¿Por qué no hay Derecho?

Desde que hace un año y medio lanzamos este blog con el  nombre ¿Hay Derecho? hemos publicado casi 700 posts con miles de comentarios. Cada uno de los post es un intento de contestar, a su modo y de forma particular, a la pregunta del título. Pero, al mismo tiempo, todos ellos contribuyen a formar un mosaico que proporciona una visión de conjunto del estado actual de la sociedad española, el cual indica, a nuestro juicio, que en estos momentos, en España, no hay Derecho. No hay un Estado de Derecho suficientemente digno de tal nombre.

 

PORQUE todas las instituciones, que deberían controlarse unas a otras, están sometidas al pacto político y no cumplen con su función.

PORQUE es constitucional o no lo que decide la mayoría parlamentaria y no lo que indica el sentido común y la propia Constitución.

PORQUE la confluencia de intereses entre política y poder financiero es tal, que ambos se han colocado al margen de cualquier exigencia de responsabilidades.

PORQUE, después de cinco años de crisis, nosotros nos hemos recortado, pero cuando es el Estado el que tiene que recortar, no se atreve o no puede.

PORQUE no tenemos dinero y seguimos pagamos diecisiete miniestados que hacen lo mismo y que se rebelan cuando se les intenta tocar.

PORQUE se suben los impuestos a los que cumplen y se los bajan a los que incumplen y se dice así, tranquilamente.

PORQUE, pese a que ya no hay dinero, la clase política sigue pensando que la política es su medio de vida y no está dispuesta a renunciar a él.

PORQUE no es democrático presentarse a unas elecciones con un programa electoral y después tirarlo a la basura al día siguiente “porque las circunstancias nos obligan”.

PORQUE no se puede mentir todos los días a los ciudadanos, tratarlos como a idiotas y contar las cosas en inglés a los inversores, dado que los ciudadanos somos bastante más espabilados y hablamos bastante mejor inglés que nuestros políticos.

PORQUE tenemos representantes políticos elegidos en listas cerradas que no entrarían ni de becarios en una pyme y que cuando abren la boca producen sonrojo.

PORQUE no queremos una “democracia formal” donde solo nos quieren para votar y luego ellos se lo guisan y ellos se lo comen y luego nos mandan callar.

PORQUE se está legislando por Real Decreto-ley todos los días, en ocasiones con muy dudosa base constitucional.

PORQUE en otros países el Gobierno informa continuamente sin cortapisas, y la prensa no comulga con ruedas de molino.

 

Y así podríamos seguir.

 

En estos días de manifestaciones, protestas ciudadanas, manifiestos, proclamas e indignación general en el que los ciudadanos nos seguimos preguntando qué podemos hacer, recordemos los cauces que sí están abiertos para todos y que son básicamente los de la opinión pública y la presión canalizada a través de los medios que todavía nos quedan.  Frente a los exabruptos de unos políticos –o sus corifeos mediáticos- que mandan callar a ciudadanos que expresan su desconcierto, su indignación, su decepción o de forma más constructivas sus propuestas y deseos de cambio, incluida la petición de un referéndum previsto en nuestra Constitución, los políticos son sólo unos representantes de los ciudadanos, por lo menos mientras esto siga siendo una democracia, por muy defectuosa que sea. Así que hay que seguir hablando y diciendo lo que pensamos. Si los medios de comunicación de masas no quieren hacerse eco de la voz de los ciudadanos, no se preocupen que ya lo harán las redes sociales u otros medios, incluidos los extranjeros que están bastante interesados por saber como funciona de verdad el Estado español. Se lo decimos de buena tinta.

 

Creemos que la democracia española necesita fijarse una serie de líneas fundamentales de actuación, líneas no rojas, sino verdes, porque de lo que se trata es de traspasarlas,  de superar una situación como la actual, de enorme desgaste y deterioro. No pretendemos ser originales al señalarlas, son conceptos básicos en los que todos podemos estar de acuerdo:

.- Una efectiva separación de poderes, lo que incluye que el ejecutivo y el partido mayoritario de la oposición no quieran controlar al poder judicial por medio del legislativo, aduciendo para ello que “representa la soberanía popular”

.- Una verdadera responsabilidad de los cargos políticos. En España, cuando se dice “asumo la responsabilidad del cargo”, se está queriendo decir “asumo el poder sin responsabilidad”. La impunidad es muy mala consejera.

