El último que apague la luz: los recortes en las Universidades públicas españolas (El caso de la Universidad Rey Juan Carlos)

Es un secreto a voces que las Universidades públicas españolas tienen una gestión muy poco profesional y que bajo el sagrado manto de la autonomía universitaria se esconden muchas corruptelas, abusos, despilfarros y disparates varios, propios de un gestor que no tiene que rendir cuentas  a los ciudadanos que pagan con sus impuestos todo el montaje, ya sea vía impuestos generales o vía tasas universitarias sino que tienen que ganarse a unos electores con intereses bien distintos.  Y tampoco rinden cuentas a su “supervisor”  la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de turno, que distribuye la financiación sin tener en cuenta ni la buena ni la mala gestión –o lo hace de forma casi testimonial- aunque la financiación sí depende del al número de alumnos, puesto que las tasas académicas que éstos pagan se transfieren directamente a las Universidades públicas. Por eso puede ser un buen negocio tener muchos alumnos bajando la nota de corte, es decir, primando cantidad sobre calidad. En cualquier caso, como es sabido, la financiación vía tasas académicas es totalmente deficitaria, pese a las recientes subidas.

 

Del tema hemos hablado bastante en este blog y todavía más han hablado en NeG.  Los datos de las Universidades españolas los tienen en este  informe.

 

También hemos hablado en este blog y en otros muchos de la endogamia endémica de la Universidad pública española,  que favorece la existencia de auténticas sagas familiares en algunos Departamentos, del desastre burocrático de la evaluación de la ANECA de las quejas de los Consejeros de Educación (siempre en privado, claro está) sobre la nefasta gestión de la mayoría de los Rectores, en especial de los que no son políticamente afines, de la contratación masiva de profesorado que se ha producido en paralelo a la disminución constante del número de alumnos, de las numerosas posibilidades de contratación de profesores al amparo de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades  utilizando figuras jurídicas previstas para otra cosa, como la de profesores asociados (en principio, para profesionales o especialistas a tiempo parcial) o funcionarios interinos (en principio con carácter temporal y para realizar sustituciones) de forma indiscriminada y dudosamente legal. Aunque, todo hay que reconocerlo, hay Universidades públicas más serias que otras y no en todas se han producido estas corruptelas. Si miran los números del informe de la CRUE allí se recogen con claridad los tipos de personal que tiene cada Universidad pública española.

 

Hemos hablado menos de la increíble y variadísima oferta de la inflación de títulos universitarios en España (muchos de ellos bilingües, faltaría más, será por inglés, y eso que, según este artículo, las competencias de nuestros estudiantes de bachillerato en inglés dejan bastante que desear. Y del asombroso número de alumnos universitarios  Pero ahora la verdad es que ya da bastante igual, porque como decimos en el título,  han llegado los recortes. Eso sí cada Universidad pública, como es autónoma y soberana, los aplica como Dios (o al rector, que a estos efectos es lo mismo) le da a entender.

 

Y como era previsible en este sistema irracional o cuya racionalidad, para ser más exactos, responde a una lógica clientelar, los recortes están empezando por los eslabones más débiles (sí, igual que con los recortes del sr. Rajoy) y no por los más improductivos. No se trata de ver quien funciona y quien no, quien trabaja y quien no, o quien da mejor las clases o es mejor investigador, quien sabe inglés o no (criterio del mérito) quien cobra más o menos dinero (criterio económico) o quien simplemente es más necesario desde el punto de vista de la “oferta” de titulación a los estudiantes porque las clases o el grado que imparte tiene más demanda (un criterio de libre mercado, al fin y al cabo). Nada de eso. Se trata de ver a quien es más fácil echar, tanto desde el punto de vista jurídico (por la modalidad de su contrato) como desde el punto de vista “político” (porque tiene menos coste para el equipo gestor) como desde el punto de vista de la afinidad (porque no es familiar directo, indirecto o “cliente” valga la expresión, usada en su acepción originaria del Derecho Romano) de quienes mandan.

