Recortan el sueldo a todos los empleados públicos para no despedir a los enchufados

Por lo general uno intenta, aunque no siempre lo consigue, ser ponderado y ecuánime en las opiniones que vierte en este blog,  pero eso no impide que hoy exprese con claridad mi opinión aun a riesgo de que luego haya quien diga que tan solo sangro por la herida.

 

Y es que no todos los días nos enteramos de que, no solo nos escamotean de la noche a la mañana casi tres mil euros del ala -medio millón de las antiguas pesetas (en parte ya devengados)-, sino que además, en virtud de la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, nuestra capacidad adquisitiva se va a ver reducida más o menos en un 2% neto más, lo que unido a los anteriores recortes y al incremento del coste de la vida, en particular el inflexible crecimiento de los precios regulados de la energía y el combustible hace que, sin comerlo ni beberlo, uno sea casi un 25% más pobre que hace un par de años.

 

La herida es por si misma importante, pero para los que conocemos un poco de que va el cuento, aún fastidia más si cabe por la forma en la que se aprueba, en medio de los aplausos y vítores en el Congreso, como si estuvieran celebrando una victoria más de los políticos contra los funcionarios de carrera de toda la vida, pues en el fondo lo que subyace tras esta opción es que se recorta el sueldo a todos los empleados públicos para no tener que despedir a la legión de enchufados que durante los últimos años han ingresado en todas las administraciones públicas gracias a las corruptelas partidistas (sea cual sea el partido que las maneje) por la puerta de atrás y pasando olímpicamente del principio de mérito y capacidad y, en muchas ocasiones del principio de publicidad y libre concurrencia.

 

Muchos han sido los instrumentos para poder colocar a las huestes propias, los amigos y parientes. Así, partiendo de un inducido desprestigio de las pruebas selectivas de ingreso (decimonónicas, memorísticas, trasnochadas, elitistas…) para justificar su relajación o incluso su sustitución por otras fórmulas en las que los elementos subjetivos sean más fáciles de introducir; la medida más dañina que se ha adoptado en materia de función publica fue la aprobación de un Estatuto del empleado público que mezcla curras con merinas e iguala a todos por abajo, tan ambiguo y abierto que después de años sin desarrollar permite, por poner un ejemplo de aberración que afecta a los funcionarios del Grupo A, amortizar puestos de trabajo técnicos o directivos reservados a funcionarios para poder contratar para esos cargos en régimen laboral fuera del convenio colectivo a personas ajenas a la función pública, con el premio adicional de escamotear los puestos así creados del techo de gasto de personal fijado presupuestariamente.

 

Y qué decir de la falacia en la reducción o congelación en la tasa de reposición de efectivos a la par que se mantiene o se incrementa la prestación de servicios, cubriendo las vacantes derivadas de las bajas producidas bien con interinidades o contratos temporales controlados directa o indirectamente por los sindicatos, bien con externalizaciones de servicios que, en la mayoría de los casos, son contratos laborales fraudulentos por constituir una cesión ilegal de trabajadores con arreglo a la legislación laboral.

 

Los interinos así contratados tienden a consolidar después su posición gracias a procesos de selección “light”, y los trabajadores de las contratas terminan incorporándose a la administración vía sentencia judicial, gracias a una perversa jurisprudencia consolidada por el malhadado Estatuto Básico, que hace prevalecer en el ámbito de las administraciones públicas la subrogación empresarial en el caso de cesión fraudulenta de un trabajador de sobre los principio de mérito y capacidad en el ingreso en la función pública, sin que eso tenga coste alguno para el gestor que, a sabiendas, recurre a estas prácticas.

 

En definitiva, gracias tanto a las corruptelas e intereses de unos y de otros como a la cada vez más evidente patrimonialización de las administraciones públicas por los partidos políticos y sindicatos, nos encontramos con que la usucapión o prescripción adquisitiva de derechos se ha terminado convirtiendo en la práctica en una nueva –y artera- forma de acceso al empleo público.

 

Eso, por no empezar a hablar de los contratados por las fundaciones privadas de capital público o por todas esas empresas públicas creadas solo con la finalidad de gastar dinero público al margen del rigor establecido por el Derecho Administrativo y que aunque se ha anunciado varias veces su disolución, ahí siguen para uso y disfrute de los agraciados.