.- Un Estado Autonómico adaptado a nuestras verdaderas necesidades. El que surge de la Constitución del 78 está hoy agotado. Hay que reestructurarlo, sin complejos, sin reparto generalizado de café y sin más objetivo que la eficiencia y el servicio al ciudadano.

.- Unos partidos políticos verdaderamente democráticos que puedan ofrecer una mínima resistencia al poder oligárquico de su élites, y una ley electoral que verdaderamente facilite la exigencia de responsabilidades a los políticos individualmente considerados.

.- Los organismos reguladores (Banco de España, CNMV) así como los cuerpos encargados de vigilar y controlar (interventores, inspectores de Hacienda) deben ser independientes y ejercer su labor de control  de los poderes y de protección al ciudadano, frente a los abusos del poder sea político o económico.

 

Pero no basta con proponer lo obvio, es necesario implicarse activamente en su consecución, cada uno en la medida de sus posibilidades. En los comentarios al post de ayer de nuestro colaborador José María Pérez se criticaba a los funcionarios por haber estado demasiado tiempo callados sin haber denunciado los abusos de los que han sido testigos.

 

Pues bien, este blog se creó con la finalidad de analizar la realidad española desde el punto de vista social, jurídico, político y ético, criticar y denunciar lo que se considere criticable y hacer propuestas de mejora. Estamos abiertos a los manifiestos, sugerencias, propuestas, denuncias, que ustedes quieran difundir a través del blog  en relación con casos concretos que ustedes conozcan. Se pueden hacer a través del correo electrónico,  pero deben de firmarlas ustedes con su nombre y apellidos. No es necesario que escriban ustedes un post, podemos hacerlo nosotros, pero necesitamos saber quien nos envía la información, aunque no le daremos difusión a su identidad si ustedes nos lo piden.  Intentaremos serles de utilidad y darles la mayor difusión posible, pero recuerden que no somos perfectos y podemos cometer errores.

 

Esta es nuestra obligación moral como ciudadanos. Sabemos que es difícil, pero eso no es excusa. Como decía Hanna Arendt, los malos siempre ganan por el desistimiento de los buenos.  Recuerda Norman Manea una preciosa anécdota (que recoge Aurelio Arteta en su libro ya recomendado en este blog “Tantos tontos tópicos”):  “¿Por qué continuar predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados?”, le preguntaron a un rabino. “Para no cambiar yo”, fue su respuesta.

 

 

 

 

Recortan el sueldo a todos los empleados públicos para no despedir a los enchufados

Por lo general uno intenta, aunque no siempre lo consigue, ser ponderado y ecuánime en las opiniones que vierte en este blog,  pero eso no impide que hoy exprese con claridad mi opinión aun a riesgo de que luego haya quien diga que tan solo sangro por la herida.

 

Y es que no todos los días nos enteramos de que, no solo nos escamotean de la noche a la mañana casi tres mil euros del ala -medio millón de las antiguas pesetas (en parte ya devengados)-, sino que además, en virtud de la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, nuestra capacidad adquisitiva se va a ver reducida más o menos en un 2% neto más, lo que unido a los anteriores recortes y al incremento del coste de la vida, en particular el inflexible crecimiento de los precios regulados de la energía y el combustible hace que, sin comerlo ni beberlo, uno sea casi un 25% más pobre que hace un par de años.

 

La herida es por si misma importante, pero para los que conocemos un poco de que va el cuento, aún fastidia más si cabe por la forma en la que se aprueba, en medio de los aplausos y vítores en el Congreso, como si estuvieran celebrando una victoria más de los políticos contra los funcionarios de carrera de toda la vida, pues en el fondo lo que subyace tras esta opción es que se recorta el sueldo a todos los empleados públicos para no tener que despedir a la legión de enchufados que durante los últimos años han ingresado en todas las administraciones públicas gracias a las corruptelas partidistas (sea cual sea el partido que las maneje) por la puerta de atrás y pasando olímpicamente del principio de mérito y capacidad y, en muchas ocasiones del principio de publicidad y libre concurrencia.

