Qué hacer para superar la crisis institucional si no podemos confiar en Europa ni en el 25S

El 4 de Agosto de 1789 la Asamblea Constituyente francesa aprobó suprimir por ley las servidumbres personales, los diezmos y las justicias señoriales. Se había instaurando la igualdad ante los impuestos, las penas y en el acceso a los cargos públicos. En esa noche del 4 de Agosto se habían abolido los privilegios de los nobles y el clero. Habían bastado unas horas para abolir el modelo feudal, pero había sido necesario más de un siglo para que los principios de la Ilustración se difundiesen en todos los estratos de la sociedad, y pudiese cuestionarse abiertamente el poder absoluto de monarquía, nobleza e iglesia.

 

Todo proceso de cambio de un sistema político en el que unos pocos se benefician de privilegios a costa del interés general guarda cierto paralelismo. Sin ánimo de comparar el período anterior a la revolución francesa con la actual situación en España, sí parece interesante incidir en la dificultad que afrontan los españoles en su intento de superar el modelo político e institucional instaurado con la aprobación de la constitución de 1978. Siguiendo con el paralelismo, la multitud que se congregó alrededor del Palacio de Versalles el 13 de julio de 1789 en un ambiente de revolución previo a la toma de la Bastilla, bien podría compararse con la que los pasados 25 y 30 de Septiembre se dieron cita alrededor del Congreso en Madrid.

 

A lo largo de los últimos dos años, la opinión sobre la profunda crisis institucional que asola España se ha ido extendiendo, y de los tímidos artículos iniciales que cuestionaban el excesivo poder de los partidos políticos, o el fracasado modelo autonómico, hemos pasado a un panorama en que todos los días se suceden las opiniones, cada vez más explícitas, que piden una  profunda reforma de las instituciones y del modelo de partidos políticos.

 

Como expusimos en este post, publicado el pasado mes de Julio, el mayor desafío al que nos enfrentamos se centra en como superar la ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas. Hoy los partidos políticos se han convertido en la “nobleza” del siglo XXI en España, acaparando privilegios y prebendas.

 

No negaré que “algo” hemos avanzado desde la situación política en el siglo XVIII, pero las expectativas creadas con la llegada de la democracia a España no merecían este desenlace tan burdo. Esta nueva “nobleza”, acapara cargos públicos, distribuye favores, alienta el despilfarro y consiente, “cuando menos”, la corrupción. Esta nueva nobleza intenta blindarse con un creciente control de la Justicia, y un siempre interesado control de los medios públicos. Cuando creíamos que habíamos superado la España de los caciques del siglo XIX y  principios del siglo XX, el modelo autonómico ha recuperado no pocos de esos antiguos vicios.

 

En el diagnóstico de las causas de esta situación hemos logrado alcanzar un amplio acuerdo: un sistema electoral que otorga un excesivo poder a los partidos políticos, un modelo de organización territorial fracasado y una administración hipertrofiada. El proceso de análisis y difusión de estos problemas continúan en periódicos, blogs y medios de difusión, pero muchos querríamos que esta reflexión se concretase en alguna acción. Pasar de las musas al teatro no es sencillo.

 

La reacción de los partidos políticos mayoritarios no parece muy esperanzadora. En gran media, muchas de las medidas adoptadas y etiquetadas como reformas de la administración, parecen poco más que parches dirigidos a aplacar con cambios cosméticos las crecientes demandas de los ciudadanos. La reforma electoral no ha entrado en el debate político de los partidos mayoritarios, y la reforma de la organización territorial solo se ha asomado tras el estallido del problema catalán. Los privilegios de los políticos prevalecen, y los problemas de base nunca encuentran el momento de abordarse.

 

No seré yo quien abogue por una solución “revolucionaria” de incierto final y de la que suelen sacar partido los oportunistas. Los movimientos sociales en la calle se vuelven fácilmente manipulables, y los que intentan mantenerse alejados de los partidos políticos, con el 15M como principal exponente, ofrecen soluciones que no superan el nivel de realismo de las escuchadas en las asambleas universitarias.

 

Parece claro que la mayoría buscamos una solución desde el propio sistema democrático del que hoy disfrutamos. Cualquier solución debería abordar tres ejes básicos:

(1)    La reforma de la ley electoral para buscar una mayor dependencia de los políticos de aquellos ciudadanos que los eligen, y una menor dependencia de los partidos políticos por cuyas listas se presentan. La combinación de un sistema mayoritario en circunscripciones uninominales, que acerquen los diputados a los electores, y un sistema proporcional con una única circunscripción nacional, permitiría limitar el poder de los partidos políticos, y reducir la tendencia al bipartidismo. Es interesante recordar que el sistema mayoritario, bien a vuelta simple, o a doble vuelta, es el utilizado en la mayoría de los países anglosajones, y en Francia.

(2)    Una profunda revisión de la administración con una importante reducción de su tamaño a todos los niveles, el reconocimiento de la transparencia en su funcionamiento como un derecho básico de los ciudadanos, y el restablecimiento de controles en su funcionamiento que destierren la pesadilla de la corrupción.

(3)    Una reforma constitucional para revisar el Título VIII de la organización territorial del estado, abordando una clarificación de las competencias y el modelo de financiación, avanzando hacia el único modelo que parece realista hoy en día, un modelo federal.

 

Si esta reforma tiene que abordarse desde el propio sistema, el único camino parece convencer a los partidos políticos de que solo obtendrán el respaldo de los ciudadanos si incorporan este tipo de reformas en sus programas. No parece una tarea sencilla, si pensamos que la base de la reforma es la reducción del poder de los partidos políticos, y que una reforma constitucional requiere del apoyo de dos tercios de la cámara.

 

Muchos parecen esperar que esta reforma, en su totalidad, o al menos en lo que se refiere a la profunda reducción del tamaño de nuestras Administraciones Públicas, se imponga como parte de la condicionalidad del rescate económico a España. Yo en este punto no soy optimista. Se podrán imponer condiciones económicas, pero parece poco probable que Europa nos imponga condiciones políticas. Es posible que condicionalidad lleve a forzar una reducción del coste de la administración, pero probablemente el modelo elegido por nuestros políticos no sea el que aconseja la racionalización del sistema, sino aquel que permita mantener una mayor estructura de poder.

 

Las esperanzas de muchos de nosotros están depositadas en el convencimiento de que será imposible superar la actual crisis económica sin antes haber superado también la crisis institucional. Somos muchos los que creemos que difícilmente España podrá superar la actual crisis económica si se mantiene el lastre de una administración hipertrofiada y una organización territorial fracasada. Pero esta opinión, o este deseo, podría no tener fundamento. España podría superar la crisis con un déficit controlado sobre la base de la subida de los impuestos y el recorte de los servicios públicos, siempre que se den condiciones favorables en un entorno internacional que vuelva a recuperar la senda del crecimiento. A estas horas me debato entre clasificar a este escenario como positivo o negativo para España. Probablemente si ello sucediera, sería difícil que volvieran a darse en un futuro próximo la oportunidad que proporciona la actual crisis para abordar la profunda reforma de la administración y del modelo institucional que España precisa. España podría volver a crecer económicamente, pero sus instituciones volverían a estar ancladas en los vicios más oscuros de nuestra historia reciente.