 

Hace ya algunos años, tuve ocasión de escuchar como todo un Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, en una intervención pública invitado a un congreso de FEDECA, nos trató a quienes le escuchábamos de ”privilegiados por tener un puesto de trabajo fijo” y es posible que en parte así sea, pero desde luego, al menos en el caso de los allí congregados, no es en absoluto un privilegio gracioso, como el que pretenden consolidar a favor de otros con esta bajada de sueldo, sino que fue ganado a pulso en duros procesos selectivos a las que pudieron presentarse todos los españoles licenciados universitarios que cumplieran con los requisitos y, después, con unos cursus honorum más o menos accidentados, en los que la inmensa mayoría hemos servido a nuestro país con lealtad, dedicación y mucho trabajo, aun cuando pronto fuimos conscientes de que en nuestras carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o el  amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen saber (y en gran parte ese el problema que debemos resolver en nuestro modelo si queremos que sobreviva).

 

El qué ahora se vuelva a hacer tabla rasa y se trate por igual a justos y pecadores es una decisión que, como esa desastrosa amnistía para defraudadores, obvia cualquier componente ético y, en mi opinión, al margen del ahorro que pueda suponer,  servirá principalmente para sembrar el desánimo en los funcionarios competentes y para justificar en su conducta a los alborotadores y a los que ya han tirado la toalla.

Un grave error constitucional del Rey

La Constitución de 1978, que tanto esfuerzo nos costó conseguir como norma de convivencia democrática asumida por todos, es ya un papel muy amarillo. Como algunas personas que por circunstancias diversas ofrecen en  muy breve tiempo un aspecto envejecido, así ocurre con la España de los últimos dos años. Pero en apenas seis meses  nuestro país y nuestra ley fundamental se han visto tan deteriorados que parece que las costuras pueden provocar una gran fractura social. La Constitución ya esta más que rota. Y ello tiene unos responsables: los políticos que en los últimos años han dirigido el Estado y las Comunidades Autónomas y  demás entidades cuyo despilfarro atroz e irresponsabilidad ha contribuido a que esta crisis mundial sea aquí algo muchísimo más grave.

 

En los últimos meses el deterioro institucional y constitucional es intenso. La forma constante de legislar por el Gobierno donde el Parlamento solo vale para jalear e insultar; los recortes sociales que mas allá de un sacrificio convierten en papel mojado los Derechos Fundamentales del Título I o la consideración de que somos (¿o eramos?) un “Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1 dela Constitución), donde lo social ya no existe; el Estado autonómico del título VIII, afectado por los despilfarros locales, ha quedado anulado desde el poder central; la afirmación de que la “soberanía nacional reside en el pueblo español” (artículo 1.2) ha quedado sin sentido cuando las decisiones que se  toman vienen impuestas desde el exterior del país y ejecutadas por unos títeres, el anterior y el actual.

 

Pero ese resquebrajamiento no solo viene de nuestros políticos, sino como una metástasis, se ha extendido a numerosas instituciones. El desprestigio del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional u otras instituciones es demoledor. Pero hay otra institución capital que no se ha quedado atrás: la monarquía.

 

Son varios los acontecimientos que en el último año han producido un desgaste grande de la Corona y una desafección del pueblo. Son muy públicos y evidentes pero no voy a tratar esas actuaciones personales y familiares sino otro hecho reciente que, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, es un gran error.

 

Me refiero al hecho de que el pasado viernes el Rey presidiese uno de los Consejos de Ministros más impactantes de nuestra historia democrática. Solo muy excepcionalmente, y siempre con un valor simbólico, esto ha acontecido así en escasísimas ocasiones, como la primera reunión del Gabinete tras el golpe de Estado del 23-F.

 

Formalmente, ahora se ha querido diferenciar en dos partes de la sesión del Consejo de Ministros, una previa en Zarzuela con foto solemne de lo que era una reunión del Gobierno y otra después, en Moncloa, donde oficialmente se tomarían las decisiones que han generado el mayor recorte social de la democracia. En todo caso, da igual, pues en una sucesión de acto, lo que queda de ese día es la foto de un Jefe del Estado respaldando inequívocamente a un gobierno en unas más que polémicas decisiones.

