El verano de 2012 pasará a la historia como uno de los más trágicos de los últimos años en materia de incendios forestales. Como puede comprobarse en www.españaenllamas.es, en la década 2001-2010 ardieron en España 1.137.566 hectáreas, una superficie equivalente a la Región de Murcia. A 5 de agosto de este año 2012, la superficie quemada en España sumaba ya 132.299 hectáreas (ver aquí), no computándose por tanto en esa cifra la mayor parte de los incendios que tuvieron lugar durante el mes de agosto, lo que va a situar a 2012 muy por encima de la media de la década anterior. La mayor parte de la superficie quemada se origina en los llamados grandes incendios forestales, que son los que afectan a más de 500 hectáreas. A esta misma fecha 5 de agosto, los 31 grandes incendios forestales registrados eran responsables de la pérdida de 104.968 hectáreas.

 

Los grandes incendios que han asolado parajes de elevado valor ecológico y paisajístico han elevado también la temperatura política, provocado cruces de declaraciones entre responsables gubernamentales e incluso noticias verdaderamente sorprendentes. Así, mientras el Presidente del Gobierno Canario acusaba al Gobierno Central de abandono (ver aquí); desde éste último se le replicaba señalando que la prevención y extinción de incendios son competencias autonómicas, pero que el Gobierno Canario prefiere dedicar sus recursos a otros fines, como contar con una policía autonómica o con una televisión autonómica (ver aquí). Entre las noticias sorprendentes cabe citar la exigencia, formulada por trabajadores del servicio de extinción de incendios de la Xunta de Galicia, de que los pilotos de los medios aéreos se expresen en gallego para coordinarse con los medios terrestres durante las tareas de extinción (ver aquí).

 

Ante este desolador panorama, y la triste perspectiva de que la situación se repita el año próximo, interesa preguntarse cómo está organizada la prevención y extinción de incendios en España.

 

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 123/1984, de 18 de diciembre y 133/1990, de 19 de julio, estableció que la protección civil es una materia en la que se dan competencias concurrentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En el caso concreto de prevención y extinción de incendios, ésta es una de las competencias que los Estatutos de Autonomía recogen como exclusivas de las CCAA. Dicha competencia fue desarrollada por las Comunidades mediante leyes como la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña. Otras Comunidades, en cambio, han tardado más en elaborar normas específicas en materia de incendios; así, al inicio de este verano el Gobierno de Aragón presentaba el anteproyecto de ley de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, en el que se contempla la creación de una organización autonómica dedicada a la prestación de estos servicios para los municipios de menos de veinte mil habitantes, mientras que los de mayor tamaño deberán dotarse de medios propios. No obstante, el propio Gobierno de Aragón reconocía que las estrecheces presupuestarias dificultaban la creación del citado organismo autonómico (ver aquí). La Ley catalana, citada más arriba, también atribuye a los municipios de más de 20.000 habitantes la prestación del servicio de prevención y extinción.

 

A las competencias de las CCAA y de los municipios, se añaden las del propio Estado en materia de protección civil, establecidas en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil; así como en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que en su artículo 15.3 y mediante una interpretación extensiva del artículo 8 de la Constitución, estableció como una de las misiones de la Fuerzas Armadas la actuación en situaciones que típicamente se engloban en el ámbito de la protección civil, dando así pie a la creación, por acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La participación de la UME en la extición de incendios forestales ha venido siendo una de sus actividades más conocidas hasta la fecha.

 

Desde algunos ámbitos se ha achacado la mayor incidencia de incencios registrada este año a los recortes presupuestarios sufridos por las Administraciones Públicas responsables (ver aquí). Ya al inicio de verano los Ingenieros de Montes y los Ingenieros Técnicos Forestales vaticinaban, lamentablemente con acertado criterio, un verano dramático en materia de incendios forestales, debido tanto a las condiciones meteorológicas y de sequía como a los recortes presupuestarios en materia de prevención (ver aquí).

 

Ante un escenario de crecientes restricciones presupuestarias, cabe preguntarse si las Administraciones Públicas están organizadas de forma eficiente en materia de prevención y extinción de incendios, o si los menguantes medios humanos y materiales podrían asignarse de forma más racional y con mejores resultados mediante una adecuada reordenación competencial realizada con criterios técnicos y no políticos o identitarios. Los datos invitan a dudar de que la actual atribución de competencias sea la mejor forma de combatir los incendios, al menos los grandes incendios, y por otro lado los rifirrafes entre responsables políticos tampoco llevan a pensar que la coordinación entre tantas Administraciones con competencias en la materia sea lo eficaz que debe ser. Cuando se trata de hacer más con menos, la racionalidad técnica debe imponerse, o de lo contrario el año 2013 nos deparará otro verano en llamas.