El negocio del conflicto de intereses en España

A raíz del (no) escándalo suscitado por la publicación en la cadena Bloomberg de las actividades de la empresa Estudio Económico S.L,  (incluso en medios como “el País” poco sospechosos de complacencia con el Gobierno) y a la vista de la victoria de las tesis del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la crucial cuestión de la reforma energética   podemos hacernos  algunas reflexiones interesantes sobre el negocio del conflicto de intereses en España.

Recordemos que Equipo Económico S.L  es el despacho donde trabajan el hermano (Ricardo Montoro) y otros cercanos colaboradores del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro. Incluso algunas personas  del  equipo ministerial proceden de la empresa, como es el caso de la Subsecretaria del  Ministerio, aunque la web de la empresa no da mucha información sobre sus socios, seguramente porque no hace falta. El despacho Equipo Económico S.L denominado con anterioridad “Montoro y Asociados”  cambió su nombre cuando el Ministro se desvinculó formalmente de la empresa, al volver a la primera fila de la política nacional.

En cualquier caso no se trata en este post  de hacer periodismo de investigación, ni siquiera de decidir si jurídicamente puede existir un conflicto de intereses en el caso de la anunciada reforma del sector energético por el Ministro de Industria, que tanto puede afectar al sector de las energías renovables. 

Se trata, básicamente, de entender por qué este tipo de noticias, que producen tanto impacto (y daño) fuera de nuestras fronteras tiene tan poco dentro. En ese sentido, es llamativo observar que el interés periodístico se centra básicamente en la pugna política entre los ministros Soria y Montoro,  incluso llegando al nivel de lo que podríamos llamar “cotilleos” (conspiraciones internas, confidencias en los pasillos, luchas soterradas por el poder, etc, etc) más que en lo que, a mi juicio, es mucho más relevante, que es el de la posibilidad de que exista un conflicto de intereses que podría impedir que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España estuviese en condiciones de velar adecuadamente por los intereses generales frente a los de alguna empresa o empresas en particular en un asunto de tantísima trascendencia para España como es la reforma del sector energético.

La empresa sevillana Abengoa líder en la producción de energía termosolar (las empresas a las que asesora Estudio Económico S.L no aparecen en su web contra lo que suele ser frecuente si los clientes son importantes) cuenta como Consejero con Ricardo Martinez-Rico, hermano del actual jefe de Gabinete del sr. Montoro, Felipe Martinez-Rico, que ha “sucedido” al hermano del Ministro Miguel Sebastián, Carlos Sebastián, en el Consejo de esta empresa desde febrero del año pasado. Todo queda, pues, entre hermanos. Pues bien, esta empresa pasa papeles (con membrete de la empresa) al Ministro de Industria, sr. Soria, con la intención, legítima, de influir en el proceso de reforma del sector energético en España, como me imagino que habrán hecho otras muchas empresas. Aunque siempre es recomendable ordenar este tipo de envíos, y recibirlos de la forma más formal y transparente posible, hasta ahí poco más se puede decir. Pero, siempre según esta noticia, lo extraño es que cuando estos mismos papeles llegan al Ministerio de Hacienda,  desaparezcan los membretes de la empresa y pasen a ostentar, por arte de birlibirloque, los del propio Ministerio. Eso sí que se llama convencer a los técnicos para que hagan suyos los argumentos de una empresa privada afectada por una posible regulación. O a lo mejor es que los papeles no han llegado precisamente a los técnicos y se han quedado en el Gabinete del sr. Montoro. Ciertamente difícil de saber, entre hermanos hay una confianza que seguramente borra los contornos entre lo privado y lo público. En cualquier caso, y sea cual sea la verdad, tampoco esta noticia parece haber suscitado mayores comentarios, más allá del habitual runrún y de las  voces que siempre en el anonimato y en privado manifiestan sus dudas sobre este tipo de conductas.

Vista la diferente reacción dentro de España y fuera ante este tipo de conductas, la conclusión parece muy sencilla: en España estas actuaciones que no son precisamente infrecuentes no importan o no preocupan mucho. Ni a los políticos, ni a las empresas, ni a los medios, ni a los ciudadanos. Probablemente porque también hay en España cada vez más gente, ex altos cargos incluidos, que hacen negocio del conflicto de intereses y por tanto, no sorprenden nada este tipo de noticias. Casi parece que escandalizarse es de ingenuos. Nuestro umbral de tolerancia, por así decirlo, al conflicto de intereses (como a otras muchas conductas dudosas, por lo demás) es inusualmente alto comparado con el de otras sociedades situadas más al norte. Así, de manera creciente se ficha a altos funcionarios no ya solo por sus competencias técnicas (que también) sino por sus relaciones y su capacidad de hacer lobby con sus antiguos compañeros, cuando no directamente con sus familiares o parejas. En el caso del fichaje de políticos, muchas veces las competencias técnicas son inexistentes, pero sus relaciones y su agenda son cruciales. Y esto es como la marea, cada vez sube más. Cuando ya no hay ex altos cargos o políticos disponibles las ofertas se extienden a los familiares. Cuando, como es el caso de Espacio Económico, se consiguen fichajes en los que se unen felizmente las competencias técnicas y las relaciones y la agenda (caso del ex Director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, o de Manuel de Vicente-Tutor, que fue jefe de gabinete suyo y es ahora secretario no Consejero de Solaris, además de socio director del despacho) pues miel sobre hojuelas. El negocio va como un tiro.