 

Nos queda seguir denunciando los excesos del poder político en blogs como éste, proponiendo soluciones, y apoyando todas aquellas iniciativas que puedan forzar a los partidos políticos a la profunda revisión de nuestras instituciones, que puedan volver a poner a España en la senda de la modernidad, y abandonar definitivamente los fantasmas de caciquismo y corrupción que han asolado nuestra historia. Preferimos las soluciones democráticas a la revolución, pero debemos convencernos que nadie de fuera podrá ayudarnos a regenerar nuestro país, si no lo hacemos nosotros mismos.

 

 

 

 

Demasiadas transferencias no mueven molino…La transferencia de las políticas activas de empleo.

 

Desde estas lineas quisiera referirme con un ejemplo, al asunto de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, como posible epicentro de la situación actual tanto en lo que atañe al excesivo déficit acumulado por las Comunidades Autónomas (CCAA), como en las opciones secesionistas por parte de algunos grupos políticos de los mal llamados “territorios históricos” y que, por extensión, nos han traido al conjunto del Estado hasta este aparente“non-returning point”.

En este sentido, además de las consabidas desigualdades provocadas por la distinta aplicación de las transferencias de las competencias de Sanidad y Educación, y que hemos leído en otros posts de este blog,  hay otras generadas también por la no coordinación entre CCAA en la administración de una competencia que, dadas nuestras galopantes cifras de desempleo, es al menos igual de preocupante: la transferencia de las políticas activas de empleo (intermediación y formación).

Desde 1997 se viene realizado una política de transferencias de las competencias en materia de empleo a las Comunidades Autónomas (excepto al País Vasco, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla) tanto en cuanto a la gestión de las políticas activas de empleo, Escuelas Taller y Casas de Oficios, y formación de los trabajadores (a partir del año 1991) que ha culminado con la redacción de la Ley 53/2003 de Empleo, por la que las antiguas competencias del INEM han ido pasando a los Servicios de Empleo de dichas Comunidades.

Así que para la consecución del “pleno empleo” (como objetivo potencial) se ha optado por un sistema descentralizado, en el que se coordinan tanto los medios y acciones, estatales como autonómicas. El Sistema Nacional de Empleo está compuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas. Los principales órganos son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo con El Plan de acción para el empleo, el Programa anual de trabajo y el Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo (en todos ellos participan las Comunidades Autónomas).

Durante el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprueba la cantidad de 1390 millones de euros para las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios aprobados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales (cuyas funciones están descritas en el artículo 6 Real Decreto 1722/07 de 21 de diciembre), como órgano coordinador entre las Administraciones central y autonómicas para mejorar las acciones y promover medidas de políticas activas de empleo. Ante la actual situación de crisis económico-financiera parece esencial mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones que llevan a cabo acciones y medidas de políticas activas de empleo, con el fin de lograr una mayor eficacia en la utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado laboral.

Para poder ilustrarles lo que a mi juicio supone otro ejemplo más de ineficiencia y de falta de equidad en la provisión de servicios relativos a estas políticas, voy a detallarles la siguiente situación: imaginen una empresa española que quiebra, se declara en concurso de acreedores y atendiendo a la ley concursal inicia el proceso correspondiente en el juzgado de lo mercantil según domicilio social,  previo ERE de extinción de 2600 trabajadores, es decir, la totalidad de la plantilla y que tiene centros de trabajo fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Dicha empresa tiene su sede o matriz en Barcelona. Los 2600 trabajadores de la misma pasan a ser desempleados, pero se crea a instancias de la propia Administración catalana una Mesa Social de recolocación, dado el volumen de empleo de la empresa extinta. Dicha Mesa está incluida dentro de las condiciones fijadas en el ERE de extinción como parte del acuerdo definitivo del ERE.  Evidentemente, si se incluye como parte “social” de un acuerdo de extinción de empleos que afecta a la totalidad de la plantilla, este “beneficio social” que supone crear una Mesa orientada hacia la recolocación del personal “descontratado” también afectaría a toda la plantilla que extingue su relación contractual, independientemente de su centro de trabajo adscrito.

Durante este proceso el Servei de Ocupacio catalán apenas entra en contacto directo con la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, ni tampoco el Ministerio de Empleo, actúa como órgano coordinador entre las dos Administraciones. Es decir, no se produce el cruce de datos de los desempleados totales, ni participan conjuntamente en las reuniones de la propia Mesa Social para recolocar a los parados de la extinta empresa. De hecho, el Servicio catalán sólo tiene datos de los parados que se han inscrito en Cataluña. Tampoco se ofrecen las mismas posibilidades de cursos de formación a los parados que no están inscritos en Cataluña aludiendo que son dos Comunidades distintas.

Por tanto y por lo que parece, ni las autoridades autonómicas de  Barcelona traslada a las de Madrid ofertas de empleo para procurar la recolocación de los parados, ni las de Madrid a las de Barcelona, de manera que los trabajadores de Madrid no obtienen la información correspondiente, ni siquiera la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid tiene los datos del perfil demandante de los 1000 desempleados del antiguo centro de trabajo de su Comunidad.

El resultado final es que una segunda empresa catalana, beneficiada por el cierre de la primera, consigue recolocar a unos 200 trabajadores de la extinta, pero que tenían centro de trabajo en Barcelona y apenas a ningún trabajador de Madrid, a los que ni siquiera puede contactar para poder entrevistarles. Además de una diferente gestión propiciada por que son dos Comunidades distintas.

El caso descrito es un hecho real y ha sucedido a comienzos de este mismo año. Lamentablemente no parece que sea un hecho aislado.

Lo expuesto anteriormente podría servir como ejemplo o modelo sobre lo que puede suceder a escala nacional con la gestión de una misma competencia por parte de distintas Administraciones autonómicas, que al final parece que necesitan de una coordinación estatal para poder llevar a cabo eficientemente sus políticas de empleo, donde debería existir una auténtica movilidad geográfica de parados entre Comunidades y que se presten los mismos servicios en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos-contribuyentes. Pero da la impresión que en lugar de que se trabaje para reducir una cifra global de desempleo que camina hacia los 6 millones de parados, cada Comunidad parece funcionar como un mini Estado preocupado por sus ciudadanos, sin atender a que abriendo esta preocupación de manera estatal, se contribuiría de una manera más eficiente a facilitar que esa cifra fuera sensiblemente inferior.

La pregunta parece obvia: si ambas Administraciones necesitan de una coordinación estatal, ¿para qué administrar la competencia por separado? Y también: ¿si existe un órgano de coordinación entre ambas administraciones, por qué en el ejemplo descrito no ha actuado?

