¡Felices Vacaciones!

Los editores y colaboradores de ¿Hay derecho? les deseamos a todos unas felices y merecidas vacaciones. Durante el mes de agosto (dado que nosotros también nos tomamos unas merecidas vacaciones) seguiremos publicando y estando atentos a la actualidad jurídica y política pero a un ritmo más tranquilo, salvo que por razones ajenas a nuestra voluntad -tales como algún acontecimiento importante en agosto- tengamos que volver precipitadamente a nuestros puestos de trabajo. ¡A ver si hay suerte!

Cuando la imagen no lo es todo

Es muy frecuente que las compañías prescindan de sus fichajes más sonados cuando éstos, en vez de potenciar la buena imagen de la empresa, la enturbian. Hace poco hemos comprobado como la ONG conservacionista WWF eliminaba el cargo de presidente  honorífico de la organización, que ostentaba el Rey desde su fundación, en 1968, tras el famoso episodio de la cacería de elefantes en Botswana, comentado también en este blog (aquí). Pero lo cierto es que eso es una práctica común, que ha afectado a gente tan famosa como a Tiger Woods, tras su mediática infidelidad, o a John Galliano por sus comentarios racistas. Sin embargo, el caso Urdangarín es una excepción a la regla, y yo creo que puede ser interesante preguntarse el porqué.

 

Efectivamente, en este caso no hablamos de una cacería legal, aunque estéticamente desafortunada, ni de unos amoríos extramaritales que a quién sólo deberían preocupar es a su familia, ni de unos comentarios fuera de tono con unas copas de más. No, aquí estamos hablando de la imputación por unos delitos muy serios penados con años de cárcel (hasta 18, concretamente). Nada menos que por cinco delitos: evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos (aquí). Y pese a ello, según informa la prensa, Telefónica le renueva el contrato por un año y por un millón y medio de euros fijándole una indemnización en caso de despido de 4,5 millones de euros. Y eso que este año no parece uno de los mejores de la historia de la compañía: acaba de anunciar que cancela el dividendo para el 2012, en una decisión que la prensa califica de “histórica” (aquí). La medida no hace más que presagiar un escenario complicado para el empleo a corto plazo, al menos si se quiere respetar los compromisos adquiridos con los accionistas para el año que viene. Todo ello contribuye a hacer el caso Urdangarín todavía más inexplicable.

 

Tampoco parece que el yerno del Rey sea un ejecutivo clave en la estructura de Telefónica internacional completamente insustituible, de tal manera que su aportación personal compense el coste de imagen que puede suponer su renovación. Su formación como jugador de balonmano no es la más adecuada para ayudar a defender esa hipótesis. No, lo más lógico es considerar que Urdagarín fue contratado por razones de imagen y que, en consecuencia, un acontecimiento tan serio como su imputación penal le haría perder automáticamente todo el valor que podría aportar a la compañía.

 

Por ese motivo, la renovación nos obliga a descarta también esta posibilidad. De hecho, parece que viaja mucho menos por el continente y vive casi recluido. La idea que alegan algunas fuentes de que con la renovación del contrato se ha pretendido no condenarle de antemano es totalmente absurda. No es Telefónica quién tiene que meterle en la cárcel, sino los jueces. Galliano no está en la cárcel, pero sí fuera de Dior, y eso que no podemos negar que personalmente aportaba bastante más a la firma. Lo único que debía entrar a valorar Telefónica es si a la compañía le interesaba mantenerle en plantilla o no, y si ha decidido que sí, será por algo.

 

Otra interpretación posible es que Urdangarín no está en Telefónica ni por competencia personal ni por imagen, sino por hacerle un favor a alguien. Puede que por hacerle un favor a la casa del Rey o al Gobierno de turno, o más bien a ambos. Sin embargo, el problema es que en las sociedades mercantiles el ánimo de lucro se presume y las donaciones están excluidas del ámbito de competencia del órgano de administración, al estar fuera del objeto social de la empresa (art. 234 LSC). Luego deberíamos descartar también esta hipótesis, pues la regulación nos pone sobre la pista de lo raro que resulta que una sociedad de este tipo haga favores a cambio de nada.

 

En conclusión, y a falta de más información, habrá que suponer que este caso es uno más derivado de ese estrecho conjunto de relaciones entre la clase política y las grandes empresas reguladas de este país, conocido con el nombre de “revolving door”, y que ya hemos denunciado en este blog (aquí y aquí). Hoy por ti, mañana por mí. Unas relaciones tan valoradas que compensan cierto coste de imagen.

 

Es verdad que, como se comenta en esos post, estas singulares vinculaciones son el pan nuestro de cada día, incluso a nivel internacional, pero lo cierto es que normalmente se intentan disimular un poco, aunque sea por decoro. Siempre he pensado que, por contraposición al cinismo típico de algunos países latinos (Argentina, Venezuela, Italia), es muy merecedora de elogio la clásica y casi venerable hipocresía anglosajona. Al fin y al cabo, como tantas veces se ha dicho, la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. De hecho, el historiador John Lukacs afirmaba que “la hipocresía es el cemento que mantiene unida a la civilización”. Por eso, un dato muy revelador del estado de cosas en España es que aquí empiece a importar muy poco disimular nada.

Cuando la imagen no lo es todo

Es muy frecuente que las compañías prescindan de sus fichajes más sonados cuando éstos, en vez de potenciar la buena imagen de la empresa, la enturbian. Hace poco hemos comprobado como la ONG conservacionista WWF eliminaba el cargo de presidente  honorífico de la organización, que ostentaba el Rey desde su fundación, en 1968, tras el famoso episodio de la cacería de elefantes en Botswana, comentado también en este blog (aquí). Pero lo cierto es que eso es una práctica común, que ha afectado a gente tan famosa como a Tiger Woods, tras su mediática infidelidad, o a John Galliano por sus comentarios racistas. Sin embargo, el caso Urdangarín es una excepción a la regla, y yo creo que puede ser interesante preguntarse el porqué.

