Cuando la imagen no lo es todo

Es muy frecuente que las compañías prescindan de sus fichajes más sonados cuando éstos, en vez de potenciar la buena imagen de la empresa, la enturbian. Hace poco hemos comprobado como la ONG conservacionista WWF eliminaba el cargo de presidente  honorífico de la organización, que ostentaba el Rey desde su fundación, en 1968, tras el famoso episodio de la cacería de elefantes en Botswana, comentado también en este blog (aquí). Pero lo cierto es que eso es una práctica común, que ha afectado a gente tan famosa como a Tiger Woods, tras su mediática infidelidad, o a John Galliano por sus comentarios racistas. Sin embargo, el caso Urdangarín es una excepción a la regla, y yo creo que puede ser interesante preguntarse el porqué.

 

Efectivamente, en este caso no hablamos de una cacería legal, aunque estéticamente desafortunada, ni de unos amoríos extramaritales que a quién sólo deberían preocupar es a su familia, ni de unos comentarios fuera de tono con unas copas de más. No, aquí estamos hablando de la imputación por unos delitos muy serios penados con años de cárcel (hasta 18, concretamente). Nada menos que por cinco delitos: evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos (aquí). Y pese a ello, según informa la prensa, Telefónica le renueva el contrato por un año y por un millón y medio de euros fijándole una indemnización en caso de despido de 4,5 millones de euros. Y eso que este año no parece uno de los mejores de la historia de la compañía: acaba de anunciar que cancela el dividendo para el 2012, en una decisión que la prensa califica de “histórica” (aquí). La medida no hace más que presagiar un escenario complicado para el empleo a corto plazo, al menos si se quiere respetar los compromisos adquiridos con los accionistas para el año que viene. Todo ello contribuye a hacer el caso Urdangarín todavía más inexplicable.

 

Tampoco parece que el yerno del Rey sea un ejecutivo clave en la estructura de Telefónica internacional completamente insustituible, de tal manera que su aportación personal compense el coste de imagen que puede suponer su renovación. Su formación como jugador de balonmano no es la más adecuada para ayudar a defender esa hipótesis. No, lo más lógico es considerar que Urdagarín fue contratado por razones de imagen y que, en consecuencia, un acontecimiento tan serio como su imputación penal le haría perder automáticamente todo el valor que podría aportar a la compañía.

 

Por ese motivo, la renovación nos obliga a descarta también esta posibilidad. De hecho, parece que viaja mucho menos por el continente y vive casi recluido. La idea que alegan algunas fuentes de que con la renovación del contrato se ha pretendido no condenarle de antemano es totalmente absurda. No es Telefónica quién tiene que meterle en la cárcel, sino los jueces. Galliano no está en la cárcel, pero sí fuera de Dior, y eso que no podemos negar que personalmente aportaba bastante más a la firma. Lo único que debía entrar a valorar Telefónica es si a la compañía le interesaba mantenerle en plantilla o no, y si ha decidido que sí, será por algo.

 

Otra interpretación posible es que Urdangarín no está en Telefónica ni por competencia personal ni por imagen, sino por hacerle un favor a alguien. Puede que por hacerle un favor a la casa del Rey o al Gobierno de turno, o más bien a ambos. Sin embargo, el problema es que en las sociedades mercantiles el ánimo de lucro se presume y las donaciones están excluidas del ámbito de competencia del órgano de administración, al estar fuera del objeto social de la empresa (art. 234 LSC). Luego deberíamos descartar también esta hipótesis, pues la regulación nos pone sobre la pista de lo raro que resulta que una sociedad de este tipo haga favores a cambio de nada.

 

En conclusión, y a falta de más información, habrá que suponer que este caso es uno más derivado de ese estrecho conjunto de relaciones entre la clase política y las grandes empresas reguladas de este país, conocido con el nombre de “revolving door”, y que ya hemos denunciado en este blog (aquí y aquí). Hoy por ti, mañana por mí. Unas relaciones tan valoradas que compensan cierto coste de imagen.

 

Es verdad que, como se comenta en esos post, estas singulares vinculaciones son el pan nuestro de cada día, incluso a nivel internacional, pero lo cierto es que normalmente se intentan disimular un poco, aunque sea por decoro. Siempre he pensado que, por contraposición al cinismo típico de algunos países latinos (Argentina, Venezuela, Italia), es muy merecedora de elogio la clásica y casi venerable hipocresía anglosajona. Al fin y al cabo, como tantas veces se ha dicho, la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. De hecho, el historiador John Lukacs afirmaba que “la hipocresía es el cemento que mantiene unida a la civilización”. Por eso, un dato muy revelador del estado de cosas en España es que aquí empiece a importar muy poco disimular nada.

