¿Quiere ganar un buen sueldo? Pida un puesto de libre designación en el Ayuntamiento de Madrid

En el post de los cinco editores, ¿Por qué no hay Derecho? nos ofrecimos para dar publicidad a informaciones, sugerencias y denuncias de nuestros lectores, y un amable lector nos manda esta significativa convocatoria de puesto de trabajo del Ayuntamiento de Madrid.

Observen con interés el número 6: vocal asesor de un área delegada ,complemento específico de ¡más de 41.000 euros!  Requisitos para ser elegido  para el cargo:

–          Experiencia en asesoramiento jurídico y técnico a órganos superiores, directivos y colegiados.

–          Experiencia en labores de coordinación entre órganos políticos y administrativos.

–          Conocimientos sobre organización y competencias de las    distintas Administraciones Públicas.

Requisitos vaporosos en los que puede encajar casi cualquiera, y sobre todo en los que probablemente ya hay “alguien” que encaja.

En todo caso, no es el complemento específico llamativo, hay ofertados varios de más de 25.000 euros.  Se ofrecen cargos de “adjunto a departamento” o de “chófer de cargo electo” (?). La convocatoria está publicada en BOAM de 10 de julio, un día antes precisamente del anuncio de los nuevos recortes a los funcionarios públicos, como nos recuerda nuestro amigo

Para que se hagan una idea, según esta noticia,http://www.asoc-abogadosdelestado.es/detalle.php?id=37 el complemento específico para un Abogado del Estado-Jefe es o era en el año 2005 (pero no habrán subido mucho) de un poco más de 26.000 euros. Lo decimos no porque una de nuestra coeditora sea Abogado del Estado sino porque se supone que estos son los puestos de jurista con más responsabilidad en la Administración española.

Lo que es muy muy llamativo es la cuantía del complemento específico. Esto quiere decir que para un funcionario del Ayuntamiento hay que matar por conseguir este puesto. Es una cifra muy elevada, teniendo en cuenta la estructura del salario público  (EBEP) y la regulación de las retribuciones del Ayuntamiento de Madrid que en retribuciones básicas y de acuerdo con su página web, son:

 2. Personal funcionario.

 Las retribuciones a percibir, con efectos 1 de junio de 2010, por el personal funcionario serán las siguientes:

2.1. Las retribuciones básicas, excluidas las pagas extraordinarias, en concepto de sueldo y trienios que corresponden al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes:

 

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo

Euros

Trienios

Euros

A1

13.308,60

511,80

A2

11.507,76

417,24

B

10.059,24

366,24

C1

8.640,24

315,72

C2

7.191,00

214,80

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones

Profesionales (Ley 7/2007)

6.581,64

161,64

 

No se trata por nuestra parte de poner el foco exclusivamente en el Ayuntamiento de Madrid, sabemos por supuesto que ha de haber muchos más ejemplos y más escandalosos (y convocatorias de puestos de trabajo perfectamente razonables y necesarias) pero hemos escogido éste, a sugerencia de nuestro informante, porque nos parece  sintomático de la  gran desconexión que se advierte entre los políticos y la sociedad;  se piden, se exigen, esfuerzos enormes a los funcionarios y a la ciudadanía en general, y al mismo tiempo se convocan once puestos de trabajo para adjudicar a dedo, que mucho nos tememos que son completamente innecesarios desde el punto de vista de la eficiencia en estos momentos (que es lo único que debería importarnos a todos) y que van a tener un coste anual de más de 230.000 euros de sueldos.

¿Quiere ganar un buen sueldo? Pida un puesto de libre designación en el Ayuntamiento de Madrid

En el post de los cinco editores, ¿Por qué no hay Derecho? nos ofrecimos para dar publicidad a informaciones, sugerencias y denuncias de nuestros lectores, y un amable lector nos manda esta significativa convocatoria de puesto de trabajo del Ayuntamiento de Madrid.

Observen con interés el número 6: vocal asesor de un área delegada ,complemento específico de ¡más de 41.000 euros!  Requisitos para ser elegido  para el cargo:

–          Experiencia en asesoramiento jurídico y técnico a órganos superiores, directivos y colegiados.

–          Experiencia en labores de coordinación entre órganos políticos y administrativos.

