El etarra, el Ministro, el Presidente, el Juez, el Fiscal o las elecciones del PP

 

Pese a las declaraciones del sr. Rajoy sobre los pesos respectivo de Uribetxebarria Bolinaga y  de la Ley, lo cierto es que el Fiscal ha presentado un durísimo recurso contra la decisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria, Jose Luis Castro, de excarcelar al etarra  (previa concesión del tercer grado por Instituciones Penitenciarias) y  se están abriendo algunas  grietas en nuestro “establishment” político, o para ser más exactos, en el hasta hace dos días monolítico PP. Aunque se han repartido argumentarios a diestro y siniestro parece que la gestión del inefable Ministro del Interior, Sr. Fernandez-Diaz (tan concienzudo él en servir bien a su Presidente que ha llegado a decir que de no haber tomado la decisión de conceder el tercer grado al etarra Bolinaga hubiera prevaricado) no ha sido precisamente un éxito.  Se ve que terminando este verano terrible, en el que estamos asistiendo impotentes al espectáculo insólito del suicidio de España, o más bien al de su homicidio por parte de su propia clase política y dirigente, debates esenciales para nuestro futuro, como es el de la política a seguir con presos de ETA que no se han arrepentido de nada y que son importantes símbolos del triunfo político de la izquierda abertzale, hay que zanjarlos de raíz diciendo lo que haga falta, aunque sean tonterías, o mentiras.

 

Porque, pese a que los benditos sociólogos de cabecera del PP y demás gente siempre en contacto con el sentir popular afirmaban que “lo de ETA ya no le importaba a nadie”,  parece evidente que a los ciudadanos, especialmente a los ya muy castigados votantes del PP, sí les importa y mucho. No acaban de comprender este giro copernicano en la política antiterrorista del Gobierno, tan continuista en este punto como en tantos otros con la del Gobierno del execrado (al menos por los electores del PP) ex Presidente Zapatero. Así que  hay que empezar a dar explicaciones, cosa que a nuestros políticos ya sabemos que ni les gusta mucho, ni se les da especialmente bien, de ahí el manejo compulsivo de los famosos argumentarios que básicamente son una ristra de obviedades (ya saben “las leyes están para cumplirse”, “acataremos lo que digan los tribunales”, “no ha habido cambio alguno en la política antiterrorista del Gobierno”, etc, etc) cuando no son algo un poco más siniestro (echarle la culpa a otro).

 

Recordemos brevemente, para no aburrir, que empezó la escalada  por las declaraciones del sr. Basagoiti, candidato del PP a las  elecciones en el País Vasco, diciendo que la ley obligaba al Gobierno a esta excarcelación, y siguió con las famosas del sr. Ministro del Interior debatiéndose el pobre entre prevaricar o no prevaricar,  es decir, entre actuar conforme a la ley (conceder el tercer grado sí o sí) o “dictar una resolución injusta a sabiendas” (la de dejar al etarra en la cárcel, para ser tratado allí).  Como saben todos los  juristas, y hasta los no juristas a estas alturas (gracias a lo que se ha escrito sobre el tema) la Ley, en este caso el Reglamento Penitenciario aprobado por RD 190/1996 de 19 de febrero no obligaba al Ministro a nada, sino que le permitía adoptar una decisión que podía ser a) o b), siendo las dos igualmente legales pero bastante distintas, eso sí, en cuanto a valoración y consecuencias, sobre todo consecuencias políticas. El ya famoso artículo artículo 104.4 de dicho Reglamento Penitenciario, que se ha estudiado la Presidenta de la Comunidad de Madrid con tanto provecho (a diferencia por ejemplo de su Ley autonómica sobre Caja Madrid), señala efectivamente que “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad”

 

Esto es así. Nuestro ordenamiento jurídico en numerosas ocasiones deja un margen de actuación bastante amplio al gobernante o al gestor, concediéndole lo que se denomina en lenguaje técnico una potestad administrativa discrecional.  Esto es lógico ya que la Ley no puede preverlo todo, es decir, todos y cada uno de los supuestos concretos que pueden darse en la realidad.  Y si pretendiese hacerlo, el ordenamiento jurídico sería sencillamente inviable por gigantesco, inmanejable y mutable, ya que habría que cambiarlo continuamente para prever cada nuevo caso o situación. Y, aunque bien es cierto que el nuestro ya se ha adentrado bastante por este camino, lo cierto es que, mal que les pese a algunos gobernantes y gestores renuentes a asumir sus propias responsabilidades, todavía hay muchos supuestos en que lo que tienen que hacer es simplemente, elegir, decidir. Y, eso sí, responder de sus decisiones y elecciones. Y para responder lo mejor es empezar por explicarlas.