“¿Para qué sirve el Parlamento?” artículo de nuestro colaborador Jesús López Medel en El Mundo

Hoy se publica este artículo en el diario El Mundo en el que el abogado del Estado Jesús López Medel, que fue diputado en el año 1996, habla del seguidismo partidista que vivió en esa etapa en el Congreso.

“¿Para qué sirve el Parlamento?” artículo de nuestro colaborador Jesús López Medel en El Mundo

Hoy se publica este artículo en el diario El Mundo en el que el abogado del Estado Jesús López Medel, que fue diputado en el año 1996, habla del seguidismo partidista que vivió en esa etapa en el Congreso.

Arquitectura institucional de base 0.

 

El entramado institucional creado en España tras la Constitución de 1978, y que ha regido los destinos de nuestro país desde la muerte del dictador parece encaminarse a un prematuro fin, a una velocidad mayor que la que cualquiera podría haber imaginado hace apenas unos meses. La desastrosa gestión de la crisis realizada por el hoy principal partido de la oposición, y la incapacidad del hoy partido en el gobierno, no ya de encauzar la situación económica, sino siquiera de interpretar correctamente la creciente indignación de todos los ciudadanos, parece abocarnos a una situación de completa ruptura con el modelo actual.

 

La historia, hasta ahora complaciente con el proceso constituyente llevado a cabo en España tras la muerte de Franco, siempre exhibido como ejemplo de la capacidad de entendimiento y consenso entre todos los agentes sociales y políticos para impulsar la democracia en España, quizás no lo sea tanto a la vista del resultado al que hemos llegado en el año 2012. Un sistema ahogado en corrupción y clientelismo, y dominado por una estructura de partidos políticos opaca y poco democrática. Un sistema agotado. Da la impresión que hemos iniciado ya la búsqueda de un nuevo Torcuato Fernández Miranda capaz de idear una salida a la situación de deterioro en que nos hayamos sumidos.

 

Muchos son los análisis que se están realizando estos días sobre como hemos podido llegar a una situación de deterioro institucional tan grave. Este post solo pretende aportar alguna reflexión sobre una de las causas más ampliamente apuntada. La ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas, y la escasa capacidad tradicional de organización y respuesta de la sociedad civil española.

 

Cuando en la primavera de 1979 tras las primeras elecciones democráticas constitucionales UCD ocupa el poder, se instaura la idea de que en la nueva sociedad democrática, los ciudadanos deben recuperar el poder en todas las instituciones. Si los ciudadanos han elegido democráticamente unos representantes políticos, deben ser estos representantes los que ostenten el poder delegado por los ciudadanos en todas las instituciones. Con la legitimidad de las urnas, los políticos ocupan el poder en la administración, tanto central como local. La administración estatal franquista era una administración que hoy podemos reconocer como profesional, con una clara separación entre los cargos que ocupan los funcionarios y los cargos que ocupa el poder político. Los cargos que ocupaban los funcionarios se encontraban regidos por una meritocracia basada en el prestigio de las oposiciones a los cuerpos de altos funcionarios del Estado. Con la llegada de la democracia, el número de cargos que ocupa el poder político en la nueva administración democrática se multiplica. A los cargos se unen asesores, personal de confianza, personal de libre designación, y un largo etcétera. Esta situación aún se acrecienta más con la irrupción de las autonomías, donde la no existencia de una estructura previa pone aún menos barreras a la ocupación de la administración por parte del poder político.

 

La tensión tradicional entre política y administración que se produce en cualquier estado moderno se decanta claramente en España del lado de la política. El caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción en España ya estaba creado. La relación entre el número de personas que ocupan cargos en cualquier administración que dependen directamente del resultado de unas elecciones y el grado de corrupción de un país se describe muy claramente en este artículo publicado en el año 2009 en el diario El País.  La ocupación se acelera con los gobiernos del PSOE en el período de 1982 a 1996. En los años posteriores, se establece cierto límite al volver a fijar condiciones más estrictas para los puestos de dirección política administrativa en principio reservado a funcionarios (directores generales, subsecretarios,…).

