesionismo en abstracto tiene todos mis respetos, no lo tenga el nacionalismo en concreto que suele acompañarlo. El caso es que forma parte de sus (para mí) extraños complejos el negarse a verse incluidos en cualquier cosa que, refiriéndose a todo el país, lleve el calificativo “español”, “nacional” o semejante. Y la forma de conseguirlo es exigir que tales palabras malditas sean sustituidas por el adjetivo “estatal”, incorrecto en ese sentido hasta la estridencia.

 

Este error ha sido sorprendentemente acogido con entusiasmo por una parte de nuestra izquierda, empeñada en confundir con progresista cualquier ocurrencia nacionalista. Y podemos encontrarlo en los sitios más insospechados.

 

Recibo una carta del colegio de mis hijos en que se nos comunica con alborozo que se va a realizar un proceso para conseguir no sé qué certificación de calidad a partir de no sé qué herramienta de un tal “Observatorio Estatal de Convivencia”. De entrada no me causa ningún entusiasmo ni esa forma de construir un pretendido prestigio, ni la existencia de ese organismo, que supongo financiado con los impuestos de todos, con la que está cayendo y las verdaderas necesidades que hay que atender. Pero lo que ya no puedo aguantar es el nombre. Y contesto a la carta:

 

“Yo no creo que se pueda confiar en una herramienta que procede de una cosa que se llame “Observatorio Estatal de Convivencia”.

¿Tal vez el adjetivo “Estatal” se usa por ese extraño complejo de no querer usar la palabra “Nacional”? En primer lugar, si nuestros nacionalismos regionales tienen alergia a la palabra (salvo cuando se refieren a “lo suyo”, claro), ese es un complejo que ellos tendrán que resolver sin involucrarnos a los demás. Los demás no podemos jugar en ese campo. Esa deformación del lenguaje, para hacerle significar a las palabras lo que no significan, en pos de una “corrección política”, me parece tan inaceptable como para negarse a colaborar con toda institución, asociación o entidad que pretenda hacernos tragar tales ruedas de molino.

Un abrazo,”

 

No deja de ser una paradoja que un organismo dependiente del Ministerio de Educación cometa una falta semántica ya en su propio nombre. Ya sé que esto es un mero derecho al pataleo, pero ya es hora de denunciar la estupidez que por todas partes se multiplica.

La política por otros medios: sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Sortu

Hoy en día, en que tan de moda está hablar del impacto de las instituciones en el desarrollo económico de los pueblos, quizá no está de más recordar el consejo de Maquiavelo relativo a que las instituciones de la república deben reforzarse y renovarse con la finalidad de evitar su corrupción antes de que ésta haya comenzado, porque una vez que lo ha hecho esa renovación se convierte en tarea imposible. Sencillamente, porque para regenerarlas se necesita el concurso de los que han provocado esa corrupción y se encuentran afectados por ella. Pues bien, no cabe duda de que una institución se ha corrompido  cuando no cumple estrictamente la función que le ha sido encomendada.

 

Es interesante destacar que en este planteamiento del florentino está implícita la primera formulación de la doctrina de la separación de poderes, pues el fundamento último de la misma, como luego volvería a destacar John Adams un par de siglos más tarde, no es técnico, sino moral. Las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales tienen que estar separadas con la finalidad de evitar el riesgo de parcialidad, en definitiva, de que uno pueda ser juez de su propia causa.

 

Esta sentencia del TC sobre el caso Sortu, que se puede consultar aquí, es simplemente un ejemplo más de este tipo de corrupción tan extendida en España, que encuentra su origen en la voluntad de los partidos políticos que controlan nuestra partitocracia de utilizar a su servicio el resto de las instituciones del Estado. Con algunas de ellas les resulta un poco más difícil, como ocurre con el TS, pero con otras es mucho más sencillo, porque sobre ellas ejercen un control directo y no meramente indirecto. Sin duda, el ejemplo paradigmático es el Tribunal Constitucional.

 

Como decía Clausewitz del arte de la guerra, la jurisprudencia constitucional es hoy en España una manera de hacer política por otros medios. Unos medios sin duda muy convenientes, porque permiten hacerla sin asumir ningún tipo de responsabilidad por ello. Esta es la clave de la cuestión. La decisión política queda revestida de un manto de juridicidad que deja a sus inspiradores últimos a salvo de cualquier crítica política. El mantra es siempre el mismo: se podrá estar de acuerdo o no con su contenido, pero hay que respetarlo porque se trata de una decisión técnica, con independencia de que sea más o menos acertada.

 

No, definitivamente no. La institución se ha corrompido y no sólo no cumple su función, sino que está pervirtiendo las reglas del juego democrático al colocarse al margen, tanto de la rendición de cuentas que debe estar implícita en toda decisión política, como de la voluntad de los ciudadanos a la hora de marcar una línea política a sus representantes.

 

Pasemos ahora a demostrarlo con un brevísimo comentario de esta sentencia.

 

El Auto recurrido de la Sala Especial del TS se limitaba a aplicar el art. 5.6 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos que prohíbe la constitución e inscripción de un partido político cuando ese partido “pretenda continuar y suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto”. Recordemos que esta Ley ha sido declarada constitucional y tiene el amparo del TEDH, y recordemos también que la ilegalización del partido político Batasuna fue declarada constitucional por una sentencia de 2003 y de nuevo ratificada por el TEDH. Tras una minuciosa apreciación de la prueba concurrente (y la verdad es que para el común de los mortales que leen los periódicos tampoco se necesitaba que fuese muy minuciosa), el TS considera probada esa continuidad en el caso de Sortu y rechaza su inscripción.

 

Pues bien, el Tribunal Constitucional tiene otra opinión al respecto. Pero no referida exactamente a la existencia de esa continuidad, aunque para vestir el muñeco no tiene más remedio que negarla, sino, en realidad, si uno lee bien la sentencia, sobre la conveniencia de que Sortu, un partido que manifiesta rechazar la violencia, pase a formar parte de nuestro entramado de partidos políticos legales.

 

Supongo que no sólo el TC, sino que casi todos los españoles tendremos una opinión política al respecto, todas muy respetables. Pero así como a mi particularmente me interesa mucho conocer la de mis compatriotas, o al menos las de los más significados, me importa un bledo la del TC. Porque este Tribunal no está para hacer política, sino para dictar sentencias de amparo e inconstitucionalidad en supuestos y con arreglo a procedimientos muy tasados. Y, en este concreto caso, lo que se le pedía únicamente a través de ese recurso de amparo, era que decidiese si el Auto de la Sala Especial vulneraba derechos constitucionales por el improcedente instrumento de deducir de la prueba practicada, utilizando para ello conclusiones no debidamente fundamentadas o irracionales, esa continuidad entre Batasuna y Sortu. Esto implica que si la inferencia era suficiente y coherente debía rechazarse el recurso, pues como reiteradamente tiene declarado el propio TC, no es posible en esta sede entrar en una revisión de las pruebas practicadas ni de la valoración de las mismas que haya hecho el TS, so pena de incurrir en un exceso de jurisdicción (SSTC 2/2004 y 31/2009).

 

Así lo alegaron el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal y lo reiteran los votos particulares. Por todos les incluyo el clarísimo de Aragón Reyes (aquí).

 

Pero el TC parte de un planteamiento completamente distinto. Claramente considera que el cambio de estrategia llevado a cabo por el entramado de Batasuna manifestando su intención de desarrollar su actividad de manera exclusivamente pacífica con rechazo de la violencia es merecedora de una oportunidad. Lo que pasa es que como eso no es de su competencia, tiene que acudir (fundamento décimo) al sorprendente pero no por eso menos patético subterfugio de negar la existencia de esa continuidad entre Batasuna y Sortu -pese a ser evidente para todos lo que tenemos ojos en la cara- por el simple dato de ese rechazo explícito de “todo tipo de violencia” contenido en sus estatutos.

 

En conclusión, como ya hemos manifestado reiteradamente en este blog con ocasión del análisis de otros casos semejantes, este tipo de política por otros medios es un atentado frontal contra el Estado de Derecho, porque, al vulnerar el principio de separación de poderes, convierte en Derecho lo que es política, construyendo así, frente a la advertencia de Maquiavelo y Adams, un grave fraude moral que no hace más que fomentar situaciones de impunidad. El problema verdaderamente grave es que, como advertía el primero de ellos, quizá ya sea demasiado tarde para ilusionarse con una reforma.

 

Veinte días de retención en Libia de Esteban Peralta

Hace poco  nos ocupamos de la situación del profesor y funcionario de la Corte Penal Internacional Esteban Peralta Losilla, retenido junto con otras personas en Libia. Hoy se cumplen veinte días y no hay noticias de su liberación. En este mundo mediático en el que las noticias tienen una caducidad de días, incluso de horas, sirva esta mención de recordatorio.

 

Cultura rima con basura

Ayer, en el desayuno, volví a sentir que ya no era un ciudadano. Era una sensación familiar, pero que llevaba descansado algún tiempo, especialmente cuando acababa de estar varios días paseando por la Feria del Libro de Madrid, viendo las colas de lectores apasionados llenos de ejemplares que buscan la firma de su autor, aún a riesgo de volar a Eduardo Galeano o a Javier Marías de un estornudo, estando todos rodeados de esa nieve del diablo que es el polen y que nos tiene los ojos rojos, la cabeza llena de esquinas y soltando tan extraños alaridos que la ciudad parece una orquesta de trompetas desafinadas. Pero ahí estaban, alérgicos y no alérgicos, sin ceder un palmo al desaliento del calor y la crisis para comprar esa última novela o incluso recomprar aquel ensayo que hace tiempo fue prestado y nunca recuperaron.