–          Conocimientos sobre organización y competencias de las    distintas Administraciones Públicas.

Requisitos vaporosos en los que puede encajar casi cualquiera, y sobre todo en los que probablemente ya hay “alguien” que encaja.

En todo caso, no es el complemento específico llamativo, hay ofertados varios de más de 25.000 euros.  Se ofrecen cargos de “adjunto a departamento” o de “chófer de cargo electo” (?). La convocatoria está publicada en BOAM de 10 de julio, un día antes precisamente del anuncio de los nuevos recortes a los funcionarios públicos, como nos recuerda nuestro amigo

Para que se hagan una idea, según esta noticia,http://www.asoc-abogadosdelestado.es/detalle.php?id=37 el complemento específico para un Abogado del Estado-Jefe es o era en el año 2005 (pero no habrán subido mucho) de un poco más de 26.000 euros. Lo decimos no porque una de nuestra coeditora sea Abogado del Estado sino porque se supone que estos son los puestos de jurista con más responsabilidad en la Administración española.

Lo que es muy muy llamativo es la cuantía del complemento específico. Esto quiere decir que para un funcionario del Ayuntamiento hay que matar por conseguir este puesto. Es una cifra muy elevada, teniendo en cuenta la estructura del salario público  (EBEP) y la regulación de las retribuciones del Ayuntamiento de Madrid que en retribuciones básicas y de acuerdo con su página web, son:

 2. Personal funcionario.

 Las retribuciones a percibir, con efectos 1 de junio de 2010, por el personal funcionario serán las siguientes:

2.1. Las retribuciones básicas, excluidas las pagas extraordinarias, en concepto de sueldo y trienios que corresponden al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes:

 

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo

Euros

Trienios

Euros

A1

13.308,60

511,80

A2

11.507,76

417,24

B

10.059,24

366,24

C1

8.640,24

315,72

C2

7.191,00

214,80

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones

Profesionales (Ley 7/2007)

6.581,64

161,64

 

No se trata por nuestra parte de poner el foco exclusivamente en el Ayuntamiento de Madrid, sabemos por supuesto que ha de haber muchos más ejemplos y más escandalosos (y convocatorias de puestos de trabajo perfectamente razonables y necesarias) pero hemos escogido éste, a sugerencia de nuestro informante, porque nos parece  sintomático de la  gran desconexión que se advierte entre los políticos y la sociedad;  se piden, se exigen, esfuerzos enormes a los funcionarios y a la ciudadanía en general, y al mismo tiempo se convocan once puestos de trabajo para adjudicar a dedo, que mucho nos tememos que son completamente innecesarios desde el punto de vista de la eficiencia en estos momentos (que es lo único que debería importarnos a todos) y que van a tener un coste anual de más de 230.000 euros de sueldos.

El Tribunal de Cuentas debería contar más

El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española (y también en su artículo 153.d). Sus funciones principales son la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Es una pieza clave dentro de los mecanismos expost de control que aplican a la administración pública española (Juan Luis Redondo analizó hace unos meses en este Blog los diferentes mecanismos de control que afectan al sector público español).

 

El Tribunal de Cuentas acaba de ser renovado. Este proceso forma parte de los acuerdos alcanzados entre PP y PSOE para la renovación de diferentes órganos constitucionales, por lo que de los 12 consejeros del organismo, 7 los ha propuesto el PP (entre los que se encuentra el hermano mayor del expresidente Aznar) y 5 el PSOE (uno de ellos consensuado con IU). Los consejeros, cuyo mandato es de nueve años, eligen después entre ellos a su Presidente, aunque antes de que lo hagan ya sabemos que el elegido es Ramón Álvarez de Miranda. ¿Se acuerdan? Como en el CGPJ con Divar.

 

Más allá de este proceso de renovación de cargos, criticado duramente por un partido minoritario de la oposición, cabe destacar que el Tribunal de Cuentas debería ejercer una labor fundamental

 

En mi opinión el mayor “pero” es el retraso en la elaboración y publicación de informes. Si echamos un vistazo a la página web del Tribunal de Cuentas, observamos que en los plenos celebrados este año 2012, se están aprobando informes de fiscalización de ejercicios correspondientes al 2008 ó 2009 por ejemplo.

