Inauguración del “Centro de Información Estadística del Notariado” (CIEN)

Ayer día 3 de julio, se presentó y puso en marcha el nuevo portal estadístico del notariado, que recoge todos los datos estadísticos derivados de los documentos notariales, desde 2007.  Ver la nota de prensa y más información sobre el acto

 

Para acceder al portal pinche aquí.

 

Todos los notarios de España, cada 15 días, envían un índice electrónico, firmado con su certificado de firma electrónica reconocida, al Consejo General del Notariado, en el que recogen toda la información procedente de sus documentos públicos (escrituras, actas, pólizas, testimonios), y de los negocios en ellos contenidos (compras, préstamos, hipotecas testamentos, poderes, créditos, constitución y extinción de sociedades, requerimientos, etc).

 

Esta información es de un alto interés para analizar la evolución de una parte de la economía, y hasta nuestros amigos de Nada es Gratis van a utilizar este portal para desarrollar un concurso de análisis (ver el post del día 2 de julio).

 

 

Inauguración del “Centro de Información Estadística del Notariado” (CIEN)

Ayer día 3 de julio, se presentó y puso en marcha el nuevo portal estadístico del notariado, que recoge todos los datos estadísticos derivados de los documentos notariales, desde 2007.  Ver la nota de prensa y más información sobre el acto

 

Para acceder al portal pinche aquí.

 

Todos los notarios de España, cada 15 días, envían un índice electrónico, firmado con su certificado de firma electrónica reconocida, al Consejo General del Notariado, en el que recogen toda la información procedente de sus documentos públicos (escrituras, actas, pólizas, testimonios), y de los negocios en ellos contenidos (compras, préstamos, hipotecas testamentos, poderes, créditos, constitución y extinción de sociedades, requerimientos, etc).

 

Esta información es de un alto interés para analizar la evolución de una parte de la economía, y hasta nuestros amigos de Nada es Gratis van a utilizar este portal para desarrollar un concurso de análisis (ver el post del día 2 de julio).

 

 

La proyectada limitación de pagos en efectivo.

El Gobierno ha remitido a las Cortes un proyecto de ley de medidas contra el fraude . Hoy me ocuparé de la más llamativa de ellas, la que encabeza la nota de prensa del Ministerio de Hacienda  informando del evento: la limitación de pagos en efectivo, que se incluye en el artículo 6 del proyecto.

 

Desde que se reguló en España el acceso de la Inspección tributaria a los movimientos de cuentas bancarias, prácticamente la totalidad del “dinero negro” se moviliza mediante pagos en efectivo metálico, lo que ha hecho recaer sobre ellos la permanente sombra de la sospecha de fraude fiscal.

 

Pero eso no legitima, ipso facto, la restricción de un derecho,  el de elegir los medios de pago de las obligaciones, que pueden estar relacionadas con cierto ámbito de privacidad (¿no puedo pagar a alguien sin que se entere mi banco?). Se hallan aquí en conflicto dos bienes jurídicos protegibles, el de la correcta aplicación del sistema tributario y el de la intimidad de los ciudadanos, lo que exige una cierta mesura legislativa. La nota de prensa aduce simplemente que se ha hecho lo mismo en Francia e Italia. Pero, a sensu contrario, otros países como Alemania, Austria u Holanda, no tienen establecida tal limitación de pago en efectivo, siendo, sin embargo, su fraude fiscal mucho menor que el de los países de referencia, especialmente Italia. Pero las dudas se hacen aún mayores cuando nos adentramos en la lectura del texto

 

La prohibición de pagos en efectivo sólo afectará a ciertos supuestos acotados por: a) un límite cuantitativo (superar 2.500 euros) y b) un requisito subjetivo (que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional). El límite cuantitativo plantea problemas, pues no siempre va a ser fácil determinar cuándo estamos ante un pago único o ante pagos fraccionados (que deberían acumularse para establecer si opera el límite) de un mismo servicio o entrega de bienes. Así, por ejemplo, en un contrato de alquiler, ¿se trata del importe mensual, del importe anual o de toda la duración del contrato?

