Un grave error constitucional del Rey

La Constitución de 1978, que tanto esfuerzo nos costó conseguir como norma de convivencia democrática asumida por todos, es ya un papel muy amarillo. Como algunas personas que por circunstancias diversas ofrecen en  muy breve tiempo un aspecto envejecido, así ocurre con la España de los últimos dos años. Pero en apenas seis meses  nuestro país y nuestra ley fundamental se han visto tan deteriorados que parece que las costuras pueden provocar una gran fractura social. La Constitución ya esta más que rota. Y ello tiene unos responsables: los políticos que en los últimos años han dirigido el Estado y las Comunidades Autónomas y  demás entidades cuyo despilfarro atroz e irresponsabilidad ha contribuido a que esta crisis mundial sea aquí algo muchísimo más grave.

 

En los últimos meses el deterioro institucional y constitucional es intenso. La forma constante de legislar por el Gobierno donde el Parlamento solo vale para jalear e insultar; los recortes sociales que mas allá de un sacrificio convierten en papel mojado los Derechos Fundamentales del Título I o la consideración de que somos (¿o eramos?) un “Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1 dela Constitución), donde lo social ya no existe; el Estado autonómico del título VIII, afectado por los despilfarros locales, ha quedado anulado desde el poder central; la afirmación de que la “soberanía nacional reside en el pueblo español” (artículo 1.2) ha quedado sin sentido cuando las decisiones que se  toman vienen impuestas desde el exterior del país y ejecutadas por unos títeres, el anterior y el actual.

 

Pero ese resquebrajamiento no solo viene de nuestros políticos, sino como una metástasis, se ha extendido a numerosas instituciones. El desprestigio del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional u otras instituciones es demoledor. Pero hay otra institución capital que no se ha quedado atrás: la monarquía.

 

Son varios los acontecimientos que en el último año han producido un desgaste grande de la Corona y una desafección del pueblo. Son muy públicos y evidentes pero no voy a tratar esas actuaciones personales y familiares sino otro hecho reciente que, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, es un gran error.

 

Me refiero al hecho de que el pasado viernes el Rey presidiese uno de los Consejos de Ministros más impactantes de nuestra historia democrática. Solo muy excepcionalmente, y siempre con un valor simbólico, esto ha acontecido así en escasísimas ocasiones, como la primera reunión del Gabinete tras el golpe de Estado del 23-F.

 

Formalmente, ahora se ha querido diferenciar en dos partes de la sesión del Consejo de Ministros, una previa en Zarzuela con foto solemne de lo que era una reunión del Gobierno y otra después, en Moncloa, donde oficialmente se tomarían las decisiones que han generado el mayor recorte social de la democracia. En todo caso, da igual, pues en una sucesión de acto, lo que queda de ese día es la foto de un Jefe del Estado respaldando inequívocamente a un gobierno en unas más que polémicas decisiones.

 

Sobre ellas, aunque el PP tiene (tras las elecciones de hace meses que concurrió con unas promesas radicalmente diferentes a cómo actúa ahora) mayoría absoluta en el Parlamento, el resto de los grupos políticos rechazan con contundencia esas medidas. Pero eso, es la dimensión política porque la social están millones de ciudadanos que padecen una realidad muy dura para sobrevivir y que ven que el túnel del futuro esta lleno de oscuridad.

 

Con las durísimas medidas tomadas, además, sin trasmitir ningún tipo de sentimiento o compasión por su presidente, el sufrimiento de una gran mayoría de ciudadanos será grande. Y si eso lo decide un partido político en solitario, encabezado por su presidente, allá ellos con su responsabilidad ante la historia y en las siguientes elecciones. Allí rendirán cuentas y los ciudadanos pasarán sus facturas.

 

Por eso, ¿por qué involucrarse el Jefe del Estado, poniéndose al frente de ese gobierno justo ese día? Desde luego, desde el punto de vista de la imagen y desafección del pueblo hacia la monarquía, es un despropósito más de la Casa Real. Pero hay otra dimensión: la constitucional. Y esta quiebra con la actuación del Monarca.

 

La Constitución califica al Estado español como una “monarquía parlamentaria”. Eso significa que radicando “la soberanía nacional en el pueblo español” (art 1.2) y siendo las Cortes Generales quienes “representan al pueblo español” (art. 67) son éstas las que en la función legislativa, usurpada cada vez más por el gobierno, deben ejercitar sus poderes.

 

Y si hay una parte importante de los representantes del pueblo que no están nada de acuerdo con esas medidas, ¿por qué el Jefe del Estado encabeza esa reunión del Gobierno? Ciertamente el artículo 62.g) de la Constitución contempla que pueda “ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno a petición del Presidente del Gobierno”. Me resulta difícil de aceptar que el Presidente del Gobierno utilizase a su Majestad para dar mas fuerza a estas decisiones tan graves y que el Monarca no tuviese libertad para considerarlo inoportuno.

