Que nos intervengan ¡pero ya!

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Si no sube la recaudación, peligra el pago de nóminas”, Montoro dixit. Luego va a haber problemas para pagar nuestras nóminas porque parece complicado que puedan exprimirnos un poco más.

 

Soy funcionaria del grupo A1, Abogado del Estado para dar más datos. Y les voy a contar porqué no me uno ni a la huelga ni a las concentraciones diarias que los funcionarios vienen realizando puntualmente a las 12 del mediodía. No me uno a ellos, no porque no esté indignada- que lo estoy, y mucho, y luego les contaré por qué- sino porque: 1) no va a servir para nada (salvo para que a alguno le dé un desmayo); y 2) porque así no se sale del agujero en el que está el país.

 

No va a servir para nada porque estamos al borde del abismo, o sea, de que nos intervengan (si no estamos ya intervenidos de facto). Ello significa que son necesarias estas medidas y muchas más. Y no me uno porque, como les decía, así no se sale del agujero. Se sale trabajando más, siendo más productivos y más eficientes.

 

Cuando digo “trabajando más” no me malinterpreten. Hay que trabajar, simplemente, lo que está estipulado: 37,5 horas semanales, por ejemplo. Funcionarios hay muchos, y muy buenos y muy mal pagados. Hay funcionarios que no agotan su período vacacional por razones del servicio, que no disfrutan de los moscosos, que trabajan los fines de semana y que prolongan su jornada de trabajo más allá de lo previsto legalmente. Pero también los hay que trabajan una media de 25-30 horas semanales, los hay que sistemáticamente los viernes no van a trabajar y quienes habitualmente llegan a su puesto de trabajo pasadas las 10  de la mañana, o incluso más tarde. Esto no me lo han contado, sino que lo he visto yo. Y cuando hablo de “funcionarios” estoy incluyendo, por ejemplo, a jueces y fiscales.

 

Ahora es cuando paso a contarles porqué estoy indignada.

 

Estoy indignada porque el Gobierno ha ido a lo más fácil, a incrementar (o intentar incrementar, que lograrlo es otra cosa) los ingresos, pero sin una reducción racional  de los gastos, o sin reducirlos todo lo que sería posible.

 

Y no creo que vayan a poder incrementar los ingresos porque no es posible exprimirnos más, ni a los funcionarios ni a la clase media que, a fin de cuentas, es la que sostiene al país.  Los funcionarios (ésos a los que se puede insultar y denostar constante y gratuitamente) hemos perdido  en las últimas décadas alrededor de un 42% de poder adquisitivo, porque en la época de abundancia jamás nos subieron la nómina en consonancia con la subida del IPC. Y ahora que la abundancia se ha esfumado, lo más fácil y rápido para incrementar los ingresos es rebajarnos el sueldo, por segunda vez en dos años. Y subirnos los impuestos: el IRPF y ahora el IVA, también por segunda vez. Porque no olvidemos que, además de funcionarios, somos ciudadanos y, como tales, nos afecta, como a todos, las subidas de impuestos. Subida de impuestos, por cierto, que coexiste con una pseudo-amnistía fiscal, vergonzante para los que hemos venido pagando nuestros impuestos puntual y religiosamente.

 

Estoy indignada porque se nos haga pagar por el despilfarro  acumulado de estos últimos años

 

Estoy indignada porque se sube el IVA del 8% al 21% en productos como los pañales de los bebés, las gafas o los productos de higiene femenina. ¿No es un producto de primera necesidad comprarse unas gafas si tienes 14 dioptrías de miopía, como era mi caso? Menos mal que me operé cuando todavía me lo podía permitir. ¿No es un producto de primera necesidad comprar pañales para tu bebé?

 

Estoy indignada porque hace dos años en el seno de Fedeca se elaboró un prolijo documento con toda una serie de medidas que tenían por objeto la reducción de los gastos y el incremento de ingresos, como medias alternativas a aquel primer atraco que llevó a término el Gobierno presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero.

 

Estoy indignada porque  algunos de los que entonces participaron  en la elaboración de aquél documento ocupan ahora cargos de cierta responsabilidad en el Gobierno. ¿Y qué se les ocurre para sacar al país de lo más profundo del abismo? Oh, genial y feliz idea, ¡bajar nuevamente el sueldo a los funcionarios!. Segundo atraco, por cierto.

 

Estoy indignada porque esos mismos Señores ahora se “ofenden” ante la comprensible indignación de los que seguimos en la cosa pública, o en lo poco que queda de ella.

 

Estoy indignada porque intuyo que todo este sacrificio no va a servir para mucho. ¿Por qué? Pues porque los mercados y Europa no nos creen, y la prima de riesgo y tipos de interés siguen por las nubes; lo que supone, básicamente, que todo el recorte va a servir para seguir financiando lo que nos cuesta de más colocar nuestra deuda pública, esa deuda que tenemos que seguir emitiendo para ir haciendo frente al déficit acumulado.

 

¿Por qué no nos cree Europa? Porque somos unos tramposos, y nos hacemos trampa a nosotros mismos jugando al solitario. Hacemos trampa al elaborar los Presupuestos, al informar sobre los mismos a los posibles inversores (a los que se da una cifra de previsión de ingresos inmediatamente reducida en varios miles de millones de euros), al informar del déficit estatal y autonómico, al informar sobre la situación de nuestro sistema financiero, y al informar sobre el supuesto recorte de gastos (que no es tal); hacemos trampa cuando decimos que se está restructurando el sector público, y cuando decimos que se va a recortar el número de concejales (muchos de los cuales no cobran sueldo alguno), y cuando decimos que vamos a imponer a las Administraciones Públicas severos controles en cuanto a la estabilidad presupuestaria (controles que luego resultan inoperantes e inviables por el extraño juego de las estrategias políticas); y hacemos trampa cuando decimos que se suprimen los coches oficiales, y lo que se quita por un lado se devuelve por otro, etc, etc.

 

Ya no podemos engañar más ni a Bruselas ni a los mercados. Por eso parece que Irlanda intervenida está mejor que nosotros, Portugal intervenida tiene más éxito colocando su deuda, y que Italia, en una situación parecida a la nuestra (o peor, porque su nivel de déficit en relación con el PIB es muy superior), sin embargo, no está constantemente en el candelero (¿o era el candelabro?).

 

Por eso creo que nos deberían intervenir ya de ya. Así sí que nos iban a reducir los gastos, pero por la vía rápida. Y ni Estatutos de Autonomía, ni nacionalismos, ni sindicatos, ni intereses partidistas, ni Tribunal Constitucional, ni LOPJ, ni subvenciones, ni liberados, ni moscosos, ni pagas extras, ni nada de nada. Unos técnicos europeos, asépticos, se supone que profesionales, vestidos de negro que te ordenan: “Te corto esto, te callas y punto, vengo a salvarte, porque tú no sabes hacerlo”. Y los funcionarios que ahora protestan iban a tener motivos de verdad para protestar; si no, que les pregunten a los griegos y a los portugueses.

 

Yo, por mi parte, dejaría  de estar indignada pensando que, por fin, tendríamos exactamente lo que nos merecemos.

La responsabilidad concursal de los administradores sociales

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Una de las principales preocupaciones e incertidumbres a la hora de solicitar el concurso de una sociedad de capital es la eventual responsabilidad concursal de sus administradores. Destaco que se trata de una incertidumbre pues, ante la falta de claridad de la Ley Concursal (LC) en este aspecto, es a los Juzgados de lo Mercantil en primera instancia y, en recurso, a la Audiencia Provincial y al Tribunal Supremo, a quienes corresponde la interpretación de la letra de la Ley. Como era de esperar, han sido distintas las tesis mantenidas por los Tribunales acerca de aspectos esenciales de la responsabilidad concursal de los administradores de la sociedad concursada. No nos detendremos en todas ellas sino tan solo en una: la naturaleza de la responsabilidad.

 

La Sección Sexta del procedimiento concursal consiste en la calificación del concurso, que podrá ser fortuito o culpable (art. 163 LC). La LC parte de una cláusula general que permitirá calificar el concurso como culpable y consiste en que en la generación o agravación del estado de insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del deudor o, entre otros, de los administradores (si es persona jurídica) al tiempo de declaración de concurso o de los que hubieran tenido tal condición dentro de los dos años anteriores a esta declaración (art. 164.1 LC). Junto a esta cláusula y quizá debido a la dificultad de probar todos sus requisitos, la LC menciona unas presunciones iuris et de iure –sin posible prueba en contrario- que permitirán calificar el concurso como culpable (art. 164.2 LC) y otras presunciones iuris tantum –con posible prueba en contrario- de dolo o culpa grave, que facilitarán completar la cláusula general (art. 165 LC).