 

Pero ayer por la mañana presentí que de nuevo yo ya no era un ciudadano. Desayunaba en la calle Toledo mi café con periódico de papel cuando mi chica me señaló una esquina del diario y me dijo, ‘mira, esto te interesa’. Y ahí pude leer cómo la recién creada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual había comenzado a actuar en las funciones a ella conferidas por la Disposición Final Cuadragésimo Tercera de la Ley de Economía Sostenible, la llamada Ley Sinde o, aún peor, Ley Sinde-Wert. Así, al parecer, la Comisión había notificado la apertura de un procedimiento de posible cierre de página web a una compañía, domiciliada en Suiza, que aloja el contenido de una página a la que yo aquí no haré publicidad y que te ofrece la posibilidad de descargarte, de forma gratuita y entiendo que por tanto no autorizada, el recopilatorio de la artista Luz Casal Un ramo de rosas.

 

Para terminar con la descripción de los hechos, y volver a mi angustia existencial, a partir de la citada notificación la empresa tendrá dos días para retirar el contenido presuntamente ilícito de forma voluntaria y cinco para presentar alegaciones. Si la Comisión finalmente estimara que el contenido está en esa web sin autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual obligaría a su retirada en un plazo de tres días, y a que se controlaran e impidieran futuros enlaces al mismo contenido.

 

Cerré el periódico, despedí a mi chica, pagué nuestros cafés (ya saben, soy del anticuado y absurdo proceder del consumo-pago, para que los camareros puedan seguir percibiendo sus sueldos y saldando sus facturas e hipotecas, ¡qué chorrada!) y volví a casa rumiando la noticia y temiéndome lo que me iba a encontrar. Todo lo que había leído sonaba lógico, aunque ya había puesto de manifiesto alguna vez mis desacuerdos y dudas conforme a la pertinencia de la Ley Sinde, e incluso acababa de terminar una tesis doctoral sobre la materia. Ahora estaba más centrado en el libro de poemas que acababa de publicar, en dar mis clases y descansar del tema, aunque seguían rondándome la cabeza palabras como inducción, facilitación, o contribución a la infracción, que tanto echaba de menos en la obsoleta Ley de Propiedad Intelectual y que, pensaba, habrían solucionado este embrollo de una mejor y más feliz manera.

 

Al subir las escaleras y llegar a casa me puse en lo peor, y es que, cuando presentía que ya no era un ciudadano, sentía que, en consecuencia, ya no tenía derechos. Me fui a mirar al espejo, para ver si además me había convertido en una cucaracha como la de Kafka, pero no: por fuera continuaba siendo el mismo, lo cual representaba el problema de que para sobrevivir seguiría necesitando comprar comida y tener dinero con el que pagarla.

 

Encendí el ordenador, para comprobar si todo aquello que yo presagiaba era una pesadilla o la realidad, e inmediatamente empecé a leer en Twitter, ese espacio en el que todo el mundo dice lo que piensa y pocos piensan lo que dicen, una avalancha de mensajes defendiendo esa falacia de la cultura gratis y hablando de una regulación, la de la Ley Sinde, que parece ser no es sino ‘una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos’. Y eso ya es demasiado. O sea, que como los intereses de esos ciudadanos consisten en disfrutar gratis de mi trabajo y del de otros como yo, que también escriben poemas o dan clases, o escriben novelas o canciones, pues queda claro que para ellos la cultura y sus profesionales no valen nada, que hay que atarles la etiqueta de cero euros en el dedo gordo del pie, como a los cadáveres de la morgue, y que no deben de recibir una sola moneda a cambio de su trabajo, como sí lo hacen el fontanero, el dependiente de la tienda de ultramarinos, el electricista, el conductor del autobús, la azafata o la empleada del banco.

 

¿Se han fijado en que con las letras de ‘C-O-N-S-U-M-I-D-O-R-E-S’ se puede escribir la palabra ‘S-U-M-I-D-E-R-O’?. Y por ahí se va todo, claro.

 

Pasé la mañana leyendo a esos Robin Hood y a toda la gente que les aplaude y usa mil y una disculpas para justificar el atraco; los internautas asegurando que lo hacen por amor al arte y para castigar a las prepotentes compañías discográficas, como si la justicia consistiera en saltar de un barco pirata a otro; y los políticos, como de costumbre, entregándose a la retórica y al miedo, porque sólo son capaces de tomar medidas impopulares cuando es para subir los impuestos y abaratar los despidos.

 

No leí a nadie diciendo, cuando salí a comer, que quizá la Ley Sinde no fuese el método ideal, sino una ingenua e incluso mal configurada aproximación, pero sí el principio para atajar un problema de dimensiones ya insoportables.

 

Después paseé para comprarle un regalo a una amiga muy melómana, y lo tuve difícil porque casi todas las tiendas de discos están cerradas o desabastecidas. Pensé en comprarle alguna película, pero tampoco es fácil encontrar dónde, porque lo videoclubes andan en vías de extinción. En un par de años, seguramente, tampoco quedarán librerías, me dije. Entonces recordé que en la Feria del Libro había comprado una estupenda novela de Eduardo Mendoza, El enredo de la bolsa y la vida, que me había dedicado especialmente para ella, así que ya tenía regalo.

 

De vuelta a casa abrí el buzón y encontré una carta del Ayuntamiento de Madrid, donde mi alcaldesa la por-nadie-votada Ana Botella me invitaba a pagar 86,60 Euros en concepto de tasa de basura municipal. Por cierto, que la por-nadie-votada alcaldesa es del mismo partido que el Ministro de Justicia que nos impuso esta tasa y que los que despotricaron contra la Ley Sinde, pidieron la abolición y luego abolieron el canon de copia privada, límite aún hoy sin nueva regulación, contraviniendo así lo impuesto por Europa y, finalmente, aprobaron una normativa que, por arte de magia, de pronto les resultó útil y conveniente. Y ahora ni esta boca es mía.

 

Al final del día, descarté la idea de escribir la columna impopular que tenía en la punta de la lengua y decidí meter mi nuevo libro de poemas entre yogures caducados en una bolsa de basura, y bajarla al contenedor. Al fin y al cabo, en este país la cultura es gratis y, en cambio, los desperdicios se pagan a precio de oro. Quizá así me vaya mejor.

 

P.S: A la mañana siguiente, leo que la por-nadie-votada alcaldesa está pensándose el reducir la recogida de basura, que tampoco es plan de tener la ciudad limpia a todas horas. Pienso en mis poemas. ¡Pobres yogures!

Crisis financiera y Derecho penal

Cuando se habla de la crisis financiera internacional desde la perspectiva del Derecho penal no parece haber término medio: para unos, se trata de una crisis sistémica en la que los tribunales penales nada tienen que decir; para otros, se trata ni más ni menos que de criminalidad organizada a nivel global. En realidad, lo cierto es que no resulta nada fácil sostener de modo general la subsunción de los hitos más significativos de la crisis en tipos delictivos.

 

En efecto: ¿Puede afirmarse que la concesión masiva de créditos subprime por parte de las entidades bancarias norteamericanas fue constitutiva de una administración desleal atribuible a los administradores de éstas? ¿Y acaso cabe argüir que realizó los elementos de la estafa el proceso de titulización de esos créditos y la posterior venta de los valores correspondientes? ¿Incurrieron en administración desleal los gestores de las entidades que invirtieron en los productos especulativos resultantes de aquellos procesos? ¿Y puede sostenerse la comisión de falsedades documentales en relación  con la no actualización de la valoración de activos mobiliarios o inmobiliarios existentes en las entidades que de uno u otro modo se han visto envueltas en la crisis?

 

Aun aceptando el dato de que múltiples personas físicas y jurídicas han sufrido y siguen sufriendo perjuicios de enorme entidad, no existen respuestas generales a tales preguntas. Por el contrario, una respuesta razonada requiere considerar los detalles de cada caso concreto. De modo previo, eso sí, es preciso partir de la consideración de que nos encontramos ante negocios de riesgo, en los que el deber de autoprotección del sujeto perjudicado adquiere notable relevancia. Dichos negocios de riesgo, por lo demás, tienen lugar en sectores en los que existe una compleja regulación sectorial (por ejemplo, estableciendo cuotas de diversificación de las inversiones) que fija los niveles de riesgo permitido. No en último lugar, conviene tener presente que la atribución de responsabilidad penal en el ámbito patrimonial requiere la constatación de un dolo de causar perjuicio.

 

Probablemente esta última es la cuestión decisiva. Así, por ejemplo, no es suficiente para el delito de estafa el dolo directo de engañar, que por lo demás requiere la emisión de juicios de hecho (a sabiendas de que generan o no evitan una situación de asimetría informativa) y no de meros juicios de valor. Es necesario además un dolo de causar perjuicio, cuya prueba indiciaria puede resultar especialmente difícil en contextos de riesgo. Por ejemplo: ¿hay dolo en los casos en los que el sujeto activo está sometido a lo que en economía conductual (behavioral economics) se llama “sesgo de sobreconfianza” (overconfidence bias)?

 

Resulta inevitable que consideraciones como las anteriores vengan a colación cuando se lee la querella recientemente interpuesta por el partido político Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra los consejeros de las entidades Bankia S.A. y Banco Financiero y de Ahorros S.A. (BFA), accionista principal de aquélla. La querella, que parte de un relato detallado del proceso que condujo a la formación del Grupo Bankia con la ayuda del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB),  pasa a centrarse enseguida en lo que constituye su núcleo: la salida a bolsa de Bankia –de la que pronto hará un año- mediante una Oferta Pública de Suscripción y Admisión de Negociación de Acciones (OPS). Ello, aunque también se dedique una referencia a la financiación de Bankia mediante la oferta de participaciones preferentes a inversores  no especialmente versados. Un tema aparte, al que se dedican las últimas páginas de la querella, es el cuestionamiento de la política de remuneraciones que deben seguir las entidades bancarias que han recibido ayudas por parte del FROB y que, para el caso concreto de Bankia/BFA, conduce a imputar la comisión de un delito de administración desleal en la concesión de prejubilaciones y blindajes.