 

Insisto, los gobernantes tienen margen para actuar dentro de la legalidad en numerosas ocasiones, de forma que pueden equivocarse perfectamente sin prevaricar. Pueden y deben tomar decisiones políticas y de gestión en el marco de las potestades discrecionales que les concede al efecto la Ley. Conceder el tercer grado a a Bolinaga como paso previo a su excarcelación puede ser legal, si se dan las circunstancias que lo permiten (enfermedad terminal  procedimiento establecido, etc, etc)  pero es una decisión que podía no haberse tomado y, por tanto, conlleva una responsabilidad. Lo del político que decide en base a una potestad discrecional y luego dice que la ley no le dejaba hacer otra cosa es sencillamente impresentable.

 

¿Cómo se reconocen estas potestades? Pues habitualmente porque incorporan términos (como ocurre en este caso) tales como “podrá”. Podrá y no “deberá”, “estará obligado” o un término similar que indique un mandato imperativo. Porque hay otras potestades en el ordenamiento jurídico que son regladas, por usar el lenguaje técnico, y en este caso (se usa el término imperativo “deberá” o similar) las decisiones que se adoptan no pueden ser configuradas libremente, sino que deben de adaptarse casi al milímetro a lo que la ley prevé sobre su contenido. Es decir, la decisión está prevista y delimitada en la norma que atribuye la potestad, solo cabe una posible decisión. Por poner un ejemplo lamentablemente de actualidad, si uno se queda  en paro tiene derecho a percibir la prestación de desempleo en la cuantía exacta prevista en la norma y por el tiempo de duración preestablecido. No le pueden dar a uno más o menos dinero ni por más o menos tiempo salvo que se modifique la norma (o salvo que “se tenga mano” con alguien corrupto, claro). Los impuestos, al menos en teoría, son otro buen ejemplo. Solo hay una posible decisión legal y correcta, pagar lo que corresponda en cada caso.

 

Por el contrario, cuando la Administración actúa ejercitando potestades discrecionales, como ha ocurrido en este caso, goza de un margen de libertad mayor pero que – como nos recuerda la doctrina administrativa clásica—tampoco le permite hacer cualquier cosa, o actuar al margen de la norma.  Eso sería una arbitrariedad. De ahí la importancia, por ejemplo, de los informes de los forenses (que en este caso son contradictorios, con el informe de la forense de la Audiencia Nacional diciendo una cosa y el informe “local” diciendo otra) y en último término, del control vía judicial. Porque la Administración (en este caso el Ministerio del Interior) actúa precisamente en virtud de la norma que atribuye la potestad y con el margen de libertad que ésta le permite.

 

Por último, conviene no olvidar que  las potestades administrativas, todas,  solo pueden conferirse para fines públicos o de interés general. Es decir, no pueden concederse para otros fines que no sirvan a los intereses generales, por muy bien que les venga a los titulares de los órganos administrativos, a sus jefes políticos o a los partidos a los que estos pertenecen. Digamos que la Ley no podría conferir una potestad discrecional que dijera algo así como que el Ministerio del Interior podrá excarcelar etarras si considera que es conveniente para los intereses electorales del partido en el Gobierno.

 

En todo caso, hay un medio muy fácil para distinguir entre una legítima decisión en el ejercicio de una potestad discrecional y la pura y simple arbitrariedad en que esta puede fácilmente degenerar,  para no confundir la conveniencia partidista, el acuerdo en la sombra, o simplemente el antojo de la autoridad de turno con una decisión correcta y ajustada a la legalidad, especialmente si aparece revestida de las sacrosantas formalidades propias del ejercicio de las potestades administrativas. En Derecho Administrativo se llama “motivar” y en roman paladino se llama dar explicaciones. Explicar las razones que justifican la decisión. Por lo que llevamos visto, este tipo de conductas es ajena a nuestros dirigentes, incluso en sus órganos internos del partido, así que no esperemos que nadie nos de explicaciones a los ciudadanos, que estamos aquí para tragarnos los argumentarios que tengan a bien proporcionarnos. Interesante concepción de la democracia donde el debate se considera que atenta contra los intereses electorales de los partidos democráticos.