 

Ni el ex Presidente Zapatero lo hizo con sus recortes (mínimos al lado de de los actuales) ni el ex Presidente Aznar para su grave y también polémica decisión sobre Irak. Mariano Rajoy será historia antes o después como lo han hecho Zapatero y otros predecesores, pero la monarquía debería actuar por la función que representa, con sentido de futuro, responsabilidad y unidad de todos los españoles.

 

El artículo 56 de la Constitución señala dos características dela Monarquía: “es símbolo de la unidad y permanencia del Estado” y que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Con su gesto del pasado viernes, además de dispararse a si mismo, quiebra el sentido constitucional  de su configuración. El papel de árbitro es muy importante en el Jefe del Estado y su imparcialidad debe ser exquisita. Por sí mismo y por España. Así, no vota en las elecciones y no toma partido.

 

Pero ahora si que lo ha hecho. Ha encabezado a aquellos que han tomado unas decisiones que además de crear sufrimiento en muchos españoles, son solo una parte del sentir político y ciudadano. Nadie pide que el rey se ponga al frente de los mineros, pero tampoco debe asumir y respaldar públicamente unas decisiones cuya responsabilidad corresponde exclusivamente al gobierno.

 

Es muy lejana la imagen de un monarca convocando a TODOS los lideres políticos y sindicales ante la crisis (muchísimo menor que ahora) de los setenta para hacer unos pactos, los de la Moncloa, que permitiesen implicar a la totalidad de los representantes parlamentarios y sociales en la adopción de medidas que nos salvasen entonces.

 

La Constitución se va  quedando desbordada y agrietada y con ella, todo lo que contempla. Cada vez son más los españoles (lejanos a los partidos políticos) que son partidarios de que en un futuro se revisen, una vez roto el espíritu de pacto de 1978, numerosas instituciones, desde el poder Judicial o las autonomías, pero también otras.

 

¡Que pena de España!

 

Cenicienta, el matrimonio homosexual y el Estatut

Hace ya siete años que el Partido Popular interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, promovida por el Gobierno del PSOE, que equipara el matrimonio homosexual al heterosexual.  El diario EL PAÍS pronostica que la Sentencia del Tribunal Constitucional llegará en breve y será favorable a la Ley. Creo que la mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos votantes y militantes del  PP, así lo preferirían. Yo también. Me alegraré por las personas que conozco y han hecho uso de esta posibilidad legal. Pero confieso que lo que más interesa del tema es el fundamento teórico de la futura Sentencia. Se le presenta a nuestro Tribunal Constitucional una magnífica oportunidad para sentar cátedra sobre lo que es un concepto jurídico y, me atrevería a decir, cualquier concepto. Y no sé si lo hará, pero para redondear su argumentación, el Alto Tribunal bien podría apelar a su propia Sentencia sobre el Estatut de Catalunya y traer a colación el cuento de Cenicienta. Explicaré por qué.

 

El recurso del PP defiende que la admisión del matrimonio entre personas del mismo género no es una exigencia constitucional. Probablemente en esto tiene razón. También apunta que, ante un eventual conflicto entre el deseo de los homosexuales de casarse y los derechos de los menores, habrían de prevalecer los segundos. De nuevo esto es correcto: si se probara que es pernicioso para el desarrollo de los niños tener padres homosexuales, habría que prohibirlo. Sin embargo, el recurso no se arremanga para analizar esta cuestión. No apela a estudios científicos que abonaran,  si los hubiera, la tesis de que daña al hijo criarse entre padres homosexuales. Es más, el recurso constata que la Ley no prohíbe a un homosexual soltero adoptar a un hijo y no reacciona ante este hecho como parece que debería para ser consecuente: eso habría que prohibirlo, pues si fuera malo tener dos padres homosexuales, casi sería peor tener solo uno… No, los recurrentes no van por ese camino sino por el contrario. A la postre no rechazan el matrimonio homosexual por sus implicaciones prácticas para los menores, sino que más bien razonan a la inversa: dicen que la unión homosexual no “es” matrimonio y por eso no es buena para los niños. En una versión light, que a menudo se escucha en la calle, esto último se matiza y solo se reclama que el legislador hubiera utilizado una palabra distinta para referirse a las nuevas parejas. El recurso va más allá: cree que el legislador podría haber concedido efectos jurídicos a la convivencia more uxorio entre homosexuales, pero no todos y no desde luego no los más señeros. En cualquier caso, lo que me importa destacar es que su crítica a la Ley no se apoya en un estudio sociológico o psicológico, sino en la “naturaleza de las cosas”: dar cabida en el matrimonio a las parejas gays altera o quiebra la institución  “más allá de lo que su propia naturaleza y fundamento tolera”.