 

El otro gran “pero” (derivado en buena medida del anterior) del Tribunal es que “cuenta” poco dentro del sistema, lo cual se plasma en diferentes aspectos: organismos con gestores públicos que no hacen caso a los requerimientos del Tribunal (y no pasa nada), entes que no están sometidos a la fiscalización del Tribunal (y deberían estarlo), recomendaciones de informes del Tribunal que se quedan en el limbo (y no se convierten nunca en realidad)…

 

Y el último gran “pero” es común a todas nuestras instituciones:  la politización del organismo en particular en relación con la fiscalización de los partidos políticos, asunto al que dedicaremos otro post en exclusiva, porque merece la pena.

 

Y es que hay informes del Tribunal de Cuentas que tienen una contundencia fuera de duda y desgraciadamente no siempre se aprecian signos de que las conclusiones o recomendaciones que se exponen vayan a convertirse en realidad (al menos en el corto plazo).

 

Un ejemplo es el informe de fiscalización de las fundaciones del ámbito local (aprobado en 2012 pero correspondiente al ejercicio 2009), que tiene como objetivos determinar la finalidad, ámbito de actuación y gestión económica de estas entidades, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que afectan a las fundaciones locales.

 

Lo primero que llama la atención de la lectura del informe es que no hay soporte legal para que los entes locales constituyan fundaciones. Además hay tal dispersión y disparidad en las fundaciones analizadas que el Tribunal concluye que se trata de una figura sui generis para enmascarar otra cosa… Y es que cuando se analiza el origen de los ingresos de las fundaciones locales incluidas en el informe, se aprecia que a nivel global el 32% de los ingresos son generados por la propia actividad de las fundaciones y el 68% por las transferencias y subvenciones. Considerando que la esencia de las fundaciones públicas está en conseguir financiación privada para la satisfacción de intereses generales, el Tribunal concluye que deberían cambiar de personalidad jurídica y convertirse en organismos autónomos, consorcios o mancomunidades.

 

Por lo demás cuando se lee el informe hay aspectos que difícilmente se pueden pasar por alto. Por ejemplo, hay fundaciones que ignoran los requerimientos del Tribunal de Cuentas y no mandan información (y no pasa nada), o que hay fundaciones “fantasma” (42 de las 267 incluidas en el informe, es decir un 16%) porque declaran al Tribunal que no tienen ni trabajadores (personal contratado) ni voluntarios (¿desempeñan algún tipo de actividad estas fundaciones?).

 

También destaca el propio Tribunal en su informe las dificultades que ha tenido para identificar a las fundaciones locales y enviar los requerimientos de información oportunos, ya que el Registro de Fundaciones de competencia estatal previsto en el Real Decreto 1611/2007 no ha llegado a constituirse (hasta la fecha al menos). Lo que se ha encontrado el Tribunal son diversos Registros de competencia estatal en diferentes ministerios (7 en concreto) y al menos un Registro en cada CCAA (en algunos casos había registros en diferentes consejerías). Además los registros actuales no disponen de calificación o sección registral referida a las fundaciones constituidas por las entidades locales (recordemos que estas fundaciones no tienen soporte legal) lo que dificulta más todavía su identificación.

 

A todo esto las fundaciones del sector público local no rinden cuentas al Tribunal de Cuentas… ¿deberían hacerlo no?. En fin, esperemos que los informes del Tribunal puedan publicarse con menor decalaje de tiempo y que sus conclusiones se lleven a la práctica para que de esta forma el Tribunal “cuente” más dentro del sistema.

El Tribunal de Cuentas debería contar más

El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española (y también en su artículo 153.d). Sus funciones principales son la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Es una pieza clave dentro de los mecanismos expost de control que aplican a la administración pública española (Juan Luis Redondo analizó hace unos meses en este Blog los diferentes mecanismos de control que afectan al sector público español).

 

El Tribunal de Cuentas acaba de ser renovado. Este proceso forma parte de los acuerdos alcanzados entre PP y PSOE para la renovación de diferentes órganos constitucionales, por lo que de los 12 consejeros del organismo, 7 los ha propuesto el PP (entre los que se encuentra el hermano mayor del expresidente Aznar) y 5 el PSOE (uno de ellos consensuado con IU). Los consejeros, cuyo mandato es de nueve años, eligen después entre ellos a su Presidente, aunque antes de que lo hagan ya sabemos que el elegido es Ramón Álvarez de Miranda. ¿Se acuerdan? Como en el CGPJ con Divar.