 

Efectivamente, en este caso no hablamos de una cacería legal, aunque estéticamente desafortunada, ni de unos amoríos extramaritales que a quién sólo deberían preocupar es a su familia, ni de unos comentarios fuera de tono con unas copas de más. No, aquí estamos hablando de la imputación por unos delitos muy serios penados con años de cárcel (hasta 18, concretamente). Nada menos que por cinco delitos: evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos (aquí). Y pese a ello, según informa la prensa, Telefónica le renueva el contrato por un año y por un millón y medio de euros fijándole una indemnización en caso de despido de 4,5 millones de euros. Y eso que este año no parece uno de los mejores de la historia de la compañía: acaba de anunciar que cancela el dividendo para el 2012, en una decisión que la prensa califica de “histórica” (aquí). La medida no hace más que presagiar un escenario complicado para el empleo a corto plazo, al menos si se quiere respetar los compromisos adquiridos con los accionistas para el año que viene. Todo ello contribuye a hacer el caso Urdangarín todavía más inexplicable.

 

Tampoco parece que el yerno del Rey sea un ejecutivo clave en la estructura de Telefónica internacional completamente insustituible, de tal manera que su aportación personal compense el coste de imagen que puede suponer su renovación. Su formación como jugador de balonmano no es la más adecuada para ayudar a defender esa hipótesis. No, lo más lógico es considerar que Urdagarín fue contratado por razones de imagen y que, en consecuencia, un acontecimiento tan serio como su imputación penal le haría perder automáticamente todo el valor que podría aportar a la compañía.

 

Por ese motivo, la renovación nos obliga a descarta también esta posibilidad. De hecho, parece que viaja mucho menos por el continente y vive casi recluido. La idea que alegan algunas fuentes de que con la renovación del contrato se ha pretendido no condenarle de antemano es totalmente absurda. No es Telefónica quién tiene que meterle en la cárcel, sino los jueces. Galliano no está en la cárcel, pero sí fuera de Dior, y eso que no podemos negar que personalmente aportaba bastante más a la firma. Lo único que debía entrar a valorar Telefónica es si a la compañía le interesaba mantenerle en plantilla o no, y si ha decidido que sí, será por algo.

 

Otra interpretación posible es que Urdangarín no está en Telefónica ni por competencia personal ni por imagen, sino por hacerle un favor a alguien. Puede que por hacerle un favor a la casa del Rey o al Gobierno de turno, o más bien a ambos. Sin embargo, el problema es que en las sociedades mercantiles el ánimo de lucro se presume y las donaciones están excluidas del ámbito de competencia del órgano de administración, al estar fuera del objeto social de la empresa (art. 234 LSC). Luego deberíamos descartar también esta hipótesis, pues la regulación nos pone sobre la pista de lo raro que resulta que una sociedad de este tipo haga favores a cambio de nada.

 

En conclusión, y a falta de más información, habrá que suponer que este caso es uno más derivado de ese estrecho conjunto de relaciones entre la clase política y las grandes empresas reguladas de este país, conocido con el nombre de “revolving door”, y que ya hemos denunciado en este blog (aquí y aquí). Hoy por ti, mañana por mí. Unas relaciones tan valoradas que compensan cierto coste de imagen.

 

Es verdad que, como se comenta en esos post, estas singulares vinculaciones son el pan nuestro de cada día, incluso a nivel internacional, pero lo cierto es que normalmente se intentan disimular un poco, aunque sea por decoro. Siempre he pensado que, por contraposición al cinismo típico de algunos países latinos (Argentina, Venezuela, Italia), es muy merecedora de elogio la clásica y casi venerable hipocresía anglosajona. Al fin y al cabo, como tantas veces se ha dicho, la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. De hecho, el historiador John Lukacs afirmaba que “la hipocresía es el cemento que mantiene unida a la civilización”. Por eso, un dato muy revelador del estado de cosas en España es que aquí empiece a importar muy poco disimular nada.

“¿Para qué sirve el Parlamento?” artículo de nuestro colaborador Jesús López Medel en El Mundo

Hoy se publica este artículo en el diario El Mundo en el que el abogado del Estado Jesús López Medel, que fue diputado en el año 1996, habla del seguidismo partidista que vivió en esa etapa en el Congreso.

“¿Para qué sirve el Parlamento?” artículo de nuestro colaborador Jesús López Medel en El Mundo

Hoy se publica este artículo en el diario El Mundo en el que el abogado del Estado Jesús López Medel, que fue diputado en el año 1996, habla del seguidismo partidista que vivió en esa etapa en el Congreso.

Arquitectura institucional de base 0.

 

El entramado institucional creado en España tras la Constitución de 1978, y que ha regido los destinos de nuestro país desde la muerte del dictador parece encaminarse a un prematuro fin, a una velocidad mayor que la que cualquiera podría haber imaginado hace apenas unos meses. La desastrosa gestión de la crisis realizada por el hoy principal partido de la oposición, y la incapacidad del hoy partido en el gobierno, no ya de encauzar la situación económica, sino siquiera de interpretar correctamente la creciente indignación de todos los ciudadanos, parece abocarnos a una situación de completa ruptura con el modelo actual.

 

La historia, hasta ahora complaciente con el proceso constituyente llevado a cabo en España tras la muerte de Franco, siempre exhibido como ejemplo de la capacidad de entendimiento y consenso entre todos los agentes sociales y políticos para impulsar la democracia en España, quizás no lo sea tanto a la vista del resultado al que hemos llegado en el año 2012. Un sistema ahogado en corrupción y clientelismo, y dominado por una estructura de partidos políticos opaca y poco democrática. Un sistema agotado. Da la impresión que hemos iniciado ya la búsqueda de un nuevo Torcuato Fernández Miranda capaz de idear una salida a la situación de deterioro en que nos hayamos sumidos.

