Los recientes nombramientos como nuevo Director de RTVE de un abogado del Estado perteneciente al círculo de amigos y compañeros próximo a la vicepresidenta del Gobierno, sin ninguna experiencia en este sector, y de un Gobernador del Banco de España próximo a la edad de jubilación y que no podrá terminar su mandato, nos puede servir como casual piedra de toque para reflexionar sobre la política tradicional de nombramientos de éste y anteriores Gobiernos. Recordemos simplemente, al margen de los cargos ya mencionados, algunas recientes y sonadas designaciones de presidentes y consejeros de cajas, de embajadores, de jueces en tribunales internacionales, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, etc., (por cierto, interesantes los nombres que se barajan para este último organismo, desde el hermano de un ex presidente del Gobierno hasta conspicuos ex diputados… viva la imparcialidad).

No cabe duda de que este tipo de designaciones dice muchas cosas sobre los intereses que preocupan a los que los realizan y de su falta de correspondencia con los intereses generales, como explica perfectamente Juan José Dolado en este artículo en el diario El País, titulado, precisamente, “El nepotismo no es rentable”. Pero también dice mucho sobre el designado y de su completa falta de incentivos para reflexionar un poco antes de aceptar el cargo. Veámoslo más claramente con un ejemplo.

Imagine usted, querido lector, que el financiador de una importante expedición para escalar una de las cumbres más altas y peligrosas del planeta le propone a usted (sí, a usted, con su barriguita cervecera y sus rótulas desgastadas) formar parte de la cordada. En la cumbre le espera la fama imperecedera y, llegue y no llegue, algún contratillo a la vuelta. Pues bien, creo que si usted tiene el más mínimo sentido común se sentirá muy halagado (quizá un poco asombrado también) pero rechazará la oferta. ¿Los motivos? Muy sencillos:

1.-  Un financiador que me ofrece tal cosa debe estar majareta y si ha elegido todo con el mismo criterio el proyecto en su totalidad está amenazado de desastre.

2.- Con mi falta de aptitud y preparación para una gesta semejante estoy condenado al fracaso poniendo en peligro la vida de mis compañeros de cordada.

Estas dos razones bastan para la gente consciente y honesta. Pero hay otra que resulta absolutamente decisiva para la practica totalidad de las personas:

3.- Dada mi falta de aptitud y preparación el inevitable fracaso conlleva poner en juego mi propia vida más allá de lo razonable.

Es decir, para que basten las dos primeras hay que ser consciente y honesto, en definitiva, hay que ser responsable a priori. Para la tercera basta la LOGSE, es decir, basta saber que uno va a asumir responsabilidades personales a posteriori y explica también por qué ni el más tonto aceptaría sin la debida preparación el puesto de comandante de vuelo de Iberia: va a ser que si tengo que ir en el mismo avión que yo piloto no mola nada. Por eso la última es tan importante en una sociedad como la nuestra.

En España esta tercera razón no existe. Punto final. El sr. Caruana, después de haber hecho oídos sordos a las advertencias de sus inspectores del Banco de España durante lo peor de la burbuja, vive un exilio dorado en Basilea. No tengo ninguna duda de que al sr. Fernández Ordóñez le espera algo parecido, y al sr. Rato, y a la sra. Salgado (ya lo estamos viendo) y a tantos y tantos que siendo incompetentes (no incompetentes en sí, sino para el difícil cargo que se les ofrecía) lo aceptaron sin remilgos, contribuyendo de una forma protagonista al hundimiento del proyecto España y poniendo en riesgo, si no la vida, al menos la mínima seguridad económica de millones de españoles compañeros de cordada… conscientes, eso sí, de que la suya no corría ningún peligro. Es más, conscientes de que su situación personal mejoraría bastante con independencia absoluta del resultado de su gestión.

