Aborto, conceptos y dolor

El PP ha impugnado ante el TC tanto la Ley del matrimonio homosexual como la del aborto. Sin embargo, en punto al primer asunto, respecto del cual el electorado popular está más dividido, el Ejecutivo ha confiado la solución a las doctas cabezas de los magistrados constitucionales, mientras que en lo toca al segundo, quizá porque a este respecto la presión de sus votantes es más fuerte, ha preferido promover una reforma legislativa, haciendo de este modo innecesaria la Sentencia del Alto Tribunal.

 

En efecto, recientemente el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunciaba un futuro proyecto de ley con el que –según dice- pretende dos cosas: (i) derogar el que tacha como sistema de “plazos”, implantado por la LO 2/2010, volviendo así al de “supuestos” de la LO 9/1985, el cual, a su juicio, sería el único compatible con la doctrina de nuestro TC (Sentencia nº 53/1985) y (ii) prohibir el aborto “eugenésico” (por malformaciones físicas o psíquicas del feto), el cual aceptó expresamente el TC, pero sería contrario a los Tratados Internacionales suscritos por España, siempre según el Ministro. (También quiere eliminar la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años aborten sin consentimiento de sus progenitores, pero no trataré aquí ese tema.)

 

En definitiva, para el Ministro su reforma no sería fruto de una decisión política, sino un acto de obediencia debida a Normas superiores. Mas no comparto esta tesis. Lo suyo puede ser una alternativa legítima, pero también lo es la Ley vigente. Creo que el Ministro hace una lectura dogmática de la Sentencia 53/1985, a espaldas de la realidad práctica. Y quisiera resaltar, en la línea de posts anteriores, que mirar de frente a la realidad no es una forma de saltarse los conceptos, sino antes bien el modo correcto de construirlos.

 

Comencemos con el aborto “eugenésico”. La Ley de 1985 lo admitía si se verificaba en el plazo de 22 semanas. La de 2010 mantiene esta solución aunque introduce una nueva modalidad, para la cual no establece límite temporal: anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto (lo que podríamos denominar aborto “eutanásico”). Al Ministro le repugnan ambas modalidades. Su argumento es que se discrimina al discapacitado. En sus palabras, «el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel … que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos».

 

Pero la apelación desnuda al principio de igualdad es siempre un recurso peligroso. Por las mismas, podríamos también cargarnos otro de los supuestos que contemplaba la Leyde 1985, el llamado aborto “ético”: ¿acaso es legítimo discriminar al concebido a raíz de una violación versus el que es fruto de una relación consentida? Por otra parte, este argumento solo ataca la diversidad de trato, pero decae cuando no hay tal. Verbigracia, bajo esta óptica, una ley sería intachable si admitiera el aborto libre, sin distinción de supuestos, en el plazo más largo (22 semanas) ¡o incluso sin plazo!

 

Y es que al argumento en cuestión le falta un hervor, el que precisamente le habría dado atender a la doctrina del TC sobre el principio de igualdad. No toda diferencia de trato es inconstitucional. Solo lo es la que persigue un fin (un objetivo práctico) irrazonable o lo hace con medios desproporcionados. ¿Cuál es en este caso el fin? ¿Acaso la mejora de la especie, la depuración genética u otro más atendible?

 

Ya lo contestaremos, pero por ahora señalemos que la misma crítica merece la otra pretensión del Ministro, el ataque al llamado sistema de plazos.

 

Ciertamente, nuestro TC ha declarado que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por la Constitución (art. 15), que solo decae cuando colisiona con un bien o derecho prevalente. Y es de destacar que el Alto Tribunal concedió tal rango a los tres supuestos de la Ley de 1985 (terapéutico, ético y eugenésico), pero exigió que se acreditara su verificación, mediante la evidencia adecuada en cada caso.