 

El segundo requisito plantea la dificultad (imposibilidad incluso: tendremos que fiarnos de lo que nos diga la otra parte de la transacción) de conocer no sólo si es empresario o profesional, sino de si actúa o no en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional (ese piso que me venden, ¿se utilizaba o no como despacho profesional?).

 

El texto adquiere tintes kafkianos cuando establece que “los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes de pago durante el plazo de cinco años desde la fecha del pago, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo”. Es decir, parece querer invertirse la carga de la prueba ante la Hacienda Pública, si ésta lo pide, en vez de ser, a la inversa, la Hacienda quien deba probar que el pago se hizo en efectivo; inversión evidentemente inaceptable por ir contra la presunción de inocencia.

 

La sanción será del 25% del importe del pago en efectivo. Pero el texto del proyecto presenta importantes deficiencias que violan nuevamente los principios del Derecho sancionador. Siendo infractor tanto el que pague como el que cobre, además “tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga”. Es decir, que si uno paga en efectivo una cantidad superior a la autorizada, no sólo comete una infracción sancionable con el 25%, sino que responde solidariamente, es decir, sin previa declaración de fallido del responsable principal, también de la sanción de quien cobró dicho efectivo. La Hacienda está facultada para ejercitar la acción de cobro sobre cualquiera de ambos, pudiendo llegar a tener que pagar uno solo de ellos un 50%. Esto, en mi opinión, claramente viola el principio non bis in idem, pues recibiría una doble sanción por una sola acción punible.

 

Finalmente, el proyecto regula la delación, exonerando de “responsabilidad por la infracción” a la parte que denuncie a la otra ante la Hacienda, en los tres meses siguientes a la operación. El denunciante sigue siendo infractor, pero se le exime de “responsabilidad”, pasando ésta íntegramente al denunciado pues, como queda dicho es responsable solidario. Parece que el denunciado correrá a cargo de las dos sanciones del 25%, una como infractor y la otra como responsable, ya que el infractor de ésta queda impune al haber denunciado los hechos.

 

La regulación de la delación presenta también grandes obstáculos prácticos. Teniendo en cuenta que el supuesto de hecho consiste en un pago en efectivo que, por su propia naturaleza, no deja rastro documental, la única prueba será el propio testimonio del denunciante. Si el denunciado niega el hecho que se le imputa, será prácticamente imposible probar la infracción, que quedará impune. Sin embargo, una denuncia falsa bien puede servir al denunciante, a su vez, para blanquear ciertas cantidades de efectivo.

 

En resumidas cuentas, se establecen unas severas limitaciones y prohibiciones a los ciudadanos respecto a su libertad e intimidad y, a cambio, no está claro el resultado efectivo de la medida en la lucha contra el fraude fiscal que, personalmente, me parece que va a ser muy poco. En lugar de actuar sobre las raíces del problema, la moralidad pública y privada de nuestra sociedad, se actúa intentando reprimir los síntomas y utilizando la sospecha y desconfianza de unos ciudadanos con respecto a otros.

La proyectada limitación de pagos en efectivo.

El Gobierno ha remitido a las Cortes un proyecto de ley de medidas contra el fraude . Hoy me ocuparé de la más llamativa de ellas, la que encabeza la nota de prensa del Ministerio de Hacienda  informando del evento: la limitación de pagos en efectivo, que se incluye en el artículo 6 del proyecto.

 

Desde que se reguló en España el acceso de la Inspección tributaria a los movimientos de cuentas bancarias, prácticamente la totalidad del “dinero negro” se moviliza mediante pagos en efectivo metálico, lo que ha hecho recaer sobre ellos la permanente sombra de la sospecha de fraude fiscal.