¿Y el Derecho? Pues para no aburrir, repetiremos que en materia de conflicto de intereses tenemos una normativa teóricamente adecuada   Así, la Ley española de Conflicto de Intereses señala en su art. 4 que hay conflicto de intereses “cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.”.

Pero en la práctica, como ocurre con tantas otras normas en España, esta normativa no funciona demasiado bien. La interpretación decididamente formal que se hace por los órganos administrativos (mejor respetar las formas que el espíritu y finalidad de la ley) y la dependencia jerárquica (con un mísero rango de Subdirección General) del órgano encargado de su control, la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no ayuda mucho. Y tampoco ayuda, conviene no olvidarlo,  la tolerancia social o que los informes de la Oficina tengan como último destinatario (a través del Ministerio) el Congreso de los Diputados.

Si recordamos algunos casos sonados, como el de David Taguas, o el más reciente de Elena Salgado, veremos que las interpretaciones de hasta donde llega el conflicto de intereses son bastante laxas, especialmente si  el “controlado”  tiene importantes  vinculaciones empresariales o políticas, o ambas, que es de lo que se trata. Que estos sean precisamente los posibles casos de conflicto de intereses  a vigilar con mayor esmero, no parece quitarle el sueño a nadie.  Se suele pedir o comprobar el cumplimiento de unos cuantos requisitos formales y todo solucionado.  Y eso que leyendo solo ese artículo de la Ley, parece claro que las dos personas citadas y otras muchas que nos pueden venir a la cabeza tenían un conflicto de intereses como la copa de un pino cuando saltaron, por ejemplo, de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno a la Patronal del sector  de la construcción, o de la cartera ministerial de  Economía y Hacienda a una importante empresa del sector energético.

El caso de la ex ministra Elena Salgado es un ejemplo muy claro como ya escribí en su momento, la contratación por la filial chilena de Endesa permite “saltarse” el espíritu de la norma que solo se cumple formalmente, aunque creo que este caso es tan extremo que hasta se podía discutir si se cumple formalmente (la norma no habla de filiales, solo de empresas)  cosa que por supuesto nadie ha hecho. Como hay tantos casos que cada uno elija el que prefiera.

¿Qué pasa entonces? Pues que el muy amplio concepto de conflicto de intereses se desarrolla y se pretende  hacer operativo mediante una regulación minuciosa que establece una serie de mecanismos formales y burocráticos para intentar evitar que se produzca el conflicto o para remediarlo. Así tenemos un régimen de incompatibilidades, un Registro de actividades, un Registro de bienes y derechos patrimoniales,  un procedimiento administrativo muy completo, una Oficina de Conflicto de Intereses, etc, etc.

En relación con el caso de la empresa Abengoa recordemos la previsión del art. 7.2 de la Ley 5/2006 de 10 de abril de Conflicto de Intereses:

“ Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.”

Ah, dirán ustedes, pues ya está. Pues no, porque el Jefe de Gabinete del sr. Montoro siempre puede decir que él  formalmente no va a adoptar o aprobar acuerdo o resolución alguna en relación con este tema, lo que probablemente es cierto, dada las competencias teóricas de un jefe de Gabinete. (Aunque sobre las competencias formales y las reales de un jefe de gabinete también podríamos hablar, y mucho, como el asunto del asunto del membrete da a entender).

¿Y el Ministro? Pues como ya se recoge en la noticia de Bloomberg menos todavía, ya que, aunque su hermano presida Estudio Económico S.L y esta empresa asesore a empresas del sector, él no el encargado formalmente de elaborar el Anteproyecto de Ley de reforma del sector energético, que es competencia del Ministerio de Industria. Eso sí, el propio Ministro aclara que los aspectos fiscales de la reforma (sobre los que versa precisamente la discusión entre Ministerios y los papeles con o sin membrete de Abengoa) sí son competencia suya. Claro está que, en último término, las leyes se aprueban en el Parlamento, no se nos olvide, así que no son competencia de ningún Ministro. Así que llevando ese razonamiento al extremo, ningún Ministro podría incurrir jamás en conflicto de intereses por lo menos por este motivo.

En conclusión, que  como suele suceder con las leyes españolas más recientes, La ley yel reglamento que la desarrolla ( reglamento (RD 432/2009 de 27 de marzo, pretendiendo prever y solventar los casos concretos en que se pueden producir estos conflictos, atienden más a la casuística y al procedimiento administrativo que al espíritu y finalidad de la ley, por lo que establecen mecanismos muy formales para evitarlos (Registros, procedimientos, oficinas,  etc, etc ) que no obstante resultan bastante menos operativos que los que recogen otras regulaciones, que buscan más conseguir el fin último perseguido que garantizar el cumplimiento de las formas. Si quieren ver como recomienda la OCDE tratar estos casos, o comparar con otras legislaciones, les dejo el link (en inglés) aquí. 

Para terminar, con independencia de lo que dicen nuestras leyes, creo que la conclusión es bastante obvio, lo que escandaliza en Suecia, en Alemania o en Holanda, aquí no le importa a nadie. Lo que no quiere decir que estemos a favor de impedir o prohibir cualquier paso del sector público al privado o viceversa. Lo que no estamos es a favor de hacer trampas al solitario todo el rato. Los lobbies tienen que estar regulados y ser transparentes, como vienen reclamando asociaciones como  APRI. De hecho ya hay en marcha alguna iniciativa al respecto.Y si tienen un rato (unos cuantos minutos) no dejen de ver este interesante video donde se explican perfectamente las conductas morales de los seres humanos en base a unos experimentos ciertamente muy curiosos. http://www.youtube.com/watch?v=_Pstq6Dro1A. Se entienden muchas cosas.