 

Ahora bien, mientras no se vista esta objeción con algún ropaje adicional, pienso quela Leyde 2010 la salva limpiamente. Esta también es una ley de supuestos, solo sucede que los contempla de distintas calidades. Hay uno general o básico y otros cualificados. Para estos últimos, el requisito temporal es más laxo (plazo más largo) o incluso (en el caso super-cualificado del aborto eutanásico) inexistente y por eso se exige una justificación más intensa. En el supuesto general, en cambio, el plazo es más estricto (se recorta a 14 semanas) y por eso se admite una justificación menor, pero esta también existe. Estamos ante la indicación de “decisión consciente”: la Ley exige información a la mujer sobre las consecuencias del embarazo o su interrupción y que la intervención solo se practique tras el transcurso de un período de reflexión de 3 días.

 

Obviamente, la pregunta es: la nueva indicación, que parece mucho más liviana, ¿tiene “peso” suficiente como para inclinar a su favor la balanza, en detrimento de la vida del nasciturus, por mucho que este sea más joven? En física, a la hora de decidir qué platillo se hunde, el criterio rector es la fuerza de la gravedad: vence el que es atraído por la tierra con más intensidad y lo es que el que sustenta un objeto con más masa. ¿Cuál es el equivalente ético de la gravitación y la masa?

 

Desde una perspectiva religiosa, ambas preguntas se responden fácilmente: el concebido tiene un alma, puesta por Dios y cuyo peso, por ende, es infinito, de modo que vence en la contienda con cualquier valor. No en vano para la Iglesia ningún supuesto o indicación es legítimo. Respeto esta postura, pero un Estado laico debe atenerse a otro tipo de criterio, no basado en la fe sino en una discusión racional. ¿Cuál? Para mí es claro: el objetivo es hacer un mundo más amable y habitable y, por tanto, pesa más la solución que causa menor sufrimiento.

 

No puedo evitar buscar refrendo, como en posts anteriores, en el cuento de Cenicienta. Los conceptos de “vida independiente o dependiente”, “discapacitado”… son como la zapatilla de Cenicienta. En puridad, su valor viene acotado por el procedimiento empírico con el que se han formado. Tiene “zapateidad del 9”, digamos, el conjunto de mujeres a las que les vale un determinado calzado. Mas esto no resuelve per se el problema del Príncipe; la zapatilla también le vale a las hermanastras, que se han recortado los pies al efecto… El objetivo del Príncipe, que es un remedo de todo estudioso, va más allá y, curiosamente, está también ligado al sufrimiento. El chico quiere una esposa buena y compasiva, como la damita con la que danza en la fiesta, alguien que sepa bailar en sintonía con sus cuitas de hombre y con las del pueblo que habrá de gobernar. Las hermanastras, sin embargo, con sus pies mutilados, solo podrían viajar en carroza, como por cierto les aconseja su madre, experta en el fraude de Ley. El Príncipe advierte esta treta y se lanza las calles a probar él mismo las zapatillas a todas las chicas del reino, en un duro peregrinaje, en el que se mancha con la sangre de las hermanastras, el polvo del camino y, en último término, la ceniza de los pies de Cenicienta. Gracias a estas penurias, él mismo se ha hecho algo “Ceniciento”: la reconoce porque, por la vía del sufrimiento propio, se ha convertido en espejo de su objetivo. Junto a la zapatilla, ha utilizado un instrumento de medida complementario, su propio cuerpo y sensibilidad, que resuenan al contacto con la joven, porque funcionan en su misma frecuencia.

 

Lo mismo pasa con el aborto: es un drama, en el que sufren todos los actores. Ante ello, procede sacar a relucir nuestra compasión, sentir y medir el dolor de cada parte y averiguar de qué modo, en cómputo global, se causa menos daño. Sin ánimo de exhaustividad, repasemos algunas de las variables relevantes.

