Se habla mucho últimamente (en este blog lo hemos hecho) de la necesidad de replantearnos nuestro modelo autonómico. Un modelo caro, ineficiente y, en muchos casos, sujeto a corruptelas. Efectivamente, es caro, es ineficiente y en muchos casos corrupto pero, a lo mejor, esas carencias se ven compensadas por ser un modelo bueno para los ciudadanos, para las empresas… Eso es lo que quiero plantear en este post, ¿a quién beneficia el modelo autonómico? Porque puede que sea un modelo caro pero que, a la postre, de un gran servicio.

 

Yo soy oriundo de Soria, como dijo Machado, “barbacana hacia Aragón, en castellana tierra” una tierra preciosa. Soria es una provincia que siempre miró hacia Zaragoza y Madrid. La razón era bastante evidente, son las 2 ciudades importantes que tiene más cerca. De hecho, se decía que en Zaragoza viven más sorianos que en Soria. Y posiblemente tengan razón. Yo, de hecho, nací en Zaragoza aunque de familia soriana.

 

Antes de la euforia autonómica, los sorianos iban a la Universidad en Zaragoza o Madrid, cuando tenían problemas de salud eran trasladados a Zaragoza o Madrid. Lo cual era cómodo y natural porque era lo que pillaba más cerca y mejor comunicado y porque una gran parte de los sorianos tenían familiares en esas ciudades. El sistema se ajustaba solo.

 

Pero llegó Castilla y León con su capital, Valladolid. Y todo empezó a cambiar. El problema es que Valladolid está mucho más lejos de Soria que Zaragoza, prácticamente a la misma distancia que Madrid y mucho peor comunicada. Y los sorianos nunca habían mirado a Valladolid. Pero el artificial modelo autonómico les obligó a retorcerse el cuello a la fuerza y empezar a mirar a donde no querían.

 

Y les cuento una anécdota de un familiar mío que tiene un problema de salud que le obliga a frecuentes revisiones. Al principio de su afección, en Castilla y León no se hacían esas revisiones y tuvo que pedir permiso para hacérselas en donde si se hacían, en Madrid. Papeles y más papeles y al final le concedieron el permiso “graciosamente”. Después en Castilla y León empezaron a dar el servicio en Salamanca y querían que fuera a Salamanca. Esta persona tiene familia en Madrid, buenas comunicaciones con Madrid y todo le resultaba cómodo. Salamanca nunca ha tenido ninguna relación con Soria, entre otras cosas porque está lejísimos de Soria y muy mal comunicada. Pero nada, todo sea por el modelo autonómico. Podríamos hablar también de las recetas electrónicas incompatibles entre comunidades o de los servicios de urgencias que atienden de mala gana a ciudadanos de otras comunidades, haciéndonos sentir extranjeros en nuestra propia tierra. No creo que eso suponga ningún beneficio, ninguno.

 

Quizá ha beneficiado a los funcionarios. Pensemos en los profesores de instituto. Antes tenían una oposición nacional que les permitía moverse libremente por toda España. Qué bueno hubiera sido tener una oposición europea que les permitiera moverse por toda Europa, que bueno hubiera sido. Pero no, ahora tienen oposiciones autonómicas que les restringen a Murcia, a La Rioja, a Castilla y León. Ven mermadas sus posibilidades de moverse. No creo que eso suponga ningún beneficio, ninguno.

 

El caso del funcionario de Justicia que tiene que aprender aplicaciones diferentes cuando se cambia de un juzgado a otro ya lo hemos comentado en este blog. Imagínense que un director de sucursal del BBVA se cambia de una sucursal de Murcia a otra de Albacete y llega el primer día a su nueva oficina y se da cuenta de que todos los sistemas son diferentes, que es incapaz de hacer nada. Le dirán, es para atender el hecho diferencial de la oficina de Albacete. No creo que eso suponga ningún beneficio, ninguno.

 

Y finalmente, las empresas. Salvando los casos clientelares, cuando no corruptos, de empresas que han medrado a la sombra de los gobiernos autonómicos, creo que la existencia de 17 parlamentos autonómicos desarrollando una maraña normativa absurda mucho más allá de las necesidades de nuestro país, provoca una complejidad e inseguridad jurídica que en poco beneficia a nuestros empresarios “de verdad”. Desde el transporte a los campings, una empresa de tamaño pequeño o mediano en nuestro país lo tiene difícil para manejarse en este caos normativo que acaba con la unidad de mercado. Quizá ésta sea una de las razones por las que España siempre aparece tan mal parada en las clasificaciones internacionales sobre la  complejidad para poner en marcha nuevas empresas. No creo que eso suponga ningún beneficio, ninguno.

 

Y no voy a entrar en los temas lingüísticos para no herir sensibilidades.