 

En el texto de la querella se profundiza en la información contenida en el Folleto de la OPS, en la que, por cierto, ante la inexistencia de cuentas consolidadas y auditadas de ejercicios anteriores, se partió de los estados financieros intermedios del Grupo a 31 de marzo de 2011, complementados con una información adicional pro forma basada en hipótesis y proyecciones (lo que no parece en absoluto irrelevante). Sea como fuere, y dado que la emisión fue autorizada por la CNMV, Bankia salió a bolsa el 20 de julio de 2011, entrando meses después en el Ibex 35.

 

El relato fáctico de la querella pone a continuación de relieve cómo, a lo largo del último año, la cotización de las acciones de Bankia no ha dejado de descender hasta desplomarse, siendo necesaria la nacionalización y rescate de la entidad, el cese de su Presidente y del Consejo de Administración y la reformulación de cuentas por el Consejo entrante, con el afloramiento de importantísimas pérdidas (2.790 millones de euros). La tesis de la querella, como puede inferirse de lo relatado y se expone después en la parte relativa a la calificación jurídica de los hechos, es que el Folleto contenía afirmaciones falsas y omisiones de información, que darían lugar a un delito de falsedad documental societaria del art. 290 CP, así como a un delito de estafa del art. 248 CP.

 

Para sustentar tal tesis fáctica, la querella no recurre sólo al análisis de la información del folleto, sino que la contextualiza  acudiendo a los hechos posteriores a la salida a bolsa de Bankia: así, la intervención del Banco de Valencia, el aparente deterioro de los activos inmobiliarios, los nuevos requerimientos europeos de capital, la presentación de las cuentas anuales de Bankia ante la CNMV, con un beneficio del ejercicio de 309 millones de euros, y –en fin- la negativa de la auditora Deloitte a avalar las cuentas formuladas por la entidad. El final es prácticamente de dominio público: la suspensión de la cotización, la solicitud de una ayuda pública adicional de 19.000 millones de euros y la reformulación de las cuentas presentando un plan de recapitalización  en vista de las necesidades detectadas tras el análisis de la cartera inmobiliaria de la entidad.

 

Que la cuestión de la concurrencia o no de dolo será la decisiva en el devenir del proceso lo pone de manifiesto el propio tenor de la querella. En alguna página se manifiestan dudas acerca de si los hechos constituyen una mera mala praxis contable o si hay en ellos una deliberada voluntad fraudulenta (p. 46). En otras páginas, en cambio, no hay lugar para las dudas: se afirma taxativamente que el Consejo de Administración y los gestores de Bankia/BFA conocían perfectamente la situación patrimonial de la entidad y prefirieron ocultarla para poder salir a Bolsa y recabar varios millones de euros de nuevos inversores” (p. 55, pp. 75 y ss.).

 

Con todo, el móvil –que obviamente no es el dolo, pero cuya identificación puede ayudar desde luego a la prueba del dolo- no resulta descrito con especial convicción. Aparentemente, una vez suscritas las acciones de Bankia, se habría tratado de mantener los datos publicados, a sabiendas de que eran falsos, para preservar la cotización  “a fin de que no se descubriera su verdadera situación y poder con ello seguir conservando sus puestos y cargos directivos el mayor tiempo posible” (p. 55). Precisamente, el escenario de “huida hacia adelante” que parece describirse en este párrafo parece casar mejor con un esquema de racionalidad limitada (bounded rationality), muy marcado por el sesgo de sobreconfianza (overconfidence, overoptimismbias). Lo que abre, al menos dos cuestiones: en primer lugar, si esa situación psicológica debe corresponderse, en el plano normativo, con la imprudencia grave o con el dolo eventual; y, en el caso de que se afirmara lo segundo, si el dolo eventual es suficiente, por ejemplo, para la imputación de un delito de estafa.

 

La querella interpuesta por UPyD relata hechos que, necesariamente, deben ser objeto de investigación judicial. Las calificaciones jurídicas que en ella se proponen se hallan, por lo demás, en general bien orientadas, a partir de los hechos relatados. Con todo, sí resulta sorprendente la ausencia de fundamentación jurídica de la imputación de un delito de estafa a los inversores (una estafa común del art. 248 CP o mejor, específicamente, la estafa específica del art. 282 bis CP, introducida en virtud de la L.O. 5/2010 y que curiosamente se omite). En su lugar, aparece una extraña referencia genérica al delito de administración desleal (art. 295 CP). La imputación de otros delitos, como el de alteración de precios (art. 284 CP), fundamentalmente a propósito de los hechos posteriores a la salida a bolsa de Bankia, y el de administración desleal (art. 295 CP), a propósito de las retribuciones, es coherente con el relato fáctico de la querella.

 

En resumen: la querella del caso Bankia constituye un reflejo paradigmático de lo que al inicio se planteaba como problema de partida de la intervención de los tribunales penales en el contexto de la crisis financiera internacional. No habiendo respuestas generales, tampoco las hay cuando se narran los hechos de un caso concreto en su dimensión objetiva. Dada la vinculación de la responsabilidad penal a la constatación del dolo del agente, la dilucidación de si las conductas realizadas fueron dolosas o sólo imprudentes –y, en consecuencia, impunes por muy grave que la imprudencia fuera- se convierte en la cuestión esencial. Y ésta no es precisamente una cuestión fácil, ni en términos de dogmática jurídica, ni en términos de prueba.

 

El turismo político o como viajar gratis a costa del contribuyente.

 

Ahora que los españoles están planificando –los que todavía se lo pueden permitir- sus vacaciones de verano mirando con mucho cuidado los euros, me parece que no está de más hacer unas reflexiones sobre el turismo de nuestros cargos públicos, más conocido como “turismo político” .

 

Porque resulta que no solo el Sr. Divar, felizmente dimitido, o los Consejeros del CGPJ  hacían turismo con dinero de los contribuyentes, sino que se trata de una práctica absolutamente extendida y consentida en un montón de organismos públicos, como bien sabemos los que procedemos de la Administración Pública. Lo que pasa es que mientras Divar prefería destinos nacionales y cenas íntimas, (tan íntimas que llegan a ser de uno si no contamos a los siete guardaespaldas, que en algún sitio cenarán, digo yo ) en Puerto Banús y Marbella por motivos que solo él y  su conciencia saben  hay otros cargos públicos que prefieren ver mundo. Muchos, porque ya se sabe que al final los españoles somos muy viajeros, especialmente si el dinero del viaje no sale del bolsillo propio.

 

El último escándalo, por ahora, es el de los viajes del Presidente del Gobierno de Canarias.D. Paulino Rivero, que este mismo año de 2012, ya medio rescatados o medio intervenidos, o lo que sea, sigue gastando alegremente  55.000 euros en viajes a Uruguay y a Marruecos, con un objetivo al menos poco definido.

 

Pero también hemos tenido recientemente los viajes del Sindic de Greuges catalán (ya saben que a las autonomías les privan estos nombres entre medievales y folklóricos, fiel reflejo por otro lado del espíritu que anima a los titulares de estas instituciones)  D. Rafael Ribó nada menos que 50 viajes a cargo del erario público en dos años.  Al parecer, como es Presidente nada menos que del capítulo europeo del Instituto Internacional del Ombusdman él entiende que la cosa está más que justificada y tal y como ha explicado en el Parlament, sin duda más benevolente que la opinión pública, entre otras cosas porque me imagino que los parlamentarios catalanes hacen mucho turismo político ellos también. Y porque además, como el sr. Ribó es nacionalista de toda la vida, ya se sabe que tiene patente de corso, porque siempre se puede decir (de hecho es lo que se dice) que todo sea por construir país, nación o Estado independiente. Total, que al Parlament, faltaría más, estos viajes les parecen lo más natural del mundo, y las críticas -siempre bajo sordina- de los “outsiders” (incluido el PP catalán, aunque aspire a ser insider) pues ya se sabe, ataques contra el nacionalismo, nacionalismo español, troglodismo recentralizador, etc, etc. Lo de siempre, vamos.

 

Por cierto, que  a cuenta de las excursiones del sr. Ribó nos enteramos que esta venerable institución – no solo en cuanto a la nomenclatura sino también en cuanto al sistema feudal, ya saben, el señor manda y protege a los vasallos, que le pagan a cambio de esa protección- tiene adjudicado un presupuesto de nada menos que 7 millones de euros, con una plantilla de  87 trabajadores.  Recuerden además que este Sindic forma parte del glorioso “lobby” de los Defensores dispuestos a defenderse a sí mismos a toda costa como ya comentamos en este post.

 

Total, que por lo que se ve, nuestros turistas políticos también se quieren también defender de los asombrados ciudadanos que contemplan perplejos este vagabundear permanente por sitios francamente exóticos, y donde, aún dejando volar la imaginación, parece extraño que se le haya perdido nada a ningún cargo público español, catalán o de Alpedrete, aunque sea muy nacionalista y nada menos que el Sindic de Greuges. Sitios como las Bermudas o Zambia, por ejemplo.