 

Cuando se lleva a cabo el que he denominado aborto “eutanásico”, se ahorra al nacido una vida claudicante y atravesada por el dolor. Y en los demás casos, aunque suene triste decirlo, quien menos sufre es el concebido. No tanto porque no se le haga daño durante la intervención, sino porque no tiene capacidad para anticipar y temer lo que va a suceder… Padece más la sociedad. Repugna a nuestras emociones pensar que una forma humana pueda acabar como desecho clínico en un contenedor, tanto más cuanto más avanzada se encuentra la gestación. Cuando se extirpa una vida humana, aunque sea en ciernes, parece que se socave filosóficamente el valor de todas, también de la independiente. Esto es particularmente cierto si pensamos en los grupos afectados por las indicaciones cualificadas. Comprendo que las Asociaciones de Discapacitados reaccionen contra la eugenésica, porque defenderla suena como decir que los discapacitados ya nacidos son “menos válidos”, lo cual obviamente es falso. Comprendo que se pretenda apretar las clavijas éticas a las mujeres para que no aborten y no solo en el caso de malformaciones, también en el de violación.

 

Ahora bien, ¿quid si esta persuasión no tiene éxito y la mujer aborta, a pesar de todo? La tesis ultrafeminista sería que ella, con su cuerpo, en el santuario de su intimidad (la privacy a que aludió alguna sentencia americana), puede hacer lo que quiera. En cambio, el Dictamen de nuestro Consejo de Estado utilizó, al informar favorablemente la Ley de 2010, el argumento contrario: la mujer cuando aborta no hace lo que quiere, sino lo que no quiere. No hay que presumir que obra con irreflexión o malevolencia; podemos suponer que actúa de buena fe, impulsada por el dolor. Diría más: esta conclusión es casi obligada. Ella está programada por la evolución para nutrir y llevar a buen puerto a su hijo y si a pesar de esta carga biológica y a pesar del discurso ético que se derrame sobre su conciencia, prefiere el aborto… es porque el dolor que le causa la perspectiva de tener ese hijo es superior. Opera aquí una matemática paradójica. Cuanto más feo se pinta el aborto, más se demuestra la angustia de la mujer que, pese a todo, lo practica. Si esto no es verdad en todo caso, por lo menos lo será en la mayoría y, por cierto, no hay concepto que no se construya así, con apoyo en la estadística.

 

El grado de desarrollo del feto es también un elemento de peso. Evidentemente, no nos alarma igual la “píldora del día después” que la muerte de un concebido ya viable. En atención a ello, la Ley de 2010 no solo no rebajó sino que incrementó la protección, pues puso límite temporal (22 semanas) también a la indicación terapéutica, estimando que a partir de esa fecha el feto ya es viable y por ende cabe cumplir el objetivo (preservar a vida o salud de la madre) por un método menos gravoso (el parto inducido).

 

Otro factor es la proporcionalidad del castigo penal. Los defensores de la reforma se han apresurado a alegar que “el Ministro no quiere meter en la cárcel a las mujeres”, pues en efecto desde la reforma de 2010 a la mujer que comete un aborto ilegal sólo se le multa. No obstante, se sigue castigando con prisión e inhabilitación a los médicos que operan y ese barro trae estos lodos: la mujer que decida abortar sin cobertura legal se verá en la tesitura de viajar a cualquiera de los países de nuestro entorno que tienen la ley adecuada (si dispone de medios para ello) o (en su defecto) ponerse en manos de un héroe que se la juega por ella o de un desaprensivo que le pueda causar un estropicio.

 

Seguro que me dejo mucho en el tintero y precisamente olvido los argumentos anti-abortistas. ¿Pero al menos no están de acuerdo ustedes con que este es el campo de juego que debe acotar el debate? No se puede querer ganar sin bajar del autobús de las grandes palabras; hay que tirarse al ruedo y mezclarse con todos los dolores que causa el problema, a unos y otros; esto es simplemente una batalla entre sufrimientos, incluidos los que inflige o deja de infligir el propio Estado.