 

La sentencia que declare la calificación culpable del concurso además contendrá: (i) la determinación de las personas afectadas por la calificación –que, entre otros, podrán ser los administradores de la sociedad-, así como los cómplices; (ii) la inhabilitación de aquellas personas afectadas para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante el período que determine el Juez –de dos a quince años-; (iii) la pérdida de los derechos que tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa y a la indemnización de los perjuicios causados.

 

Por último, nos referimos a la posible responsabilidad concursal de los administradores sociales que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación culpable del concurso. Esta responsabilidad consiste en la condena a la cobertura, total o parcial, del déficit (art. 172 bis LC) y podrá surgir cuando la Sección haya sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. En otras palabras, la condena a pagar aquella cantidad que resulte a favor de los acreedores y que la masa activa del concurso no pueda satisfacer por insuficiencia.

 

Hay que señalar que esta responsabilidad concursal no es consecuencia necesaria de la calificación culpable del concurso y así se deduce de la letra de la Ley, al señalar que “el juez podrá condenar” (art. 172 bis LC), por lo que, a sensu contrario, permite que no condene. Se ha dicho que “requiere una justificación añadida” (STS de 26 de abril de 2012 [JUR 2012, 161790]). La decisión del Juez dependerá de la gravedad de los hechos que hayan originado la culpabilidad y de la intervención en ellos de los administradores de la concursada.

 

El Juez deberá identificar a los administradores responsables e individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno, en atención a la participación en los hechos que hubieran determinado la culpabilidad del concurso. Este reconocimiento legal, que procede de la reforma de la LC operada por la Ley 38/2011 debe ser aplaudido, pues con anterioridad se había discutido el carácter –solidario o mancomunado- de la responsabilidad.

 

La cuestión más discutida por nuestros Tribunales y sobre la que nos vamos a detener un poco más es la de la naturaleza de esta responsabilidad: ¿es resarcitoria del daño como ha venido defendiendo la AP de Barcelona o sancionatoria por deudas como ha afirmado la de Madrid? En virtud de la primera tesis, como responsabilidad por daño, en principio, habría que exigir para la declaración de responsabilidad concursal de los administradores los siguientes requisitos: (i) existencia de acto antijurídico y culpable; (ii) daño y (iii) relación de causalidad entre el daño y el acto.

 

La segunda tesis, sostenida principalmente por la AP de Madrid, es la de la responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, solo es necesaria una imputación subjetiva a determinados administradores, pero no se requiere otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. Tampoco se requiere la existencia de relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial. Esto es, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores (entre otras, v. SAP de Madrid, Sección 28, de 30 de enero de 2009 [AC 2009, 294]).

 

El Tribunal Supremo parece haber mantenido la primera postura y así cabe destacar, entre otras, la Sentencia de 23 de febrero de 2011 (RJ 2011, 2475) que reconoce que es una responsabilidad por daño, que es el sufrido por los acreedores por la insuficiencia de la masa. Sin embargo, recientemente, la AP de Barcelona, Sección 15, en su sentencia de 23 de abril de 2012 (JUR 2012, 176693, ver aquí) –cuyo análisis recomiendo- ha señalado que aunque la lectura de las Sentencias del TS “pueda sugerir que se ha decantado por la tesis resarcitoria o indemnizatoria que veníamos sosteniendo, no creemos que haya sido así, como expondremos a continuación”. En la fundamentación, la Sala incluye argumentos para defender que el TS no ha defendido la tesis de responsabilidad por daños y sí por deudas. Además de este reconocimiento, también se replantea la orientación hasta ahora mantenida por ella misma.

 

A la vista de las circunstancias expuestas, cabe concluir que nos encontramos ante un maremágnum de dudas y vaivenes cuya aclaración es conveniente que asuma el legislador o el TS con firmeza. La trascendencia de acoger una u otra clase de responsabilidad es indudable si queremos que la seguridad jurídica informe la tramitación de todos los concursos y evitar así que para mismas realidades se den respuestas distintas.

 

La mediación y las bases de una metafísica jurídica de la modernidad

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Kant hablaba de “metafísica de las costumbres” para designar el conjunto de esquemas a priori que sirve de fundamento para un sistema de pensamiento moral. Relajando un poco el sentido kantiano, podemos entender por metafísica jurídica el núcleo de nuestra concepción del Derecho al que más difícilmente estaríamos dispuestos a renunciar.

 

La metafísica del Derecho se halla presa tradicionalmente de un concepto de Derecho que cuenta con una extensa tradición desde la antigua Grecia: la concepción de la justicia humana como un trasunto imperfecto de una justicia ideal, que se halla en otro mundo más allá de este nuestro, una ley trascendente que es un modelo a imitar por la ley inmanente positiva.

 

El modelo tradicional de Derecho natural no carece de mérito, y sirvió durante muchos siglos para fundamentar algo tan importante como la legitimidad de la resistencia al tirano. Pero debe ser cuestionado en la postmodernidad, el periodo de pensamiento que se abre, en expresión de Adorno, al tener que filosofar “después de Auschwitz”, tras la aparición en el mundo del horror máximo (genocidios en masa, Hiroshima, el Gulag…). La “muerte de Dios”, anunciada por Hegel y popularizada por Nietzsche, expresa la concepción de un mundo sin valores eternos trascendentes que, por un lado, puede derivar hacia un horizonte donde no hay más valores que las pulsiones de cada uno, imperando en última instancia la ley del más fuerte; pero que, por otro lado, y de forma más civilizada y humana, puede acabar en el reconocimiento de lo que Max Weber llamó el “politeísmo moral”, una humanidad donde convivan diferentes sistemas axiológicos, todos ellos legítimos y respetables. La cuestión es peliaguda, pues no resulta siempre fácil reconciliar sistemas de valores diferentes, especialmente cuando cada uno de ellos se ve a sí mismo como el sistema óptimo frente a los otros sistemas rivales.

 

Lyotard ha analizado el problema de la discrepancia (le différend) sugiriendo la distinción entre un daño (dommage) y una ofensa (tort). El primero puede ser resuelto en el seno de un litigio, pues tanto quien causó el daño como el damnificado expresan sus pretensiones en un mismo lenguaje jurídico y pueden ser homogéneamente reducidas al importe monetario de una indemnización reparadora. Sin embargo, en la ofensa, la víctima y el verdugo utilizan géneros distintos de discurso, hablan de cosas diferentes, encadenan sus enunciados mediante reglas distintas, y por eso la víctima seguirá siendo víctima, pues el discurso jurídico como medio de resolución de la discrepancia no es válido para satisfacer su pretensión, que quedará sin ser oída.

 

El sistema judicial tradicional es consecuencia del esquema metafísico iusnaturalista: sólo hay una justicia y el juez (aun en la limitada medida que permiten las imperfecciones de su condición humana) es el encargado de traer a este mundo, al litigio concreto, la justicia eterna ideal. El juez nunca intentará conciliar su género de discurso (jurídico) con el género de discurso de los litigantes (valores personales). La resolución de las discrepancias en las sociedades postmodernas, sin embargo, tiene como ámbito la búsqueda de conciliación de géneros de discurso distintos, la indagación de posibles reglas de encadenamiento de los enunciados de las partes implicadas para buscar un régimen común de reglas, es decir, un género de discurso único para ambas.

 

Aunque Lyotard se muestra pesimista sobre la posibilidad de un único género de discurso universal capaz de acoger los distintos géneros individuales o grupales, ello no debería ser un obstáculo insuperable en la búsqueda de un mundo sin víctimas y verdugos, es decir, un mundo donde nadie sienta que su queja por el agravio recibido no ha sido escuchada. Si el sistema judicial tradicional de resolución de conflictos tiene su propio discurso, impermeable a los géneros de discurso distintos de las partes, como mucho podrá llegar a ser satisfactorio sólo para una de ellas (aquélla cuya pretensión reciba expresión plena en un discurso judicial), pero lo más frecuente será que el discurso forense no acoja ninguno de los discursos en disputa y que ambas partes se sientan víctimas, pues sus respectivas quejas no han sido adecuadamente escuchadas.