 

Pues lo que ocurre sencillamente es que el turismo político es otra de las corruptelas absolutamente afianzadas y consentidas en el panorama nacional, y sospecho (por las alegres fotos que ilustran estos viajes “oficiales” llenas de gente contenta) que también en el internacional. Se trata de viajar a sitios apetecibles con excusas más o menos relacionadas con el puesto oficial; claro está que el grado de éxito de la conexión depende mucho del tipo de puesto que se ostente, y del carácter más o menos viajero del cargo en cuestión o simplemente del morro que gaste. También los afortunados tienden a desplazase con la Corte, es decir, con los asesores (que pueden felizmente coincidir con la familia, amigos o novios gracias a la libre designación) por aquello de que viajar solo no es tan  agradable; eso cuando no viajan además con todos sus guardaespaldas. En el caso del Sindic, parece que su jefa de gabinete es también -por una sin duda feliz coincidencia- su pareja, así que todo queda en casa y la economía doméstica no se resiente por tanto deambular.

 

Por otro lado, habida cuenta del tiempo que exigen estos desplazamientos, dado que se viaja mucho y a sitios muy lejanos, parece también evidente que no se tiene mucho trabajo en el despacho de origen. Lo que, por cierto,  no parece tener consecuencias en la dimensión de la plantilla, ni en el presupuesto ni en nada. Ah, pero es que nuestros turistas políticos “hacen país” y ya sabemos que eso no se puede recortar. En realidad, esto no tiene precio, como los pinganillos de sus Señorías en el Senado, porque ya se sabe que ni las lenguas, ni el país sea cual sea, ni los sentimientos los tienen. Lástima que los billetes, hoteles, comidas y demás sí que lo tengan.  Y lo más gracioso es que muchos de estos turistas oficiales no hablan no ya la lengua del lugar de destino (normal, teniendo en cuenta la variedad y la cantidad) sino ni siquiera un inglés de andar por casa, más conocido como “international english”. Lo que me imagino que debe de dificultar un tanto la parte “oficial” del trabajo, aunque puede que ni siquiera. Son muchos los turistas políticos que no abren la boca en las “reuniones-excusa”, suponiendo que acudan, que es mucho suponer.

 

Bueno, y para que esto no parezca también un post turístico (aunque esté modestamente escrito desde mi casa) terminaremos con la nota jurídica. Esto de viajar a costa del erario público se denomina, en lenguaje administrativo, indemnización por razón del servicio, al menos en la Administración General del  Estado, y está regulado en el RD 462 462/2002 de 4 de mayo cuyo artículo 3 define las comisiones de servicio con derecho a indemnización como los cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal comprendido en el artículo anterior y que deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial, entendiéndose como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual, salvo que, de forma expresa y según la legislación vigente, se haya autorizado la residencia del personal en término municipal distinto al correspondiente a dicho puesto de trabajo y se haga constar en la orden o pasaporte en que se designe la comisión tal circunstancia.” Detrás de este lenguaje administrativo y traducido al román paladino lo que hay es algo tan sencillo como que los viajes que se pagan con cargo al dinero de los impuestos son viajes “por razón del servicio” oficial que se presta en el organismo público donde se trabaja, y no por decisión libérrima del que viaja.

 

Ah pero ¿Quién decide si se viaja o no, o por volver a la terminología administrativa, si hay o no comisión de servicio o turismo privado? ¿Quien decide cuanto tiempo se va y cuanto se gasta? ¿Qué personas van? Esta es la madre del cordero. Pues probablemente los mismos que viajan.

 

Cierto es que las instituciones públicas solían tener, por lo menos en mis tiempos, una instrucción interna regulando estas cuestiones, es decir, qué viajes se podían hacer y por qué motivos, quien los tenía que autorizar, qué gastos se podían pasar,  qué dietas se podían cobrar, cuantas personas y en calidad de qué podían viajar. Su mera existencia implicaba una serie de controles que por lo menos disuadían un poco del turismo oficial o político, si bien es verdad que su efectividad dependía en último término de la seriedad del “controlador”  de turno. Da la sensación, visto lo visto, que como tantas otras cosas, este tipo de regulación ha caído en el olvido o directamente no se aplica.
¿Control de los gastos, y sobre todo, control de la oportunidad o el carácter oficial de los viajes? Pues a estas alturas, no les sorprenderá saber que ni lo hay ni se le espera, ya sea político o jurídico. La Intervención, si la hay, constata que ha habido un evento del tipo que sea por muy lejano que a primera vista parezca estar del objetivo del organismo público y de las  funciones de los viajeros públicos, y que la documentación esté correcta. Que el evento en cuestión sea una excusa, tenga algún objeto definido, justifique que viajen a todo trapo el cargo y su corte celestial, etc, etc, no es el problema del Interventor o del auditor. Mucho menos de los que se dedican a viajar. Es un problema solo de los ciudadanos que lo pagan de sus impuestos.

 

Las dietas a percibir, por cierto, sí están fijadas, por lo menos en la AGE y me imagino que en el resto de las Administraciones, aunque a lo mejor en este tipo de organismos tipo Sindic se las “autofijan” también en nombre de la sacrosanta autonomía que impide  al parecer exigir responsabilidades por cómo se gasta nuestro dinero. Si además hay nacionalismo de por medio, pues ya paren de contar.

 

Tengo entendido que con la austeridad han vuelto a proliferar este tipo de Instrucciones,pero deduzco que en estos años burbujiles o no han existido, o se han hecho por el mismo que iba a viajar, o simplemente se han incumplido. Es la historia de siempre, si quien las elabora es también quien viaja y quien supervisa que se cumplan, ya sabemos lo que ocurre.

 

Claro que con la que está cayendo, no es de extrañar que estos turistas con cargo al erario público prefieran explicarse ante otros turistas con cargo al erario público, ya se trate de parlamentarios o de altos cargos de Gobiernos regionales o estatales…suelen ser bastante más comprensivos que la perpleja ciudadanía que está haciendo sus numerillos para ver si se puede o no ir de vacaciones a Alicante.

La consolidación europea ¿consolidación o portazo?

Llegó la hora de decidir que queremos ser de mayores. ¿Queremos ser europeos o seguir aferrándonos a nuestras patrias independientes? ¿Estamos preparados para dar un salto de gigante y consolidar el proyecto europeo a costa de nuestra propia soberanía?

 

De pronto todo está claro, nos hemos levantado una mañana y nos hemos dado cuenta que o tomamos la decisión o las circunstancias lo harán por nosotros. Estamos en una encrucijada existencial, por un lado, y si decidimos delegar la política fiscal y consumar una unión económica real, sabemos que nuestra soberanía se irá poco a poco diluyendo. España pasará a ser una provincia periférica del territorio europeo, con mayor o menor fortuna y con, seguramente un jefe de Estado/Presidente/Primer Ministro, lo que sea que venga, que nos hablará en alemán. Quizás en un inglés con acento que por lo menos es más idioma vehicular para todos. Vendrán a tirarnos de las orejas señores y señoras altos y rubios. Y nos pondrán castigos y deberes cortados por un patrón distinto al de siempre, vamos, como si nos mandaran a un internado inglés después de haber pasado toda nuestra primaria en un colegio público de Sevilla.

 

Por otro lado, y si decidimos fracturar el proyecto europeo o lo que es lo mismo; decidimos no hacer nada, nos encontramos ante un escenario inquietante. Volveremos a nuestras pequeñas miserias nacionales solo que mucho más pobres y endeudados, y lo que es peor, habiendo conocido las mieles del estado de bienestar. Como la vuelta al colegio público después de haber pasado un añito en el internado inglés. Aclarando que en el internado había caballos, pistas de tenis, se hacían picnics, se jugaba al criquet y se tomaba el té con un equipo facultativo exultante y que el instituto español al que volvemos ya no está en nuestro barrio de siempre sino en la periferia, costroso y con unos profesores en depresión profunda. Sí, pero es nuestro y lo podremos gestionar nosotros mismos, con fortuna o desgracia pero con autonomía.

 

Así se ha ido construyendo el proyecto europeo hasta ahora. Primero fue la creación de un organismo supra nacional, la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Aceroen 1950, para poder controlar los mercados del carbón y del acero lo que suponían estratégicamente controlar la paz en Europa que era lo importante después del desastre de la segunda guerra mundial. Después vino el tratado EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Tratado CEE (Comunidad Económica Europea), ampliándose el control supranacional al mercado de la energía atómica y creando un gran mercado europeo. Después vino Maastricht con su CE (Tratado de la Unión Europea). Ya no solo se trataba de un Mercado Común sino de una Comunidad Europea con pretensiones de integración política, se sobrepasaba el objetivo económico inicial de las Comunidades y se le dotaba de una vocación de carácter político. Se reforzaban las tres libertades de circulación (capitales, personas y mercancía) y se anunciaba la introducción del euro que empieza a circular en 2002, culminando la unión monetaria, que no fiscal. Se trata de la ingeniosa teoría del Spill-Over (desbordamiento) de Jean Monnet. Integrando sectores periféricos el efecto integrador iría desbordándose y acaparando más y más sectores. Cada delegación de soberanía una vez que se implementa y se consolida, se desborda y da lugar a la necesidad de más integración.

 

Quizás tenía razón. Ningún Estado está preparado, entonces ni nunca, a renunciar a su soberanía más que en una pequeña porción, la que es absolutamente necesaria en cada momento. Es muy doloroso porque incide en la propia naturaleza del concepto de Estado soberano. Según han ido evolucionando las circunstancias los Estados han ido considerando la posibilidad de ir renunciando a nuevas pequeñas porciones de soberanía hasta llegar a la unión monetaria y económica incompleta. Estamos preparados ahora para completarla o se romperá de manera irremediable el sistema?

 

Es posible que precisamente ahora, y porque el grado de interrelación e integración económica entre los distintos países europeos ha entretejido una malla tan rala que si tiramos de un hilo en España o en Grecia se deshace toda ella, estemos preparados para acceder a la ronda final de la integración económica y por lo tanto política de Europa. Que estemos preparados establecer unas bases federales reales y similares a las de los Estados Unidos. Es peligroso y hay que hacerlo de manera muy inteligente y equilibrada sin renunciar a los principios de democracia real, buscando el beneficio de todos y no el de unos pocos más poderosos, seguramente a varias velocidades y ante todo, sin dejar que el efecto de desbordamiento descontrole el resultado final.