 

Muchos son los análisis que se están realizando estos días sobre como hemos podido llegar a una situación de deterioro institucional tan grave. Este post solo pretende aportar alguna reflexión sobre una de las causas más ampliamente apuntada. La ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas, y la escasa capacidad tradicional de organización y respuesta de la sociedad civil española.

 

Cuando en la primavera de 1979 tras las primeras elecciones democráticas constitucionales UCD ocupa el poder, se instaura la idea de que en la nueva sociedad democrática, los ciudadanos deben recuperar el poder en todas las instituciones. Si los ciudadanos han elegido democráticamente unos representantes políticos, deben ser estos representantes los que ostenten el poder delegado por los ciudadanos en todas las instituciones. Con la legitimidad de las urnas, los políticos ocupan el poder en la administración, tanto central como local. La administración estatal franquista era una administración que hoy podemos reconocer como profesional, con una clara separación entre los cargos que ocupan los funcionarios y los cargos que ocupa el poder político. Los cargos que ocupaban los funcionarios se encontraban regidos por una meritocracia basada en el prestigio de las oposiciones a los cuerpos de altos funcionarios del Estado. Con la llegada de la democracia, el número de cargos que ocupa el poder político en la nueva administración democrática se multiplica. A los cargos se unen asesores, personal de confianza, personal de libre designación, y un largo etcétera. Esta situación aún se acrecienta más con la irrupción de las autonomías, donde la no existencia de una estructura previa pone aún menos barreras a la ocupación de la administración por parte del poder político.

 

La tensión tradicional entre política y administración que se produce en cualquier estado moderno se decanta claramente en España del lado de la política. El caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción en España ya estaba creado. La relación entre el número de personas que ocupan cargos en cualquier administración que dependen directamente del resultado de unas elecciones y el grado de corrupción de un país se describe muy claramente en este artículo publicado en el año 2009 en el diario El País.  La ocupación se acelera con los gobiernos del PSOE en el período de 1982 a 1996. En los años posteriores, se establece cierto límite al volver a fijar condiciones más estrictas para los puestos de dirección política administrativa en principio reservado a funcionarios (directores generales, subsecretarios,…).

 

El argumento que legitimaba la ocupación de altos cargos en la administración, servía igualmente para ocupar los organismos de decisión de las televisiones públicas, las cajas de ahorro, el Consejo General del Poder Judicial, o un largo etcétera. ¿Qué mejor forma de elegir a las personas que deben ocupar puestos en todos estos órganos que a través de los parlamentos elegidos democráticamente? El poder político lo ha copado todo, y las personas cuyos puestos han sido designados por los partidos políticos han crecido sin control en todos los poderes del estado, y en todos los espacios que tienen cualquier tipo de influencia en la vida pública.

 

Hace menos de un año que en este post hablábamos de la necesidad de legitimar los recortes que debían aplicarse en los servicios básicos, eliminando primero los gastos prescindibles. Televisiones públicas, Senado, diputaciones… la lista de gastos prescindibles era amplia, y se ha mencionado en multitud de artículos y análisis en los últimos meses. Tras los duros recortes aprobados el pasado 19 de Julio, y la dura contestación en la calle de los mismos, sorprende la escasa sensibilidad que ha mostrado el gobierno ante la necesidad de conseguir una mayor legitimidad para aplicar estos recortes. Sin duda muchos de los que salieron a la calle a protestar el pasado 19 de Julio lo hicieron ante lo que consideraban injustas subidas de impuestos o injustas rebaja de salarios. Pero la percepción más generalizada es que los ciudadanos españoles, que habían mostrado hasta ahora un carácter más bien de resignación ante los inevitables recortes, viven con mucha más indignación que estos recortes se apliquen en todas partes, menos en la macro estructura política que se ha creado en los últimos 30 años, y que se aplican sin ningún criterio de priorización, afectando por igual a servicios perfectamente prescindibles, y a servicios esenciales como la educación o la sanidad.

 

Escuchar hoy a algún senador hablar sobre el trabajo que están realizando en el Senado para sacar adelante la reforma que lo convierte en una cámara territorial resulta cuanto menos sorprendente en una cámara que nunca ha tenido ninguna utilidad, y a la que nadie ahora le pide tampoco que la tenga en el futuro. Escuchar la defensa de los principales partidos políticos del modelo autonómico frente al creciente clamor contra una estructura cara, clientelar e insostenible empieza a resultar en gran medida sonrojante. Escuchar a los políticos ofrecer como gran gesto de generosidad una rebaja en sus sueldos igual a la aplicada a los funcionarios resulta indignante. Escuchar que la gran reforma de la administración local consiste en reforzar las diputaciones provinciales, una de las instituciones con menor grado de rendición de cuentas y menor transparencia resulta casi una broma.

 

La Constitución del 78, analizada con la perspectiva que nos da la actual crisis, recogió no pocos errores en su diseño del modelo de estado para España. Consagró instituciones como el Senado que se han mostrado totalmente innecesarias en el transcurso de los años, tal como contamos en este post. Diseñó un estado autonómico, ideado para dar cabida a las exigencias de autogobierno del nacionalismo catalán y vasco, que hoy solo podemos calificar de delirante. Este modelo lejos de acomodar el “problema” vasco y catalán, lo ha magnificado: ningún nacionalismo considerará satisfechas sus reclamaciones si su grado de autonomía es similar al de otras regiones que nunca habían mostrado interés por el autogobierno. Una constitución que ha consagrado un modelo de partidos políticos que han acumulado un poder que parece incompatible con un estado democrático y libre de corrupción (este artículo reciente ahonda en este tema de forma muy clara). Y una constitución donde la separación de poderes no fue suficientemente garantizada, ante la creciente intromisión del poder ejecutivo y legislativo en el poder judicial. Sin duda otros identificarán otros errores en nuestra constitución, pero creo que estos son suficientes para que superemos el  “enorme respeto” por el tremendo salto que supuso esta constitución para la sociedad española, y empecemos a pensar en un futuro donde muchas cosas de las recogidas en la Constitución deben cambiar.