 

En el mundo de la postmodernidad, tras la constatación del fracaso de los grandes relatos políticos escatológicos, el proceso judicial tradicional, fundamentado precisamente en un ordenamiento trascendente más allá de los valores e intereses particulares divergentes, pero legítimos todos, de las partes en disputa, podría (y quizá debería) quedar limitado a aquellos conflictos patológicos en los que no ha sido posible alcanzar una solución libremente negociada por las partes de forma privada y más acá de un ordenamiento legal trascendente con respecto de ellas. Se trata de aproximar sus géneros de discurso respectivos para subsumirlos en uno más general y comprensivo que los inicialmente divergentes o, alternativamente, aun manteniendo géneros de discurso distintos, hallar un enunciado común que resulte del encadenamiento de presupuestos y enunciados previos lográndose un enunciado-resolución común aunque sea a través de reglas de encadenamiento diferentes.

 

El desarrollo de la mediación en España, comentado ya aquí por Fernando Rodríguez Prieto (http://hayderecho.com/2012/03/05/el-real-decreto-ley-regulador-de-la-mediacion-civil-y-mercantil/), puede ser una buena oportunidad para implementar una herramienta coherente con un nuevo enfoque de las relaciones sociales en la postmodernidad basado en la autonomía de la voluntad de los agentes sociales y en el respeto y la tolerancia.

 

 

 

 

 

Maria Antonia Munar como paradigma

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Muchos de los lectores de este blog habrán conocido, a través de los medios de comunicación, la reciente condena de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a cinco años y medio de prisión por el caso “Video U” a la hasta hace poco todopoderosa María Antonia Munar, la astuta política que al frente de un pequeño partido denominado “Unió Mallorquina”ha controlado los hilos de la política balear en los últimos casi veinte años. Como los detalles del “caso Munar”han sido ampliamente difundidos por los medios, quiero centrar mi post en realizar un breve examen de tres aspectos que me parecen esenciales para entender el fenómeno político-económico-social que ha supuesto la existencia de dicha señora y de su partido en las Islas Baleares.

 

El aspecto político: María Antonia Munar ha sido, indiscutiblemente, una criatura generada y alimentada por los dos grandes partidos políticos nacionales, en su versión balear, el PP y el PSOE. Ambos, tapándose la nariz ante sus conocidas trapacerías, la han necesitado alternativamente en las islas para poder alcanzar el poder, dada la enorme dificultad que suponía para ambos obtener una mayoría absoluta. Munar, que fue Consellera de Cultura hace casi dos décadas en el Gobierno autonómico del Partido Popular del Sr. Cañellas, y que salió del cargo con cajas destempladas, se convirtió en Presidenta de un minúsculo partido llamado “Unió Mallorquina” que, con escasos 30.000 votos, y dadas las peculiaridades de la Ley D’Hont, ha sido imprescindible en las Baleares para conceder el poder a uno de los dos grandes partidos, cosa que ha hecho alternativamente con el mayor de los descaros. Su estrategia no estaba exenta de habilidad. Ella dejaba gobernar la Comunidad Autónoma al gobierno de turno, con el que había alcanzado un acuerdo de legislatura, obteniendo a cambio el poder en el Consell de Mallorca, la antigua Diputación Provincial, que fue convirtiendo con la aquiescencia de los dos grandes partidos, de reducido órgano de la Administración local en un “gobierno paralelo” en la sombra, dotado de un enorme presupuesto y que iba vaciando paulatinamente de contenido al Gobierno Autonómico, creando una red clientelar asombrosa con la cual ha alimentado a su partido y a sus fidelísimos votantes durante casi tres lustros. Desde su despacho de Presidenta del Consell, de “Presidenta de Mallorca” como le gustaba repetir alimentando su enorme ego, ha repartido millones a chorro entre asociaciones, entidades, empresas e incluso medios de comunicación, convirtiéndose durante largos años en un personaje prácticamente intocable en la opinión pública balear, que la conocía en el lenguaje de la calle como “La Princesa”.

 

La ideología como negocio: Una de las habilidades de Munar, personaje que, dedicándose toda la vida a la cosa pública y viviendo teóricamente de un sueldo normalito, se ha paseado siempre por la calle con varios miles de euros encima entre ropa, joyas, pieles y complementos, ha sido la de “vestir” su pequeño partido político con una ideología nacionalista moderada, el “mallorquinismo”, que le ha permitido manejar grandes presupuestos, regar abundantemente a personas y entidades afines y, sobre todo, blindarse ante la opinión pública, barnizando un minúsculo partido concebido como una máquina de hacer grandes negocios (“Unión Monetaria”como se le conocía jocosamente en los comentarios callejeros) con una inatacable pátina de defensor de la lengua y la cultura de Mallorca. Todos ustedes conocen que en las Comunidades bilingües existe una especialidad sensibilidad con estos temas. Pues esta señora ha sabido utilizar esa sensibilidad de la gente para crear un partido nacionalista moderado, casi de “centro”, al estilo de la Convergencia catalana, que la ha colocado durante más de quince años en un lugar de privilegio no sólo en los favores políticos, sino en la más amplia estimación de la casi totalidad de la opinión pública y publicada balear.

 

La investigación del “caso Munar”: Siendo muy grave todo lo anterior, aunque por desgracia no único en el desolador panorama político español, en las peculiaridades de su investigación radica para mí el aspecto más preocupante de todo este penoso asunto. Hay que decir muy claramente que María Antonia Munar ha gozado, e incluso ha alardeado de ello en público, de una casi absoluta impunidad durante más de quince años en las Islas Baleares, dando toda la impresión de que incluía tal tratamiento VIP en sus peculiares pactos de legislatura con los dos grandes partidos con los que alternaba. El enjuiciamiento y la condena de Munar, y otras que previsiblemente vendrán detrás, no se ha debido en absoluto al celo investigador de los poderes públicos, que han hecho todo lo posible por mirar hacia otro lado consintiendo hasta la náusea todas sus siniestras actividades. Ha sido exclusivamente la perseverancia de un solo medio de comunicación, el periódico “El Mundo-El Día de Baleares”, la que ha conseguido, en unión de la labor abnegada de unos pocos y muy concretos funcionarios honrados, la primera condena de la “Princesa”. Es ampliamente conocido, y ha sido publicado, como Munar consiguió del gobierno de Rodríguez Zapatero, por petición expresa a Francesc Antich, el anterior Presidente autonómico, la sustitución del Delegado de la Agencia Tributaria en Baleares, Don Raúl Burillo, que se había empeñado en investigarla como a los demás políticos, quizá actuando como un verso suelto en el bien engrasado aparato punitivo del Estado de la etapa socialista. Y ha resultado más que llamativa la práctica inactividad de una Fiscalía Anticorrupción, que se había lanzado a degüello en los últimos años en Baleares contra todo lo que oliera al Partido Popular, organizando y retransmitiendo detenciones de múltiples personas un fin de semana sí y otro también, muchos de los cuales no han resultado al final acusados de nada, y que ha pasado estruendosamente de puntillas por los escándalos de la Sra. Munar, hasta que la presión de un solo medio de comunicación y su reflejo popular les ha obligado a intervenir, cosa que han hecho con evidente desgana y con unas formas exquisitas, que contrastan enormemente con los paseíllos organizados para otros infelices con menor blindaje político.

 

En definitiva, las personas de bien nos congraciamos de que la Ley se aplique también a los poderosos, y de que quien la hace la acabe pagando. Pero seríamos todos muy ilusos si echamos las campanas al vuelo por esta condena. No nos engañemos. Seguimos estando en España. Munar ha sido condenada por casualidad. Le ha faltado muy poquito para escaparse de rositas desde su último cargo público como Presidenta del Parlament Balear, que exigió para blindarse convenientemente hasta la prescripción de todos sus posibles delitos. Ha sido condenada exclusivamente por la perseverancia casi suicida, durante más de diez años, de unos periodistas valientes –y lógicamente marginados de la máquina repartidora de subvenciones del Consell de Mallorca-, y de unos pocos funcionarios que decidieron, casi por libre y jugándose el tipo, hacer bien su trabajo. Pero el “sistema”, ese que ha permitido que exista y crezca un personaje así, sigue siendo el mismo…..

 

¿Por qué no hay Derecho?

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Desde que hace un año y medio lanzamos este blog con el  nombre ¿Hay Derecho? hemos publicado casi 700 posts con miles de comentarios. Cada uno de los post es un intento de contestar, a su modo y de forma particular, a la pregunta del título. Pero, al mismo tiempo, todos ellos contribuyen a formar un mosaico que proporciona una visión de conjunto del estado actual de la sociedad española, el cual indica, a nuestro juicio, que en estos momentos, en España, no hay Derecho. No hay un Estado de Derecho suficientemente digno de tal nombre.

 

PORQUE todas las instituciones, que deberían controlarse unas a otras, están sometidas al pacto político y no cumplen con su función.