 

Así nos estamos encontrando con esperpentos del tipo de que si hay grados bilingües y no hay profesores que sepan o puedan hacerlo porque ya no se les ha renovado el contrato no se suprime la oferta correspondiente, sino que sencillamente se le encarga a otro profesor (preferiblemente de los que vean en peligro su puesto de trabajo con la siguiente tanda de recortes) y se le encargan las clases aunque no sepa mucho inglés, ni ya puestos tampoco demasiado de la materia a impartir. Ya ha habido protestas de los alumnos ante la Comunidad Autónoma correspondiente por este motivo, por ahora sin ninguna respuesta oficial.

 

Por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Universidad Juan Carlos I de la Comunidad de Madrid.El recorte que “le toca” a la universidad (ya saben que en este país los recortes son lineales) es de 3,5 millones de euros para profes y 1,5 millones de euros para PAS (personal de Administración y Servicios) La reducción prevista del presupuesto de la Universidad para este año son 16,5 millones de euros pero se prevé que aumenten hasta el año 2013 hasta 24 millones de euros, todo según esta noticia.

 

Y para acabarlo de arreglar en esta Universidad –donde de forma tan ejemplar podemos ver las “disfunciones” de las Universidades públicas españolas más “jóvenes” es decir, de las creadas al amparo de las alegrías presupuestarias y autonómicas en los últimos 20 años.

 

tiene un Rector, D.Pedro Gonzalez- Trebijano  con un pequeño problema jurídico, dado que los Tribunales de Justicia consideran que se presentó de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en las elecciones convocadas en 2005 “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos por lo que declara en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”.

 

Por tanto, en una resolución firme, el tribunal estima el planteamiento del recurrente, anula la candidatura del actual rector en los comicios de 2009 y apunta que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”.

 

Por supuesto a los lectores habituales a estas alturas no les sorprenderá saber que el Rector sigue sentando en su silla. En su momento (hace más de un año ya) la Universidad Rey Juan Carlos anunció que recurriría la sentencia que “contraviene lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad” y que “atenta directamente contra la garantía institucional de la autonomía universitaria”. Efectivamente, el Rector ha interpuesto un recurso de amparo, no hay otro posible, porque la sentencia es firme, y la interposición del recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia firme salvo que así lo acuerde el Tribunal. El rector tiene suspendida la ejecución de la sentencia de instancia,  y ya es suerte, teniendo en cuenta el retraso que lleva el TC con respecto a los recursos de amparo, y que el del Rector lleva el número 5714/2011. El número de recursos de amparo pendientes simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC porque no es nada fácil que te admitan un recurso de amparo, tras la modificación de la LOTC para impedir el aluvión eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. Esto si que es llegar y besar el santo.

 

Pero no solo el TC se ha volcado con el Rector. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había emitido -según la contestación a la demanda de los abogados del Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trebijano”-  Yo no sé en Derecho administrativo que es esto de un “dictamen vinculante previo” que pretende garantizar nada menos que la inmunidad frente a una sentencia del Tribunal de lo contencioso-administrativo encargado de revisar los actos de la Administración. Esta figura no venía en mi temario de oposiciones a la Abogacía del Estado, los dictámenes eran preceptivos y no preceptivos y vinculantes y no vinculantes. Tampoco en la Ley 30/1992, cuyo artículo 71 recuerda que con carácter general y salvo disposición expresa en contrario los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes. Dictámenes preceptivos hay algunos, preceptivos y vinculantes no sé si quedan además de los de la Consejería de Educación, por no serlo no lo son ni los del Consejo de Estado (el más alto órgano consultivo del Estado, por si no se acuerdan) salvo que una Ley disponga lo contrario. Y desde luego, a los Tribunales de Justicia que controlan la legalidad de los actos administrativos no les vinculan nada de nada.

 

Por último, al señor Gonzalez- Trebijano le acaban de nombrar a propuesta del PP vocal de la Junta Electoral Central. ¿Casualidad?