 

Dado que parece que la política económica de nuestro país no va a ocupar mucho tiempo de nuestros políticos en el futuro cercano, puesto que vendrá impuesta por nuestros acreedores, bien estaría que dedicáramos parte de nuestro tiempo a diseñar un nuevo entramado institucional para España, que nos pueda devolver a la senda de la democracia, la transparencia, la sostenibilidad y la racionalidad que todos los españoles anhelamos. Haría bien el actual gobierno en escuchar las reclamaciones ciudadanas de un profunde recorte en la macro estructura política que ha copado las administraciones, en suprimir los muchos privilegios de la clase política, en empezar a priorizar con mayor criterio los servicios en los que se aplican recortes, huyendo de las decisiones fáciles de recortes lineales, y comenzara a apuntar la necesidad de una profunda revisión del actual modelo de estado, insostenible e ineficiente

Arquitectura institucional de base 0.

 

El entramado institucional creado en España tras la Constitución de 1978, y que ha regido los destinos de nuestro país desde la muerte del dictador parece encaminarse a un prematuro fin, a una velocidad mayor que la que cualquiera podría haber imaginado hace apenas unos meses. La desastrosa gestión de la crisis realizada por el hoy principal partido de la oposición, y la incapacidad del hoy partido en el gobierno, no ya de encauzar la situación económica, sino siquiera de interpretar correctamente la creciente indignación de todos los ciudadanos, parece abocarnos a una situación de completa ruptura con el modelo actual.

 

La historia, hasta ahora complaciente con el proceso constituyente llevado a cabo en España tras la muerte de Franco, siempre exhibido como ejemplo de la capacidad de entendimiento y consenso entre todos los agentes sociales y políticos para impulsar la democracia en España, quizás no lo sea tanto a la vista del resultado al que hemos llegado en el año 2012. Un sistema ahogado en corrupción y clientelismo, y dominado por una estructura de partidos políticos opaca y poco democrática. Un sistema agotado. Da la impresión que hemos iniciado ya la búsqueda de un nuevo Torcuato Fernández Miranda capaz de idear una salida a la situación de deterioro en que nos hayamos sumidos.

 

Muchos son los análisis que se están realizando estos días sobre como hemos podido llegar a una situación de deterioro institucional tan grave. Este post solo pretende aportar alguna reflexión sobre una de las causas más ampliamente apuntada. La ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas, y la escasa capacidad tradicional de organización y respuesta de la sociedad civil española.

 

Cuando en la primavera de 1979 tras las primeras elecciones democráticas constitucionales UCD ocupa el poder, se instaura la idea de que en la nueva sociedad democrática, los ciudadanos deben recuperar el poder en todas las instituciones. Si los ciudadanos han elegido democráticamente unos representantes políticos, deben ser estos representantes los que ostenten el poder delegado por los ciudadanos en todas las instituciones. Con la legitimidad de las urnas, los políticos ocupan el poder en la administración, tanto central como local. La administración estatal franquista era una administración que hoy podemos reconocer como profesional, con una clara separación entre los cargos que ocupan los funcionarios y los cargos que ocupa el poder político. Los cargos que ocupaban los funcionarios se encontraban regidos por una meritocracia basada en el prestigio de las oposiciones a los cuerpos de altos funcionarios del Estado. Con la llegada de la democracia, el número de cargos que ocupa el poder político en la nueva administración democrática se multiplica. A los cargos se unen asesores, personal de confianza, personal de libre designación, y un largo etcétera. Esta situación aún se acrecienta más con la irrupción de las autonomías, donde la no existencia de una estructura previa pone aún menos barreras a la ocupación de la administración por parte del poder político.

 

La tensión tradicional entre política y administración que se produce en cualquier estado moderno se decanta claramente en España del lado de la política. El caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción en España ya estaba creado. La relación entre el número de personas que ocupan cargos en cualquier administración que dependen directamente del resultado de unas elecciones y el grado de corrupción de un país se describe muy claramente en este artículo publicado en el año 2009 en el diario El País.  La ocupación se acelera con los gobiernos del PSOE en el período de 1982 a 1996. En los años posteriores, se establece cierto límite al volver a fijar condiciones más estrictas para los puestos de dirección política administrativa en principio reservado a funcionarios (directores generales, subsecretarios,…).

 

El argumento que legitimaba la ocupación de altos cargos en la administración, servía igualmente para ocupar los organismos de decisión de las televisiones públicas, las cajas de ahorro, el Consejo General del Poder Judicial, o un largo etcétera. ¿Qué mejor forma de elegir a las personas que deben ocupar puestos en todos estos órganos que a través de los parlamentos elegidos democráticamente? El poder político lo ha copado todo, y las personas cuyos puestos han sido designados por los partidos políticos han crecido sin control en todos los poderes del estado, y en todos los espacios que tienen cualquier tipo de influencia en la vida pública.

 

Hace menos de un año que en este post hablábamos de la necesidad de legitimar los recortes que debían aplicarse en los servicios básicos, eliminando primero los gastos prescindibles. Televisiones públicas, Senado, diputaciones… la lista de gastos prescindibles era amplia, y se ha mencionado en multitud de artículos y análisis en los últimos meses. Tras los duros recortes aprobados el pasado 19 de Julio, y la dura contestación en la calle de los mismos, sorprende la escasa sensibilidad que ha mostrado el gobierno ante la necesidad de conseguir una mayor legitimidad para aplicar estos recortes. Sin duda muchos de los que salieron a la calle a protestar el pasado 19 de Julio lo hicieron ante lo que consideraban injustas subidas de impuestos o injustas rebaja de salarios. Pero la percepción más generalizada es que los ciudadanos españoles, que habían mostrado hasta ahora un carácter más bien de resignación ante los inevitables recortes, viven con mucha más indignación que estos recortes se apliquen en todas partes, menos en la macro estructura política que se ha creado en los últimos 30 años, y que se aplican sin ningún criterio de priorización, afectando por igual a servicios perfectamente prescindibles, y a servicios esenciales como la educación o la sanidad.