PORQUE es constitucional o no lo que decide la mayoría parlamentaria y no lo que indica el sentido común y la propia Constitución.

PORQUE la confluencia de intereses entre política y poder financiero es tal, que ambos se han colocado al margen de cualquier exigencia de responsabilidades.

PORQUE, después de cinco años de crisis, nosotros nos hemos recortado, pero cuando es el Estado el que tiene que recortar, no se atreve o no puede.

PORQUE no tenemos dinero y seguimos pagamos diecisiete miniestados que hacen lo mismo y que se rebelan cuando se les intenta tocar.

PORQUE se suben los impuestos a los que cumplen y se los bajan a los que incumplen y se dice así, tranquilamente.

PORQUE, pese a que ya no hay dinero, la clase política sigue pensando que la política es su medio de vida y no está dispuesta a renunciar a él.

PORQUE no es democrático presentarse a unas elecciones con un programa electoral y después tirarlo a la basura al día siguiente “porque las circunstancias nos obligan”.

PORQUE no se puede mentir todos los días a los ciudadanos, tratarlos como a idiotas y contar las cosas en inglés a los inversores, dado que los ciudadanos somos bastante más espabilados y hablamos bastante mejor inglés que nuestros políticos.

PORQUE tenemos representantes políticos elegidos en listas cerradas que no entrarían ni de becarios en una pyme y que cuando abren la boca producen sonrojo.

PORQUE no queremos una “democracia formal” donde solo nos quieren para votar y luego ellos se lo guisan y ellos se lo comen y luego nos mandan callar.

PORQUE se está legislando por Real Decreto-ley todos los días, en ocasiones con muy dudosa base constitucional.

PORQUE en otros países el Gobierno informa continuamente sin cortapisas, y la prensa no comulga con ruedas de molino.

 

Y así podríamos seguir.

 

En estos días de manifestaciones, protestas ciudadanas, manifiestos, proclamas e indignación general en el que los ciudadanos nos seguimos preguntando qué podemos hacer, recordemos los cauces que sí están abiertos para todos y que son básicamente los de la opinión pública y la presión canalizada a través de los medios que todavía nos quedan.  Frente a los exabruptos de unos políticos –o sus corifeos mediáticos- que mandan callar a ciudadanos que expresan su desconcierto, su indignación, su decepción o de forma más constructivas sus propuestas y deseos de cambio, incluida la petición de un referéndum previsto en nuestra Constitución, los políticos son sólo unos representantes de los ciudadanos, por lo menos mientras esto siga siendo una democracia, por muy defectuosa que sea. Así que hay que seguir hablando y diciendo lo que pensamos. Si los medios de comunicación de masas no quieren hacerse eco de la voz de los ciudadanos, no se preocupen que ya lo harán las redes sociales u otros medios, incluidos los extranjeros que están bastante interesados por saber como funciona de verdad el Estado español. Se lo decimos de buena tinta.

 

Creemos que la democracia española necesita fijarse una serie de líneas fundamentales de actuación, líneas no rojas, sino verdes, porque de lo que se trata es de traspasarlas,  de superar una situación como la actual, de enorme desgaste y deterioro. No pretendemos ser originales al señalarlas, son conceptos básicos en los que todos podemos estar de acuerdo:

.- Una efectiva separación de poderes, lo que incluye que el ejecutivo y el partido mayoritario de la oposición no quieran controlar al poder judicial por medio del legislativo, aduciendo para ello que “representa la soberanía popular”

.- Una verdadera responsabilidad de los cargos políticos. En España, cuando se dice “asumo la responsabilidad del cargo”, se está queriendo decir “asumo el poder sin responsabilidad”. La impunidad es muy mala consejera.

.- Un Estado Autonómico adaptado a nuestras verdaderas necesidades. El que surge de la Constitución del 78 está hoy agotado. Hay que reestructurarlo, sin complejos, sin reparto generalizado de café y sin más objetivo que la eficiencia y el servicio al ciudadano.

.- Unos partidos políticos verdaderamente democráticos que puedan ofrecer una mínima resistencia al poder oligárquico de su élites, y una ley electoral que verdaderamente facilite la exigencia de responsabilidades a los políticos individualmente considerados.

.- Los organismos reguladores (Banco de España, CNMV) así como los cuerpos encargados de vigilar y controlar (interventores, inspectores de Hacienda) deben ser independientes y ejercer su labor de control  de los poderes y de protección al ciudadano, frente a los abusos del poder sea político o económico.

 

Pero no basta con proponer lo obvio, es necesario implicarse activamente en su consecución, cada uno en la medida de sus posibilidades. En los comentarios al post de ayer de nuestro colaborador José María Pérez se criticaba a los funcionarios por haber estado demasiado tiempo callados sin haber denunciado los abusos de los que han sido testigos.

 

Pues bien, este blog se creó con la finalidad de analizar la realidad española desde el punto de vista social, jurídico, político y ético, criticar y denunciar lo que se considere criticable y hacer propuestas de mejora. Estamos abiertos a los manifiestos, sugerencias, propuestas, denuncias, que ustedes quieran difundir a través del blog  en relación con casos concretos que ustedes conozcan. Se pueden hacer a través del correo electrónico,  pero deben de firmarlas ustedes con su nombre y apellidos. No es necesario que escriban ustedes un post, podemos hacerlo nosotros, pero necesitamos saber quien nos envía la información, aunque no le daremos difusión a su identidad si ustedes nos lo piden.  Intentaremos serles de utilidad y darles la mayor difusión posible, pero recuerden que no somos perfectos y podemos cometer errores.

 

Esta es nuestra obligación moral como ciudadanos. Sabemos que es difícil, pero eso no es excusa. Como decía Hanna Arendt, los malos siempre ganan por el desistimiento de los buenos.  Recuerda Norman Manea una preciosa anécdota (que recoge Aurelio Arteta en su libro ya recomendado en este blog “Tantos tontos tópicos”):  “¿Por qué continuar predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados?”, le preguntaron a un rabino. “Para no cambiar yo”, fue su respuesta.

 

 

 

 

Recortan el sueldo a todos los empleados públicos para no despedir a los enchufados

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Por lo general uno intenta, aunque no siempre lo consigue, ser ponderado y ecuánime en las opiniones que vierte en este blog,  pero eso no impide que hoy exprese con claridad mi opinión aun a riesgo de que luego haya quien diga que tan solo sangro por la herida.

 

Y es que no todos los días nos enteramos de que, no solo nos escamotean de la noche a la mañana casi tres mil euros del ala -medio millón de las antiguas pesetas (en parte ya devengados)-, sino que además, en virtud de la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, nuestra capacidad adquisitiva se va a ver reducida más o menos en un 2% neto más, lo que unido a los anteriores recortes y al incremento del coste de la vida, en particular el inflexible crecimiento de los precios regulados de la energía y el combustible hace que, sin comerlo ni beberlo, uno sea casi un 25% más pobre que hace un par de años.

 

La herida es por si misma importante, pero para los que conocemos un poco de que va el cuento, aún fastidia más si cabe por la forma en la que se aprueba, en medio de los aplausos y vítores en el Congreso, como si estuvieran celebrando una victoria más de los políticos contra los funcionarios de carrera de toda la vida, pues en el fondo lo que subyace tras esta opción es que se recorta el sueldo a todos los empleados públicos para no tener que despedir a la legión de enchufados que durante los últimos años han ingresado en todas las administraciones públicas gracias a las corruptelas partidistas (sea cual sea el partido que las maneje) por la puerta de atrás y pasando olímpicamente del principio de mérito y capacidad y, en muchas ocasiones del principio de publicidad y libre concurrencia.

 

Muchos han sido los instrumentos para poder colocar a las huestes propias, los amigos y parientes. Así, partiendo de un inducido desprestigio de las pruebas selectivas de ingreso (decimonónicas, memorísticas, trasnochadas, elitistas…) para justificar su relajación o incluso su sustitución por otras fórmulas en las que los elementos subjetivos sean más fáciles de introducir; la medida más dañina que se ha adoptado en materia de función publica fue la aprobación de un Estatuto del empleado público que mezcla curras con merinas e iguala a todos por abajo, tan ambiguo y abierto que después de años sin desarrollar permite, por poner un ejemplo de aberración que afecta a los funcionarios del Grupo A, amortizar puestos de trabajo técnicos o directivos reservados a funcionarios para poder contratar para esos cargos en régimen laboral fuera del convenio colectivo a personas ajenas a la función pública, con el premio adicional de escamotear los puestos así creados del techo de gasto de personal fijado presupuestariamente.