 

Pero eso no legitima, ipso facto, la restricción de un derecho,  el de elegir los medios de pago de las obligaciones, que pueden estar relacionadas con cierto ámbito de privacidad (¿no puedo pagar a alguien sin que se entere mi banco?). Se hallan aquí en conflicto dos bienes jurídicos protegibles, el de la correcta aplicación del sistema tributario y el de la intimidad de los ciudadanos, lo que exige una cierta mesura legislativa. La nota de prensa aduce simplemente que se ha hecho lo mismo en Francia e Italia. Pero, a sensu contrario, otros países como Alemania, Austria u Holanda, no tienen establecida tal limitación de pago en efectivo, siendo, sin embargo, su fraude fiscal mucho menor que el de los países de referencia, especialmente Italia. Pero las dudas se hacen aún mayores cuando nos adentramos en la lectura del texto

 

La prohibición de pagos en efectivo sólo afectará a ciertos supuestos acotados por: a) un límite cuantitativo (superar 2.500 euros) y b) un requisito subjetivo (que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional). El límite cuantitativo plantea problemas, pues no siempre va a ser fácil determinar cuándo estamos ante un pago único o ante pagos fraccionados (que deberían acumularse para establecer si opera el límite) de un mismo servicio o entrega de bienes. Así, por ejemplo, en un contrato de alquiler, ¿se trata del importe mensual, del importe anual o de toda la duración del contrato?

 

El segundo requisito plantea la dificultad (imposibilidad incluso: tendremos que fiarnos de lo que nos diga la otra parte de la transacción) de conocer no sólo si es empresario o profesional, sino de si actúa o no en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional (ese piso que me venden, ¿se utilizaba o no como despacho profesional?).

 

El texto adquiere tintes kafkianos cuando establece que “los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes de pago durante el plazo de cinco años desde la fecha del pago, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo”. Es decir, parece querer invertirse la carga de la prueba ante la Hacienda Pública, si ésta lo pide, en vez de ser, a la inversa, la Hacienda quien deba probar que el pago se hizo en efectivo; inversión evidentemente inaceptable por ir contra la presunción de inocencia.

 

La sanción será del 25% del importe del pago en efectivo. Pero el texto del proyecto presenta importantes deficiencias que violan nuevamente los principios del Derecho sancionador. Siendo infractor tanto el que pague como el que cobre, además “tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga”. Es decir, que si uno paga en efectivo una cantidad superior a la autorizada, no sólo comete una infracción sancionable con el 25%, sino que responde solidariamente, es decir, sin previa declaración de fallido del responsable principal, también de la sanción de quien cobró dicho efectivo. La Hacienda está facultada para ejercitar la acción de cobro sobre cualquiera de ambos, pudiendo llegar a tener que pagar uno solo de ellos un 50%. Esto, en mi opinión, claramente viola el principio non bis in idem, pues recibiría una doble sanción por una sola acción punible.

 

Finalmente, el proyecto regula la delación, exonerando de “responsabilidad por la infracción” a la parte que denuncie a la otra ante la Hacienda, en los tres meses siguientes a la operación. El denunciante sigue siendo infractor, pero se le exime de “responsabilidad”, pasando ésta íntegramente al denunciado pues, como queda dicho es responsable solidario. Parece que el denunciado correrá a cargo de las dos sanciones del 25%, una como infractor y la otra como responsable, ya que el infractor de ésta queda impune al haber denunciado los hechos.

 

La regulación de la delación presenta también grandes obstáculos prácticos. Teniendo en cuenta que el supuesto de hecho consiste en un pago en efectivo que, por su propia naturaleza, no deja rastro documental, la única prueba será el propio testimonio del denunciante. Si el denunciado niega el hecho que se le imputa, será prácticamente imposible probar la infracción, que quedará impune. Sin embargo, una denuncia falsa bien puede servir al denunciante, a su vez, para blanquear ciertas cantidades de efectivo.

 

En resumidas cuentas, se establecen unas severas limitaciones y prohibiciones a los ciudadanos respecto a su libertad e intimidad y, a cambio, no está claro el resultado efectivo de la medida en la lucha contra el fraude fiscal que, personalmente, me parece que va a ser muy poco. En lugar de actuar sobre las raíces del problema, la moralidad pública y privada de nuestra sociedad, se actúa intentando reprimir los síntomas y utilizando la sospecha y desconfianza de unos ciudadanos con respecto a otros.