La subida del IVA (y la amnistía y la inspección): ¿justos por pecadores?

Por fin Montoro ha admitido oficialmente la ya muchas veces anunciada en los medios subida del IVA. Seguramente, hay muchas razones que pueden abonan esta medida: desde la situación económica del Estado hasta la comparación con los países de nuestro entorno. La prensa recoge hoy las argumentaciones de Montoro en este sentido (Véase aquí y aquí)

 

No somos economistas, sino juristas y por tanto no somos quiénes para valorar esta medida. Pero desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos de Montoro da verdadero escalofrío: “si lo pagaran (el IVA) los que tienen que pagarlo”, en referencia a la economía sumergida, “no habría que subirlo tanto” (ver aquí)

 

Cuando se publicó la medida de la amnistía fiscal tuvimos la oportunidad en este blog de destacar el efecto desmoralizador que produce el agravio comparativo en el buen contribuyente, y cómo atenta este tipo de medidas a la seguridad jurídica (ver aquí, aquí y aquí)

 

Hoy, si no la medida, al menos la justificación, produce la misma sensación: o sea, que, como hay mucha economía sumergida, los cumplidores tienen que pagar la parte de los que no pagan. ¿Es esto lo que está diciendo, señor Montoro? Pero, ¿no es de su competencia la inspección de Hacienda, señor Ministro? ¿No sería preferible, en vez de ir por el camino fácil, intentar desmontar de verdad esa economía sumergida?

 

Pero, eso sí, por favor,  no lo haga, como se está diciendo que va a hacer la AEAT, introduciendo más incentivos a la productividad para sus inspectores: si ya ahora  la gente cumplidora se ve multada a veces por cuestiones puramente formales, nimias o discutibles, esos incentivos pueden agravar la tendencia a la sanción “del mínimo esfuerzo”, a los que más fácil es pillar (los de siempre).

 

En definitiva, esto -amnistía, subida del IVA e inspección- no son simples medidas económicas: si no son iguales para todos son injustas, y ello puede llegar a convertirlas en ilegítimas.

 

La subida del IVA (y la amnistía y la inspección): ¿justos por pecadores?

Por fin Montoro ha admitido oficialmente la ya muchas veces anunciada en los medios subida del IVA. Seguramente, hay muchas razones que pueden abonan esta medida: desde la situación económica del Estado hasta la comparación con los países de nuestro entorno. La prensa recoge hoy las argumentaciones de Montoro en este sentido (Véase aquí y aquí)

 

No somos economistas, sino juristas y por tanto no somos quiénes para valorar esta medida. Pero desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos de Montoro da verdadero escalofrío: “si lo pagaran (el IVA) los que tienen que pagarlo”, en referencia a la economía sumergida, “no habría que subirlo tanto” (ver aquí)

 

Cuando se publicó la medida de la amnistía fiscal tuvimos la oportunidad en este blog de destacar el efecto desmoralizador que produce el agravio comparativo en el buen contribuyente, y cómo atenta este tipo de medidas a la seguridad jurídica (ver aquí, aquí y aquí)

 

Hoy, si no la medida, al menos la justificación, produce la misma sensación: o sea, que, como hay mucha economía sumergida, los cumplidores tienen que pagar la parte de los que no pagan. ¿Es esto lo que está diciendo, señor Montoro? Pero, ¿no es de su competencia la inspección de Hacienda, señor Ministro? ¿No sería preferible, en vez de ir por el camino fácil, intentar desmontar de verdad esa economía sumergida?

 

Pero, eso sí, por favor,  no lo haga, como se está diciendo que va a hacer la AEAT, introduciendo más incentivos a la productividad para sus inspectores: si ya ahora  la gente cumplidora se ve multada a veces por cuestiones puramente formales, nimias o discutibles, esos incentivos pueden agravar la tendencia a la sanción “del mínimo esfuerzo”, a los que más fácil es pillar (los de siempre).

 

En definitiva, esto -amnistía, subida del IVA e inspección- no son simples medidas económicas: si no son iguales para todos son injustas, y ello puede llegar a convertirlas en ilegítimas.

 

Funcionarios y función pública

Tengo para mí que la causa última de la crisis económica que nos asola es de carácter sistémico o estructural y radica precisamente en la perversión primero y luego en la lenta y larga agonía de los principios en que descansa el estado de derecho. Quizás el más importante de esos principios violados sea el de la separación de poderes, que enunciaron los liberales ilustrados clásicos del siglo XVIII, en especial Montesquieu y Locke, con su famosa división entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nadie que no sea político en activo o expectante podrá negar la fagocitación del legislativo por el ejecutivo o la politización extrema del poder judicial, cada vez más mediatizado por aquel.