 

Y qué decir de la falacia en la reducción o congelación en la tasa de reposición de efectivos a la par que se mantiene o se incrementa la prestación de servicios, cubriendo las vacantes derivadas de las bajas producidas bien con interinidades o contratos temporales controlados directa o indirectamente por los sindicatos, bien con externalizaciones de servicios que, en la mayoría de los casos, son contratos laborales fraudulentos por constituir una cesión ilegal de trabajadores con arreglo a la legislación laboral.

 

Los interinos así contratados tienden a consolidar después su posición gracias a procesos de selección “light”, y los trabajadores de las contratas terminan incorporándose a la administración vía sentencia judicial, gracias a una perversa jurisprudencia consolidada por el malhadado Estatuto Básico, que hace prevalecer en el ámbito de las administraciones públicas la subrogación empresarial en el caso de cesión fraudulenta de un trabajador de sobre los principio de mérito y capacidad en el ingreso en la función pública, sin que eso tenga coste alguno para el gestor que, a sabiendas, recurre a estas prácticas.

 

En definitiva, gracias tanto a las corruptelas e intereses de unos y de otros como a la cada vez más evidente patrimonialización de las administraciones públicas por los partidos políticos y sindicatos, nos encontramos con que la usucapión o prescripción adquisitiva de derechos se ha terminado convirtiendo en la práctica en una nueva –y artera- forma de acceso al empleo público.

 

Eso, por no empezar a hablar de los contratados por las fundaciones privadas de capital público o por todas esas empresas públicas creadas solo con la finalidad de gastar dinero público al margen del rigor establecido por el Derecho Administrativo y que aunque se ha anunciado varias veces su disolución, ahí siguen para uso y disfrute de los agraciados.

 

Hace ya algunos años, tuve ocasión de escuchar como todo un Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, en una intervención pública invitado a un congreso de FEDECA, nos trató a quienes le escuchábamos de ”privilegiados por tener un puesto de trabajo fijo” y es posible que en parte así sea, pero desde luego, al menos en el caso de los allí congregados, no es en absoluto un privilegio gracioso, como el que pretenden consolidar a favor de otros con esta bajada de sueldo, sino que fue ganado a pulso en duros procesos selectivos a las que pudieron presentarse todos los españoles licenciados universitarios que cumplieran con los requisitos y, después, con unos cursus honorum más o menos accidentados, en los que la inmensa mayoría hemos servido a nuestro país con lealtad, dedicación y mucho trabajo, aun cuando pronto fuimos conscientes de que en nuestras carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o el  amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen saber (y en gran parte ese el problema que debemos resolver en nuestro modelo si queremos que sobreviva).

 

El qué ahora se vuelva a hacer tabla rasa y se trate por igual a justos y pecadores es una decisión que, como esa desastrosa amnistía para defraudadores, obvia cualquier componente ético y, en mi opinión, al margen del ahorro que pueda suponer,  servirá principalmente para sembrar el desánimo en los funcionarios competentes y para justificar en su conducta a los alborotadores y a los que ya han tirado la toalla.

Un grave error constitucional del Rey

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La Constitución de 1978, que tanto esfuerzo nos costó conseguir como norma de convivencia democrática asumida por todos, es ya un papel muy amarillo. Como algunas personas que por circunstancias diversas ofrecen en  muy breve tiempo un aspecto envejecido, así ocurre con la España de los últimos dos años. Pero en apenas seis meses  nuestro país y nuestra ley fundamental se han visto tan deteriorados que parece que las costuras pueden provocar una gran fractura social. La Constitución ya esta más que rota. Y ello tiene unos responsables: los políticos que en los últimos años han dirigido el Estado y las Comunidades Autónomas y  demás entidades cuyo despilfarro atroz e irresponsabilidad ha contribuido a que esta crisis mundial sea aquí algo muchísimo más grave.

 

En los últimos meses el deterioro institucional y constitucional es intenso. La forma constante de legislar por el Gobierno donde el Parlamento solo vale para jalear e insultar; los recortes sociales que mas allá de un sacrificio convierten en papel mojado los Derechos Fundamentales del Título I o la consideración de que somos (¿o eramos?) un “Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1 dela Constitución), donde lo social ya no existe; el Estado autonómico del título VIII, afectado por los despilfarros locales, ha quedado anulado desde el poder central; la afirmación de que la “soberanía nacional reside en el pueblo español” (artículo 1.2) ha quedado sin sentido cuando las decisiones que se  toman vienen impuestas desde el exterior del país y ejecutadas por unos títeres, el anterior y el actual.

 

Pero ese resquebrajamiento no solo viene de nuestros políticos, sino como una metástasis, se ha extendido a numerosas instituciones. El desprestigio del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional u otras instituciones es demoledor. Pero hay otra institución capital que no se ha quedado atrás: la monarquía.

 

Son varios los acontecimientos que en el último año han producido un desgaste grande de la Corona y una desafección del pueblo. Son muy públicos y evidentes pero no voy a tratar esas actuaciones personales y familiares sino otro hecho reciente que, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, es un gran error.

 

Me refiero al hecho de que el pasado viernes el Rey presidiese uno de los Consejos de Ministros más impactantes de nuestra historia democrática. Solo muy excepcionalmente, y siempre con un valor simbólico, esto ha acontecido así en escasísimas ocasiones, como la primera reunión del Gabinete tras el golpe de Estado del 23-F.

 

Formalmente, ahora se ha querido diferenciar en dos partes de la sesión del Consejo de Ministros, una previa en Zarzuela con foto solemne de lo que era una reunión del Gobierno y otra después, en Moncloa, donde oficialmente se tomarían las decisiones que han generado el mayor recorte social de la democracia. En todo caso, da igual, pues en una sucesión de acto, lo que queda de ese día es la foto de un Jefe del Estado respaldando inequívocamente a un gobierno en unas más que polémicas decisiones.

 

Sobre ellas, aunque el PP tiene (tras las elecciones de hace meses que concurrió con unas promesas radicalmente diferentes a cómo actúa ahora) mayoría absoluta en el Parlamento, el resto de los grupos políticos rechazan con contundencia esas medidas. Pero eso, es la dimensión política porque la social están millones de ciudadanos que padecen una realidad muy dura para sobrevivir y que ven que el túnel del futuro esta lleno de oscuridad.

 

Con las durísimas medidas tomadas, además, sin trasmitir ningún tipo de sentimiento o compasión por su presidente, el sufrimiento de una gran mayoría de ciudadanos será grande. Y si eso lo decide un partido político en solitario, encabezado por su presidente, allá ellos con su responsabilidad ante la historia y en las siguientes elecciones. Allí rendirán cuentas y los ciudadanos pasarán sus facturas.

 

Por eso, ¿por qué involucrarse el Jefe del Estado, poniéndose al frente de ese gobierno justo ese día? Desde luego, desde el punto de vista de la imagen y desafección del pueblo hacia la monarquía, es un despropósito más de la Casa Real. Pero hay otra dimensión: la constitucional. Y esta quiebra con la actuación del Monarca.

 

La Constitución califica al Estado español como una “monarquía parlamentaria”. Eso significa que radicando “la soberanía nacional en el pueblo español” (art 1.2) y siendo las Cortes Generales quienes “representan al pueblo español” (art. 67) son éstas las que en la función legislativa, usurpada cada vez más por el gobierno, deben ejercitar sus poderes.

 

Y si hay una parte importante de los representantes del pueblo que no están nada de acuerdo con esas medidas, ¿por qué el Jefe del Estado encabeza esa reunión del Gobierno? Ciertamente el artículo 62.g) de la Constitución contempla que pueda “ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno a petición del Presidente del Gobierno”. Me resulta difícil de aceptar que el Presidente del Gobierno utilizase a su Majestad para dar mas fuerza a estas decisiones tan graves y que el Monarca no tuviese libertad para considerarlo inoportuno.

 

Ni el ex Presidente Zapatero lo hizo con sus recortes (mínimos al lado de de los actuales) ni el ex Presidente Aznar para su grave y también polémica decisión sobre Irak. Mariano Rajoy será historia antes o después como lo han hecho Zapatero y otros predecesores, pero la monarquía debería actuar por la función que representa, con sentido de futuro, responsabilidad y unidad de todos los españoles.

 

El artículo 56 de la Constitución señala dos características dela Monarquía: “es símbolo de la unidad y permanencia del Estado” y que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Con su gesto del pasado viernes, además de dispararse a si mismo, quiebra el sentido constitucional  de su configuración. El papel de árbitro es muy importante en el Jefe del Estado y su imparcialidad debe ser exquisita. Por sí mismo y por España. Así, no vota en las elecciones y no toma partido.

