La admisión a trámite de la querella de UPYD contra la cúpula directiva de Bankia.
Siguiendo con nuestros “miniposts” sobre noticias de actualidad, les quiero hacer algunas reflexiones de urgencia sobre la admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional la querella presentada por UPYD en el “caso Bankia” así como sobre la imputación de los 33 miembros del Consejo de Administración en el momento de la presentación del folleto de la OPV en la CNMV, aquí tienen sus nombres, cvs y sueldos.
La primera, que como tantas veces, el bloqueo de otras vías para depurar responsabilidades políticas y jurídicas en vía civil, mercantil o administrativa en este asunto termina por dejar únicamente abierta la vía penal, siempre el remedio último y la vía más extrema. Esta situación se ha denunciado en este blog por activa y por pasiva. No tiene sentido entonces que los mismos que han bloqueado las otras vías, especialmente la política, pero también las administrativas para depurar responsabilidades de uno y otro tipo, se lleven ahora las manos a la cabeza, ya sean ministros del PP, representantes de otros partidos también implicados o los corifeos de turno de unos y otros. Se han bloqueado las Comisiones de Investigación en el Parlamento nacional y en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid, donde además el PP con mayoría absoluta tiene la desfachatez de decir que la Comunidad de Madrid no tenía competencias en Caja Madrid y les vuelvo a dejar el post y por eso no tiene que investigar ninguna responsabilidad política.
Así las cosas, tiene gracia que además se diga que hay intereses políticos en la presentación de la querella por UPYD. Pues claro que hay intereses políticos, los de los ciudadanos, sean o no votantes de UPYD, a la que no les han dejado más remedio que dilucidar responsabilidades por esta vía. Los ciudadanos clamaban por saber qué había pasado con Bankia, al fin y al cabo ahora todos somos los accionistas. Otra cosa es lo que querían los políticos de la partitocracia. Pues obviamente, no depurar responsabilidades que se los pueden llevar por delante. Vamos, que un poco más y nos dictan una ley de punto final de esas tan caras a Berlusconi y demás tropa y aquí no ha pasado nada.
Si atienden a las primeras declaraciones hechas en los primeros momentos de la nacionalización verán que no estoy exagerando. , los tiros iban por ahí, ya saben, no hay que mirar hacia atrás, ni buscar venganzas, esas cosas que nos dicen cuando no quieren ni oír hablar de la palabra que tanto les asusta “responsabilidad política”.
Pues no, señores. Los ciudadanos no queremos una ley de punto final, queremos saber qué ha pasado y queremos responsabilidades, también políticas, ya puestos. Esta encuesta de “el País” es muy reveladora, saunque si se fijan la primer pregunta se refiere a la responsabilidad de diversos sujetos en el caso Bankia (es decir, pregunta por los sujetos que los ciudadanos consideran responsables) la segunda ya pregunta directamente si debe investigarse judicialmente dicha responsabilidad, contestando afirmativamente nada menos que del 95% de los encuestados.
Así que, sí, sin duda es una querella popular, aunque el establishment prefiera decir populista.
La segunda reflexión es que la querella es técnicamente muy solvente, precisamente porque ha sido redactada por juristas, y no por políticos. Ya lo hemos analizado en este blog, no sin manifestar cautelas basadas estrictamente en consideraciones de tipo técnico. Más allá de lo que ocurra en la fase de instrucción y más allá de si algunas responsabilidades puedan no ser estrictamente penales, si sobran o faltan imputados, si los testigos son los adecuados, o de si las medidas cautelares solicitadas son las correctas o son proporcionales a la gravedad del daño, lo cierto es que parece que hay caso. Máxime teniendo en cuenta que la aplicación de los tipos penales en el Derecho económico no siempre es fácil ni siquiera para los expertos.
Lo tercero, que los españoles están contentos de que esta querella haya sido admitida a trámite. Muy contentos. Y yo, particularmente, estoy contenta de que haya sido presentada por un partido político aunque sea pequeño. Porque eso quiere decir que el sistema tiene todavía alguna posibilidad de regeneración. Y también me alegra que se haya recaudado dinero para presentar otra querella por los ciudadanos directamente que me imagino se acumulará a la presentada por UPYD y que esto permita alejar la idea de que necesitamos un salvapatrias que ya empieza a aparecer por el horizonte, como era previsible. Y también me da tranquilidad que haya jueces que, lo mismo que los ciudadanos, piensen que hay que investigar y exigir responsabilidades en el caso Bankia.
Lo cuarto, que a lo mejor este tipo de iniciativas que demuestran que queda un mínimo de credibilidad en nuestras instituciones, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, nos echa una mano con la prima de riesgo y los acreedores o/y socios. Porque la marca España no va de saraos, va de solvencia y seriedad institucional, a ver si se enteran nuestros gobernantes.
Lo quinto, que ya nos podemos preparar todos para la contraofensiva de la partitocracia y sus medios que ya ha empezado. Ya saben, la querella es irresponsable, oportunista, no es el momento, etc, etc. Se meterán con el Juez, con UPYD, con los ciudadanos, con el 15M, con la Audiencia Nacional, la Fiscalía anticorrupción y todo lo que se mueva. Los señores imputados han cobrado unos sueldos espectaculares y se pagarán los mejores abogados del mundo mundial, el proceso se dilatará, pondrán tropecientos mil recursos, etc, etc. Así que habrá que estar muy atentos para que David pueda vencer a Goliath. Y David somos nosotros.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?