El gran Estado elefantiásico del que disponemos no se da cuenta que pisa a sus hormigas, que somos los ciudadanos, sólo por su tamaño, por su organización “en las alturas”, por su “modo de andar o funcionamiento”, no creando las mismas oportunidades para todos los españoles independientemente del padrón de cada ciudadano. Cuando se consigue  un Leviathán de 17 cabezas, resulta muy difícil hablar con todas a la vez para que miren a un mismo punto.

Todo lo anterior me lleva a concluir, desde mi humilde opinión, que el resultado del desarrollo competencial en las CCAA no era el modelo previsto en la Constitución, porque no se muestra como garante de los principios de igualdad y de eficiencia en los servicios públicos y además no contribuye a relanzar el crecimiento del empleo, mas bien crea barreras y cortafuegos donde debería promover un mercado laboral mucho más abierto, con la misma información para todos los agentes y con formación para la ocupación en su anterior puesto o el reciclaje del desempleado hacia otros sectores, desde el minuto cero en que cualquiera  pase a ese nuevo estadio laboral.

Insisto, me temo que lo descrito anteriormente es sólo un ejemplo…

Demasiadas transferencias no mueven molino…La transferencia de las políticas activas de empleo.

 

Desde estas lineas quisiera referirme con un ejemplo, al asunto de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, como posible epicentro de la situación actual tanto en lo que atañe al excesivo déficit acumulado por las Comunidades Autónomas (CCAA), como en las opciones secesionistas por parte de algunos grupos políticos de los mal llamados “territorios históricos” y que, por extensión, nos han traido al conjunto del Estado hasta este aparente“non-returning point”.

En este sentido, además de las consabidas desigualdades provocadas por la distinta aplicación de las transferencias de las competencias de Sanidad y Educación, y que hemos leído en otros posts de este blog,  hay otras generadas también por la no coordinación entre CCAA en la administración de una competencia que, dadas nuestras galopantes cifras de desempleo, es al menos igual de preocupante: la transferencia de las políticas activas de empleo (intermediación y formación).

Desde 1997 se viene realizado una política de transferencias de las competencias en materia de empleo a las Comunidades Autónomas (excepto al País Vasco, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla) tanto en cuanto a la gestión de las políticas activas de empleo, Escuelas Taller y Casas de Oficios, y formación de los trabajadores (a partir del año 1991) que ha culminado con la redacción de la Ley 53/2003 de Empleo, por la que las antiguas competencias del INEM han ido pasando a los Servicios de Empleo de dichas Comunidades.

Así que para la consecución del “pleno empleo” (como objetivo potencial) se ha optado por un sistema descentralizado, en el que se coordinan tanto los medios y acciones, estatales como autonómicas. El Sistema Nacional de Empleo está compuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas. Los principales órganos son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo con El Plan de acción para el empleo, el Programa anual de trabajo y el Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo (en todos ellos participan las Comunidades Autónomas).

Durante el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprueba la cantidad de 1390 millones de euros para las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios aprobados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales (cuyas funciones están descritas en el artículo 6 Real Decreto 1722/07 de 21 de diciembre), como órgano coordinador entre las Administraciones central y autonómicas para mejorar las acciones y promover medidas de políticas activas de empleo. Ante la actual situación de crisis económico-financiera parece esencial mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones que llevan a cabo acciones y medidas de políticas activas de empleo, con el fin de lograr una mayor eficacia en la utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado laboral.

Para poder ilustrarles lo que a mi juicio supone otro ejemplo más de ineficiencia y de falta de equidad en la provisión de servicios relativos a estas políticas, voy a detallarles la siguiente situación: imaginen una empresa española que quiebra, se declara en concurso de acreedores y atendiendo a la ley concursal inicia el proceso correspondiente en el juzgado de lo mercantil según domicilio social,  previo ERE de extinción de 2600 trabajadores, es decir, la totalidad de la plantilla y que tiene centros de trabajo fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Dicha empresa tiene su sede o matriz en Barcelona. Los 2600 trabajadores de la misma pasan a ser desempleados, pero se crea a instancias de la propia Administración catalana una Mesa Social de recolocación, dado el volumen de empleo de la empresa extinta. Dicha Mesa está incluida dentro de las condiciones fijadas en el ERE de extinción como parte del acuerdo definitivo del ERE.  Evidentemente, si se incluye como parte “social” de un acuerdo de extinción de empleos que afecta a la totalidad de la plantilla, este “beneficio social” que supone crear una Mesa orientada hacia la recolocación del personal “descontratado” también afectaría a toda la plantilla que extingue su relación contractual, independientemente de su centro de trabajo adscrito.

Durante este proceso el Servei de Ocupacio catalán apenas entra en contacto directo con la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, ni tampoco el Ministerio de Empleo, actúa como órgano coordinador entre las dos Administraciones. Es decir, no se produce el cruce de datos de los desempleados totales, ni participan conjuntamente en las reuniones de la propia Mesa Social para recolocar a los parados de la extinta empresa. De hecho, el Servicio catalán sólo tiene datos de los parados que se han inscrito en Cataluña. Tampoco se ofrecen las mismas posibilidades de cursos de formación a los parados que no están inscritos en Cataluña aludiendo que son dos Comunidades distintas.

Por tanto y por lo que parece, ni las autoridades autonómicas de  Barcelona traslada a las de Madrid ofertas de empleo para procurar la recolocación de los parados, ni las de Madrid a las de Barcelona, de manera que los trabajadores de Madrid no obtienen la información correspondiente, ni siquiera la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid tiene los datos del perfil demandante de los 1000 desempleados del antiguo centro de trabajo de su Comunidad.

El resultado final es que una segunda empresa catalana, beneficiada por el cierre de la primera, consigue recolocar a unos 200 trabajadores de la extinta, pero que tenían centro de trabajo en Barcelona y apenas a ningún trabajador de Madrid, a los que ni siquiera puede contactar para poder entrevistarles. Además de una diferente gestión propiciada por que son dos Comunidades distintas.

El caso descrito es un hecho real y ha sucedido a comienzos de este mismo año. Lamentablemente no parece que sea un hecho aislado.

Lo expuesto anteriormente podría servir como ejemplo o modelo sobre lo que puede suceder a escala nacional con la gestión de una misma competencia por parte de distintas Administraciones autonómicas, que al final parece que necesitan de una coordinación estatal para poder llevar a cabo eficientemente sus políticas de empleo, donde debería existir una auténtica movilidad geográfica de parados entre Comunidades y que se presten los mismos servicios en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos-contribuyentes. Pero da la impresión que en lugar de que se trabaje para reducir una cifra global de desempleo que camina hacia los 6 millones de parados, cada Comunidad parece funcionar como un mini Estado preocupado por sus ciudadanos, sin atender a que abriendo esta preocupación de manera estatal, se contribuiría de una manera más eficiente a facilitar que esa cifra fuera sensiblemente inferior.

La pregunta parece obvia: si ambas Administraciones necesitan de una coordinación estatal, ¿para qué administrar la competencia por separado? Y también: ¿si existe un órgano de coordinación entre ambas administraciones, por qué en el ejemplo descrito no ha actuado?