La exigencia de responsabilidades es la prueba del nueve de cualquier sociedad que aspire a llamarse democrática, porque, aunque el que designe sea un completo majareta, obliga al menos al designado a pensar en alguien más que en sí mismo a la hora de aceptar el cargo: a pensar también en su país y si podrá estar a la altura de lo que éste le pide. Ya que en un post anterior cité como ejemplo una reforma de Solón de Atenas, el fundador de la democracia, no está de más recordar otra muy importante: él fue el primero que abrió a la generalidad de los ciudadanos los tribunales de justicia, que inician con su reforma su extraordinaria andadura como instrumentos de control de las magistraturas y de exigencia de rendición de cuentas a sus titulares (lo que los anglosajones llaman accountability y que entonces se denominaba euthynai). Así ha ocurrido en España en muchas épocas -no democráticas precisamente- de su historia: recordemos simplemente los juicios de residencia. La wiki nos explica el juicio de residencia fue un procedimiento judicial del Derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multas.

Conforme a este principio habría que llamar al Sr. Caruana y preguntarle por qué dejó cebar la burbuja tanto tiempo sin hacer nada. Y lo mismo con los demás. Pero el problema que tenemos en España es: ¿quién va a llamarlos?, ¿quién les va a pedir cuentas? ¿Los que tiene todavía más cosas que ocultar?

Si una democracia no sirve para garantizar la euthynai, accountability o rendición de cuentas, entonces es que algo falla en el sistema miserablemente.

Rodrigo Tena Arregui

Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.

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Me han pedido que escriba un post sobre la situación del Tribunal Constitucional. Hay muchas razones para ello. Por ejemplo, la constatación de que el 23 de mayo de 2012 el TC se dignó resolver un recurso contra la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones autonómicas de Cataluña. Y es que 13 añitos no son nada.

Podría también referirme al desamparo real de quienes recurren en amparo, debido al tratamiento dado al concepto de especial trascendencia constitucional del recurso tras la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. No es una broma que infracciones del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva no se corrijan para que así el TC pueda dedicar más tiempo a resolver los recursos de inconstitucionalidad. Y ya hemos visto que 13 años no son casi nada.

Pero hoy es momento de referirse a la crisis institucional del TC, en especial por la falta de renovación de los Magistrados cuyo mandato se encuentra  holgadamente vencido.

Hablar de crisis institucional del TC suena a repetir lo repetido mil veces. Es un tópico. Crisis institucional por la falta de independencia de los Magistrados –como premisa de la imparcialidad y dignidad de la función a que se refiere el art. 22 LOTC-, al posicionarse siempre en dos bloques homogéneos frente a un proyecto de sentencia importante. Crisis por alguna sentencia incomprensible. Y crisis porque allí siguen algunos con mandatos eternamente prorrogados.

Ahora bien, como todo es relativo, la del TC es casi una broma en un país situado en el abismo de una Crisis con mayúsculas. Y no me refiero sólo a la económica, que es obvia, sino a la de nuestras instituciones básicas. De todas ellas y por razones diversas en cada caso, pero siempre ligadas a la ineludible necesidad de una mejora de la calidad democrática, la transparencia y el fomento de la participación ciudadana real.

Crisis en la Jefatura del Estado. En un Legislativo que ya no legisla, sino que se limita a doblar la cerviz ante la avalancha de Reales Decretos-Leyes que le llegan para convalidar. En un Gobierno que … en fin, aunque yo sigo creyendo que el Presidente se rencontrará consigo mismo (alguien inteligente, honesto y veraz).

Crisis en una prensa (ya se sabe, el cuarto poder) que nos obliga a leer periódicos de habla inglesa o alemana (el que la entienda) para enterarnos de algo. Crisis en el sistema financiero, con un Banco de España a la cabeza que ha sido puesto en la picota por el propio Ejecutivo. Crisis en el Defensor del Pueblo, con el cargo vacante desde hace dos años (sí, han leído bien, dos años).

Y qué decir del Consejo General del Poder Judicial. Un verdadero buscalíos, por si no tenía ya bastantes problemas al tratar de ejercer su pobre función. No es en verdad el órgano de gobierno del Poder Judicial, sino un apéndice politizado del sistema de partidos que todo lo domina. Es un órgano hipertrofiado en su origen, lo que produce nefastos efectos. Es hora de reinventarlo o de enterrarlo.