 

Pero ahora si que lo ha hecho. Ha encabezado a aquellos que han tomado unas decisiones que además de crear sufrimiento en muchos españoles, son solo una parte del sentir político y ciudadano. Nadie pide que el rey se ponga al frente de los mineros, pero tampoco debe asumir y respaldar públicamente unas decisiones cuya responsabilidad corresponde exclusivamente al gobierno.

 

Es muy lejana la imagen de un monarca convocando a TODOS los lideres políticos y sindicales ante la crisis (muchísimo menor que ahora) de los setenta para hacer unos pactos, los de la Moncloa, que permitiesen implicar a la totalidad de los representantes parlamentarios y sociales en la adopción de medidas que nos salvasen entonces.

 

La Constitución se va  quedando desbordada y agrietada y con ella, todo lo que contempla. Cada vez son más los españoles (lejanos a los partidos políticos) que son partidarios de que en un futuro se revisen, una vez roto el espíritu de pacto de 1978, numerosas instituciones, desde el poder Judicial o las autonomías, pero también otras.

 

¡Que pena de España!

 

Cenicienta, el matrimonio homosexual y el Estatut

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Hace ya siete años que el Partido Popular interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, promovida por el Gobierno del PSOE, que equipara el matrimonio homosexual al heterosexual.  El diario EL PAÍS pronostica que la Sentencia del Tribunal Constitucional llegará en breve y será favorable a la Ley. Creo que la mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos votantes y militantes del  PP, así lo preferirían. Yo también. Me alegraré por las personas que conozco y han hecho uso de esta posibilidad legal. Pero confieso que lo que más interesa del tema es el fundamento teórico de la futura Sentencia. Se le presenta a nuestro Tribunal Constitucional una magnífica oportunidad para sentar cátedra sobre lo que es un concepto jurídico y, me atrevería a decir, cualquier concepto. Y no sé si lo hará, pero para redondear su argumentación, el Alto Tribunal bien podría apelar a su propia Sentencia sobre el Estatut de Catalunya y traer a colación el cuento de Cenicienta. Explicaré por qué.

 

El recurso del PP defiende que la admisión del matrimonio entre personas del mismo género no es una exigencia constitucional. Probablemente en esto tiene razón. También apunta que, ante un eventual conflicto entre el deseo de los homosexuales de casarse y los derechos de los menores, habrían de prevalecer los segundos. De nuevo esto es correcto: si se probara que es pernicioso para el desarrollo de los niños tener padres homosexuales, habría que prohibirlo. Sin embargo, el recurso no se arremanga para analizar esta cuestión. No apela a estudios científicos que abonaran,  si los hubiera, la tesis de que daña al hijo criarse entre padres homosexuales. Es más, el recurso constata que la Ley no prohíbe a un homosexual soltero adoptar a un hijo y no reacciona ante este hecho como parece que debería para ser consecuente: eso habría que prohibirlo, pues si fuera malo tener dos padres homosexuales, casi sería peor tener solo uno… No, los recurrentes no van por ese camino sino por el contrario. A la postre no rechazan el matrimonio homosexual por sus implicaciones prácticas para los menores, sino que más bien razonan a la inversa: dicen que la unión homosexual no “es” matrimonio y por eso no es buena para los niños. En una versión light, que a menudo se escucha en la calle, esto último se matiza y solo se reclama que el legislador hubiera utilizado una palabra distinta para referirse a las nuevas parejas. El recurso va más allá: cree que el legislador podría haber concedido efectos jurídicos a la convivencia more uxorio entre homosexuales, pero no todos y no desde luego no los más señeros. En cualquier caso, lo que me importa destacar es que su crítica a la Ley no se apoya en un estudio sociológico o psicológico, sino en la “naturaleza de las cosas”: dar cabida en el matrimonio a las parejas gays altera o quiebra la institución  “más allá de lo que su propia naturaleza y fundamento tolera”.

 

Ahora bien, ¿quién determina lo que es la auténtica “naturaleza” del matrimonio?

 

Un candidato para esta tarea era el Diccionario de la Real Academia Española. Mas la Academia, al fin y al cabo,  no es más que otro “legislador” y de hecho ¿por casualidad? acaba de modificar la definición de matrimonio, para recoger sin mayor problema la acepción homosexual. La impugnación del PP sugiere en algún momento que es la propia Constitución la que acota el matrimonio admisible, pero su argumento es débil. El art. 32 CE se limita a establecer que “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Como apuntaba al principio, el recurso argumenta y quizá con razón que esa redacción solo consagra el derecho de hombre y mujer a casarse “entre sí”. Pero eso no significa que el legislador constitucional prohíba lo que no salvaguarda: desde luego su letra no proscribe que la Ley pueda acoger dentro del paraguas del matrimonio otras formas de convivencia como la homosexual. Para que así fuera, habría que argumentar bastante más. Habría que probar que el espíritu de la institución la hace incompatible con todo lo que no sea el matrimonio clásico. En diciendo “espíritu”, viene a la mente el argumento religioso. Pero los recurrentes tampoco se atreven a echar mano de la autoridad eclesial. Así las cosas, a falta de otros valedores, al redactor del recurso solo se le ocurre invocar la “imagen comúnmente aceptada de la institución”, “la imagen que de la misma tiene la conciencia social”. O sea, la tradición, el uso y, a poco que se rasque, el prejuicio.

 

Y aquí es donde acude Cenicienta en apoyo del intérprete. Ando empeñado (véase este post anterior y este otro) en resaltar el valor epistemológico de su historia y el presente ejemplo viene al dedillo a estos efectos. El cuento ensaña que un concepto teórico es algo eminentemente práctico: el dilema entre teoría y praxis es en buena medida falso. El concepto se inventa por un motivo bien tangible, alguna necesidad de la vida cotidiana: verbigracia, el Príncipe busca una esposa y reina. Para lograr ese objetivo, el estudioso se apoya en un indicio, un medio que tiene una conexión lógica con el fin de que se trate: presume que la zapatilla que la chica perdió es la mejor manera de volverla a cazar. Obsérvese el orden: primero es el fin; luego se detecta el medio que coadyuva a su consecución. El concepto no se construye en abstracto, en el cielo, y luego se determina con ese pie forzado quiénes o qué cosas o situaciones lo llenan, aunque ello comporte consecuencias absurdas o dolorosas. Eso solo tiene sentido cuando en verdad el intérprete se apoya en una supuesta revelación metafísica. Pero la racionalidad no compartimenta la realidad con prejuicios apriorísticos: las clasificaciones se apoyan en un objetivo práctico, de modo que son buenas si lo promueven y malas si estorban.

 

En nuestro caso, el quid de la cuestión es precisamente lo que el recurso del PP solo apunta pero luego soslaya: el bien del menor. En tanto el mismo no padezca, en tanto el compromiso de convivencia y protección y apoyo de los padres o madres baste para promover el bienestar físico y psicológico de los hijos, lo demás es irrelevante: son cuestiones accesorias a estos efectos; adherencias insustanciales y prescindibles.

 

Ciertamente, esto significa que Cenicienta es un bien fungible. En efecto, este es uno de los aspectos más llamativos del cuento. Al Príncipe le vale cualquier jovencita que cumpla la función que de ella espera. No le vale cualquiera, ciertamente. En los posts anteriores resaltaba que es peligroso pensar que la zapatilla es suficiente, en todo caso y bajo cualquier condición: a menudo la verdad solo resulta de la combinación de distintos instrumentos, de complejas ecuaciones. No es Cenicienta todo lo que encaja en la reluciente zapatilla, si no cumple el fin propuesto. Pero ahora procede poner de manifiesto la otra cara de la moneda: cuando sí se cumple el fin de que se trate, sí es Cenicienta todo lo que se calza el zapato. No hay que rasgarse por esto las vestiduras: caben en nuestra Constitución y en el concepto jurídico de familia y matrimonio tantas formas, tantas variaciones como uno quiera imaginar, siempre que hagan felices a los cónyuges y a los menores de cuyo desarrollo aquellos se responsabilizan.

 

Cuestión diversa es que una distinción que es irrelevante en un plano puede serlo en otro. Evidentemente, los homosexuales no pueden reproducirse mediante el sexo. He aquí una diferencia biológica. Quien le encuentre a este rasgo diferencial una utilidad práctica, que la explote y establezca una distinción conceptual, útil para sus fines. Pero esa noción quedará en la esfera privada. Será como la proclamación de Cataluña como Nación que hizo el Preámbulo del Estatut: un concepto de uso personalísimo, que ni tiene ni pretende tener efecto jurídico.

El sangre, sudor y lágrimas del sr. Rajoy o la partitocracia sin alma.