 

Afortunadamente, en nuestra raquítica democracia todavía queda un aliento de vida. Así que el sr. Ministro ni se debe sorprender ni escandalizar porque se discuta, y mucho esta decisión, sobre todo por su sospechoso parecido con el caso De Juana Chaos, cuando el PP de entonces puso el grito en el cielo. Explicaciones que tiene que dar dentro y fuera de su partido. No vale como si fuera un niño pequeño pasar la patata caliente a la “Ley”, la pobre, y ahora, por lo que se ve, al Juez.  Y si sus colegas de partido, sus bases ,sus votantes, o simplemente los ciudadanos consideran que es una decisión equivocada, es normal es que se le exijan las pertinentes responsabilidades, y que se le pida la dimisión.  No hay ningún argumentario que le proteja de su propia responsabilidad, y que es lógico que no la haya, porque si no, podríamos sustituir a los Ministros, políticos o gestores públicos que cuestan un dinero por Jueces. ¿O es que nadie le ha explicado que en eso consiste la política?

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El nacionalismo rescatado: Un país en el diván

 

Cataluña pide finalmente el rescate. La cuestión tiene su gracia, un gobierno nacionalista que defiende la separación de España pide ayuda a España para poder siguiendo ser separatista. Un territorio que emite bonos “patrióticos” pide ayuda al país que quiere destruir para pagar los intereses que adeuda a sus buenos patriotas. Y luego dicen que no son españoles: puro esperpento. Es verdad que el exceso de gasto es enfermedad nacional y que el rescate lo van a pedir otras comunidades “presuntamente” no nacionalistas, pero Cataluña tiene que ser diferente hasta en la forma de pedirlo: lo hace con exigencias (no quiere condiciones), aparentemente tarde y con amenazas (si no llega pronto y ya, va a arder Troya).

 

 

Es un asunto muy manido, algo aburrido, que llega al hartazgo en ocasiones, el de analizar el problema catalán y su incardinación en España, pero qué se le va a hacer, en plena crisis económica y política, querámoslo o no, es una cuestión que está ahí. No quiero entrar a examinar la cuestión de la independencia o no, que ya ha sido analizada en otros posts, solo me quiero limitar a analizar si el nacionalismo resulta rentable hoy para los ciudadanos vascos y catalanes, y por ende, para el resto (por ahora) de España; es decir si vivirían y viviríamos mejor sin nacionalismo. El concepto de nacionalismo que manejo es algo amplio por lo que prefiero hablar de “obsesión identitaria”, pues ésta puede observarse en comunidades que incluso no tienen lengua propia, pero que van imitando determinados “gestos” como la obsesión por contar con un sistema de radio-televisión propio y si es con más de una cadena mejor. El problema es que todo esto no es gratuito y tienen sus costes. Veamos algunos:

 

 

A)    Costes económicos y políticos.

 

Supongo que habrá algún catalán que se pregunte cómo puede ser que la región hasta hace poco más rica de España, con la burguesía más emprendedora y donde nadie quería ser funcionario, se haya convertido “en los últimos años” en una de las más endeudadas de España y la primera en pedir el rescate. ¿Tendrá algo que ver que ha sido gobernada ininterrumpidamente por gobiernos nacionalistas? Noooo. Aquí  para librarse de su responsabilidad el “régimen” identitario encuentra dos chivos expiatorios: uno interno, el tripartito con sus locas políticas de izquierdas, y otro externo, la falta de un verdadero pacto fiscal. Cierto que el desfase presupuestario se acentúa con el tripartito, pero no es tanto por políticas sociales sino por el acelerado gasto impuesto por Esquerra (y asumido por el PSC) en temas identitarios, como es que Cataluña comenzó a abrir embajadas por doquier y a financiar la enseñanza del catalán en países latinoamericanos, a pesar de haber conseguido que el Instituto Cervantes ofrezca cursos de catalán también (duplicidades). En cuanto a la llorera de la falta de financiación tal vez ocurra lo contrario: tanto el País Vasco como Cataluña han conseguido reiteradamente vía chantaje presupuestario (esto es chantaje para aprobar los presupuestos) vías adicionales de financiación a cargo del presupuesto del Estado a lo que se une en el caso vasco un cálculo pretendidamente erróneo del cupo. Éste es el verdadero hecho “objetivo” diferencial, el resto es interpretable.

 

 

En todo caso, parece claro que la obsesión por comportarse como si se fuera un Estado fuerza a incurrir en gastos que ya viene haciendo el Estado central, detrayendo así fondos para las políticas que sí le son propias a las comunidades (por ejm. educación y sanidad), es lo que hemos llamado en otro post la política de “camas por embajadas. En realidad, los gastos aquí no son nada residuales pues bajo el rótulo “acción exterior” se incluyen importantes fondos de cooperación internacional que se suman a los que hace la AECI: en total 120 millones de euros anuales presupuestados por este concepto en Andalucía y 30 en Cataluña.