 

El argumento que legitimaba la ocupación de altos cargos en la administración, servía igualmente para ocupar los organismos de decisión de las televisiones públicas, las cajas de ahorro, el Consejo General del Poder Judicial, o un largo etcétera. ¿Qué mejor forma de elegir a las personas que deben ocupar puestos en todos estos órganos que a través de los parlamentos elegidos democráticamente? El poder político lo ha copado todo, y las personas cuyos puestos han sido designados por los partidos políticos han crecido sin control en todos los poderes del estado, y en todos los espacios que tienen cualquier tipo de influencia en la vida pública.

 

Hace menos de un año que en este post hablábamos de la necesidad de legitimar los recortes que debían aplicarse en los servicios básicos, eliminando primero los gastos prescindibles. Televisiones públicas, Senado, diputaciones… la lista de gastos prescindibles era amplia, y se ha mencionado en multitud de artículos y análisis en los últimos meses. Tras los duros recortes aprobados el pasado 19 de Julio, y la dura contestación en la calle de los mismos, sorprende la escasa sensibilidad que ha mostrado el gobierno ante la necesidad de conseguir una mayor legitimidad para aplicar estos recortes. Sin duda muchos de los que salieron a la calle a protestar el pasado 19 de Julio lo hicieron ante lo que consideraban injustas subidas de impuestos o injustas rebaja de salarios. Pero la percepción más generalizada es que los ciudadanos españoles, que habían mostrado hasta ahora un carácter más bien de resignación ante los inevitables recortes, viven con mucha más indignación que estos recortes se apliquen en todas partes, menos en la macro estructura política que se ha creado en los últimos 30 años, y que se aplican sin ningún criterio de priorización, afectando por igual a servicios perfectamente prescindibles, y a servicios esenciales como la educación o la sanidad.

 

Escuchar hoy a algún senador hablar sobre el trabajo que están realizando en el Senado para sacar adelante la reforma que lo convierte en una cámara territorial resulta cuanto menos sorprendente en una cámara que nunca ha tenido ninguna utilidad, y a la que nadie ahora le pide tampoco que la tenga en el futuro. Escuchar la defensa de los principales partidos políticos del modelo autonómico frente al creciente clamor contra una estructura cara, clientelar e insostenible empieza a resultar en gran medida sonrojante. Escuchar a los políticos ofrecer como gran gesto de generosidad una rebaja en sus sueldos igual a la aplicada a los funcionarios resulta indignante. Escuchar que la gran reforma de la administración local consiste en reforzar las diputaciones provinciales, una de las instituciones con menor grado de rendición de cuentas y menor transparencia resulta casi una broma.

 

La Constitución del 78, analizada con la perspectiva que nos da la actual crisis, recogió no pocos errores en su diseño del modelo de estado para España. Consagró instituciones como el Senado que se han mostrado totalmente innecesarias en el transcurso de los años, tal como contamos en este post. Diseñó un estado autonómico, ideado para dar cabida a las exigencias de autogobierno del nacionalismo catalán y vasco, que hoy solo podemos calificar de delirante. Este modelo lejos de acomodar el “problema” vasco y catalán, lo ha magnificado: ningún nacionalismo considerará satisfechas sus reclamaciones si su grado de autonomía es similar al de otras regiones que nunca habían mostrado interés por el autogobierno. Una constitución que ha consagrado un modelo de partidos políticos que han acumulado un poder que parece incompatible con un estado democrático y libre de corrupción (este artículo reciente ahonda en este tema de forma muy clara). Y una constitución donde la separación de poderes no fue suficientemente garantizada, ante la creciente intromisión del poder ejecutivo y legislativo en el poder judicial. Sin duda otros identificarán otros errores en nuestra constitución, pero creo que estos son suficientes para que superemos el  “enorme respeto” por el tremendo salto que supuso esta constitución para la sociedad española, y empecemos a pensar en un futuro donde muchas cosas de las recogidas en la Constitución deben cambiar.

 

Dado que parece que la política económica de nuestro país no va a ocupar mucho tiempo de nuestros políticos en el futuro cercano, puesto que vendrá impuesta por nuestros acreedores, bien estaría que dedicáramos parte de nuestro tiempo a diseñar un nuevo entramado institucional para España, que nos pueda devolver a la senda de la democracia, la transparencia, la sostenibilidad y la racionalidad que todos los españoles anhelamos. Haría bien el actual gobierno en escuchar las reclamaciones ciudadanas de un profunde recorte en la macro estructura política que ha copado las administraciones, en suprimir los muchos privilegios de la clase política, en empezar a priorizar con mayor criterio los servicios en los que se aplican recortes, huyendo de las decisiones fáciles de recortes lineales, y comenzara a apuntar la necesidad de una profunda revisión del actual modelo de estado, insostenible e ineficiente