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De nuevo, el sr. Presidente del Gobierno ha anunciado más recortes inmediatos para los ciudadanos, en forma de subida de impuestos  para todos indiscriminadamente  (subida de IVA) y más recortes de gasto público también con efecto inmediatos para los ciudadanos, ya se trate de recorte de salarios de funcionarios (en especie, reducción de “moscosos”, o en dinero,  eliminación de la paga extra de Navidad), recortes de prestaciones de desempleo o recortes de las cantidades asignadas a los cuidadores de personas dependientes. De nuevo, hablamos de recortes lineales, el famoso café para todos, aunque cada vez hay menos café, y el todos sean los de siempre. De nuevo, nada de cambios estructurales, o como mucho, se anuncian para el futuro lo que él considera que son reformas estructurales, como suprimir concejales, dentro de unos años, o rebajar sueldos a los Alcaldes en las entidades locales, con suerte dentro de unos meses. Nada de Decretos-leyes con medidas inmediatas de reformas estructurales que supongan rebaja del gasto público y que no afecten a los ciudadanos. Eso va a su pasito, a través de la modificación de la legislación correspondiente Nada de fusiones de municipios, nada de supresión de diputaciones, nada de tocar las estructuras sobredimensionadas de las CCAA, nada de bajada de sueldos de los políticos más allá de un pequeño gesto para la galería, nada de reducción de cargos y asesores de confianza, nada de supresión de empresas públicas (bueno, parece que se han suprimido dos). Todo lo contrario, se refuerzan las diputaciones, total ahí tenemos ejemplos señeros de buena utilización de los recursos públicos, como en el caso de la Diputación de Ourense donde reina desde hace décadas la dinastía del cacique local Balza. 

 

Y pr supuesto, nada de tocar organismos como el CGPJ pese al espectáculo penoso que nos dan un día sí y otro también -los pobres si no les dicen previamente a quien tienen que elegir no se apañan, normal no tienen costumbre- y al increíble descontrol sobre un presupuesto importante. Nada del Tribunal Constitucional, cuyos últimos candidatos han sido examinados en un hemiciclo vacío y con preguntas de parvulario, en un paripé que ha denunciado, con razón, la sra Diez. Nada del Tribunal de Cuentas. Nada de las principales instituciones de este país hoy tristemente desmanteladas.

 

Así, que, otra vez, muchos más recortes inmediatos y reales desde hoy para los sufridos ciudadanos que todavía trabajan y pagan sus impuestos, y para las empresas que todavía dan de trabajar y pagan sus impuestos, que son cada vez menos. No soy economista, pero por sentido común no creo que se pueda seguir mucho tiempo así, subvencionando al improductivo y gravando al productivo. El mensaje que se da, a acreedores, socios y sobre todo a los sufridos españoles es terrible.  De nuevo, ningún sacrificio  para la clase política, porque sacrificio no es pedirle a la Mesa del Congreso (libérrimamente eso sí) que apruebe que sus Señorías reciban su paga de Navidad extra. Ya saben, debe de ser por aquello de la famosa división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que solo funciona en una dirección (para lo que le viene bien a la clase política) y no en otra (para que el Legislativo controle al Ejecutivo que lleva legislando una temporadita larga vía Decretos-leyes, por ejemplo). Y, eso sí, muchos recortes anunciados “de futuro” para tranquilizar mercados y acreedores y demostrar buena disposición para que no nos corten el grifo. En definitiva, seguimos con la asignatura pendiente de siempre, desmontar un Estado que es ya un sonoro fracaso como demuestra su inviabilidad y la corrupción y clientelismo generalizado que ha generado, especialmente a nivel autonómico y local, por no hablar de las tendencias secesionistas de parte de él, eso sí, siempre con la voluntad de conseguir lo mejor de los dos mundos, la independencia subvencionada, vamos. Y ninguna responsabilidad de la clase política que nos ha traído hasta aquí, casualmente los mismos señores que se sientan en el hemiciclo, dado que la mayoría llevan una temporada larga en política.

 

Pero más allá del análisis del impacto económico de las medidas adoptadas ayer (que no parecen a primera vista que hayan convencido ni a los especialistas ni a los mercados)  el análisis político de lo ocurrido esta semana es demoledor. Gracias, además, a los aplausos de los señores diputados del PP (aunque para ser justos podían haber sido los del PSOE si el líder de los recortes  hubiera sido el suyo) hemos podido comprobar que la partitocracia no tiene alma. El sangre, sudor y lágrimas que el sr. Rajoy nos intenta colocar es de mentirijillas para la partitocracia española, que ni asume su  fracaso político ni su enorme responsabilidad en esta crisis, de ahí que ante el escándalo ciudadano –por eso ha sido “trending topic” en twitter-  los diputados del PP puedan aplaudir con la conciencia tranquila. Me hubiera gustado ver si le aplaudían igual si de verdad les hubieran tocado los sacrificios, a sus clientelas regionales, a sus consejerías, a sus Ayuntamientos, a sus empresas y fundaciones, a sus diputaciones, sus autonomías, sus teles y hasta a sus amistades imputadas, cada vez más numerosas, por cierto. Es decir, si les hubiera tocado algún sacrificio de verdad a ellos. O, ya puestos, si se les hubieran exigido responsabilidades por la catástrofe.

 

Eso sí, nos intentan colar que este es el tipo de discurso “a lo Churchill” que hace grandes a los líderes en época de dificultades supremas. Pues no, señores, no sabe que no basta con copiarle a Churchill las frases,el airecillo  y el puro para que la cosa salga bien. Churchill no solo era una persona extraordinaria, es que era un político de verdad. Por eso Churchill llegó a Premier del Reino Unido en 1940, en unas circunstancias dramáticas, y no precisamente después de haber calentado la silla como líder de la oposición durante casi ocho años a ver si le caía el Gobierno como fruta madura. Como es sabido,  Churchill pasó muchos años en el ostracismo político relegado por su propio partido, dado que hasta sus colegas estaban muy hartos de él. Su popularidad había caído bajo mínimos, y aunque estuvo presente en el Parlamento se dedicó a hacer otras muchas cosas que también hacía muy bien, básicamente, escribir, porque nadie le hacía ni caso. Entre otras cosas porque a lo largo de la década de los treinta advirtió reiteradamente de la amenaza nazi a unos compatriotas que no la querían ver, más que nada porque afrontar a realidad suponía tomar decisiones muy difíciles que la gente no quería. Fue solo después de los oprobiosos acuerdos de Munich cuando la gente empezó a darse cuenta de que Winston tenía razón sobre la Alemania nazi, y de que siempre la había tenido. Así que al  entrar el ejército nazi en Polonia, Churchill fue llamado para desempeñar su antiguo cargo en el Almirantazgo británico. Por último, nombrado primer ministro el 10 de mayo de 1940, Churchill pronunció su famoso discurso de “sangre, sudor y lágrimas” en inglés.   Blood, toil, tears and sweat. Igualito que el sr. Rajoy, vamos.

 

El discurso lo pueden escuchar aquí.

http://youtu.be/xjuiMuvHojQ

 

Al sr. Rajoy anunciando recortes lo pueden ver aquí, por comparar:

 

En España, el sr. Presidente del Gobierno y el líder de la oposición, además de no ser personas extraordinarias desde ningún punto de vista –conste que esto no es imprescindible, afortunadamente no estamos en guerra con Hitler- son políticos de salón, genuinos productos de la partitocracia y del oportunismo político, que, en mi modesta opinión, está reñido con la Política con mayúsculas, que es lo que está pidiendo a gritos una situación como la que vivimos en este momento en España. Y también, por qué no decirlo, está reñido en muchas ocasiones con la mínima decencia y sensibilidad que aconseja no aplaudir como locos unas medidas que van a hacer  que mucha gente lo pase pero que muy mal. Pero la partitocracia no tiene alma, y sus representantes más notorios por no tener  no tienen ni educación, véase el caso de la reacción al discurso del sr. Rajoy de la  hija del cacique Fabra (dueño y señor durante muchos años de la Diputación de Castellón  una de las que ahora se refuerzan)  cuyo ejemplar cv pueden consultar aquí

 

Por eso, al sr. Presidente del Gobierno le sale el discurso que le sale Por eso sus discursos, además de leídos, son tan de de cartón y piedra, aunque se inspiren en otros que no lo eran, y sus apelaciones a un sacrificio que no están dispuestos a compartir suenan tan vacías, y son tan teatralmente aplaudidos por una claque  también de mentirijillas. Cierto es que sus variantes nacionalistas o regionalistas son todavía peores, como productos que son de la partitocracia agravada a nivel regional con importantes dosis de oligarquía o simple caciquismo regional, con intereses personales y patrimoniales, debida a la interesada confusión entre Nación (o “país”) y partido son todavía mucho menos discernibles de los intereses generales, pero convendrán conmigo en que eso no es ningún consuelo, aunque nos obsequie con episodios tan chuscos como el de nacionalista metido a contrabandista.