 

 

Otro rasgo del modelo: puesto que ser nacionalista o, mejor dicho “reforzar la identidad propia”, se puso de moda, todas las CCAA se sumaron al festín recuperando históricas peculiaridades que estaban ya en el olvido (por ejm. el bable asturiano o el califato de Córdoba andalusí). Existe incluso un proyecto financiado por Cataluña que en su día envió una delegación a Canarias (verídico) para enseñarles a crear una lengua propia, ya que dado su carácter insular tenían “chupado” conseguir la independencia en pocos años.

 

 

Y ¿por qué el modelo de “búsqueda de una identidad propia” se puso de moda? Porque en un mundo de crisis religiosa y de las ideologías tradicionales, el nacionalismo ofrece un “maná” muy atractivo. Primero, hagamos de “lo español” sinónimo de todo lo cutre, perezoso, débil, carca…, luego afirmemos que “nosotros” no somos así, para nada, que obviamente somos mejores (cero auto-crítica), y saldrá la ecuación que cualquier psicólogo de opereta busca: refuerce su autoestima sin salir de casa poniendo verde al vecino.

 

 

B)    Costes sociales y psicológicos

 

A todo ello se une un coste oculto que a menudo se calla. El nacionalismo ha conseguido expulsar de sus casas a miles de ciudadanos, bajo la presión mafiosa de “si no eres uno de los nuestros mejor vete a vivir a otra parte”. Esta situación se ha vivido en silencio por demasiadas personas. Además en las escuelas y otros centros cívicos-deportivos, en lugar de promover la convivencia y la tolerancia que se predica en el exterior, se aprovechaba cualquier ocasión para exacerbar el odio a todo lo que sonara a Madrid o “español”. De esto pueden dar testimonio reciente algunos jugadores del Athletic de Bilbao, condenados socialmente por querer ir a la selección. La pregunta es: ¿cuánto nos cuesta el nacionalismo en consultas al psiquiatra?

 

 

Mientras, nuestra marca como país se deterioraba en el extranjero a pasos agigantados donde inversores y no inversores asistían a un espectáculo circense. ¿Usted es español? No, catalán, vasco. Y ¿dónde está Cataluña y el País Vasco? No sabían a qué atenerse: ¿era España un país donde merecía la pena invertir o un país en descomposición? Por cierto que de esta estrategia la primera perjudicada han sido Cataluña y País Vasco, vean las ratios de inversión extranjera en los últimos diez años. Otro coste del nacionalismo que pagan-pagamos todos los ciudadanos.

 

 

Y todo esto, finalmente, ¿para qué? Algunos desconocen que el bávaro es más antiguo que el catalán, pero que hace tiempo que Baviera hizo una apuesta por fortalecer Alemania y reconocer al alemán como lengua común del Estado y por tanto propia (y eso que el alemán se habla menos en el mundo que el español), logrando conciliar sin complejos sus peculiaridades con una defensa de su pertenencia al Estado alemán. Ahí van parte de los 500 puntos básicos de diferencia en la prima de riesgo.

 

 

Y ¿un nuevo Estado en un mundo global? Hace poco leí lo siguiente en un pequeño libro que tal vez le sirva a alguno:

“Allí donde resida la bondad, la inteligencia, la honradez, la sinceridad y una sonrisa dulce, esa es mi patria y mi bandera…, más allá de lo que decida el hecho casual de dónde he nacido, qué lengua hablo o quiénes son mis padres”.

 

 

Pues eso, que nos arruinamos y peleamos… para nada.

 

 

PD: Cuando estoy a punto de cerrar este post un amigo que ha vivido muchos años en Cataluña me manda un interesante comentario sobre el reciente y controvertido post de Sala i Martí:

 

 

“…dice que Cataluña sería súper solvente y mejor independiente. Pero si se lee bien el post, en realidad lo que dice es que Cataluña ha sido muy mal gestionada. Me temo que con estos gestores estaría todavía más hundida si no formará parte de España. De nuevo se antepone la magia de los deseos a la realidad. Y lo peor es que se obvia que Cataluña es lo que es por haber formado parte de España. Si no, de qué hubiera desarrollado su industria, con qué mercado, con qué demografía. Lo bueno es que este tipo de análisis los hiciera alguien que no fuera nacionalista”.