 

Escuchar hoy a algún senador hablar sobre el trabajo que están realizando en el Senado para sacar adelante la reforma que lo convierte en una cámara territorial resulta cuanto menos sorprendente en una cámara que nunca ha tenido ninguna utilidad, y a la que nadie ahora le pide tampoco que la tenga en el futuro. Escuchar la defensa de los principales partidos políticos del modelo autonómico frente al creciente clamor contra una estructura cara, clientelar e insostenible empieza a resultar en gran medida sonrojante. Escuchar a los políticos ofrecer como gran gesto de generosidad una rebaja en sus sueldos igual a la aplicada a los funcionarios resulta indignante. Escuchar que la gran reforma de la administración local consiste en reforzar las diputaciones provinciales, una de las instituciones con menor grado de rendición de cuentas y menor transparencia resulta casi una broma.

 

La Constitución del 78, analizada con la perspectiva que nos da la actual crisis, recogió no pocos errores en su diseño del modelo de estado para España. Consagró instituciones como el Senado que se han mostrado totalmente innecesarias en el transcurso de los años, tal como contamos en este post. Diseñó un estado autonómico, ideado para dar cabida a las exigencias de autogobierno del nacionalismo catalán y vasco, que hoy solo podemos calificar de delirante. Este modelo lejos de acomodar el “problema” vasco y catalán, lo ha magnificado: ningún nacionalismo considerará satisfechas sus reclamaciones si su grado de autonomía es similar al de otras regiones que nunca habían mostrado interés por el autogobierno. Una constitución que ha consagrado un modelo de partidos políticos que han acumulado un poder que parece incompatible con un estado democrático y libre de corrupción (este artículo reciente ahonda en este tema de forma muy clara). Y una constitución donde la separación de poderes no fue suficientemente garantizada, ante la creciente intromisión del poder ejecutivo y legislativo en el poder judicial. Sin duda otros identificarán otros errores en nuestra constitución, pero creo que estos son suficientes para que superemos el  “enorme respeto” por el tremendo salto que supuso esta constitución para la sociedad española, y empecemos a pensar en un futuro donde muchas cosas de las recogidas en la Constitución deben cambiar.

 

Dado que parece que la política económica de nuestro país no va a ocupar mucho tiempo de nuestros políticos en el futuro cercano, puesto que vendrá impuesta por nuestros acreedores, bien estaría que dedicáramos parte de nuestro tiempo a diseñar un nuevo entramado institucional para España, que nos pueda devolver a la senda de la democracia, la transparencia, la sostenibilidad y la racionalidad que todos los españoles anhelamos. Haría bien el actual gobierno en escuchar las reclamaciones ciudadanas de un profunde recorte en la macro estructura política que ha copado las administraciones, en suprimir los muchos privilegios de la clase política, en empezar a priorizar con mayor criterio los servicios en los que se aplican recortes, huyendo de las decisiones fáciles de recortes lineales, y comenzara a apuntar la necesidad de una profunda revisión del actual modelo de estado, insostenible e ineficiente

El último que apague la luz: los recortes en las Universidades públicas españolas (El caso de la Universidad Rey Juan Carlos)

Es un secreto a voces que las Universidades públicas españolas tienen una gestión muy poco profesional y que bajo el sagrado manto de la autonomía universitaria se esconden muchas corruptelas, abusos, despilfarros y disparates varios, propios de un gestor que no tiene que rendir cuentas  a los ciudadanos que pagan con sus impuestos todo el montaje, ya sea vía impuestos generales o vía tasas universitarias sino que tienen que ganarse a unos electores con intereses bien distintos.  Y tampoco rinden cuentas a su “supervisor”  la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de turno, que distribuye la financiación sin tener en cuenta ni la buena ni la mala gestión –o lo hace de forma casi testimonial- aunque la financiación sí depende del al número de alumnos, puesto que las tasas académicas que éstos pagan se transfieren directamente a las Universidades públicas. Por eso puede ser un buen negocio tener muchos alumnos bajando la nota de corte, es decir, primando cantidad sobre calidad. En cualquier caso, como es sabido, la financiación vía tasas académicas es totalmente deficitaria, pese a las recientes subidas.

 

Del tema hemos hablado bastante en este blog y todavía más han hablado en NeG.  Los datos de las Universidades españolas los tienen en este  informe.

 

También hemos hablado en este blog y en otros muchos de la endogamia endémica de la Universidad pública española,  que favorece la existencia de auténticas sagas familiares en algunos Departamentos, del desastre burocrático de la evaluación de la ANECA de las quejas de los Consejeros de Educación (siempre en privado, claro está) sobre la nefasta gestión de la mayoría de los Rectores, en especial de los que no son políticamente afines, de la contratación masiva de profesorado que se ha producido en paralelo a la disminución constante del número de alumnos, de las numerosas posibilidades de contratación de profesores al amparo de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades  utilizando figuras jurídicas previstas para otra cosa, como la de profesores asociados (en principio, para profesionales o especialistas a tiempo parcial) o funcionarios interinos (en principio con carácter temporal y para realizar sustituciones) de forma indiscriminada y dudosamente legal. Aunque, todo hay que reconocerlo, hay Universidades públicas más serias que otras y no en todas se han producido estas corruptelas. Si miran los números del informe de la CRUE allí se recogen con claridad los tipos de personal que tiene cada Universidad pública española.

 

Hemos hablado menos de la increíble y variadísima oferta de la inflación de títulos universitarios en España (muchos de ellos bilingües, faltaría más, será por inglés, y eso que, según este artículo, las competencias de nuestros estudiantes de bachillerato en inglés dejan bastante que desear. Y del asombroso número de alumnos universitarios  Pero ahora la verdad es que ya da bastante igual, porque como decimos en el título,  han llegado los recortes. Eso sí cada Universidad pública, como es autónoma y soberana, los aplica como Dios (o al rector, que a estos efectos es lo mismo) le da a entender.