 

¿Que nos queda? Pues nos queda poca cosa. Nos quedan los partidos minoritarios y “antisistema” como UPYD (es muy clarificador que así los llamen los grandes partidos con enojo, dado que perciben que no forman parte del Sistema todavía con más nitidez que los ciudadanos) que son todavía muy pequeños. Y luego tenemos a la izquierda con el partido más grande como IU con el alma dividida entre el discurso mágico y su pertenencia plena a la partitocracia. Y ciudadanos, muchos ciudadanos desorientados, plataformas ciudadanas, vecinos gestionando Ayuntamientos, Movimiento 15M, desorden y –como no- en el horizonte un Salvador expulsado del Sistema como gran solución. En fin, un panorama poco alentador en un momento tan grave

 

No obstante, alguna esperanza hay. Además del famoso caso de “Vecinos por Majadahonda”  me gustaría que viesen este video de uno de los colaboradores de este blog y diputado regional de UPYD en la Asamblea Regional de Madrid, Ramón Marcos Allo.  Para que vean que claro que se puede hacer y contar las cosas de forma distinta, con modestia y con honestidad.  Claro que a Ramón no le aplaude nadie. Todo lo contrario, le abuchean, y vean ustedes con qué elegancia le responden todos los partidos de la oposición cuando habla de rebajar los increíbles sueldos que tan alegremente se han autoconcedido alcaldes y concejales y que él propone racionalizar. Tengan paciencia porque merece la pena.

 

 

 

Por no hablar del diputado de UPYD, Toni Cantó, que dice verdades como templos precisamente porque es un señor que antes de diputado era actor, vamos, un outsider total (un payaso, dicen los de dentro). Pues hay que ver que bien se le entiende cuando diagnostica las cosas que no funcionan en España.

 

 

Bueno dirán ustedes ¿y qué va a pasar ahora? Pues yo creo que este nuevo recorte no va a servir para nada  y sobre todo que va a  acabar de deslegitimar a la ya muy deslegitimada clase política española que no es capaz de hilvanar un discurso serio sobre el modelo de Estado que quiere, el tipo de Administración, el tipo de partidos políticos, el tipo de democracia, el tipo de futuro que nos ofrece, porque han vendido su alma al diablo. Y lo más curioso es que a medida que el fracaso y la desorientación de la de la clase política se hace más patente, los ciudadanos españoles tienen cada vez más claro que es lo que hay que hacer. No parece tan difícil, después de todo. Un Estado viable,  una Administración profesional, solvente y transparente, unos organismos constitucionales que no produzcan sonrojo, unos partidos y sindicatos democráticos, transparentes y financiados por sus afiliados, unas CCAA reconducidas a lo que es razonable y sostenible, lo que probablemente exija la supresión o fusión de unas cuantas, una fusión y reducción de municipios como se ha hecho en tantos sitios, la supresión de las diputaciones, una estructura local pequeña y eficiente,la eliminación de cargos de confianza y asesores con sueldos imposibles y ninguna función, una educación en condiciones, un mercado único, una ejemplaridad en los que asumen cargos y funciones públicas en servicio de todos. Y por encima de todo exigencia de responsabilidades, rendición de cuentas y máxima transparencia.

 

¿Qué este Gobierno no lo puede o no lo sabe hacer? Pues que deje el paso a otro. Democráticamente por supuesto. No nos vayan a acusar de hacer terrorismo de salón como a nuestros pobres amigos de NeG por pedir algo tan de sentido común como pedir un Gobierno capaz de hacer las cosas que tienen tan claras los ciudadanos españoles que hay que hacer y que, por cierto, venían en su programa electoral.

¿Licencias express o Real Decreto express?

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Hace unas semanas el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 19/2012 de  medidas urgentes de liberalización del comercio. En él se establece la inexigibilidad de las licencias urbanísticas para el comienzo de casi todas las actividades comerciales. En los medios de comunicación la noticia apareció mayoritariamente bajo titulares  que expresaban el nacimiento de la “licencia express”.  Los representantes gubernamentales presentaron la modificación legal  como la solución al problema del larguísimo tiempo necesario para obtener las licencias de actividad que permiten abrir un comercio.

 

Es cierto que este problema ha existido tradicionalmente en España, pero no lo es menos que la situación ha cambiado sustancialmente en muchos municipios desde hace unos pocos años. En mi opinión, el nuevo marco legal puede provocar situaciones indeseadas, y sobre todo me cuesta entender la razón por la que no se ha procedido a tomar los modelos que funcionaban con éxito en algunos Ayuntamientos como norma general que obligara al conjunto de la administración local.

 

Los cambios a los que me he referido se han producido tras la aparición de la  Ley 25/2009 que introdujo el concepto de la declaración responsable para las licencias, y  la Ley 27/2011 que añadió la inexigibilidad de licencia de actividad para todos los casos en los que no hubiera afección al medio ambiente, al patrimonio histórico artístico y a la seguridad y salud públicas. Estos cambios legales permitieron en los casos más sencillos iniciar las actividades sin esperar a concesión de licencia.

 

Sin embargo la novedad que produjo el cambio más sustancial, en lo que a ahorro de tiempo en obtención de licencias se refiere,  fue la aparición de las entidades privadas colaboradoras con el municipio en la elaboración de los informes facultativos para el inicio de las obras y de las actividades. En el caso de  Madrid puedo dar testimonio directo de la transformación que la aparición de estas entidades ha supuesto.  Con anterioridad los plazos eran dilatadísimos, y  en la práctica en muchos casos, los propietarios de los futuros negocios optaban por la ejecución de las obras y por iniciar  la actividad en situación irregular, sin  licencia o simplemente habiéndola solicitado. Esta situación además de irregular fue la causa de supuestos casos de corrupción, como el de la “Operación Guateque”; que por cierto y hablando de plazos dilatados, sigue tras varios años, a la espera de juicio. Con la puesta en marcha de estas entidades colaboradoras privadas que informan, por delegación municipal, de  la adecuación a normativa de la solicitud y la documentación técnica, los plazos se han reconducido a lo razonable, entre 15 días y 2 meses, según la complejidad del caso a evaluar.

 

El nuevo Real Decreto, no recoge las experiencias exitosas realizadas sobre la base tradicional del control previo municipal a la documentación presentada sino que suprime para casi todos los casos este control previo, y generaliza el derecho a la realización de obras y al inicio de la actividad con la presentación de la documentación, siendo el control municipal posterior a las obras  y a la apertura del establecimiento.

 

Las licencias de actividad tienen su fundamento en la adecuación a normativa de la actividad a realizar, y por tanto en hacer compatible el derecho a ejercer en un local un negocio de la manera que el ejerciente mejor entienda, con los derechos de terceros: usuarios, vecinos… en cuestiones como la seguridad física, el ruido, la contaminación… Parece lógico pensar que un control previo garantiza mejor los derechos de terceros que un control posterior, fundamentalmente porque éstos pueden ser menoscabados al menos durante el plazo transcurrido entre apertura y control posterior, y a la vez el control previo supone para el solicitante de la licencia una mayor seguridad jurídica, al contar con ésa antes  de hacer las obras, y no tener que esperar la llegada de un informe que pudiera ser negativo y que en consecuencia le  obligara a costosas modificaciones en lo ya ejecutado.

 

Tras la publicación de este Real Decreto-ley,  pueden ser los Ayuntamientos los que enmienden lo peor de la nueva norma:   en sus ordenanzas de  tramitación de licencias, pueden ofrecer al solicitante la opción de que acompañe voluntariamente su solicitud con un informe municipal de adecuación a normativa. Además si los municipios practican  el control posterior con celeridad, disminuirán  los posibles daños ya comentados y que se pueden dar tanto en ejercientes de la actividad como en terceros.

 

La pregunta es por qué si ya había experiencias que  daban respuesta  adecuada al derecho al comienzo de una actividad haciéndolo compatible con el cumplimiento completo de la normativa, se  ha optado por otra dirección, la del control exclusivamente posterior;  camino que puede traer consecuencias poco deseables: inseguridad jurídica para ejercientes de la actividad y merma de derechos para terceros. Más que un Real Decreto sobre licencias express parece un poco un Real Decreto express.