 

El caso Ignacio González como paradigma del funcionamiento del sistema político español

Durante el día de hoy la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid va a otorgar por mayoría absoluta su confianza al candidato propuesto por el PP, Sr. Ignacio González, que hasta ahora ostentaba el cargo de vicepresidente. En consecuencia, conforme al art. 18 del Estatuto de Autonomía, el Rey procederá a nombrarle de manera inmediata presidente de la Comunidad. El nombre fue propuesto por la Sra. Aguirre, pues no en vano el candidato fue su mano derecha y colaborador fiel desde hace más de veinte años. Por su parte, tanto la secretaria general del PP como su presidente, Sr. Rajoy, han apoyado la propuesta.

 

Hasta aquí todo parece muy normal, incluso lógico, pero si reflexionamos un poco veremos que no lo es tanto, y que este caso nos puede servir a la perfección como paradigma del funcionamiento (defectuoso) del sistema político español.

 

Lo primero que llama la atención es que los diputados del PP de la Asamblea apenas hayan tenido vela en este entierro, o nacimiento, por ser más exactos. Efectivamente, según el artículo anteriormente citado la competencia para el nombramiento les corresponde a ellos, pero ya sabemos que, en España, esto es una formalidad sin consecuencia alguna. Pasa incluso en el Consejo General del Poder Judicial. La Ley dice que designan unos, pero en realidad son otros los que lo hacen. En este caso al Sr. González le ha bastado con el consentimiento de Esperanza Aguirre y de María Dolores de Cospedal, y a ningún diputado se le ha preguntado su opinión.

 

Probablemente, si la designación para entrar en la lista electoral no dependiese del partido -de tal manera que el diputado no le debiese todo al partido y nada a sus electores- la cosa cambiaría. Por ejemplo, en el Reino Unido, el candidato en estos casos lo designa el grupo parlamentario en una votación interna, sin que el partido tenga nada que decir. Y a la hora de decidir es obvio que los parlamentarios tienen muy en cuenta la idoneidad del candidato y cómo será recibido por sus electores.

 

Esta consideración nos conduce precisamente a la segunda particularidad sorprendente de nuestro sistema político: en España la idoneidad del candidato para ejercer su función es lo de menos. Tal cosa puede parecer a primera vista muy chocante, pero es una regla constante. Fijémonos precisamente en el caso del Sr. González

 

El nuevo presidente ha actuado durante todos estos años en una relativa sombra, debido a que la que proyectaba la Sra. Aguirre, pese a su tamaño físico, era singularmente amplia, dado su gran carisma político. Pero eso no le ha impedido ser un protagonista destacado, tanto en lo bueno como, especialmente, en lo malo. Porque ya se sabe que los jefes pretorianos no pasan a la historia por sus virtudes morales, sino por mantener con vida a sus emperadores, en este caso con vida política (y, a cambio, los emperadores se acostumbran a no hacer preguntas). Sin embargo, por desarrollar ese cometido pagan un precio, no sólo por la multiplicación de enemistades que esa tarea genera, sino también en carisma y en reputación, especialmente en una Comunidad Autónoma que ha pasado por un escándalo tan serio como el caso Gürtel. De hecho, en relación a este tema ya hubo cierto alboroto en la prensa por el famoso ático marbellí y su polémica investigación judicial. Pero la fanfarria viene de más lejos (aquí).

 

La consecuencia evidente es que, desde el punto de vista electoral, esta opción no es la mejor para el partido en el Gobierno. El PP arriesga con ella varias cosas. En primer lugar, que en los próximos meses o años surjan graves disensiones internas o nuevas revelaciones desagradables con riesgo de hundir aun más la confianza de la ciudadanía en general (y de su electorado en particular) en la clase política española, todo ello en un momento político y social muy delicado. Es más, según informa la prensa, el Sr. Rajoy solicitó a su Ministro del Interior garantías en relación con ese tema, y no accedió hasta que le fueron concedidas (curiosa petición y curiosa contestación, sin duda). En segundo lugar, como consecuencia de esa pérdida de carisma y prestigio, el PP arriesga la mayoría absoluta en una Comunidad Autónoma tan decisiva como es Madrid.