 

Y como era previsible en este sistema irracional o cuya racionalidad, para ser más exactos, responde a una lógica clientelar, los recortes están empezando por los eslabones más débiles (sí, igual que con los recortes del sr. Rajoy) y no por los más improductivos. No se trata de ver quien funciona y quien no, quien trabaja y quien no, o quien da mejor las clases o es mejor investigador, quien sabe inglés o no (criterio del mérito) quien cobra más o menos dinero (criterio económico) o quien simplemente es más necesario desde el punto de vista de la “oferta” de titulación a los estudiantes porque las clases o el grado que imparte tiene más demanda (un criterio de libre mercado, al fin y al cabo). Nada de eso. Se trata de ver a quien es más fácil echar, tanto desde el punto de vista jurídico (por la modalidad de su contrato) como desde el punto de vista “político” (porque tiene menos coste para el equipo gestor) como desde el punto de vista de la afinidad (porque no es familiar directo, indirecto o “cliente” valga la expresión, usada en su acepción originaria del Derecho Romano) de quienes mandan.

 

Así nos estamos encontrando con esperpentos del tipo de que si hay grados bilingües y no hay profesores que sepan o puedan hacerlo porque ya no se les ha renovado el contrato no se suprime la oferta correspondiente, sino que sencillamente se le encarga a otro profesor (preferiblemente de los que vean en peligro su puesto de trabajo con la siguiente tanda de recortes) y se le encargan las clases aunque no sepa mucho inglés, ni ya puestos tampoco demasiado de la materia a impartir. Ya ha habido protestas de los alumnos ante la Comunidad Autónoma correspondiente por este motivo, por ahora sin ninguna respuesta oficial.

 

Por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Universidad Juan Carlos I de la Comunidad de Madrid.El recorte que “le toca” a la universidad (ya saben que en este país los recortes son lineales) es de 3,5 millones de euros para profes y 1,5 millones de euros para PAS (personal de Administración y Servicios) La reducción prevista del presupuesto de la Universidad para este año son 16,5 millones de euros pero se prevé que aumenten hasta el año 2013 hasta 24 millones de euros, todo según esta noticia.

 

Y para acabarlo de arreglar en esta Universidad –donde de forma tan ejemplar podemos ver las “disfunciones” de las Universidades públicas españolas más “jóvenes” es decir, de las creadas al amparo de las alegrías presupuestarias y autonómicas en los últimos 20 años.

 

tiene un Rector, D.Pedro Gonzalez- Trebijano  con un pequeño problema jurídico, dado que los Tribunales de Justicia consideran que se presentó de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en las elecciones convocadas en 2005 “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos por lo que declara en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”.

 

Por tanto, en una resolución firme, el tribunal estima el planteamiento del recurrente, anula la candidatura del actual rector en los comicios de 2009 y apunta que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”.

 

Por supuesto a los lectores habituales a estas alturas no les sorprenderá saber que el Rector sigue sentando en su silla. En su momento (hace más de un año ya) la Universidad Rey Juan Carlos anunció que recurriría la sentencia que “contraviene lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad” y que “atenta directamente contra la garantía institucional de la autonomía universitaria”. Efectivamente, el Rector ha interpuesto un recurso de amparo, no hay otro posible, porque la sentencia es firme, y la interposición del recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia firme salvo que así lo acuerde el Tribunal. El rector tiene suspendida la ejecución de la sentencia de instancia,  y ya es suerte, teniendo en cuenta el retraso que lleva el TC con respecto a los recursos de amparo, y que el del Rector lleva el número 5714/2011. El número de recursos de amparo pendientes simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC porque no es nada fácil que te admitan un recurso de amparo, tras la modificación de la LOTC para impedir el aluvión eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. Esto si que es llegar y besar el santo.

 

Pero no solo el TC se ha volcado con el Rector. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había emitido -según la contestación a la demanda de los abogados del Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trebijano”-  Yo no sé en Derecho administrativo que es esto de un “dictamen vinculante previo” que pretende garantizar nada menos que la inmunidad frente a una sentencia del Tribunal de lo contencioso-administrativo encargado de revisar los actos de la Administración. Esta figura no venía en mi temario de oposiciones a la Abogacía del Estado, los dictámenes eran preceptivos y no preceptivos y vinculantes y no vinculantes. Tampoco en la Ley 30/1992, cuyo artículo 71 recuerda que con carácter general y salvo disposición expresa en contrario los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes. Dictámenes preceptivos hay algunos, preceptivos y vinculantes no sé si quedan además de los de la Consejería de Educación, por no serlo no lo son ni los del Consejo de Estado (el más alto órgano consultivo del Estado, por si no se acuerdan) salvo que una Ley disponga lo contrario. Y desde luego, a los Tribunales de Justicia que controlan la legalidad de los actos administrativos no les vinculan nada de nada.

 

Por último, al señor Gonzalez- Trebijano le acaban de nombrar a propuesta del PP vocal de la Junta Electoral Central. ¿Casualidad?

 

Y el otro día compareció el Rector en la Asamblea Regional de Madrid para hablar de su gestión y los recortes. El único, por supuesto, que le hizo preguntas un poco incómodas acerca de la situación de la Universidad y de la suya propia fue el representante de UPYD. Aquí tienen la transcripción completa de la comparecencia del Rector. Conclusión: todo fenomenal, muy buena gestión, ningún problema. Que se lo digan a los buenos profesores  de la Rey Juan Carlos I (que también los hay, incluso los que se pagaron de su bolsillo los cursos de inglés para dar las famosas clases bilingües).

 

 

Y el último, por favor, que apague la luz, que ya es un dineral.

