Normas contra normas

Se dice que un político triunfa realmente cuando consigue que también sus adversarios sigan sus concepciones. Así lo hicieron el movimiento laborista y socialdemócrata en Europa tras la Segunda Guerra Mundial con su modelo de Estado del bienestar, o años más tarde Thatcher y Reagan con sus cambios políticos y económicos.

Todo ello es virtud cuando se basa en la convicción de la mayoría, pero  se torna en patología si se consigue por mecanismos de coacción más o menos explícita, con el uso de mecanismos de propaganda, o si los adversarios se alimenten de algún tipo de “pensamiento débil” que le impida articular un discurso diferente al oficial.

En estos casos el especial marco de corrección política que se genera supone una verdadera losa que aplasta el debate y la libre circulación de ideas y deforma la realidad hasta lo grotesco. Y surge todo un sistema de reglas no escritas, al margen del ordenamiento oficial y frecuentemente incluso en contra del mismo. Con su propio sistema sancionador incluso más eficaz, pues muy diversos comisarios sin placa vigilan con desvelo por su observancia.

Lo vemos todos los días en los territorios donde en nacionalismo regional ha alcanzado una cierta penetración. Uno de sus mecanismos, por el que se trata de justificar la legitimidad de estas reglas, es el argumento de que ciertos actos, aunque perfectamente legales, resultan una “provocación” contra cierta exquisita sensibilidad que, eso sí, siempre está de un solo lado. Van algunos ejemplos.

Capítulo 1: en la Plaza.

Hace unos cuantos años, en la plaza de toros de Bilbao, el banderillero de la cuadrilla de un diestro prepara sus banderillas. Como en muchos otros sitios, éstas son de dos colores: amarillo y rojo. Alarma. Inmediatamente alguien se da cuenta de que ello viola uno de esos códigos sagrados no escritos, y un comisario es enviado a avisar de la necesidad de que se cambien las banderillas por otras de otro color para evitar “la provocación”. Por supuesto que el objetivo se consigue sin resistencia digna de mención.

Capítulo 2: en la montaña.

Hace unos años un regimiento de montaña del ejército, durante unas maniobras, y según su costumbre, se hace una foto en la cima de un monte vizcaíno con su bandera española. De alguna manera la foto se filtra, y se agita escandalizado el PNV, que lo tacha de provocación. Como al parecer la cima ha sido mancillada, ese partido convoca una procesión laica (o no tanto) de militantes que, con destacados dirigentes al frente, suben al monte en una marea de ikurriñas como si se tratara de conseguir una suerte de exorcismo.

Algo parecido ha ocurrido hace pocos días, cuando de nuevo el mismo partido junto con el partido próximo a ETA ha considerado provocación inaceptable (ver aquí) que el ejército español haga unas maniobras en suelo vasco, es decir, en parte del territorio español. Parece que la provocación se intensificaba por coincidir con el aniversario del bombardeo de Guernica, que realizó la Legión Cóndor en el marco, no lo olvidemos, de una ofensiva de un ejército español (el sublevado) contra otro ejército español (el republicano). Aunque esto último ya haya sido convenientemente tergiversado.

Capítulo 3: en la calle.

Recuerdo una orden dada, creo, por algún responsable del Gobierno anterior para que las unidades de la Policía Nacional que actúan en Cataluña no exhiban como distintivo el que es habitual en cualquier otro lugar: la bandera española. Se trata también, al parecer, de no provocar.

De la misma forma, en la mayoría de los municipios vascos y catalanes se incumple la ley de banderas, a veces con el beneplácito del partido socialista y casi siempre con el de EB e ICV (las marcas de IU allí). De nuevo se justifica con el argumento de que cumplir la ley resultaría provocador. La sensibilidad de los millones de vascos y catalanes que se sienten españoles y se identifican con ese símbolo, al parecer, debe de ser de segunda, o indigna de ser considerada.

Capítulo 4: carta del colegio.

Hace tiempo que ese empeño de “no provocar” ha saltado las barreras regionales, y esa forma represiva de corrección política no se conforma con las normas jurídicas, sino que se atreve también a violar las semánticas. Ocurre así con el hipertrofiado e indebido uso del adjetivo “estatal”.