 

Más allá de este proceso de renovación de cargos, criticado duramente por un partido minoritario de la oposición, cabe destacar que el Tribunal de Cuentas debería ejercer una labor fundamental

 

En mi opinión el mayor “pero” es el retraso en la elaboración y publicación de informes. Si echamos un vistazo a la página web del Tribunal de Cuentas, observamos que en los plenos celebrados este año 2012, se están aprobando informes de fiscalización de ejercicios correspondientes al 2008 ó 2009 por ejemplo.

 

El otro gran “pero” (derivado en buena medida del anterior) del Tribunal es que “cuenta” poco dentro del sistema, lo cual se plasma en diferentes aspectos: organismos con gestores públicos que no hacen caso a los requerimientos del Tribunal (y no pasa nada), entes que no están sometidos a la fiscalización del Tribunal (y deberían estarlo), recomendaciones de informes del Tribunal que se quedan en el limbo (y no se convierten nunca en realidad)…

 

Y el último gran “pero” es común a todas nuestras instituciones:  la politización del organismo en particular en relación con la fiscalización de los partidos políticos, asunto al que dedicaremos otro post en exclusiva, porque merece la pena.

 

Y es que hay informes del Tribunal de Cuentas que tienen una contundencia fuera de duda y desgraciadamente no siempre se aprecian signos de que las conclusiones o recomendaciones que se exponen vayan a convertirse en realidad (al menos en el corto plazo).

 

Un ejemplo es el informe de fiscalización de las fundaciones del ámbito local (aprobado en 2012 pero correspondiente al ejercicio 2009), que tiene como objetivos determinar la finalidad, ámbito de actuación y gestión económica de estas entidades, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que afectan a las fundaciones locales.

 

Lo primero que llama la atención de la lectura del informe es que no hay soporte legal para que los entes locales constituyan fundaciones. Además hay tal dispersión y disparidad en las fundaciones analizadas que el Tribunal concluye que se trata de una figura sui generis para enmascarar otra cosa… Y es que cuando se analiza el origen de los ingresos de las fundaciones locales incluidas en el informe, se aprecia que a nivel global el 32% de los ingresos son generados por la propia actividad de las fundaciones y el 68% por las transferencias y subvenciones. Considerando que la esencia de las fundaciones públicas está en conseguir financiación privada para la satisfacción de intereses generales, el Tribunal concluye que deberían cambiar de personalidad jurídica y convertirse en organismos autónomos, consorcios o mancomunidades.

 

Por lo demás cuando se lee el informe hay aspectos que difícilmente se pueden pasar por alto. Por ejemplo, hay fundaciones que ignoran los requerimientos del Tribunal de Cuentas y no mandan información (y no pasa nada), o que hay fundaciones “fantasma” (42 de las 267 incluidas en el informe, es decir un 16%) porque declaran al Tribunal que no tienen ni trabajadores (personal contratado) ni voluntarios (¿desempeñan algún tipo de actividad estas fundaciones?).

 

También destaca el propio Tribunal en su informe las dificultades que ha tenido para identificar a las fundaciones locales y enviar los requerimientos de información oportunos, ya que el Registro de Fundaciones de competencia estatal previsto en el Real Decreto 1611/2007 no ha llegado a constituirse (hasta la fecha al menos). Lo que se ha encontrado el Tribunal son diversos Registros de competencia estatal en diferentes ministerios (7 en concreto) y al menos un Registro en cada CCAA (en algunos casos había registros en diferentes consejerías). Además los registros actuales no disponen de calificación o sección registral referida a las fundaciones constituidas por las entidades locales (recordemos que estas fundaciones no tienen soporte legal) lo que dificulta más todavía su identificación.

 

A todo esto las fundaciones del sector público local no rinden cuentas al Tribunal de Cuentas… ¿deberían hacerlo no?. En fin, esperemos que los informes del Tribunal puedan publicarse con menor decalaje de tiempo y que sus conclusiones se lleven a la práctica para que de esta forma el Tribunal “cuente” más dentro del sistema.