 

Para paliar estos inconvenientes se firman convenios de colaboración entre comunidades limítrofes (cuando les apetece a los políticos y funcionarios) se hacen, de vez en cuando, concursos para moverse entre comunidades, se lanzan grandes proyectos de interoperabilidad, nuestro gobierno anuncia planes para defender la unidad de mercado, primero la rompo, luego la recompongo. Se monta un entramado burocrático costosísimo e ineficiente para paliar los tremendos problemas que el propio modelo de virreinatos causa. Un esfuerzo baldío porque es ponerle puertas al campo. No creo que eso suponga ningún beneficio, ninguno.

 

Estos ejemplos, que sé que son puramente anecdóticos, vienen a mostrar que ni los ciudadanos, ni los funcionarios, ni las empresas se benefician de este costoso e ineficiente modelo. De verdad, he estado pensando y pensando y no se me ha ocurrido ningún ejemplo de un servicio “real” que se haya beneficiado del modelo.

 

Seguramente se benefician los miles de políticos que se han podido colocar gracias a la proliferación de parlamentos, consejerías, direcciones generales, los miles de amigos que se han colocado en los chiringos públicos innecesarios surgidos a la sombra de esas comunidades, las empresas crecidas artificialmente (y clientelarmente) a la sombra de las comunidades. Pero dudo que se haya beneficiado ningún ciudadano, ni ninguna empresa, más allá, insisto, de aquellas con modelos de negocio clientelares de difícil sostenibilidad.

 

El modelo autonómico que se gestó en la transición fue el fruto de muy complejas negociaciones y concesiones en un entorno incierto. Era un modelo que cumplió, con creces, su papel, que era alejarnos de una triste dictadura para acercarnos, con el menos dolor posible, a una esperanzadora democracia. Pero precisamente por gestarse en el momento que lo hizo era un modelo con tremendas carencias. Carencias que hacen que se trate por igual una comunidad autónoma de escasos 300.000 habitantes que una de cerca de 10 millones. Lo inteligente (lo sensato) hubiera sido revisar ese algún tiempo después, cuando el entorno ya se hubiera tranquilizado. Pero llevamos 30 años esperando y eso… no ha pasado.

 

Lo que ha pasado es que nos desayunamos todos los días con noticias sobre como cada una de las  17 comunidades deciden aplicar (o no aplicar) una ley de obligado cumplimiento aprobada por el parlamento nacional que nos representa a todos, o sobre como unos ciudadanos de nuestro país se sienten agraviados por el resto por el hecho de residir en uno u otro territorio, o sobre asuntos tan escabrosos como el del etarra Bolinaga donde la única explicación que encontramos son los apaños y componendas políticas interesadas, o sobre el tremendo coste que supone mantener instituciones replicadas, muchas veces en detrimento de la calidad de los propios servicios públicos, o sobre la proliferación de modelos caciquiles más propios de la España del siglo XIX que la del XXI.

 

El modelo descentralizado debe perseguir una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos y no el acaparar mayores cotas de poder para el beneficio “político” de unos pocos en claro detrimento del beneficio de la sociedad en su conjunto. Y por desgracia, hace tiempo, que el único criterio que percibimos a la hora de acumular nuevas transferencias es este último, poco sentido común y muchos intereses de una clase política en caída libre.

 

Ya sé que ahora está de moda criticar a las comunidades y que mi crítica, en este momento, parece muy oportunista y trivial. Pero miren, nuestro país se enfrenta a grandes problemas en el corto plazo: falta de liquidez, falta de solvencia, paro desbocado. Pero en el medio plazo, y una vez que esos problemas se hayan resuelto, creo que son 4 los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad y que determinarán, de verdad, el futuro de nuestro país: una educación (obligatoria y superior) de mala calidad, unas instituciones desacreditadas, una clase política mediocre y endogámica y un modelo administrativo rancio e ineficiente. Al menos de los 2 primeros problemas se habla. Se hace poco pero los políticos parecen ser conscientes de ello. Del tercero, es difícil que hablen porque un cementerio no lo arreglan sus inquilinos. Pero del cuarto, ¡ay, el cuarto! Nuestros dirigentes, ni lo mencionan. Y yo me siento solo. En una soledad acompañada por decenas de millones de españoles que estoy seguro que piensan igual. Pero me siento solo porque los políticos, a los que hemos elegido, no quieren escuchar este clamor que les pide que reconozcan el problema y que lo solucionen.  Por más que hablamos, nadie nos escucha. Insisto que es uno de los problemas más graves que tenemos y el Sr. Rajoy, como todos sus antecesores, no hace sino pasar de puntillas. Y a mí me produce pavor, estupor y una profunda desesperanza ver cómo ninguno de nuestros dirigentes ni siquiera plantea el problema, como si no existiera, cuando no azuzan más el fuego como hizo nuestro visionario anterior presidente al desempolvar los estatutos de autonomía.  Este post es un grito desesperado a nuestros políticos. Por favor, racionalicen el modelo autonómico, porque además de costoso, ineficiente, propenso a la corrupción y el clientelismo, no supone ningún beneficio real para nuestra sociedad. Solo nos queda la esperanza de que los hombres de negro les abran los ojos. ¡Qué lástima de esperanza!