La palabra “Estado” puede tener un significado geográfico en países federales en los que reciben ese nombre las entidades federadas. Pero nunca en otros países, en que el Estado no es un concepto geográfico, sino referido al conjunto de las administraciones públicas. En definitiva, uno puede entrar en el Estado de Oklahoma, pero nunca en el Estado francés, italiano o español. Como mucho, podrá entrar en algún edificio perteneciente a tales Estados.

Ya Orwell predijo que los totalitarismos tratarían de cambiar a su capricho el significado de las palabras, y esa profecía se vio tristemente cumplida en los regímenes soviético y nazi del pasado siglo. Se puede comprobar en este interesante libro (ver aquí) de Rosa Sola.

Pero parece que la cosa sigue. Nuestros nacionalismos regionales parecen haber decidido que la una forma de afirmarse en su independentismo es negar de entrada, y contra toda evidencia, que todavía formen parte España. O negarse, para no tener siquiera que planteárselo, a “mentar la bicha”. Yo no entiendo muy bien esa forma de pensar, pues si yo fuera independentista respecto de cualquier región no vería contradictorio con mi anhelo de secesión la aceptación de la realidad de que, mientras no se consiga, y por mucho que me pueda doler, todavía tal región forma parte de España. Pero ya sabemos que es consustancial al nacionalismo el empeño en deformar la realidad, motivo por el que si el secesionismo en abstracto tiene todos mis respetos, no lo tenga el nacionalismo en concreto que suele acompañarlo. El caso es que forma parte de sus (para mí) extraños complejos el negarse a verse incluidos en cualquier cosa que, refiriéndose a todo el país, lleve el calificativo “español”, “nacional” o semejante. Y la forma de conseguirlo es exigir que tales palabras malditas sean sustituidas por el adjetivo “estatal”, incorrecto en ese sentido hasta la estridencia.

Este error ha sido sorprendentemente acogido con entusiasmo por una parte de nuestra izquierda, empeñada en confundir con progresista cualquier ocurrencia nacionalista. Y podemos encontrarlo en los sitios más insospechados.

Recibo una carta del colegio de mis hijos en que se nos comunica con alborozo que se va a realizar un proceso para conseguir no sé qué certificación de calidad a partir de no sé qué herramienta de un tal “Observatorio Estatal de Convivencia”. De entrada no me causa ningún entusiasmo ni esa forma de construir un pretendido prestigio, ni la existencia de ese organismo, que supongo financiado con los impuestos de todos, con la que está cayendo y las verdaderas necesidades que hay que atender. Pero lo que ya no puedo aguantar es el nombre. Y contesto a la carta:

“Yo no creo que se pueda confiar en una herramienta que procede de una cosa que se llame “Observatorio Estatal de Convivencia”.

¿Tal vez el adjetivo “Estatal” se usa por ese extraño complejo de no querer usar la palabra “Nacional”? En primer lugar, si nuestros nacionalismos regionales tienen alergia a la palabra (salvo cuando se refieren a “lo suyo”, claro), ese es un complejo que ellos tendrán que resolver sin involucrarnos a los demás. Los demás no podemos jugar en ese campo. Esa deformación del lenguaje, para hacerle significar a las palabras lo que no significan, en pos de una “corrección política”, me parece tan inaceptable como para negarse a colaborar con toda institución, asociación o entidad que pretenda hacernos tragar tales ruedas de molino.

Un abrazo,”

No deja de ser una paradoja que un organismo dependiente del Ministerio de Educación cometa una falta semántica ya en su propio nombre. Ya sé que esto es un mero derecho al pataleo, pero ya es hora de denunciar la estupidez que por todas partes se multiplica.

Fernando Rodríguez Prieto

Fernando Rodríguez Prieto nació en Madrid el 10 de febrero de 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario (Oposiciones Madrid 1988). Ha ejercido en Andoain, Bergara y Beasain, las tres localidades situadas en Guipúzcoa, y desde 2006 ejerce en Coslada, Madrid. Es también mediador y árbitro.