 

Esta evidencia, sin embargo, oculta otros graves problemas que afectan de forma muy grave a la organización institucional del ejecutivo y concretamente a las relaciones entre los políticos, funcionarios y el resto de los trabajadores del sector público.

 

¿Qué es un funcionario? La respuesta parece de Perogrullo: Funcionario es aquél que realiza una función pública y en este sentido, es un servidor del estado o de la administración pública para la que realiza las funciones públicas. Sin embargo, si atendemos al número de funcionarios que hay en España y que según distintas fuentes ronda los 3 millones de personas, parece que algo falla.

 

El funcionariado fue concebido como un estatuto especial para proteger a los servidores públicos de las decisiones arbitrarias de quienes en cada momento ostentaran el poder. Por este motivo, se trató de reclutar a las mejores cabezas por medio de importantes barreras a la entrada (oposiciones) a fin de construir una administración altamente profesionalizada y que sirviera de contrapeso del poder político y sus urgencias temporales. En definitiva, la Administración fue concebida para actuar como garante de los intereses generales, pensando más en el largo plazo y dotar de estabilidad y eficacia a la acción política y de este modo, al conjunto del sistema político.

 

Por razones que no vienen al caso, este sistema que podríamos denominar napoleónico, quedó superado históricamente, de manera que en la actualidad ni siquiera como metáfora podemos defender que funcionario sea aquel que realiza funciones públicas. En efecto, si elaboramos un catálogo genérico de tales funciones quedarían indudablemente incluidas todas aquellas que llevan aparejado el ejercicio de un poder estatal: militares, policías, jueces, inspectores, reguladores, etc.

 

Sin embargo, el estatus de funcionario es disfrutado y ansiado por numerosos colectivos y personas que realizan las más variopintas actividades profesionales y económicas que ni por asomo llevan aparejado el ejercicio de poder administrativo alguno. Aparte de su condición funcionarial, lo único común a la pléyade de médicos y personal sanitario, arquitectos, ingenieros, bomberos, docentes, abogados, economistas, administrativos, científicos, periodistas, ferroviarios, transportistas, etc. es que sus actividades no tienen ni por asomo la condición del ejercicio de un poder del estado. ¿A qué viene entonces atribuirles el estatuto funcionarial cuando otras personas e incluso ellas mismas realizan estas actividades en la esfera privada?

 

La respuesta oficial es obvia: Es preciso que estas actividades se realicen en el seno del sector público en condiciones de respeto del principio de legalidad y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Pero en la práctica, la realidad es otra y desvela el abuso perverso del sistema, sin necesidad de entrar en los casos patológicos de los funcionarios nombrados o enchufados a dedo.

 

Por razón de su importancia, el estatuto del funcionario es lógicamente privilegiado frente al del trabajador ordinario: Goza de una estabilidad vitalicia en el empleo, con un salario asegurado y las condiciones de movilidad geográfica y funcional son mucho más favorables en general que en los de una empresa privada, sin que ello suponga en general una retribución inferior. En los casos excepcionales en que la retribución en el sector privado es mayor, tienen la posibilidad de solicitar la excedencia, sin perder la plaza y en muchas ocasiones pueden compatibilizar el trabajo para el sector público y el privado. Tampoco es ningún secreto que las exigencias de productividad en el sector público nada tienen que ver con las que existen en el ámbito privado, de manera que la administración necesita con frecuencia externalizar determinados servicios, incluso en actividades que implican el ejercicio directo de funciones públicas (i.e. el encargo de la redacción de normas o dictámenes de su defensa en caso de impugnación a despachos privados). Corolario lógico de todo ello es que son muy numerosos los colectivos que reivindican su funcionarización pero prácticamente inexistentes quienes defienden lo contrario.

 

Pero desde el punto de vista político hay otras razones no tan visibles pero de mayor gravedad para el sistema. La generalización del estatuto funcionarial degrada su carácter y elimina por completo cualquier vestigio de control del poder político por parte de la propia administración. Provoca también una forzosa equiparación salarial, con un recorte de retribuciones extraordinario por arriba, de manera que las mejores cabezas ya no optan por hacer el esfuerzo necesario para ingresar con vocación de permanencia en la administración; todo lo más, utilizan legítimamente su paso por ella como si de un máster o practicum se tratara, previo a su incorporación al poder privado. De esta manera, la administración queda perfectamente neutralizada como contrapoder político, con una estructura elefantiásica totalmente ineficiente y consumidora bulímica de ingentísimos recursos.

 

Sin embargo no es inútil, ya que se ha convertido en el perfecto instrumento al servicio del poder político y del pensamiento único políticamente correcto, sin importar sus brutales ineficiencias jurídicas y económicas y que pasito a pasito, vaya ganando terreno a las libertades ciudadanas, degradando el estado de derecho.