 

Ahora bien, ¿quién determina lo que es la auténtica “naturaleza” del matrimonio?

 

Un candidato para esta tarea era el Diccionario de la Real Academia Española. Mas la Academia, al fin y al cabo,  no es más que otro “legislador” y de hecho ¿por casualidad? acaba de modificar la definición de matrimonio, para recoger sin mayor problema la acepción homosexual. La impugnación del PP sugiere en algún momento que es la propia Constitución la que acota el matrimonio admisible, pero su argumento es débil. El art. 32 CE se limita a establecer que “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Como apuntaba al principio, el recurso argumenta y quizá con razón que esa redacción solo consagra el derecho de hombre y mujer a casarse “entre sí”. Pero eso no significa que el legislador constitucional prohíba lo que no salvaguarda: desde luego su letra no proscribe que la Ley pueda acoger dentro del paraguas del matrimonio otras formas de convivencia como la homosexual. Para que así fuera, habría que argumentar bastante más. Habría que probar que el espíritu de la institución la hace incompatible con todo lo que no sea el matrimonio clásico. En diciendo “espíritu”, viene a la mente el argumento religioso. Pero los recurrentes tampoco se atreven a echar mano de la autoridad eclesial. Así las cosas, a falta de otros valedores, al redactor del recurso solo se le ocurre invocar la “imagen comúnmente aceptada de la institución”, “la imagen que de la misma tiene la conciencia social”. O sea, la tradición, el uso y, a poco que se rasque, el prejuicio.

 

Y aquí es donde acude Cenicienta en apoyo del intérprete. Ando empeñado (véase este post anterior y este otro) en resaltar el valor epistemológico de su historia y el presente ejemplo viene al dedillo a estos efectos. El cuento ensaña que un concepto teórico es algo eminentemente práctico: el dilema entre teoría y praxis es en buena medida falso. El concepto se inventa por un motivo bien tangible, alguna necesidad de la vida cotidiana: verbigracia, el Príncipe busca una esposa y reina. Para lograr ese objetivo, el estudioso se apoya en un indicio, un medio que tiene una conexión lógica con el fin de que se trate: presume que la zapatilla que la chica perdió es la mejor manera de volverla a cazar. Obsérvese el orden: primero es el fin; luego se detecta el medio que coadyuva a su consecución. El concepto no se construye en abstracto, en el cielo, y luego se determina con ese pie forzado quiénes o qué cosas o situaciones lo llenan, aunque ello comporte consecuencias absurdas o dolorosas. Eso solo tiene sentido cuando en verdad el intérprete se apoya en una supuesta revelación metafísica. Pero la racionalidad no compartimenta la realidad con prejuicios apriorísticos: las clasificaciones se apoyan en un objetivo práctico, de modo que son buenas si lo promueven y malas si estorban.

 

En nuestro caso, el quid de la cuestión es precisamente lo que el recurso del PP solo apunta pero luego soslaya: el bien del menor. En tanto el mismo no padezca, en tanto el compromiso de convivencia y protección y apoyo de los padres o madres baste para promover el bienestar físico y psicológico de los hijos, lo demás es irrelevante: son cuestiones accesorias a estos efectos; adherencias insustanciales y prescindibles.

 

Ciertamente, esto significa que Cenicienta es un bien fungible. En efecto, este es uno de los aspectos más llamativos del cuento. Al Príncipe le vale cualquier jovencita que cumpla la función que de ella espera. No le vale cualquiera, ciertamente. En los posts anteriores resaltaba que es peligroso pensar que la zapatilla es suficiente, en todo caso y bajo cualquier condición: a menudo la verdad solo resulta de la combinación de distintos instrumentos, de complejas ecuaciones. No es Cenicienta todo lo que encaja en la reluciente zapatilla, si no cumple el fin propuesto. Pero ahora procede poner de manifiesto la otra cara de la moneda: cuando sí se cumple el fin de que se trate, sí es Cenicienta todo lo que se calza el zapato. No hay que rasgarse por esto las vestiduras: caben en nuestra Constitución y en el concepto jurídico de familia y matrimonio tantas formas, tantas variaciones como uno quiera imaginar, siempre que hagan felices a los cónyuges y a los menores de cuyo desarrollo aquellos se responsabilizan.

 

Cuestión diversa es que una distinción que es irrelevante en un plano puede serlo en otro. Evidentemente, los homosexuales no pueden reproducirse mediante el sexo. He aquí una diferencia biológica. Quien le encuentre a este rasgo diferencial una utilidad práctica, que la explote y establezca una distinción conceptual, útil para sus fines. Pero esa noción quedará en la esfera privada. Será como la proclamación de Cataluña como Nación que hizo el Preámbulo del Estatut: un concepto de uso personalísimo, que ni tiene ni pretende tener efecto jurídico.