El gran Estado elefantiásico del que disponemos no se da cuenta que pisa a sus hormigas, que somos los ciudadanos, sólo por su tamaño, por su organización “en las alturas”, por su “modo de andar o funcionamiento”, no creando las mismas oportunidades para todos los españoles independientemente del padrón de cada ciudadano. Cuando se consigue  un Leviathán de 17 cabezas, resulta muy difícil hablar con todas a la vez para que miren a un mismo punto.

Todo lo anterior me lleva a concluir, desde mi humilde opinión, que el resultado del desarrollo competencial en las CCAA no era el modelo previsto en la Constitución, porque no se muestra como garante de los principios de igualdad y de eficiencia en los servicios públicos y además no contribuye a relanzar el crecimiento del empleo, mas bien crea barreras y cortafuegos donde debería promover un mercado laboral mucho más abierto, con la misma información para todos los agentes y con formación para la ocupación en su anterior puesto o el reciclaje del desempleado hacia otros sectores, desde el minuto cero en que cualquiera  pase a ese nuevo estadio laboral.

Insisto, me temo que lo descrito anteriormente es sólo un ejemplo…

Secesión e integración en la Unión Europea

El objeto de este estudio es examinar la hipótesis de que un territorio de un Estado miembro (como Escocia, Córcega, País Vasco o Cataluña), o incluso de varios Estados miembros, de la Unión Europea decidiera escindirse y permanecer, o ingresar, en la UE. Aunque tiene en cuenta distintas consideraciones políticas y económicas, trata de desarrollar las normas jurídicas que se aplicarían a este caso hipotético, para al que, sin embargo, no hay precedentes, sino pistas.
Nadie, que sepamos, ha esbozado hasta la fecha, con cierta profundidad, los elementos principales para un análisis teórico de tal hipotético caso. Distintos partidos nacionalistas que gobiernan regiones europeas pretenden ofrecer a los ciudadanos el mito de una nueva identidad colectiva, más nítida que la de los viejos Estados miembros, hoy convertidos en plurales y abiertas. Parte de ellos han expresado, más o menos retóricamente, su deseo de que sus regiones se escindan en un futuro del Estado miembro al que pertenecen y formen parte de la Unión Europea como nuevo Estado desde el momento de la separación, es decir, todo momento en la Unión. Lo cual no es evidente, y puede resultar engañoso.
Ni la Unión ni sus Estados miembros tienen interés en favorecer el estallido de ninguno de sus miembros. Cabe opinar incluso lo contrario: en buena medida, la integración europea ha fortalecido a los Estados que participan en el proceso. Uno de los elementos más valiosos del proyecto europeo es el intento de unir preservando identidades, nacionales y subnacionales. Europa suplementa la capacidad nacional de formular un proyecto colectivo, limitando tanto el estatismo como el nacionalismo excesivo. En terminología de Joseph Weiler, la integración ha transformando a los Estados-nación en Estados miembros de la UE. Además, la inserción de un Estado miembro en una polis más amplia, una Unión que es verdadera Comunidad de Derecho, contribuye al respeto y protección de las minorías comprendidas en los territorios de los socios comunitarios.
Pero el refuerzo producido por el proceso de integración de sus unidades componentes no significa que no las haya cambiado: un Estado miembro no se define ya por su moneda, ni se definirá, un día, por su ejército. Incluso aunque su territorio siga siendo el mismo y sea un referente de identidad, sus fronteras con otros Estados de la Unión han perdido sustancia. En esta sentido, la integración relativiza el concepto mismo de soberanía nacional. En virtud de la construcción europea, los ciudadanos de la Unión han visto alterarse el contenido real de sus constituciones nacionales y la forma en la que se gobiernan. Sus gobiernos tienen que aceptar decisiones obligatorias contra las que han votado en el Consejo de la UE. Con frecuencia la representación de intereses nacionales en Europa convive con la de otros intereses más fragmentados, y a veces más decisivos, en áreas como el comercio exterior o el mercado interior.
Los tratado originales comunitarios y sus posteriores reformas y añadidos no han previsto la posibilidad de que un Estado miembro deje de serlo, es decir, que se salga. Tampoco ningún Estado miembro quiere salirse. Solo en previsión de los casos de descolonización se establecieron algunas disposiciones para que lo que eran territorios de un Estado se independizaran y dejaran de pertenecer a la Comunidad. También se abordó en su momento el caso de Groenlandia, que permaneció en su Estado, Dinamarca, pero fuera de la Comunidad Europea, es decir, el caso contrario al que nos ocupa.
Y sin embargo, parece oportuno abordar las posibilidades que un territorio escindido de un Estado miembro tendría para permanecer en la UE y sus efectos previsibles. El territorio escindido, convertido en nuevo Estado, ¿acabaría negociando su adhesión como cualquier otro candidato a la Unión Europea o, por el contrario, podría conseguir su permanencia bajo una nueva forma? Sea como sea, el debate sobre la viabilidad de la opción que estudiamos es sólo la antesala del debate principal: el de su eventual idoneidad.”

(El resto del artículo se encuentra en http://www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/ri/ri95-801/lecturas/lec257.html)