 

Sobre ellas, aunque el PP tiene (tras las elecciones de hace meses que concurrió con unas promesas radicalmente diferentes a cómo actúa ahora) mayoría absoluta en el Parlamento, el resto de los grupos políticos rechazan con contundencia esas medidas. Pero eso, es la dimensión política porque la social están millones de ciudadanos que padecen una realidad muy dura para sobrevivir y que ven que el túnel del futuro esta lleno de oscuridad.

 

Con las durísimas medidas tomadas, además, sin trasmitir ningún tipo de sentimiento o compasión por su presidente, el sufrimiento de una gran mayoría de ciudadanos será grande. Y si eso lo decide un partido político en solitario, encabezado por su presidente, allá ellos con su responsabilidad ante la historia y en las siguientes elecciones. Allí rendirán cuentas y los ciudadanos pasarán sus facturas.

 

Por eso, ¿por qué involucrarse el Jefe del Estado, poniéndose al frente de ese gobierno justo ese día? Desde luego, desde el punto de vista de la imagen y desafección del pueblo hacia la monarquía, es un despropósito más de la Casa Real. Pero hay otra dimensión: la constitucional. Y esta quiebra con la actuación del Monarca.

 

La Constitución califica al Estado español como una “monarquía parlamentaria”. Eso significa que radicando “la soberanía nacional en el pueblo español” (art 1.2) y siendo las Cortes Generales quienes “representan al pueblo español” (art. 67) son éstas las que en la función legislativa, usurpada cada vez más por el gobierno, deben ejercitar sus poderes.

 

Y si hay una parte importante de los representantes del pueblo que no están nada de acuerdo con esas medidas, ¿por qué el Jefe del Estado encabeza esa reunión del Gobierno? Ciertamente el artículo 62.g) de la Constitución contempla que pueda “ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno a petición del Presidente del Gobierno”. Me resulta difícil de aceptar que el Presidente del Gobierno utilizase a su Majestad para dar mas fuerza a estas decisiones tan graves y que el Monarca no tuviese libertad para considerarlo inoportuno.

 

Ni el ex Presidente Zapatero lo hizo con sus recortes (mínimos al lado de de los actuales) ni el ex Presidente Aznar para su grave y también polémica decisión sobre Irak. Mariano Rajoy será historia antes o después como lo han hecho Zapatero y otros predecesores, pero la monarquía debería actuar por la función que representa, con sentido de futuro, responsabilidad y unidad de todos los españoles.

 

El artículo 56 de la Constitución señala dos características dela Monarquía: “es símbolo de la unidad y permanencia del Estado” y que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Con su gesto del pasado viernes, además de dispararse a si mismo, quiebra el sentido constitucional  de su configuración. El papel de árbitro es muy importante en el Jefe del Estado y su imparcialidad debe ser exquisita. Por sí mismo y por España. Así, no vota en las elecciones y no toma partido.

 

Pero ahora si que lo ha hecho. Ha encabezado a aquellos que han tomado unas decisiones que además de crear sufrimiento en muchos españoles, son solo una parte del sentir político y ciudadano. Nadie pide que el rey se ponga al frente de los mineros, pero tampoco debe asumir y respaldar públicamente unas decisiones cuya responsabilidad corresponde exclusivamente al gobierno.

 

Es muy lejana la imagen de un monarca convocando a TODOS los lideres políticos y sindicales ante la crisis (muchísimo menor que ahora) de los setenta para hacer unos pactos, los de la Moncloa, que permitiesen implicar a la totalidad de los representantes parlamentarios y sociales en la adopción de medidas que nos salvasen entonces.

 

La Constitución se va  quedando desbordada y agrietada y con ella, todo lo que contempla. Cada vez son más los españoles (lejanos a los partidos políticos) que son partidarios de que en un futuro se revisen, una vez roto el espíritu de pacto de 1978, numerosas instituciones, desde el poder Judicial o las autonomías, pero también otras.

 

¡Que pena de España!