¿Empieza de una vez la reforma de la Administración paralela?

Organismos autonómos, sociedades mercantiles, agencias, entidades públicas empresariales, consorcios, fundaciones y en general entes públicos con regímenes jurídicos diversos y actividades múltiples. Este “ecosistema” es lo que se suele denominar administración periférica (o paralela) en sus diferentes niveles: administración central, CCAA y entes locales.

En otros posts de este Blog hemos analizado el tamaño de la administración periférica en la AGE y en las CCAA, así como los factores que han promovido el fuerte crecimiento de estos entes a pesar de la crisis.

Nos vamos a centrar en esta ocasión en la reforma de este sector que ha empezado a promover el actual Gobierno central. Digo empezado porque las medidas son recientes y además parece que son el principio de lo que está por venir (o de lo que debería venir si se quiere llegar al fondo del asunto).

El Gobierno ha puesto en marcha dos iniciativas para racionalizar una parte de la administración periférica (la relativa a las empresas públicas y en menor medida a las fundaciones públicas):

• Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
• Plan de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 16 de marzo de 2012.

El Real Decreto establece tres tipologías de empresas públicas, limitando el salario del personal directivo y reduciendo el número de consejeros.

Por otra parte, el plan de racionalización aprobado por el Gobierno contempla la supresión de 27 sociedades, en su mayor parte por absorción de filiales por su matriz o por la fusión de sociedades del mismo ámbito. También se va a desinvertir en sociedades con participación estatal y se van a acelerar los procesos de liquidación de una serie de sociedades (las podríamos llamar empresas “zombies” que llevan en el limbo un tiempo indeterminado y que no acaban de desaparecer). Llama la atención que el proceso de liquidación de las empresas públicas sea tan “complicado” como para que lleve años poder completarlo. Podemos citar como ejemplo la empresa Barcelona Holding Olímpico, que es una de las empresas que el Gobierno va a acelerar su liquidación… 20 años después de la celebración de los JJOO.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se destacó el importante ahorro que se conseguirá gracias a la supresión de consejeros como consecuencia del plan de racionalización aprobado. De hecho, parece que el principal efecto de las medidas emprendidas por el Gobierno es precisamente el ahorro en dietas de puestos de consejeros que desaparecen de empresas y sociedades mercantiles públicas.

Como se puede observar, las medidas aprobadas están centradas en la AGE que es donde por otra parte más control existe en la administración periférica. ¿Qué sucede con el resto de administraciones?.

Respecto a la administración autonómica, a principios de año las CCAA se comprometieron con el Gobierno en un Consejo de Política Fiscal y Financiera a suprimir 400 entes públicos. Desconocemos la letra pequeña del acuerdo pero el Ministerio de Hacienda y AAPP debería desconfiar a priori porque en 2010 se alcanzó un acuerdo similar que se incumplió ampliamente. Quizás convendría ligar el cumplimiento de los acuerdos a la financiación autonómica pero el Gobierno no se ha pronunciado hasta la fecha de forma clara sobre este respecto.

En relación con los entes locales, el Ministro Montoro ha anunciado que el Gobierno acometerá en las próximas semanas reformas en las administraciones locales para delimitar sus competencias y evitar despilfarros y duplicidades con las CCAA y la administración central. Vamos a estar pendientes de las medidas que se adopten en este ámbito.

Vemos por tanto que la reforma de la administración periférica está en una fase incipiente y seguramente en los próximos meses veremos nuevos pasos que irá dando el Gobierno. Como el proceso está empezando, expongo a continuación unas reflexiones para que todas las AAPP racionalicen sus sectores públicos siguiendo los mismos principios, estableciendo además unos objetivos e indicadores claros que nos permitan medir la evolución y el impacto del proceso.

Respecto a los principios comunes, hay que establecer criterios para proceder ordenadamente a la restructuración de la administración periférica. Estos criterios se deberían fijar desde el Gobierno Central y tener aplicación en todas las AAPP (central, autonómica y local). Algunos ejemplos básicos: suprimir entes duplicados, fusionar organismos que se dediquen a lo mismo (y tengan utilidad pública), finalizar todos los procesos de liquidación de entes que estén en curso, etc.

Establecidos los criterios, hay que fijar unos objetivos y unos indicadores que nos permitan evaluar el impacto de los procesos de racionalización que se pongan en marcha. No olvidemos que todo proceso de racionalización del sector público debe perseguir una doble finalidad: mejora de la eficiencia en el cumplimiento de la función pública y ahorro/optimización de costes (especialmente importante en el periodo de grave crisis económica que estamos atravesando). De nada sirve por ejemplo fusionar dos sociedades mercantiles públicas si se mantienen las mismas sedes y el mismo personal. Este tipo de ajustes “de cara a la galería” generan gastos adicionales y en ningún caso producen un ahorro de costes.

Y es que un proceso de racionalización tiene sentido por si mismo, no debería imponerse… debería partir de un ejercicio de responsabilidad política.

Jaime Castellano

Jaime Castellano es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Inició su trayectoria profesional en el mundo de la consultoría y en 2003 emprende una larga etapa dentro del sector público, en la entidad pública empresarial Red.es, en la que desempeñó diversos cargos de responsabilidad relacionados con la promoción de políticas públicas de fomento de la Sociedad de la Información y la realización de estudios y análisis del sector. En 2010 decide volver al sector privado, vinculándose al tercer operador de telecomunicaciones del país, donde desempeña el cargo de responsable de inteligencia de mercado.