Secesión e integración en la Unión Europea

El objeto de este estudio es examinar la hipótesis de que un territorio de un Estado miembro (como Escocia, Córcega, País Vasco o Cataluña), o incluso de varios Estados miembros, de la Unión Europea decidiera escindirse y permanecer, o ingresar, en la UE. Aunque tiene en cuenta distintas consideraciones políticas y económicas, trata de desarrollar las normas jurídicas que se aplicarían a este caso hipotético, para al que, sin embargo, no hay precedentes, sino pistas.
Nadie, que sepamos, ha esbozado hasta la fecha, con cierta profundidad, los elementos principales para un análisis teórico de tal hipotético caso. Distintos partidos nacionalistas que gobiernan regiones europeas pretenden ofrecer a los ciudadanos el mito de una nueva identidad colectiva, más nítida que la de los viejos Estados miembros, hoy convertidos en plurales y abiertas. Parte de ellos han expresado, más o menos retóricamente, su deseo de que sus regiones se escindan en un futuro del Estado miembro al que pertenecen y formen parte de la Unión Europea como nuevo Estado desde el momento de la separación, es decir, todo momento en la Unión. Lo cual no es evidente, y puede resultar engañoso.
Ni la Unión ni sus Estados miembros tienen interés en favorecer el estallido de ninguno de sus miembros. Cabe opinar incluso lo contrario: en buena medida, la integración europea ha fortalecido a los Estados que participan en el proceso. Uno de los elementos más valiosos del proyecto europeo es el intento de unir preservando identidades, nacionales y subnacionales. Europa suplementa la capacidad nacional de formular un proyecto colectivo, limitando tanto el estatismo como el nacionalismo excesivo. En terminología de Joseph Weiler, la integración ha transformando a los Estados-nación en Estados miembros de la UE. Además, la inserción de un Estado miembro en una polis más amplia, una Unión que es verdadera Comunidad de Derecho, contribuye al respeto y protección de las minorías comprendidas en los territorios de los socios comunitarios.
Pero el refuerzo producido por el proceso de integración de sus unidades componentes no significa que no las haya cambiado: un Estado miembro no se define ya por su moneda, ni se definirá, un día, por su ejército. Incluso aunque su territorio siga siendo el mismo y sea un referente de identidad, sus fronteras con otros Estados de la Unión han perdido sustancia. En esta sentido, la integración relativiza el concepto mismo de soberanía nacional. En virtud de la construcción europea, los ciudadanos de la Unión han visto alterarse el contenido real de sus constituciones nacionales y la forma en la que se gobiernan. Sus gobiernos tienen que aceptar decisiones obligatorias contra las que han votado en el Consejo de la UE. Con frecuencia la representación de intereses nacionales en Europa convive con la de otros intereses más fragmentados, y a veces más decisivos, en áreas como el comercio exterior o el mercado interior.
Los tratado originales comunitarios y sus posteriores reformas y añadidos no han previsto la posibilidad de que un Estado miembro deje de serlo, es decir, que se salga. Tampoco ningún Estado miembro quiere salirse. Solo en previsión de los casos de descolonización se establecieron algunas disposiciones para que lo que eran territorios de un Estado se independizaran y dejaran de pertenecer a la Comunidad. También se abordó en su momento el caso de Groenlandia, que permaneció en su Estado, Dinamarca, pero fuera de la Comunidad Europea, es decir, el caso contrario al que nos ocupa.
Y sin embargo, parece oportuno abordar las posibilidades que un territorio escindido de un Estado miembro tendría para permanecer en la UE y sus efectos previsibles. El territorio escindido, convertido en nuevo Estado, ¿acabaría negociando su adhesión como cualquier otro candidato a la Unión Europea o, por el contrario, podría conseguir su permanencia bajo una nueva forma? Sea como sea, el debate sobre la viabilidad de la opción que estudiamos es sólo la antesala del debate principal: el de su eventual idoneidad.”

(El resto del artículo se encuentra en http://www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/ri/ri95-801/lecturas/lec257.html)

Más sobre el FROB: el “caso Bankia”

Como continuación de mi anterior post, en el que mostraba mi sorpresa e indignación sobre la forma en que se han gestionado los recursos públicos en el rescate financiero a través del FROB, me gustaría hacer mención a un caso que conozco bien (o que voy conociendo mejor poco a poco), que es el de Bankia.

 

Al margen de las implicaciones contables, indiciariamente delictivas, que dieron lugar al nacimiento del SIP de Bankia, mediante la integración de 7 Cajas de Ahorro, y su posterior salida a bolsa, me gustaría centrarme ahora en la actuación del FROB, cuyos poderes de actuación se han reforzado sustancialmente mediante el recientísimo RD 24/2012 y que funciona supuestamente al servicio del interés general con la finalidad de reorganizar y sanear el sistema financiero español.

 

Para valorar si realmente sirve a tan loable interés o a otros más bien espurios e inconfesables se hace imprescindible referir la siguiente secuencia cronológica de hechos:

 

(i)                  Con fecha 29 de junio de 2010 la Comisión Rectora del FROB acordó apoyar financieramente el proceso de integración de las Cajas de Ahorro del denominado “Grupo Bankia” mediante el compromiso de Suscripción de Participaciones Preferentes Convertibles (PPC, esto es un préstamo) por un importe de 4.465 millones de euros. Obviamente, la concesión de dicho préstamo se acordó previa la realización de diversos informes económicos (especialmente uno, realizado por una importante compañía auditora) que aseguraban que, incluso en el escenario económico mas adverso que pudiera imaginarse, la entidad iba a ser capaz de devolver dicho préstamo en un plazo máximo de 5 años.

 

(ii)                El 3 de diciembre de 2010, día de constitución del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Sociedad Central del SIP, la misma realizó la citada emisión de PPC por importe de 4.465 millones de euros que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por el FROB (aproximadamente 100 euros por español si hacemos la cuenta). Ese mismo día los accionistas de BFA llevaron a cabo una ampliación de capital consistente en la emisión de 9 millones de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, suscritas íntegramente por las Cajas de Ahorro integrantes del SIP. La prima de emisión ascendió a 11.396 millones de euros.

 

(iii)               Las acciones fueron desembolsadas en su totalidad por las Cajas mediante una aportación no dineraria consistente en un denominado “derecho de mutualización” que no era otra cosa que el compromiso de aportar todo su negocio financiero. Dicha aportación no dineraria fue objeto de valoración, por importe de 11.405 millones de euros.

 

(iv)              Gracias a dicha apoyo financiero del FROB y el otros miles de pequeños inversores Bankia debutó en bolsa el día 20 de julio de 2011, mediante la emisión de 824.572.253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión por acción de 1,75 euros (3,75 euros en total), lo que supuso una ampliación de capital por un importe total de 1.649 millones de euros, con una prima de emisión de 1.443 millones de euros

 

(v)               Toda esta supuesta historia de éxito empresarial cambió de signo pocos meses después. A raíz de la negativa de los auditores de la compañía a avalar las cuentas del ejercicio 2011 formuladas por el Consejo de Administración, se descubrió un “agujero financiero” que requería de aportes de capital por nada menos que de 23.465 millones de euros, contando con la conversión del anterior préstamo en acciones ordinarias, lo que la convertía en el mayor rescate financiero de la historia de España.

 

(vi)              Lo anterior sucedió simultáneamente a la reformulación de las cuentas de la entidad, que pasaban de reflejar unos supuestos beneficios de 309 millones a arrojar unas pérdidas de nada menos que 2.979 millones de euros, llegando a perder las acciones un 82 % de su valor en bosa y más de 5.000 millones en capitalización bursátil en un año.

 

(vii)            La solicitud de recapitalización de Bankia fue atendida por la Comisión Rectora del FROB en su reunión de fecha 11 de mayo, que pasaba de esta manera a ser el principal accionista de BFA, una sociedad que según los recientes informes encargados a expertos independientes, vale menos que nada, pues ha sido valorada en -13.635 millones.

 

(viii)           En definitiva, en pocos meses BFA/Bankia pasó de ser perfectamente capaz de devolver 4.465 millones de euros (teniendo en cuenta los informes realizados sobre la base de su contabilidad) a resultarle imposible y tener que pedir un rescate por importe de 23.465 millones, a cambio del cual el FROB se ha quedado con una sociedad que no solo no vale nada, sino que tiene unas deudas de 13.635 millones de euros.

 

¿Se imaginan Uds. que el prestamista inicial de los 4.465 millones de euros hubiera sido un banco u otra entidad privada?

 

¿Cuánto habría tardado en interponer una demanda millonaria o una querella para depurar las responsabilidades incurridas por el posible falseamiento de la realidad contable de la entidad?