 

Y el otro día compareció el Rector en la Asamblea Regional de Madrid para hablar de su gestión y los recortes. El único, por supuesto, que le hizo preguntas un poco incómodas acerca de la situación de la Universidad y de la suya propia fue el representante de UPYD. Aquí tienen la transcripción completa de la comparecencia del Rector. Conclusión: todo fenomenal, muy buena gestión, ningún problema. Que se lo digan a los buenos profesores  de la Rey Juan Carlos I (que también los hay, incluso los que se pagaron de su bolsillo los cursos de inglés para dar las famosas clases bilingües).

 

 

Y el último, por favor, que apague la luz, que ya es un dineral.

 

 

Rebelión a bordo

Al Presidente del Gobierno de España se le amotinan los virreinatos artificiales, creados interesadamente, desde las llamadas comunidades autónomas. No es para menos, se les empiezan a retirar poco a poco sus juguetes preferidos: los fondos públicos y los privilegios autoconcedidos en muestra de irresponsabilidad e impunidad públicas.

 

No es por convicción ideológica de “derechas” o “neoliberales” como los autodenominados “progresistas” pretenden identificar unas medidas necesarias para acabar con el derroche y la sangría de nuestro ya exiguo Tesoro Público, sino por una cuestión de sentido común (ese menos común de los sentidos) y de pura supervivencia.

 

Esta rebelión a bordo del barco que pretende salir adelante a pesar de las tormentas y de las dificultades, demuestra una vez más qué clase de personajes manejan  los asuntos públicos y la falta de solidaridad real con todos los ciudadanos españoles. Esos que votaron –como tantas veces- unos programas de gobierno que han debido reajustarse y reciclarse a la vista de las circunstancias y de las exigencias de la UE.

 

La cuestión ahora e inmediata es: ¿pueden aceptarse estos motines y estos chantajes permanentes desde unos órganos institucionales artificiales como son la mayoría de las  CC.AA.?  En teoría la C.E. señala como último responsable de la nación a ese gobierno nacional que es quien debe adoptar medidas, aunque escuezan, al resto de díscolos gobernantes incluyendo a los del mismo partido. Esta responsabilidad es irreversible y conlleva gestos de estadista muy alejados a los tejemanejes  de quienes sólo son brazo de gestión pública por delegación de la soberanía popular.

 

Hay que decir ¡basta ya! a estos retos de fuerza entre el Estado (que somos todos) y los intereses particulares de quienes dicen representarlo. Hay que reajustar la organización territorial del Estado con arreglo a lo que pidan los ciudadanos en su conjunto. No los vociferantes “interesados” en mantener sus personales status quo. Hay que reformar la C.E. hasta las cachas, desde una mayoría absoluta parlamentaria o por medio de un referéndum vinculante que dé paso a un proceso constituyente actualizado. Hay que dejar atrás las viejas y rancias ideas políticas, para diseñar proyectos nuevos desde la participación real de los ciudadanos. Hay que crear sistemas donde no sea posible la corrupción ni las corruptelas, los privilegios ni los agravios comparativos. Pero, para eso hay que tenerlos bien puestos. Ser consciente del sacrificio que como persona supone el enfrentamiento con las masas manipuladas por unos u otros intereses.

 

Si para eso -y cómo medida más inmediata- es necesario intervenir a esas administraciones insolidarias, hagámoslo antes de que esa insolidaridad se extienda más de lo que está. Si para eso deben reclutarse nuevos ciudadanos, limpios de intereses y compromisos sociales que sólo deseen gestionar con austeridad, transparencia y eficacia los asuntos públicos, abramos las puertas a la participación política cambiando el sistema electoral. Si para eso hay que prescindir de todo el entramado de cargos públicos actuales, ajústense los organigramas y responsabilidades. Si para eso hay que perder en el camino “amigos” y “correligionarios” que no estén por la labor .. ¡en buena hora salgan a buscársela vida como cada ciudadano! Las elecciones las ganan los partidos, no las personas. Sólo los colocados de los partidos llegan al poder y, por esa razón los partidos pueden descolocarlos con el simple acto de una moción de censura desde la propia formación política.