 

Y quizás todo se deba a que estamos hartos de nuestros políticos y sus partidos. No confiamos en sus capacidades gestoras y no creemos que nos representen a los ciudadanos. Están los políticos preparados para ceder sus soberanías personales? creo que los ciudadanos si.

¿Hacia la custodia compartida?

La semana pasada, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que el Gobierno pretende que las Cortes modifiquen, en seis meses, el artículo 92 del Código Civil,  para que deje de contemplar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los procesos de ruptura familiar. En un “Estado de Derecho” cuya Constitución gira en torno al principio de igualdad ¿se anuncia el fin de la “igualdad excepcional” en los divorcios con niños, que padecemos en Derecho común?

 

Analicemos un caso práctico real reciente: el padre tiene la custodia del hijo primogénito y pide la custodia de los dos más pequeños que tiene la madre; es el caso de la  Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sec. 5ª, de 2 de diciembre de 2011 que dice: “Ciertamente que los hijos han manifestado a la presencia judicial su voluntad de cambiar la guarda y permanecer bajo la de su padre, pero no parece que dichas manifestaciones sean producto de una voluntad sólidamente formada y consolidada, dada la edad de los menores de 11 y 13 años de edad, y por ello que no basta para alterar la guarda en base al principio de estabilidad, ínsito en el interés del menor (…) Estas mismas razones, a las que se debe añadir la nula relación entre los progenitores desaconseja el establecimiento de una custodia compartida”.

 

¿”Principio de estabilidad, ínsito en el interés del menor”? Conozco la Ley de estabilidad presupuestaria, pero no conozco ley alguna que establezca el principio de estabilidad del menor; si existiera, entonces los niños de los jueces, sus propios hijos, no están bien tratados, ya que lo normal es que cambien de domicilio, localidad, colegio y amigos, unas 6 veces desde su nacimiento hasta su mayoría de edad, por traslado voluntario de su progenitor, siendo ello contrario a su interés, ínsito de estabilidad.

 

¿”La nula relación entre los progenitores desaconseja el establecimiento de una custodia compartida”? O sea, que el progenitor custodio, si quiere seguir siéndolo, solo tiene que no relacionarse con el progenitor no custodio; así, cuando los menores pre-adolescentes le digan al Juez que quieren vivir con su hermano mayor y con el progenitor visitante, la respuesta del Juez será: ni custodia exclusiva ni custodia compartida.

 

Este tipo de sentencias son frecuentes, por no decir abrumadoras. La pregunta es ¿por qué? Los últimos datos oficiales publicados del Instituto Nacional de Estadística en la provincia de Granada son de 2010, referidos a divorcios según cónyuge que ejerce la custodia. En valores absolutos (y no se trata de una muestra, sino de la población total) los datos son: custodias para el padre 29, custodias para la madre 1.020 y custodias compartidas 58.

 

Las feministas profesionales no quieren la custodia compartida entre padre y madre, si es contra el deseo de ésta. “Cada caso es cada caso” dicen. Sabemos, por el contrario que, en la práctica, casi todas las sentencias de divorcio son iguales, calcadas. Parafraseando al Guerra, catedrático del toreo: “Ca uno es ca uno, y tiene sus caunás… pero el niño pa la madre”.

 

La interpretación correcta de estos datos estadísticos oficiales es: la variable que explica las custodias de los niños granadinos es el “sexo del progenitor”, que si es femenino, obtendrá la custodia del niño. Esto es un indicio racional de que el progenitor de sexo masculino padece discriminación indirecta por razón de sexo en la provincia de Granada ya que, como dice nuestro Tribunal Constitucional (Pleno) Auto núm. 200/2007 de 27 marzo, FJ 3, párr. 2º: “Ahora bien, la incorporación de la discriminación indirecta al contenido proscrito por el art. 14 CE repercute en la forma en la que se ha de abordar el análisis de este tipo de discriminaciones que se derivan de normas formalmente neutras; en efecto, para apreciar si la norma considerada encubre o permite encubrir una discriminación contraria a la Constitución deberá atenderse «necesariamente a los datos revelados por la estadística»”; y la STC Sala Primera, Sentencia 176/2008, de 22 de diciembre de 2008 FJ 4º párr. 3º: “no existe ningún motivo que lleve a excluir de la cobertura del principio de no discriminación contenido en el inciso segundo del art. 14 CE a una queja relativa a la negación o recorte indebido de derechos -en este caso familiares-“. Es decir, que en los pleitos de Familia con niños rige la prohibición de discriminación (directa o indirecta) por razón de sexo entre los progenitores, obviamente.

 

España pertenece a la Unión Europea, donde la igualdad entre hombre y mujer es un principio básico del ordenamiento comunitario de forma que está prohibida “toda” discriminación por razón de sexo y en “todos” los ámbitos (arts. 21 y 23 de la Carta); y el Tribunal de Justicia de la UE ha dicho: existe un riesgo de que el Derecho de la Unión permita indefinidamente la excepción a la igualdad de trato entre mujeres y hombres“.

 

Bienvenido sea cualquier incentivo legal a la custodia compartida, que debería regir en defecto de acuerdo entre los progenitores. Mientras tanto, como los datos oficiales demuestran que, en Granada –España- (Unión Europea), el progenitor de sexo masculino tiene una probabilidad de obtener la custodia exclusiva del 2,6 % es natural que se diga, en interés superior del menor, por supuesto: “Como el que tiene un padre (divorciado) en Graná, que ni tiene padre ni tiene ná”.

 

 

 

 

La sentencia sobre buscadores: condena al abuso de Derecho.

Se acaba de hacer pública la Sentencia del TS de 3 de abril de 2012 que resuelve en casación las pretensiones de limitar la actividad del buscador Google y, con ello, del resto de buscadores en Internet.

 

Para analizar el contenido de la Sentencia, es necesario conocer cómo desarrollan su actividad los buscadores, ya que es esa realidad la que se analiza en la tres sentencias (instancia, apelación y casación) y sobre la que aplican el derecho.

 

  • Los buscadores se descargan los contenidos que cualquier usuario decide publicar en la Red de forma idéntica a los restantes usuarios, utilizando para ello navegadores programados a los que se denomina “robots”.
  • Una vez descargados, copian los contenidos en sus propios sistemas y los procesan.
  • El procesamiento que realizan es la extracción de los textos e hiperenlaces que contienen los contenidos para configurar una lista de enlace entre cada palabra y el sitio web donde se encontró.
  • Esta lista les permite atender las solicitudes de búsqueda, comparando las palabras introducidas como criterio de búsqueda con la lista y, en atención a las coincidencias y otras muchas circunstancias, ofrecen una lista de resultados.
  • La lista de resultados incluye un pequeño fragmento del texto donde aparecen las palabras buscadas (snippet), un enlace a la página web original (dirección http) y otro enlace para la descarga del contenido que el buscador se descargó y conservó.

 

Debe añadirse que los buscadores no modifican los contenidos ni se atribuyen autoría alguna respecto de ellos, si bien, los contenidos que se descargan y conservan (y que utilizan para desarrollar su actividad) se actualizan de forma periódica aunque no inmediata, dependiendo de la actividad en el sitio web, de modo que no siempre están totalmente actualizados. Esto provoca que a veces no sea posible acceder a la página que aparece como resultado, aunque sí al contenido inicialmente descargado por el buscador y conservado por él.

 

Las pretensiones del recurrente se basaban en la consideración de que la actividad del buscador infringe los derechos de autor, analizando de los aspectos antes referidos los siguientes: la descarga y conservación del contenido, la elaboración de la lista de resultados, la inclusión del snippet y el enlace al contenido originario.

 

Las sentencias enjuician cada una de estas actividades y todas terminan afirmando que no existe infracción al derecho de autor, si bien, los argumentos no son coincidentes:

 

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil 5 de Barcelona razonó que no existía infracción porque la actividad del buscador refuerza la actividad de quien publica en Internet, cuyo objetivo no puede ser sino el de “captar interesados en mayor número alcanzable”, de modo que el buscador secunda esta finalidad mediante un uso social tolerado y acorde con el propósito del autor.

 

Añade esta sentencia (según la descripción que se realiza en la del Tribunal Supremo –yo no he tenido acceso a dicha resolución-) que el buscador no se descarga íntegramente el contenido (lo que no es cierto, según se ha descrito antes), sino un fragmento insignificante que ofrece como orientación al usuario y esta copia no se hace de forma permanente. Parece, pues, que el Mercantil 5 de Barcelona confunde el contenido conservado con el snippet.

 

Concluye, además, que la conservación del contenido es necesaria para evitar la congestión de la red, ya que de otra forma sería necesario realizar búsquedas abiertas en Internet a partir de la consulta del interesado, lo que justifica la aplicación del artículo 15 de la LSSI (que regula la responsabilidad de quienes se sirven de memoria caché para prestar servicios de intermediación) en relación con el 31 y ss. de la LPI (que regulan los límites al derecho del autor). La sentencia de instancia cita también el artículo 17 LSSI (que regula la responsabilidad de los buscadores) para razonar que dicho precepto permite afirmar que la actividad de los buscadores es lícita cuando no incurre en ninguno de los supuestos que provocan la responsabilidad.