Y es que esa crisis de nuestras instituciones, que parece buscada de propósito por todas y cada una de ellas, es nuestro verdadero problema para avanzar.

Pero volvamos al TC y a su situación de interinidad. El art. 159 CE y el 16 LOTC prevén que los doce Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey para un período de nueve años y que, de ellos, cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial.

En el momento actual, los 4 Magistrados nombrados a propuesta del Congreso han excedido su mandato en más de dos años y medio (uno de ellos falleció en 2008 y nunca fue sustituido, a pesar de que el art. 16.5 LOTC exige la provisión de las vacantes producidas). Bien es verdad que los tres afectados presentaron su renuncia hace ahora un año, pero el art. 23.1.primero LOTC exige que sea aceptada por el Presidente, lo que no ocurrió.

La consecuencia es que, según prevé el art. 17.2 LOTC, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles. La norma no establece límite temporal alguno a esa prórroga. Garantiza que no exista un vacío, pero el coste resulta evidente. Sin embargo, sí viene a imponer una especie de sanción–tras la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre- a los Magistrados futuros, por cuanto, “si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación” (art. 16.5 LOTC). Parece lógico porque lo contrario impediría la regularidad en la renovación parcial trienal y acumularía prórrogas cada vez mayores. Sin embargo, no parece un gran incentivo para excitar la diligencia de quienes han de proponer y puede implicar reticencias en los candidatos.

La renovación debe activarse antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración del mandato. Para ello, el Presidente del TC debe solicitar a sus homólogos de los órganos que han de hacer las propuestas de designación de nuevos Magistrados, que inicien el procedimiento para ello (art. 17.1 LOTC). Poco éxito ha tenido hasta el momento.

Todo parece tan desesperante que quien obtuvo el cargo de Vicepresidente cuando ya su mandato había vencido, llega a sugerir ahora que los Magistrados salientes propongan a sus sustitutos. ¡Lo que nos faltaba!

También se ha sugerido que el Pleno coopte a sus nuevos miembros o que los órganos proponentes morosos pierdan transitoriamente su facultad de propuesta. Ocurrencias todas ellas de poco recorrido.

Sin duda, los responsables formales del fiasco son quienes tienen que proponer a los nuevos Magistrados y no lo hacen No obstante, aunque la LOTC se refiere a los Poderes del Estado –en la crisis actual, el Congreso-, lo cierto es que los responsables materiales son los omnipresentes partidos políticos. El juego de nombres y cromos entre unos y otros para elegir a los que sigan ahondando en la sima de la credibilidad del TC no parece tener fin.

La situación es ridícula y en algún momento habrá que darle la vuelta. Sería bueno que los responsables políticos se convencieran de que las normas están para cumplirse, incluso las que les imponen plazos y obligaciones a ellos mismo (recomiendo vivamente al respecto la lectura del art. 9.1 CE). También las que exigen un pequeño esfuerzo para renovar los cargos de ciertas instituciones esenciales. Lo contrario suena a desprecio o a constatación de la inutilidad de esas instituciones.

Pero las instituciones deben ser respetadas y para ello tienen que funcionar bien y cumplir su misión constitucional, como premisa de correcto funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Y así, algún día entenderán también que respetando los plazos y procedimientos y eligiendo a los mejores –en este caso, Magistrados- tendremos algo ganado. Bien es verdad que eso tampoco es por sí solo garantía de nada. No basta con constatar que la capacidad, aptitud, actitud, voluntad y dedicación de los Magistrados, unido al estatuto personal que dibuja la LOTC, debería ser suficiente para garantizar su independencia, imparcialidad y dignidad, como requisito mínimo de actuación. También es una cuestión de voluntad. Aunque la norma ponga los pilares para ello, si después no quieren ser independientes no podremos hacer nada, aunque nunca les perdonaremos.

Tomás González Cueto

abogado y Abogado del Estado (exc.)