 

La explicación de por qué se quiere asumir ese riesgo es, como tantas cosas de nuestra partitocracia, exclusivamente de consumo interno. El aparato de Génova está encantado con la desaparición de Esperanza Aguirre, única y débil amenaza a la tiránica “oligarquía” -en expresión del politólogo Robert Michels- representada por la actual cúpula del PP, sin darse cuenta de que esa desaparición es desastrosa para los intereses electorales del partido a medio plazo. Cambian encantados un enemigo interno con carisma por otro que consideran más vulnerable, cualquiera que sea el precio que haya que pagar por ello. Que electoralmente el cambio es nefasto lo sabe cualquiera que no piense exclusivamente en su situación personal dentro de la estructura, lo que nos conduce a la siguiente nota curiosa de nuestro sistema: la cúpula del partido es inmune a las derrotas electorales del partido, por lo que la situación personal en su estructura no depende de ganar o perder.

 

Efectivamente, la tercera característica es que los dirigentes de un partido pueden perder elecciones sin sufrir desgaste alguno. Esto lo hemos comprobado en los últimos años hasta la saciedad. Aznar perdió dos elecciones hasta que ganó. Luego se fue porque, hay que reconocerlo, era el único que se creía verdaderamente su propia doctrina. Luego Rajoy perdió otras dos (y una saliendo desde el Gobierno, que tiene más mérito) hasta que ganó por agotamiento, y ahora le toca el turno a Rubalcaba, que está muy animado con los precedentes, y pese a perder de manera catastrófica hace un año, piensa que todavía puede perder otra vez. Esto no ocurre en casi ningún otro país del mundo. Pero en España las derrotas no menoscaban el poder del líder porque, como todos los aspirantes dependen de él para entrar en las listas y en los múltiples cargos a repartir, no puede tener oposición dentro del partido. No obstante, esa tiranía tiene una excepción importante que la cúpula de Génova no está valorando adecuadamente y que nos conduce a la última nota que quiero destacar ahora: el poder territorial.

 

La cuarta y última nota verdaderamente curiosa de nuestro sistema político es que nuestra organización territorial ha conseguido crear la maravilla de que sus políticos sean tan incontrolables por los ciudadanos como por los dirigentes de sus partidos. La cúpula de Génova piensa que podrá desactivar próximamente al Sr. González bloqueando su acceso a la dirección del partido regional, que todavía ostenta Esperanza Aguirre. Pero sospecho que lo va a tener complicado. Si hasta Tomás Gómez, una vez instalado cómodamente al mando de la estructura le ganó el pulso a Zapatero, ¿qué cabe esperar  en el caso de Ignacio González, que es infinitamente más listo y que va a pasar a controlar desde hoy un presupuesto millonario?

 

No se trata sólo de la capacidad de controlar el partido internamente. Los presupuestos que manejan las Comunidades permiten crear con enorme facilidad redes clientelares lo bastante densas como para que no se escape ningún pececillo. No hay que olvidar que las CCAA casi reparten más bicocas que el propio Gobierno de España. A ello hay que añadir su funcionamiento como verdaderas taifas, sin apenas control ni fiscalización de ningún tipo. Esperanza Aguirre va a proporcionar a su valido el tiempo necesario para que cuando llegue el momento ya no la necesite. El poder territorial es una piedra filosofal que permite transformar tibios en incondicionales a una velocidad pasmosa. Pues bien, en ese instante se habrá alcanzado el milagro de estar blindado tanto frente al partido como frente a los electores. Es cierto que puede perder las próximas elecciones, y seguramente va a hacerlo, pero no hay problema, porque se aplicará entonces la regla tercera y continuará, como su correligionario Tomás Gómez, de derrota en derrota hasta la victoria final.