 

Concluye así que una interpretación integradora de los citados preceptos permite concluir que «el uso realizado por la demandada de sólo una pequeña parte del contenido de la página web de la actora, bajo las condiciones de temporalidad, provisionalidad, respeto a la integridad y autoría de la obra, y uso conforme a la finalidad social para la cual la obra se divulgaba en Internet, no infringe el derecho de autor del actor, ya que tal forma de uso, dentro de los citados contornos, se erige, de conformidad con los arts. 31 LPI, y 15 y 17 Ley 34/2002 en un verdadero límite de los derechos de propiedad intelectual para este tipo de obras».

 

Esta sentencia incide en ciertos errores de concepto:

 

  • Confunde la memoria cache (art. 15 LSSI) con la conservación de contenidos.

La memoria caché que regula el art. 15 LSSI es un archivo temporal que utilizan las empresas de servicios de transmisión de contenidos entre los usuarios para hacer más sencilla esa transmisión, almacenando provisional y temporalmente en sus sistemas los contenidos que distribuyen. Es decir, cuando solicitas la descarga de una determinada página web, en lugar de descargarla en ese momento y servírtela, los prestadores de acceso a Internet “tiran” de una copia que han guardado con anterioridad y se ahorran el esfuerzo de descargarla de nuevo.

El artículo 15 establece las reglas de responsabilidad (que es importantísima, piensen en una actualización de precios posterior a la captura de la caché que se sirve y que no está actualizada) en atención, fundamentalmente, a los sistemas de actualización y de respeto a las instrucciones sobre caché establecidas por el editor del sitio web.

En definitiva, el art. 15 LSSI no tiene nada que ver con la actividad de los buscadores (que no transmiten contenidos) y su referencia en la sentencia es errónea.

  • Se olvida de la conservación de contenidos que hacen los buscadores (que no está regulada en la LSSI).
  • Confunde el acceso al contenido inicialmente descargado  con el snippet, y deja de resolver sobre dicho acceso.

 

En segunda instancia, la sección 15 de la AP de Barcelona subsanó algunos de los errores de concepto, concluyendo que la publicación del snippet es “efímera, incidental y mínima” por lo que carece de relevancia infractora y, respecto de la descarga y conservación de los contenidos, tras poner de manifiesto que no puede ampararse en el 15 LSSI ni en el 17 (porque este último artículo también regula otra cosa) está amparada en el artículo 40 bis de la LPI que impide el uso antisocial de los derechos (no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran), de modo que, partiendo de la idea de que el buscador beneficia al titular el contenido al facilitarle su difusión, concluye que la actividad es lícita.

 

El Tribunal Supremo confirma en su sentencia que la actividad de los buscadores debe entenderse amparada en el artículo 40 bis de la LPI que refleja los principios del ius usus inocui y de la proscripción del uso antisocial del derecho (7.2 CC) y la configuración constitucional del derecho de propiedad como un derecho delimitado, no absoluto. Por último, el TS afirma además que la inclusión de los snippets y del link de descarga al contenido utilizado por el buscador no tienen “por sí mismos” una significación económica, ya que su reproducción no produce por sí misma un “rendimiento económico a Google” sino sólo de forma indirecta. Esto impide aplicar el artículo 31.1 LPI a sensu contrario, que podría dar lugar a entender que esa utilización precisaría de la autorización del autor para ser lícita.

En fin, una sentencia que deshace muchos de los líos que se habían generado en las de instancia, para conducir a una solución que parece adecuada en términos de justicia material: «la protección del derecho de autor y la excepcionalidad legal de sus límites no autorizan pretensiones abusivas en perjuicio no solo del demandado sino incluso de aquellos intereses del propio demandante que merezcan la consideración de “legítimos” y de una explotación de su obra que pueda considerarse “normal”, porque ni un sistema cerrado de excepciones tiene por qué llegar al extremo de prever hipótesis absurdas ni la interpretación de la LPI puede desligarse de su finalidad protectora de los derechos de autor ni, en fin, y por la misma razón, su interpretación puede favorecer pretensiones arbitrarias y dirigidas a perjudicar a otro sin beneficio propio» (Hay que decir que esta frase de la sentencia es una de las pocas cuya lectura resulta fácil y directa).


¿Qué es una donación? Video colaboración del blog para la plataforma “Qué aprendemos hoy”

Qué Aprendemos Hoy es un proyecto educativo de estudiantes universitarios y licenciados que tiene el saludable objetivo de compartir conocimientos entre todos y de aprender algo cada día para estar mejor formados, en la línea de lo que se ha dado en llamar “emprendimiento social”.

 

Dentro de la relación de colaboración que el blog mantiene con ellos, el editor Fernando Gomá ha grabado una serie de videos sobre temas que, aun siendo básicos, en muchas ocasiones no se tiene una idea clara de ellos. En esta segunda entrega diserta sobre el instituto de la donación (en la anterior habló de la hipoteca)

 

Los costes estatales de la “autofinanciación” de los territorios forales

La situación económica actual está suscitando un necesario debate sobre el modelo autonómico, mal que le pese a nuestro Presidente que declaró tajantemente que este tema no entraba en la agenda.

 

Protagoniza la controversia el lado del gasto, el del despilfarro, con los tópicos de las duplicidades administrativas ocasionadas por la descentralización de competencias. Sin embargo, nada se apunta en el lado del ingreso, en el tributario.

 

Las Comunidades Autónomas quisieron emanciparse, asumir competencias y, correlativamente, ingresos tributarios que les fueron cedidos por el Estado. Una mala gestión presupuestaria ha provocado la vuelta, cual hijo pródigo, a la casa del Estado, teniendo éste que asumir los déficit que unas y otras no pudieron o quisieron evitar.

 

Pero para hijos pródigos los regímenes forales, a los que se quiere sumar una Cataluña que ha entendido perfectamente el modelo vasco y navarro. Es el modelo foral un modelo insolidario,  irresponsable y, sobre todo, desleal.

 

La autonomía tributaria se construye sobre una idea muy sencilla, lo producido en mi territorio es mío. Una idea perversa que ha dado lugar a una competencia entre territorios ofreciendo unos atractivos beneficios fiscales, en la caza de contribuyentes de otras autonomías.

 

Una competencia que empezó siendo desleal y que hoy bien podría tildarse de ilegal. No contentos los territorios forales con su parte del pastel, nutrido de sus propios residentes, pronto hincaron el diente a una tarta más grande, la de los ingresos de territorio común provenientes de residentes no forales.

 

Y así surgieron una importante red de beneficios fiscales en imposición directa que fue el germen de localizaciones artificiosas y pasajeras de contribuyentes en el País Vasco y Navarra. Las autoridades forales descubrieron muy pronto que el negocio no estaba tanto en la imposición directa, sino en la indirecta. Y así, se evidenció lo lucrativo de renunciar a un rígido control sobre los impuestos directos a cambio de usurpar al territorio común una gran parte de los impuestos indirectos de rendimientos producidos en este territorio.

 

Para que este fraude funcionase hacían falta dos ingredientes: una red de incentivos fiscales en la imposición directa que sirviera de reclamo a contribuyentes del territorio común; y un, podríamos decir, no importante celo de las autoridades forales en combatir la artificiosidad de las localizaciones aludidas.

 

Esos beneficios fiscales nacidos al amparo de normas forales no sólo dañan en materia de imposición indirecta. Los incentivos que queden pendientes de aplicación también se hacen valer cuando los contribuyentes retornan al territorio común. Es lo que en el argot se ha denominado como mochilas de deducciones, que nacidas bajo norma foral y sin parangón en norma estatal, se hacen valer cuando se retorna, poniendo fin a la deslocalización. Unas mochilas contra las que intentó reaccionar la agencia tributaria estatal pero que encontraron respaldo en el criterio vertido por el propio TEAC.

 

En cuanto a las localizaciones, éstas no pueden ser combatidas ágilmente por el Estado. Allí donde haya conflictos entre autoridades estatales y forales sobre el domicilio de un contribuyente, tendrá que actuar la Junta Arbitral, lo que conduce a un pleito entre administraciones que amén de lento no garantiza el éxito del Estado.

 

Un conflicto entre Administraciones propiciado porque la localización de contribuyentes movidos por los estímulos a la imposición directa, nutre o atrae para los territorios forales una cuantía importante de imposición indirecta, que antes pertenecía al Estado. Y saliendo así beneficiado el territorio foral de turno, ¿confían ustedes en un férreo control tributario de las autoridades vascas en evitar los abusos de contribuyentes pre-estatales? Al contrario, se defenderá la nueva nacionalidad fiscal de estos transeúntes.

 

Además,  tampoco el articulado de los regímenes de Concierto Económico vasco y Convenio Económico navarro ofrece al Estado las herramientas necesarias para corregir los abusos de contribuyentes, en ausencia del férreo control de las autoridades forales.

 

Sirva como botón de muestra el caso de las fusiones de empresas canalizadas a través del País Vasco, que ha sido aprovechado por un gran número de empresas constructoras.

 

El fraude operaba (y opera) gracias a una normativa foral que permite revalorizar fiscalmente sin tributación los activos de una sociedad absorbida sin exigir que la participación adquirida hubiera tributado en manos del anterior transmitente, como hace la norma estatal. Esta normativa posibilitó que sociedades tenedoras de suelo en territorio común se localizaran en territorio foral para, previa transmisión de sus participaciones a otra entidad foral, fueran absorbidas por esta última logrando la revalorización fiscal de sus activos a coste cero.

 

La posterior transmisión de los terrenos, merced a la revalorización anterior, queda sin tributar en el Impuesto sobre Sociedades al no haber ya beneficio fiscal. Y dicha venta generaba cuantiosos recursos por razón del IVA, un IVA que va a parar en su totalidad al territorio foral, a pesar de que todo el suelo se encuentra en territorio común.