 

Ese hipotético prestamista privado, ¿se habría comprometido a aportar 19.000 millones más sin comprobar las razones por las que su prestatario se ha declarado incapaz de devolver el préstamo y depurar en su caso las responsabilidades existentes?

 

Pues bien, no sólo nada hizo el FROB para intentar recuperar los millones perdidos en la operación (dinero de todos los españoles, no lo olvidemos), sino que admitida a trámite la querella presentada por el partido UPyD frente a todos los integrantes del Consejo de Administración de BFA/Bankia, dicha entidad pública:

 

(i)          Se ha personado en el procedimiento exclusivamente como “interesado” y no como acusación, como sería esperable teniendo en cuenta que es el principal perjudicado.

 

(ii)         En la primera actuación judicial en la que ha participado su representación legal ha reconocido no haber impulsado ni iniciado actuación formal alguna dirigida a investigar o depurar las posibles responsabilidades incurridas.

 

(iii)       No nos consta que ni siquiera haya encargado una valoración o cuantificación del dinero perdido en toda esta operación ni cuanto está dispuesto a perder si resulta que lo comprometido hasta ahora no es suficiente tampoco.

 

Que cada cual saque sus propias conclusiones sobre si el FROB defiende realmente el interés general, esto es, el de todos y cada uno de los ciudadanos que han aportado su dinero para rescatar a las entidades financieras (privadas) arruinadas.

 

Más sobre el FROB: el “caso Bankia”

Como continuación de mi anterior post, en el que mostraba mi sorpresa e indignación sobre la forma en que se han gestionado los recursos públicos en el rescate financiero a través del FROB, me gustaría hacer mención a un caso que conozco bien (o que voy conociendo mejor poco a poco), que es el de Bankia.

 

Al margen de las implicaciones contables, indiciariamente delictivas, que dieron lugar al nacimiento del SIP de Bankia, mediante la integración de 7 Cajas de Ahorro, y su posterior salida a bolsa, me gustaría centrarme ahora en la actuación del FROB, cuyos poderes de actuación se han reforzado sustancialmente mediante el recientísimo RD 24/2012 y que funciona supuestamente al servicio del interés general con la finalidad de reorganizar y sanear el sistema financiero español.

 

Para valorar si realmente sirve a tan loable interés o a otros más bien espurios e inconfesables se hace imprescindible referir la siguiente secuencia cronológica de hechos:

 

(i)                  Con fecha 29 de junio de 2010 la Comisión Rectora del FROB acordó apoyar financieramente el proceso de integración de las Cajas de Ahorro del denominado “Grupo Bankia” mediante el compromiso de Suscripción de Participaciones Preferentes Convertibles (PPC, esto es un préstamo) por un importe de 4.465 millones de euros. Obviamente, la concesión de dicho préstamo se acordó previa la realización de diversos informes económicos (especialmente uno, realizado por una importante compañía auditora) que aseguraban que, incluso en el escenario económico mas adverso que pudiera imaginarse, la entidad iba a ser capaz de devolver dicho préstamo en un plazo máximo de 5 años.

 

(ii)                El 3 de diciembre de 2010, día de constitución del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Sociedad Central del SIP, la misma realizó la citada emisión de PPC por importe de 4.465 millones de euros que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por el FROB (aproximadamente 100 euros por español si hacemos la cuenta). Ese mismo día los accionistas de BFA llevaron a cabo una ampliación de capital consistente en la emisión de 9 millones de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, suscritas íntegramente por las Cajas de Ahorro integrantes del SIP. La prima de emisión ascendió a 11.396 millones de euros.

 

(iii)               Las acciones fueron desembolsadas en su totalidad por las Cajas mediante una aportación no dineraria consistente en un denominado “derecho de mutualización” que no era otra cosa que el compromiso de aportar todo su negocio financiero. Dicha aportación no dineraria fue objeto de valoración, por importe de 11.405 millones de euros.

 

(iv)              Gracias a dicha apoyo financiero del FROB y el otros miles de pequeños inversores Bankia debutó en bolsa el día 20 de julio de 2011, mediante la emisión de 824.572.253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión por acción de 1,75 euros (3,75 euros en total), lo que supuso una ampliación de capital por un importe total de 1.649 millones de euros, con una prima de emisión de 1.443 millones de euros

 

(v)               Toda esta supuesta historia de éxito empresarial cambió de signo pocos meses después. A raíz de la negativa de los auditores de la compañía a avalar las cuentas del ejercicio 2011 formuladas por el Consejo de Administración, se descubrió un “agujero financiero” que requería de aportes de capital por nada menos que de 23.465 millones de euros, contando con la conversión del anterior préstamo en acciones ordinarias, lo que la convertía en el mayor rescate financiero de la historia de España.

 

(vi)              Lo anterior sucedió simultáneamente a la reformulación de las cuentas de la entidad, que pasaban de reflejar unos supuestos beneficios de 309 millones a arrojar unas pérdidas de nada menos que 2.979 millones de euros, llegando a perder las acciones un 82 % de su valor en bosa y más de 5.000 millones en capitalización bursátil en un año.

 

(vii)            La solicitud de recapitalización de Bankia fue atendida por la Comisión Rectora del FROB en su reunión de fecha 11 de mayo, que pasaba de esta manera a ser el principal accionista de BFA, una sociedad que según los recientes informes encargados a expertos independientes, vale menos que nada, pues ha sido valorada en -13.635 millones.

 

(viii)           En definitiva, en pocos meses BFA/Bankia pasó de ser perfectamente capaz de devolver 4.465 millones de euros (teniendo en cuenta los informes realizados sobre la base de su contabilidad) a resultarle imposible y tener que pedir un rescate por importe de 23.465 millones, a cambio del cual el FROB se ha quedado con una sociedad que no solo no vale nada, sino que tiene unas deudas de 13.635 millones de euros.

 

¿Se imaginan Uds. que el prestamista inicial de los 4.465 millones de euros hubiera sido un banco u otra entidad privada?

 

¿Cuánto habría tardado en interponer una demanda millonaria o una querella para depurar las responsabilidades incurridas por el posible falseamiento de la realidad contable de la entidad?

 

Ese hipotético prestamista privado, ¿se habría comprometido a aportar 19.000 millones más sin comprobar las razones por las que su prestatario se ha declarado incapaz de devolver el préstamo y depurar en su caso las responsabilidades existentes?

 

Pues bien, no sólo nada hizo el FROB para intentar recuperar los millones perdidos en la operación (dinero de todos los españoles, no lo olvidemos), sino que admitida a trámite la querella presentada por el partido UPyD frente a todos los integrantes del Consejo de Administración de BFA/Bankia, dicha entidad pública:

 

(i)          Se ha personado en el procedimiento exclusivamente como “interesado” y no como acusación, como sería esperable teniendo en cuenta que es el principal perjudicado.

 

(ii)         En la primera actuación judicial en la que ha participado su representación legal ha reconocido no haber impulsado ni iniciado actuación formal alguna dirigida a investigar o depurar las posibles responsabilidades incurridas.