 

Muchos han sido los instrumentos para poder colocar a las huestes propias, los amigos y parientes. Así, partiendo de un inducido desprestigio de las pruebas selectivas de ingreso (decimonónicas, memorísticas, trasnochadas, elitistas…) para justificar su relajación o incluso su sustitución por otras fórmulas en las que los elementos subjetivos sean más fáciles de introducir; la medida más dañina que se ha adoptado en materia de función publica fue la aprobación de un Estatuto del empleado público que mezcla curras con merinas e iguala a todos por abajo, tan ambiguo y abierto que después de años sin desarrollar permite, por poner un ejemplo de aberración que afecta a los funcionarios del Grupo A, amortizar puestos de trabajo técnicos o directivos reservados a funcionarios para poder contratar para esos cargos en régimen laboral fuera del convenio colectivo a personas ajenas a la función pública, con el premio adicional de escamotear los puestos así creados del techo de gasto de personal fijado presupuestariamente.

 

Y qué decir de la falacia en la reducción o congelación en la tasa de reposición de efectivos a la par que se mantiene o se incrementa la prestación de servicios, cubriendo las vacantes derivadas de las bajas producidas bien con interinidades o contratos temporales controlados directa o indirectamente por los sindicatos, bien con externalizaciones de servicios que, en la mayoría de los casos, son contratos laborales fraudulentos por constituir una cesión ilegal de trabajadores con arreglo a la legislación laboral.

 

Los interinos así contratados tienden a consolidar después su posición gracias a procesos de selección “light”, y los trabajadores de las contratas terminan incorporándose a la administración vía sentencia judicial, gracias a una perversa jurisprudencia consolidada por el malhadado Estatuto Básico, que hace prevalecer en el ámbito de las administraciones públicas la subrogación empresarial en el caso de cesión fraudulenta de un trabajador de sobre los principio de mérito y capacidad en el ingreso en la función pública, sin que eso tenga coste alguno para el gestor que, a sabiendas, recurre a estas prácticas.

 

En definitiva, gracias tanto a las corruptelas e intereses de unos y de otros como a la cada vez más evidente patrimonialización de las administraciones públicas por los partidos políticos y sindicatos, nos encontramos con que la usucapión o prescripción adquisitiva de derechos se ha terminado convirtiendo en la práctica en una nueva –y artera- forma de acceso al empleo público.

 

Eso, por no empezar a hablar de los contratados por las fundaciones privadas de capital público o por todas esas empresas públicas creadas solo con la finalidad de gastar dinero público al margen del rigor establecido por el Derecho Administrativo y que aunque se ha anunciado varias veces su disolución, ahí siguen para uso y disfrute de los agraciados.

 

Hace ya algunos años, tuve ocasión de escuchar como todo un Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, en una intervención pública invitado a un congreso de FEDECA, nos trató a quienes le escuchábamos de ”privilegiados por tener un puesto de trabajo fijo” y es posible que en parte así sea, pero desde luego, al menos en el caso de los allí congregados, no es en absoluto un privilegio gracioso, como el que pretenden consolidar a favor de otros con esta bajada de sueldo, sino que fue ganado a pulso en duros procesos selectivos a las que pudieron presentarse todos los españoles licenciados universitarios que cumplieran con los requisitos y, después, con unos cursus honorum más o menos accidentados, en los que la inmensa mayoría hemos servido a nuestro país con lealtad, dedicación y mucho trabajo, aun cuando pronto fuimos conscientes de que en nuestras carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o el  amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen saber (y en gran parte ese el problema que debemos resolver en nuestro modelo si queremos que sobreviva).

 

El qué ahora se vuelva a hacer tabla rasa y se trate por igual a justos y pecadores es una decisión que, como esa desastrosa amnistía para defraudadores, obvia cualquier componente ético y, en mi opinión, al margen del ahorro que pueda suponer,  servirá principalmente para sembrar el desánimo en los funcionarios competentes y para justificar en su conducta a los alborotadores y a los que ya han tirado la toalla.