 

 

El último que apague la luz: los recortes en las Universidades públicas españolas (El caso de la Universidad Rey Juan Carlos)

Es un secreto a voces que las Universidades públicas españolas tienen una gestión muy poco profesional y que bajo el sagrado manto de la autonomía universitaria se esconden muchas corruptelas, abusos, despilfarros y disparates varios, propios de un gestor que no tiene que rendir cuentas  a los ciudadanos que pagan con sus impuestos todo el montaje, ya sea vía impuestos generales o vía tasas universitarias sino que tienen que ganarse a unos electores con intereses bien distintos.  Y tampoco rinden cuentas a su “supervisor”  la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de turno, que distribuye la financiación sin tener en cuenta ni la buena ni la mala gestión –o lo hace de forma casi testimonial- aunque la financiación sí depende del al número de alumnos, puesto que las tasas académicas que éstos pagan se transfieren directamente a las Universidades públicas. Por eso puede ser un buen negocio tener muchos alumnos bajando la nota de corte, es decir, primando cantidad sobre calidad. En cualquier caso, como es sabido, la financiación vía tasas académicas es totalmente deficitaria, pese a las recientes subidas.

 

Del tema hemos hablado bastante en este blog y todavía más han hablado en NeG.  Los datos de las Universidades españolas los tienen en este  informe.

 

También hemos hablado en este blog y en otros muchos de la endogamia endémica de la Universidad pública española,  que favorece la existencia de auténticas sagas familiares en algunos Departamentos, del desastre burocrático de la evaluación de la ANECA de las quejas de los Consejeros de Educación (siempre en privado, claro está) sobre la nefasta gestión de la mayoría de los Rectores, en especial de los que no son políticamente afines, de la contratación masiva de profesorado que se ha producido en paralelo a la disminución constante del número de alumnos, de las numerosas posibilidades de contratación de profesores al amparo de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades  utilizando figuras jurídicas previstas para otra cosa, como la de profesores asociados (en principio, para profesionales o especialistas a tiempo parcial) o funcionarios interinos (en principio con carácter temporal y para realizar sustituciones) de forma indiscriminada y dudosamente legal. Aunque, todo hay que reconocerlo, hay Universidades públicas más serias que otras y no en todas se han producido estas corruptelas. Si miran los números del informe de la CRUE allí se recogen con claridad los tipos de personal que tiene cada Universidad pública española.

 

Hemos hablado menos de la increíble y variadísima oferta de la inflación de títulos universitarios en España (muchos de ellos bilingües, faltaría más, será por inglés, y eso que, según este artículo, las competencias de nuestros estudiantes de bachillerato en inglés dejan bastante que desear. Y del asombroso número de alumnos universitarios  Pero ahora la verdad es que ya da bastante igual, porque como decimos en el título,  han llegado los recortes. Eso sí cada Universidad pública, como es autónoma y soberana, los aplica como Dios (o al rector, que a estos efectos es lo mismo) le da a entender.

 

Y como era previsible en este sistema irracional o cuya racionalidad, para ser más exactos, responde a una lógica clientelar, los recortes están empezando por los eslabones más débiles (sí, igual que con los recortes del sr. Rajoy) y no por los más improductivos. No se trata de ver quien funciona y quien no, quien trabaja y quien no, o quien da mejor las clases o es mejor investigador, quien sabe inglés o no (criterio del mérito) quien cobra más o menos dinero (criterio económico) o quien simplemente es más necesario desde el punto de vista de la “oferta” de titulación a los estudiantes porque las clases o el grado que imparte tiene más demanda (un criterio de libre mercado, al fin y al cabo). Nada de eso. Se trata de ver a quien es más fácil echar, tanto desde el punto de vista jurídico (por la modalidad de su contrato) como desde el punto de vista “político” (porque tiene menos coste para el equipo gestor) como desde el punto de vista de la afinidad (porque no es familiar directo, indirecto o “cliente” valga la expresión, usada en su acepción originaria del Derecho Romano) de quienes mandan.

 

Así nos estamos encontrando con esperpentos del tipo de que si hay grados bilingües y no hay profesores que sepan o puedan hacerlo porque ya no se les ha renovado el contrato no se suprime la oferta correspondiente, sino que sencillamente se le encarga a otro profesor (preferiblemente de los que vean en peligro su puesto de trabajo con la siguiente tanda de recortes) y se le encargan las clases aunque no sepa mucho inglés, ni ya puestos tampoco demasiado de la materia a impartir. Ya ha habido protestas de los alumnos ante la Comunidad Autónoma correspondiente por este motivo, por ahora sin ninguna respuesta oficial.

 

Por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Universidad Juan Carlos I de la Comunidad de Madrid.El recorte que “le toca” a la universidad (ya saben que en este país los recortes son lineales) es de 3,5 millones de euros para profes y 1,5 millones de euros para PAS (personal de Administración y Servicios) La reducción prevista del presupuesto de la Universidad para este año son 16,5 millones de euros pero se prevé que aumenten hasta el año 2013 hasta 24 millones de euros, todo según esta noticia.

 

Y para acabarlo de arreglar en esta Universidad –donde de forma tan ejemplar podemos ver las “disfunciones” de las Universidades públicas españolas más “jóvenes” es decir, de las creadas al amparo de las alegrías presupuestarias y autonómicas en los últimos 20 años.

 

tiene un Rector, D.Pedro Gonzalez- Trebijano  con un pequeño problema jurídico, dado que los Tribunales de Justicia consideran que se presentó de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en las elecciones convocadas en 2005 “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos por lo que declara en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”.

 

Por tanto, en una resolución firme, el tribunal estima el planteamiento del recurrente, anula la candidatura del actual rector en los comicios de 2009 y apunta que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”.

 

Por supuesto a los lectores habituales a estas alturas no les sorprenderá saber que el Rector sigue sentando en su silla. En su momento (hace más de un año ya) la Universidad Rey Juan Carlos anunció que recurriría la sentencia que “contraviene lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad” y que “atenta directamente contra la garantía institucional de la autonomía universitaria”. Efectivamente, el Rector ha interpuesto un recurso de amparo, no hay otro posible, porque la sentencia es firme, y la interposición del recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia firme salvo que así lo acuerde el Tribunal. El rector tiene suspendida la ejecución de la sentencia de instancia,  y ya es suerte, teniendo en cuenta el retraso que lleva el TC con respecto a los recursos de amparo, y que el del Rector lleva el número 5714/2011. El número de recursos de amparo pendientes simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC porque no es nada fácil que te admitan un recurso de amparo, tras la modificación de la LOTC para impedir el aluvión eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. Esto si que es llegar y besar el santo.