 

(iii)       No nos consta que ni siquiera haya encargado una valoración o cuantificación del dinero perdido en toda esta operación ni cuanto está dispuesto a perder si resulta que lo comprometido hasta ahora no es suficiente tampoco.

 

Que cada cual saque sus propias conclusiones sobre si el FROB defiende realmente el interés general, esto es, el de todos y cada uno de los ciudadanos que han aportado su dinero para rescatar a las entidades financieras (privadas) arruinadas.

 

¿Hay Derecho?, el blog jurídico más visitado

La magnífica web, y sumamente recomendable para cualquier jurista, www.notariosyregistradores.com tiene la saludable costumbre de hacer una clasificación de páginas jurídicas españolas por el número de visitas, según el contador Alexa. Ver clasificación.

 

En esta última oleada, este blog resulta estar en el puesto 17 de toda España, y se consolida como el blog jurídico más visitado.

 

Nos satisface, desde luego, que muchas personas se acerquen a conocer nuestros contenidos, y también la calidad y profundidad de los comentarios de un número importante de esas personas en cada uno de los posts. En muchas ocasiones, el post es el inicio de una viva conversación a varias voces, concordantes o discrepantes según los casos, pero no estridentes o extremistas sino respetuosas.

 

Los editores no sabemos cómo hemos conseguido este efecto de colaboración, pero lo reconocemos como una de los principales atractivos del blog, y por ello queremos hoy de manera expresa agradecer a todos nuestros comentaristas sus aportaciones.

 

¿Hay Derecho?, el blog jurídico más visitado

La magnífica web, y sumamente recomendable para cualquier jurista, www.notariosyregistradores.com tiene la saludable costumbre de hacer una clasificación de páginas jurídicas españolas por el número de visitas, según el contador Alexa. Ver clasificación.

 

En esta última oleada, este blog resulta estar en el puesto 17 de toda España, y se consolida como el blog jurídico más visitado.

 

Nos satisface, desde luego, que muchas personas se acerquen a conocer nuestros contenidos, y también la calidad y profundidad de los comentarios de un número importante de esas personas en cada uno de los posts. En muchas ocasiones, el post es el inicio de una viva conversación a varias voces, concordantes o discrepantes según los casos, pero no estridentes o extremistas sino respetuosas.

 

Los editores no sabemos cómo hemos conseguido este efecto de colaboración, pero lo reconocemos como una de los principales atractivos del blog, y por ello queremos hoy de manera expresa agradecer a todos nuestros comentaristas sus aportaciones.

 

Aborto, conceptos y dolor

El PP ha impugnado ante el TC tanto la Ley del matrimonio homosexual como la del aborto. Sin embargo, en punto al primer asunto, respecto del cual el electorado popular está más dividido, el Ejecutivo ha confiado la solución a las doctas cabezas de los magistrados constitucionales, mientras que en lo toca al segundo, quizá porque a este respecto la presión de sus votantes es más fuerte, ha preferido promover una reforma legislativa, haciendo de este modo innecesaria la Sentencia del Alto Tribunal.

 

En efecto, recientemente el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunciaba un futuro proyecto de ley con el que –según dice- pretende dos cosas: (i) derogar el que tacha como sistema de “plazos”, implantado por la LO 2/2010, volviendo así al de “supuestos” de la LO 9/1985, el cual, a su juicio, sería el único compatible con la doctrina de nuestro TC (Sentencia nº 53/1985) y (ii) prohibir el aborto “eugenésico” (por malformaciones físicas o psíquicas del feto), el cual aceptó expresamente el TC, pero sería contrario a los Tratados Internacionales suscritos por España, siempre según el Ministro. (También quiere eliminar la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años aborten sin consentimiento de sus progenitores, pero no trataré aquí ese tema.)

 

En definitiva, para el Ministro su reforma no sería fruto de una decisión política, sino un acto de obediencia debida a Normas superiores. Mas no comparto esta tesis. Lo suyo puede ser una alternativa legítima, pero también lo es la Ley vigente. Creo que el Ministro hace una lectura dogmática de la Sentencia 53/1985, a espaldas de la realidad práctica. Y quisiera resaltar, en la línea de posts anteriores, que mirar de frente a la realidad no es una forma de saltarse los conceptos, sino antes bien el modo correcto de construirlos.

 

Comencemos con el aborto “eugenésico”. La Ley de 1985 lo admitía si se verificaba en el plazo de 22 semanas. La de 2010 mantiene esta solución aunque introduce una nueva modalidad, para la cual no establece límite temporal: anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto (lo que podríamos denominar aborto “eutanásico”). Al Ministro le repugnan ambas modalidades. Su argumento es que se discrimina al discapacitado. En sus palabras, «el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel … que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos».

 

Pero la apelación desnuda al principio de igualdad es siempre un recurso peligroso. Por las mismas, podríamos también cargarnos otro de los supuestos que contemplaba la Leyde 1985, el llamado aborto “ético”: ¿acaso es legítimo discriminar al concebido a raíz de una violación versus el que es fruto de una relación consentida? Por otra parte, este argumento solo ataca la diversidad de trato, pero decae cuando no hay tal. Verbigracia, bajo esta óptica, una ley sería intachable si admitiera el aborto libre, sin distinción de supuestos, en el plazo más largo (22 semanas) ¡o incluso sin plazo!

 

Y es que al argumento en cuestión le falta un hervor, el que precisamente le habría dado atender a la doctrina del TC sobre el principio de igualdad. No toda diferencia de trato es inconstitucional. Solo lo es la que persigue un fin (un objetivo práctico) irrazonable o lo hace con medios desproporcionados. ¿Cuál es en este caso el fin? ¿Acaso la mejora de la especie, la depuración genética u otro más atendible?

 

Ya lo contestaremos, pero por ahora señalemos que la misma crítica merece la otra pretensión del Ministro, el ataque al llamado sistema de plazos.

 

Ciertamente, nuestro TC ha declarado que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por la Constitución (art. 15), que solo decae cuando colisiona con un bien o derecho prevalente. Y es de destacar que el Alto Tribunal concedió tal rango a los tres supuestos de la Ley de 1985 (terapéutico, ético y eugenésico), pero exigió que se acreditara su verificación, mediante la evidencia adecuada en cada caso.

 

Ahora bien, mientras no se vista esta objeción con algún ropaje adicional, pienso quela Leyde 2010 la salva limpiamente. Esta también es una ley de supuestos, solo sucede que los contempla de distintas calidades. Hay uno general o básico y otros cualificados. Para estos últimos, el requisito temporal es más laxo (plazo más largo) o incluso (en el caso super-cualificado del aborto eutanásico) inexistente y por eso se exige una justificación más intensa. En el supuesto general, en cambio, el plazo es más estricto (se recorta a 14 semanas) y por eso se admite una justificación menor, pero esta también existe. Estamos ante la indicación de “decisión consciente”: la Ley exige información a la mujer sobre las consecuencias del embarazo o su interrupción y que la intervención solo se practique tras el transcurso de un período de reflexión de 3 días.