 

Lo que no podemos es permitir más chantajes de “identidades regionales o nacionales” cuyo apoyo real ha quedado mostrado en las confrontaciones electorales. Somos un pueblo convencido de nuestras posibilidades, engañado por unos y por otros, que sólo pretendemos vivir como personas libres, decentes y solidarias. ¿Es tan difícil de entender?

 

Rebelión a bordo

Al Presidente del Gobierno de España se le amotinan los virreinatos artificiales, creados interesadamente, desde las llamadas comunidades autónomas. No es para menos, se les empiezan a retirar poco a poco sus juguetes preferidos: los fondos públicos y los privilegios autoconcedidos en muestra de irresponsabilidad e impunidad públicas.

 

No es por convicción ideológica de “derechas” o “neoliberales” como los autodenominados “progresistas” pretenden identificar unas medidas necesarias para acabar con el derroche y la sangría de nuestro ya exiguo Tesoro Público, sino por una cuestión de sentido común (ese menos común de los sentidos) y de pura supervivencia.

 

Esta rebelión a bordo del barco que pretende salir adelante a pesar de las tormentas y de las dificultades, demuestra una vez más qué clase de personajes manejan  los asuntos públicos y la falta de solidaridad real con todos los ciudadanos españoles. Esos que votaron –como tantas veces- unos programas de gobierno que han debido reajustarse y reciclarse a la vista de las circunstancias y de las exigencias de la UE.

 

La cuestión ahora e inmediata es: ¿pueden aceptarse estos motines y estos chantajes permanentes desde unos órganos institucionales artificiales como son la mayoría de las  CC.AA.?  En teoría la C.E. señala como último responsable de la nación a ese gobierno nacional que es quien debe adoptar medidas, aunque escuezan, al resto de díscolos gobernantes incluyendo a los del mismo partido. Esta responsabilidad es irreversible y conlleva gestos de estadista muy alejados a los tejemanejes  de quienes sólo son brazo de gestión pública por delegación de la soberanía popular.

 

Hay que decir ¡basta ya! a estos retos de fuerza entre el Estado (que somos todos) y los intereses particulares de quienes dicen representarlo. Hay que reajustar la organización territorial del Estado con arreglo a lo que pidan los ciudadanos en su conjunto. No los vociferantes “interesados” en mantener sus personales status quo. Hay que reformar la C.E. hasta las cachas, desde una mayoría absoluta parlamentaria o por medio de un referéndum vinculante que dé paso a un proceso constituyente actualizado. Hay que dejar atrás las viejas y rancias ideas políticas, para diseñar proyectos nuevos desde la participación real de los ciudadanos. Hay que crear sistemas donde no sea posible la corrupción ni las corruptelas, los privilegios ni los agravios comparativos. Pero, para eso hay que tenerlos bien puestos. Ser consciente del sacrificio que como persona supone el enfrentamiento con las masas manipuladas por unos u otros intereses.

 

Si para eso -y cómo medida más inmediata- es necesario intervenir a esas administraciones insolidarias, hagámoslo antes de que esa insolidaridad se extienda más de lo que está. Si para eso deben reclutarse nuevos ciudadanos, limpios de intereses y compromisos sociales que sólo deseen gestionar con austeridad, transparencia y eficacia los asuntos públicos, abramos las puertas a la participación política cambiando el sistema electoral. Si para eso hay que prescindir de todo el entramado de cargos públicos actuales, ajústense los organigramas y responsabilidades. Si para eso hay que perder en el camino “amigos” y “correligionarios” que no estén por la labor .. ¡en buena hora salgan a buscársela vida como cada ciudadano! Las elecciones las ganan los partidos, no las personas. Sólo los colocados de los partidos llegan al poder y, por esa razón los partidos pueden descolocarlos con el simple acto de una moción de censura desde la propia formación política.

 

Lo que no podemos es permitir más chantajes de “identidades regionales o nacionales” cuyo apoyo real ha quedado mostrado en las confrontaciones electorales. Somos un pueblo convencido de nuestras posibilidades, engañado por unos y por otros, que sólo pretendemos vivir como personas libres, decentes y solidarias. ¿Es tan difícil de entender?