 

Ello se debe al hecho de que la atribución de la recaudación por IVA atiende al volumen de operaciones del año anterior a la venta, con lo que basta con que el año previo a la venta de terrenos se mantenga la sociedad con poca actividad para que, cuando se vendan, toda la recaudación por IVA pase a corresponder al territorio foral.

 

La inspección tributaria de estas empresas también es competencia exclusiva de las autoridades forales con lo que el fraude está bendecido. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Muy sencillo.

 

Porque en una constructora estatal con terrenos en territorio común nada hay para el territorio foral por lo que se entiende esta complicidad en la imposición directa si con ello logran atraer para sí la imposición indirecta. El contribuyente gana la no tributación en la imposición directa; el territorio foral gana la recaudación del IVA; y el Estado pierde la tributación directa y encima ha de devolver el IVA soportado. Es terrorífico.

 

Mas este “bocado” a los ingresos del Estado no proviene sólo de políticas con contribuyentes nacionales; también se extiende al tráfico mercantil transfronterizo.

 

Nótese que las autoridades forales son competentes para la exacción del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuando las rentas se obtengan a través de un establecimiento permanente radicado en el territorio foral. Por lo que, de nuevo, podría existir la tentación de relajar los controles  sobre la existencia de establecimientos permanentes en territorios forales para promocionar la localización de almacenes cualificados desde los que luego repartir las mercancías al resto del territorio común, atrayendo así al territorio foral la imposición indirecta.

 

En este punto hay que tener en cuenta además que el reparto del IVA no está bien regulado en el articulado del Concierto y del Convenio.

 

El IVA es un tributo que merced al juego de la repercusión-deducción, ingresa en cada fase la parte correspondiente al valor añadido de esa fase concreta. Ahora bien, cuando hay operaciones transfronterizas, el impuesto correspondiente a todas las fases previas en el país de origen se traslada al país de destino (el IVA se grava en destino) con lo que, si el lugar de entrada de las mercancías fuera el territorio foral, atraerían todo el impuesto de las fases previas en el otro país. Más lógico sería que el territorio foral gravara el exclusivo valor añadido producido en su territorio y que el IVA correspondiente al valor añadido proveniente del otro país se atribuyera, para ser fieles al gravamen en destino que inspira al IVA intracomunitario, al lugar que corresponda al último empresario antes de su puesta a consumo.

 

Y a la inversa, cuando las mercancías salen a otro Estado Miembro de la UE, el IVA de todas las fases previas españolas se devuelve al exportador. Esas devoluciones son a cargo de la Administración correspondiente a la empresa que realice la entrega con destino al exterior con lo que si una productora foral en lugar de exportar desde el territorio foral hace previamente una entrega a una empresa del grupo radicada en territorio común, el IVA de la producción se ingresa al territorio foral y la devolución del IVA soportado corre a cargo del Estado.

 

Una simple localización de plantas y almacenes por motivos logísticos en unos u otros territorios puede alterar a conveniencia las reglas de reparto.

 

Tampoco ayuda la regulación en el IVA de los negocios de comisión en nombre propio y por cuenta ajena, que son tratados en el IVA como una doble entrega, en lugar de como una prestación de servicios, lo que permite alterar los criterios de reparto (puntos de conexión). Unos negocios de comisión muy extendidos últimamente en el seno de multinacionales que tratan de soslayar la concurrencia en España de un Establecimiento Permanente, cuyo control depende de las autoridades fiscales competentes.

 

Con estas lagunas y deficiencias no me sorprende que también los catalanes quieran participar de esta fiesta pagada por el Estado. Lo que sí me sorprende es que desde el Estado central no se ponga fin a esta situación.

 

 

Nombramiento de altos cargos. Si él te dice “ven” ¿lo dejas todo?

 

Los recientes nombramientos como nuevo Director de RTVE de un abogado del Estado perteneciente al círculo de amigos y compañeros próximo a la vicepresidenta del Gobierno, sin ninguna experiencia en este sector, y de un Gobernador del Banco de España próximo a la edad de jubilación y que no podrá terminar su mandato, nos puede servir como casual piedra de toque para reflexionar sobre la política tradicional de nombramientos de éste y anteriores Gobiernos. Recordemos simplemente, al margen de los cargos ya mencionados, algunas recientes y sonadas designaciones de presidentes y consejeros de cajas, de embajadores, de jueces en tribunales internacionales, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, etc., (por cierto, interesantes los nombres que se barajan para este último organismo, desde el hermano de un ex presidente del Gobierno hasta conspicuos ex diputados… viva la imparcialidad).

 

No cabe duda de que este tipo de designaciones dice muchas cosas sobre los intereses que preocupan a los que los realizan y de su falta de correspondencia con los intereses generales, como explica perfectamente Juan José Dolado en este artículo en el diario El País, titulado, precisamente, “El nepotismo no es rentable”. Pero también dice mucho sobre el designado y de su completa falta de incentivos para reflexionar un poco antes de aceptar el cargo. Veámoslo más claramente con un ejemplo.

 

Imagine usted, querido lector, que el financiador de una importante expedición para escalar una de las cumbres más altas y peligrosas del planeta le propone a usted (sí, a usted, con su barriguita cervecera y sus rótulas desgastadas) formar parte de la cordada. En la cumbre le espera la fama imperecedera y, llegue y no llegue, algún contratillo a la vuelta. Pues bien, creo que si usted tiene el más mínimo sentido común se sentirá muy halagado (quizá un poco asombrado también) pero rechazará la oferta. ¿Los motivos? Muy sencillos:

 

1.-  Un financiador que me ofrece tal cosa debe estar majareta y si ha elegido todo con el mismo criterio el proyecto en su totalidad está amenazado de desastre.

2.- Con mi falta de aptitud y preparación para una gesta semejante estoy condenado al fracaso poniendo en peligro la vida de mis compañeros de cordada.

Estas dos razones bastan para la gente consciente y honesta. Pero hay otra que resulta absolutamente decisiva para la practica totalidad de las personas:

3.- Dada mi falta de aptitud y preparación el inevitable fracaso conlleva poner en juego mi propia vida más allá de lo razonable.

 

Es decir, para que basten las dos primeras hay que ser consciente y honesto, en definitiva, hay que ser responsable a priori. Para la tercera basta la LOGSE, es decir, basta saber que uno va a asumir responsabilidades personales a posteriori y explica también por qué ni el más tonto aceptaría sin la debida preparación el puesto de comandante de vuelo de Iberia: va a ser que si tengo que ir en el mismo avión que yo piloto no mola nada. Por eso la última es tan importante en una sociedad como la nuestra.

 

En España esta tercera razón no existe. Punto final. El sr. Caruana, después de haber hecho oídos sordos a las advertencias de sus inspectores del Banco de España durante lo peor de la burbuja, vive un exilio dorado en Basilea. No tengo ninguna duda de que al sr. Fernández Ordóñez le espera algo parecido, y al sr. Rato, y a la sra. Salgado (ya lo estamos viendo) y a tantos y tantos que siendo incompetentes (no incompetentes en sí, sino para el difícil cargo que se les ofrecía) lo aceptaron sin remilgos, contribuyendo de una forma protagonista al hundimiento del proyecto España y poniendo en riesgo, si no la vida, al menos la mínima seguridad económica de millones de españoles compañeros de cordada… conscientes, eso sí, de que la suya no corría ningún peligro. Es más, conscientes de que su situación personal mejoraría bastante con independencia absoluta del resultado de su gestión.

 

La exigencia de responsabilidades es la prueba del nueve de cualquier sociedad que aspire a llamarse democrática, porque, aunque el que designe sea un completo majareta, obliga al menos al designado a pensar en alguien más que en sí mismo a la hora de aceptar el cargo: a pensar también en su país y si podrá estar a la altura de lo que éste le pide. Ya que en un post anterior cité como ejemplo una reforma de Solón de Atenas, el fundador de la democracia, no está de más recordar otra muy importante: él fue el primero que abrió a la generalidad de los ciudadanos los tribunales de justicia, que inician con su reforma su extraordinaria andadura como instrumentos de control de las magistraturas y de exigencia de rendición de cuentas a sus titulares (lo que los anglosajones llaman accountability y que entonces se denominaba euthynai). Así ha ocurrido en España en muchas épocas -no democráticas precisamente- de su historia: recordemos simplemente los juicios de residencia. La wiki nos explica el juicio de residencia fue un procedimiento judicial del Derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multas.

 

Conforme a este principio habría que llamar al Sr. Caruana y preguntarle por qué dejó cebar la burbuja tanto tiempo sin hacer nada. Y lo mismo con los demás. Pero el problema que tenemos en España es: ¿quién va a llamarlos?, ¿quién les va a pedir cuentas? ¿Los que tiene todavía más cosas que ocultar?

 

Si una democracia no sirve para garantizar la euthynai, accountability o rendición de cuentas, entonces es que algo falla en el sistema miserablemente.

 

 

 

El Estado borracho, programa de desintoxicación.

Reconozco que la metáfora no es del todo mía. Hace unas semanas oí la siguiente declaración en un seminario sobre el Tratado de Estabilidad de la UE: “Si un borracho te pide dinero para comer o para medicinas, si no eres muy tonto, lo primero que haces es mandarle a una clínica de desintoxicación, pues si no, puedes estar seguro que le des lo que le des lo seguirá gastando en vino”. Este es parece ser el argumento de Alemania para oponerse a los eurobonos o del BCE a darla a la máquina de imprimir euros. Primero, que los países gastadores demuestren que han pasado por la catarsis de cambiar hábitos derrochadores, y solo entonces podremos pensar en darles más dinero pues si no sería un pozo sin fondo que arrastraría a Europa (y a la propia Alemania) por el desagüe. En un momento de turbulencias monetarias, rescates innombrables o democracias bajo sospecha bueno es recapacitar sobre esta cuestión.