 

Pero no solo el TC se ha volcado con el Rector. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había emitido -según la contestación a la demanda de los abogados del Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trebijano”-  Yo no sé en Derecho administrativo que es esto de un “dictamen vinculante previo” que pretende garantizar nada menos que la inmunidad frente a una sentencia del Tribunal de lo contencioso-administrativo encargado de revisar los actos de la Administración. Esta figura no venía en mi temario de oposiciones a la Abogacía del Estado, los dictámenes eran preceptivos y no preceptivos y vinculantes y no vinculantes. Tampoco en la Ley 30/1992, cuyo artículo 71 recuerda que con carácter general y salvo disposición expresa en contrario los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes. Dictámenes preceptivos hay algunos, preceptivos y vinculantes no sé si quedan además de los de la Consejería de Educación, por no serlo no lo son ni los del Consejo de Estado (el más alto órgano consultivo del Estado, por si no se acuerdan) salvo que una Ley disponga lo contrario. Y desde luego, a los Tribunales de Justicia que controlan la legalidad de los actos administrativos no les vinculan nada de nada.

 

Por último, al señor Gonzalez- Trebijano le acaban de nombrar a propuesta del PP vocal de la Junta Electoral Central. ¿Casualidad?

 

Y el otro día compareció el Rector en la Asamblea Regional de Madrid para hablar de su gestión y los recortes. El único, por supuesto, que le hizo preguntas un poco incómodas acerca de la situación de la Universidad y de la suya propia fue el representante de UPYD. Aquí tienen la transcripción completa de la comparecencia del Rector. Conclusión: todo fenomenal, muy buena gestión, ningún problema. Que se lo digan a los buenos profesores  de la Rey Juan Carlos I (que también los hay, incluso los que se pagaron de su bolsillo los cursos de inglés para dar las famosas clases bilingües).

 

 

Y el último, por favor, que apague la luz, que ya es un dineral.

 

 

Rebelión a bordo

Al Presidente del Gobierno de España se le amotinan los virreinatos artificiales, creados interesadamente, desde las llamadas comunidades autónomas. No es para menos, se les empiezan a retirar poco a poco sus juguetes preferidos: los fondos públicos y los privilegios autoconcedidos en muestra de irresponsabilidad e impunidad públicas.

 

No es por convicción ideológica de “derechas” o “neoliberales” como los autodenominados “progresistas” pretenden identificar unas medidas necesarias para acabar con el derroche y la sangría de nuestro ya exiguo Tesoro Público, sino por una cuestión de sentido común (ese menos común de los sentidos) y de pura supervivencia.

 

Esta rebelión a bordo del barco que pretende salir adelante a pesar de las tormentas y de las dificultades, demuestra una vez más qué clase de personajes manejan  los asuntos públicos y la falta de solidaridad real con todos los ciudadanos españoles. Esos que votaron –como tantas veces- unos programas de gobierno que han debido reajustarse y reciclarse a la vista de las circunstancias y de las exigencias de la UE.

 

La cuestión ahora e inmediata es: ¿pueden aceptarse estos motines y estos chantajes permanentes desde unos órganos institucionales artificiales como son la mayoría de las  CC.AA.?  En teoría la C.E. señala como último responsable de la nación a ese gobierno nacional que es quien debe adoptar medidas, aunque escuezan, al resto de díscolos gobernantes incluyendo a los del mismo partido. Esta responsabilidad es irreversible y conlleva gestos de estadista muy alejados a los tejemanejes  de quienes sólo son brazo de gestión pública por delegación de la soberanía popular.

 

Hay que decir ¡basta ya! a estos retos de fuerza entre el Estado (que somos todos) y los intereses particulares de quienes dicen representarlo. Hay que reajustar la organización territorial del Estado con arreglo a lo que pidan los ciudadanos en su conjunto. No los vociferantes “interesados” en mantener sus personales status quo. Hay que reformar la C.E. hasta las cachas, desde una mayoría absoluta parlamentaria o por medio de un referéndum vinculante que dé paso a un proceso constituyente actualizado. Hay que dejar atrás las viejas y rancias ideas políticas, para diseñar proyectos nuevos desde la participación real de los ciudadanos. Hay que crear sistemas donde no sea posible la corrupción ni las corruptelas, los privilegios ni los agravios comparativos. Pero, para eso hay que tenerlos bien puestos. Ser consciente del sacrificio que como persona supone el enfrentamiento con las masas manipuladas por unos u otros intereses.

 

Si para eso -y cómo medida más inmediata- es necesario intervenir a esas administraciones insolidarias, hagámoslo antes de que esa insolidaridad se extienda más de lo que está. Si para eso deben reclutarse nuevos ciudadanos, limpios de intereses y compromisos sociales que sólo deseen gestionar con austeridad, transparencia y eficacia los asuntos públicos, abramos las puertas a la participación política cambiando el sistema electoral. Si para eso hay que prescindir de todo el entramado de cargos públicos actuales, ajústense los organigramas y responsabilidades. Si para eso hay que perder en el camino “amigos” y “correligionarios” que no estén por la labor .. ¡en buena hora salgan a buscársela vida como cada ciudadano! Las elecciones las ganan los partidos, no las personas. Sólo los colocados de los partidos llegan al poder y, por esa razón los partidos pueden descolocarlos con el simple acto de una moción de censura desde la propia formación política.

 

Lo que no podemos es permitir más chantajes de “identidades regionales o nacionales” cuyo apoyo real ha quedado mostrado en las confrontaciones electorales. Somos un pueblo convencido de nuestras posibilidades, engañado por unos y por otros, que sólo pretendemos vivir como personas libres, decentes y solidarias. ¿Es tan difícil de entender?