 

Obviamente, la pregunta es: la nueva indicación, que parece mucho más liviana, ¿tiene “peso” suficiente como para inclinar a su favor la balanza, en detrimento de la vida del nasciturus, por mucho que este sea más joven? En física, a la hora de decidir qué platillo se hunde, el criterio rector es la fuerza de la gravedad: vence el que es atraído por la tierra con más intensidad y lo es que el que sustenta un objeto con más masa. ¿Cuál es el equivalente ético de la gravitación y la masa?

 

Desde una perspectiva religiosa, ambas preguntas se responden fácilmente: el concebido tiene un alma, puesta por Dios y cuyo peso, por ende, es infinito, de modo que vence en la contienda con cualquier valor. No en vano para la Iglesia ningún supuesto o indicación es legítimo. Respeto esta postura, pero un Estado laico debe atenerse a otro tipo de criterio, no basado en la fe sino en una discusión racional. ¿Cuál? Para mí es claro: el objetivo es hacer un mundo más amable y habitable y, por tanto, pesa más la solución que causa menor sufrimiento.

 

No puedo evitar buscar refrendo, como en posts anteriores, en el cuento de Cenicienta. Los conceptos de “vida independiente o dependiente”, “discapacitado”… son como la zapatilla de Cenicienta. En puridad, su valor viene acotado por el procedimiento empírico con el que se han formado. Tiene “zapateidad del 9”, digamos, el conjunto de mujeres a las que les vale un determinado calzado. Mas esto no resuelve per se el problema del Príncipe; la zapatilla también le vale a las hermanastras, que se han recortado los pies al efecto… El objetivo del Príncipe, que es un remedo de todo estudioso, va más allá y, curiosamente, está también ligado al sufrimiento. El chico quiere una esposa buena y compasiva, como la damita con la que danza en la fiesta, alguien que sepa bailar en sintonía con sus cuitas de hombre y con las del pueblo que habrá de gobernar. Las hermanastras, sin embargo, con sus pies mutilados, solo podrían viajar en carroza, como por cierto les aconseja su madre, experta en el fraude de Ley. El Príncipe advierte esta treta y se lanza las calles a probar él mismo las zapatillas a todas las chicas del reino, en un duro peregrinaje, en el que se mancha con la sangre de las hermanastras, el polvo del camino y, en último término, la ceniza de los pies de Cenicienta. Gracias a estas penurias, él mismo se ha hecho algo “Ceniciento”: la reconoce porque, por la vía del sufrimiento propio, se ha convertido en espejo de su objetivo. Junto a la zapatilla, ha utilizado un instrumento de medida complementario, su propio cuerpo y sensibilidad, que resuenan al contacto con la joven, porque funcionan en su misma frecuencia.

 

Lo mismo pasa con el aborto: es un drama, en el que sufren todos los actores. Ante ello, procede sacar a relucir nuestra compasión, sentir y medir el dolor de cada parte y averiguar de qué modo, en cómputo global, se causa menos daño. Sin ánimo de exhaustividad, repasemos algunas de las variables relevantes.

 

Cuando se lleva a cabo el que he denominado aborto “eutanásico”, se ahorra al nacido una vida claudicante y atravesada por el dolor. Y en los demás casos, aunque suene triste decirlo, quien menos sufre es el concebido. No tanto porque no se le haga daño durante la intervención, sino porque no tiene capacidad para anticipar y temer lo que va a suceder… Padece más la sociedad. Repugna a nuestras emociones pensar que una forma humana pueda acabar como desecho clínico en un contenedor, tanto más cuanto más avanzada se encuentra la gestación. Cuando se extirpa una vida humana, aunque sea en ciernes, parece que se socave filosóficamente el valor de todas, también de la independiente. Esto es particularmente cierto si pensamos en los grupos afectados por las indicaciones cualificadas. Comprendo que las Asociaciones de Discapacitados reaccionen contra la eugenésica, porque defenderla suena como decir que los discapacitados ya nacidos son “menos válidos”, lo cual obviamente es falso. Comprendo que se pretenda apretar las clavijas éticas a las mujeres para que no aborten y no solo en el caso de malformaciones, también en el de violación.

 

Ahora bien, ¿quid si esta persuasión no tiene éxito y la mujer aborta, a pesar de todo? La tesis ultrafeminista sería que ella, con su cuerpo, en el santuario de su intimidad (la privacy a que aludió alguna sentencia americana), puede hacer lo que quiera. En cambio, el Dictamen de nuestro Consejo de Estado utilizó, al informar favorablemente la Ley de 2010, el argumento contrario: la mujer cuando aborta no hace lo que quiere, sino lo que no quiere. No hay que presumir que obra con irreflexión o malevolencia; podemos suponer que actúa de buena fe, impulsada por el dolor. Diría más: esta conclusión es casi obligada. Ella está programada por la evolución para nutrir y llevar a buen puerto a su hijo y si a pesar de esta carga biológica y a pesar del discurso ético que se derrame sobre su conciencia, prefiere el aborto… es porque el dolor que le causa la perspectiva de tener ese hijo es superior. Opera aquí una matemática paradójica. Cuanto más feo se pinta el aborto, más se demuestra la angustia de la mujer que, pese a todo, lo practica. Si esto no es verdad en todo caso, por lo menos lo será en la mayoría y, por cierto, no hay concepto que no se construya así, con apoyo en la estadística.

 

El grado de desarrollo del feto es también un elemento de peso. Evidentemente, no nos alarma igual la “píldora del día después” que la muerte de un concebido ya viable. En atención a ello, la Ley de 2010 no solo no rebajó sino que incrementó la protección, pues puso límite temporal (22 semanas) también a la indicación terapéutica, estimando que a partir de esa fecha el feto ya es viable y por ende cabe cumplir el objetivo (preservar a vida o salud de la madre) por un método menos gravoso (el parto inducido).

 

Otro factor es la proporcionalidad del castigo penal. Los defensores de la reforma se han apresurado a alegar que “el Ministro no quiere meter en la cárcel a las mujeres”, pues en efecto desde la reforma de 2010 a la mujer que comete un aborto ilegal sólo se le multa. No obstante, se sigue castigando con prisión e inhabilitación a los médicos que operan y ese barro trae estos lodos: la mujer que decida abortar sin cobertura legal se verá en la tesitura de viajar a cualquiera de los países de nuestro entorno que tienen la ley adecuada (si dispone de medios para ello) o (en su defecto) ponerse en manos de un héroe que se la juega por ella o de un desaprensivo que le pueda causar un estropicio.

 

Seguro que me dejo mucho en el tintero y precisamente olvido los argumentos anti-abortistas. ¿Pero al menos no están de acuerdo ustedes con que este es el campo de juego que debe acotar el debate? No se puede querer ganar sin bajar del autobús de las grandes palabras; hay que tirarse al ruedo y mezclarse con todos los dolores que causa el problema, a unos y otros; esto es simplemente una batalla entre sufrimientos, incluidos los que inflige o deja de infligir el propio Estado.