 

¿Exageran? ¿Cabe considerar a Grecia o España un “Estado borracho”? (esta expresión sí es mía). Esta calificación no es baladí pues si tal etiqueta nos fuera aplicable ello tendría consecuencias. ¿Por qué? Porque por de pronto el dilema “austeridad-crecimiento” sería un falso dilema al menos en aquellos países que han demostrado a lo largo del tiempo que “no saben” o “no quieren” gastar el dinero que reciben de forma eficiente y productiva. De hecho, a veces se olvida que cuando surgió la crisis las primeras medidas que se impulsaron por el gobierno de entonces (y por otros gobiernos tal vez con algo más de cabeza) fueron incrementar el gasto público. Por eso (y por la caída de ingresos) pasamos en pocos años de tener superávit en las cuentas públicas a record de déficit. ¿Ya nadie recuerda el famoso Plan E “para el estímulo de la economía de la economía y el empleo? Sí hombre sí, aquel que supuso la inyección de 55.000 millones de euros sobre todo en los Ayuntamientos y cuyos carteles anunciadores valían en ocasiones más que las obras financiadas. ¿Consecuencias del plan?, ¿sirvió para algo? Pan para hoy y hambre para mañana. Conclusión: no se trata de gastar más si no sabes en qué debes gastarlo para ser eficaz y productivo. También en los tiempos de cuantiosos fondos estructurales europeos, algunos dirigentes públicos reconocían en privado que a ese ritmo se iban a asfaltar todos los huertos de España porque faltaban proyectos alternativos al obvio de hacer carreteras y trenes de alta velocidad (algunas líneas ya cerradas). Consecuencia: somos un país con un exceso de infraestructuras que no tenemos dinero para mantener. Incluso la otra obviedad de aumentar la inversión en I+D+i, de poco sirve si se seleccionan mal los proyectos financiados o no participan las empresas, que son las que saben cómo mejorar su productividad o abrir nuevas líneas de producción innovadoras.

 

Y es que a veces se olvida de que la política es el arte de asignar medios “limitados” a objetivos priorizados. Por tanto, lo primero es reconocer que los recursos son limitados (incluso los del planeta) y lo segundo, ser capaces de priorizar. Es decir es irracional y falso (y supone engañar a la gente) pensar que “debe” haber dinero suficiente para hacer “todo” lo que se nos ocurra.  Bueno, pues ¿cuáles son las prioridades es este momento de crisis económica? Pongamos que estamos de acuerdo en que incluso ahora lo prioritario debe ser proteger el Estado de bienestar y la inversión productiva. Si esto es así querría decir que “todo” lo demás debe quedar en un segundo plano o simplemente ser eliminado. ¿Es esto lo que defienden de verdad los partidos políticos, gobierno y sindicatos?

 

Las declaraciones de unos y otros, y el lugar que ocupan en las diversas pancartas, pueden diferir, lo admito, pero vayamos a los hechos.  Empecemos por el Estado de Bienestar. Según nuestro axioma (“no hay dinero para todo”) podemos defender con cierta lógica que todos aquellos que no estén dispuestos a sacrificar los fondos públicos que reciben serían cómplices directos o indirectos de la reducción/asesinato de las políticas de protección social. Es decir que si de verdad defendemos la protección de los más débiles todas aquellas organizaciones que pueden ajustar gastos a los ingresos de sus afiliados (sindicatos, partidos políticos) deberían estar dispuestos a renunciar a cuantiosas subvenciones a favor de sanidad y educación, por ejemplo. ¿Es esto cierto? Igualmente todos aquellos que reciben subvenciones, directas o indirectas (i.e. publicidad institucional) por hacer un trabajo (por ejemplo, eléctricas, bancos, cineastas, medios de comunicación) que otros hacen sin ayuda deberían renunciar igualmente a las suyas, o los que reciben becas y no estudian hacer lo propio. Del mismo modo, todos aquellos que no pagan impuestos pudiendo hacerlo deberían estar dispuestos a hacerlo inmediatamente (fraude al IVA, SICAVS, selección nacional de fútbol con la segunda prima más cara de Europa, partidos políticos, ONGs e Iglesia con el IBI, etc..) o aquellas regiones que están sobre-financiadas por un cálculo “interesado” del cupo (País Vasco y Navarra) deberían mañana mismo declarar que están dispuestas a revisarlo en beneficio del interés común y la justicia redistributiva, o quienes defienden que no pasa nada por mantener un Estado con hasta cinco niveles administrativos.

 

¿Es esto lo que va a pasar?  No parece, sean de izquierdas o de derechas. Es más, otras regiones que aspiran a un sistema similar de financiación tampoco están dispuestas a valorar si su problema es más de exceso de gastos absurdos y clientelares que de falta de ingresos. Solo dos datos recientes: el Sindic de Greuges se ha embarcado en 50 viajes en dos años (¿quién nos defiende del defensor?) y que el Consejo de Garantías Estatutarias (una especie de Tribunal Constitucional catalán) ha casi cuadriplicado su presupuesto del año 2011 (3.646.085, 17€) a 2012 (11.157.436, 71 €), con una media de diez dictámenes al año. Mientras, el aciago Estado Español está pagando los intereses de los “bonos patrióticos” catalanes al 5% probablemente a esos mismos que pitan el himno nacional en estadios y circuitos. ¿Pero alguien en su sano juicio cree que esta sociedad puede salir así de la crisis?

 

En todo caso como conclusión cabe decir, el debate actual se centraría no tanto en la elección entre austeridad y crecimiento sino la política solidaria actual se concretaría en el lema: “Estado de bienestar sí, pero que lo pague otro”.

 

No obstante, como en otros posts anteriores de este Blog, reconozco que el momento de las lágrimas ha pasado y es el momento de propuestas para salir adelante. Y mi propuesta es, una vez más, la necesidad de un cambio cultural que afecta a políticos y no políticos, si no queremos convertirnos en el nuevo “tercer mundo europeo” en palabras de Michael Lewis. Recientemente la organización Trasparencia internacional ha elaborado un Informe con el título “Dinero, políticos, poder: el riego de corrupción en Europa” donde entre otras conclusiones se afirma que “Grecia, Italia, Portugal y España muestran tener un serio déficit en materia de rendición de cuentas así como profundos problemas de ineficiencias, malas-prácticas y corrupción, que no están sin suficientemente controlados ni sancionados”. ¿Todavía alguien defiende en serio que nuestra cultura no tiene que ver nada con esta crisis?

 

Seguidamente voy a concretar algo más en qué puede consistir ese cambio. Ya puestos ahí va una propuesta de decálogo:

 

1. Ejercer de forma habitual la sana autocrítica, superando así el síndrome del “eterno adolescente” que siempre ve (solo) culpables a los otros.

 

2. Asumir nuestra propia responsabilidad, sin eludirla bajo el fácil reclamar al Estado que resuelva nuestros problemas. Cabe recordar que el mismo Anthony Giddens, patrocinador de la tercera vía, defendía el lema de “ningún derecho sin responsabilidad” lo que afectaba por cierto, aunque no solo, a los destinatarios del Estado de bienestar (por ejemplo, los que trampean con las recetas del abuelo).

 

3. Antes de exigir que se me respeten mis derechos o se toleren mis apetencias, debemos preguntarnos hasta qué punto yo respeto de verdad los derechos de los demás. Respetar no significa que todo deba ser “tolerado”

 

4. Denunciar (en lugar de disculpar o encumbrar) al que no paga IVA, consigue algún truco para pagar menos en IRPF, o simplemente incumple cualquier tipo de normativa reguladora de la convivencia, incluida la de tráfico, la reducción del nivel de ruidos o la destrucción de mobiliario urbano. Y por supuesto no hacerlo nosotros

 

5. Denunciar y rechazar (aunque se beneficie uno mismo o sus amigos y familiares) las subvenciones públicas cuando el trabajo lo podemos hacer con nuestro esfuerzo, sobre todo si faltan controles adecuados de rendición de cuentas, así como los contratos públicos que acaban costando el doble (y a veces más) del precio original, o los salarios e indemnizaciones excesivos, vengan del sector público como del privado (en Francia F. Hollande ha propuesto que se generalice la proporción 20-1 entre salarios mayores-menores en las empresas)

 

6. Rechazar (aunque afecte a mi patrimonio) que paguen justos por pecadores. Asumir las consecuencias de la gestión incorrecta de nuestro patrimonio, incluidos los casos que han producido un exceso de endeudamiento de particulares y empresas. Sí, aquellos que defendían en público que era de tontos no endeudarse estando como estaban los tipos de interés e inflación.

 

7. Renunciar a la doble moral o doble vara de medir que se plasma, por ejemplo, en la tendencia a disculpar los errores de “los míos” o mi grupo y a agrandar los fallos de los demás.

 

8. Valorar el trabajo como una virtud donde podemos realizarnos o cuanto menos contribuir a la riqueza del país y no como una condena que hay que hacer de mala gana y si es posible escaqueándonos

 

9. Rechazar la promoción social o profesional gracias a nuestros contactos familiares o los grupos a los que podemos pertenecer, y reclamar en su lugar que se valore de forma exclusiva  del mérito personal y el esfuerzo

 

10. Denunciar al jeta y el pelota, vengan de donde vengan, tanto en el sector público como privado

 

Puede haber otras propuestas alternativas o complementarias a éstas. Pero lo cierto es que o emprendemos un programa de cambio cultural y nos desintoxicamos, o por la vía de negar los hechos y buscar culpables externos o en los otros, acabaremos por dar pie a opciones extremistas, como ya está pasando en algunos países europeos, y como ya sucedió a principios del siglo XX con las consecuencias que todos conocemos.