Más sobre el FROB: el “caso Bankia”

Como continuación de mi anterior post, en el que mostraba mi sorpresa e indignación sobre la forma en que se han gestionado los recursos públicos en el rescate financiero a través del FROB, me gustaría hacer mención a un caso que conozco bien (o que voy conociendo mejor poco a poco), que es el de Bankia.

 

Al margen de las implicaciones contables, indiciariamente delictivas, que dieron lugar al nacimiento del SIP de Bankia, mediante la integración de 7 Cajas de Ahorro, y su posterior salida a bolsa, me gustaría centrarme ahora en la actuación del FROB, cuyos poderes de actuación se han reforzado sustancialmente mediante el recientísimo RD 24/2012 y que funciona supuestamente al servicio del interés general con la finalidad de reorganizar y sanear el sistema financiero español.

 

Para valorar si realmente sirve a tan loable interés o a otros más bien espurios e inconfesables se hace imprescindible referir la siguiente secuencia cronológica de hechos:

 

(i)                  Con fecha 29 de junio de 2010 la Comisión Rectora del FROB acordó apoyar financieramente el proceso de integración de las Cajas de Ahorro del denominado “Grupo Bankia” mediante el compromiso de Suscripción de Participaciones Preferentes Convertibles (PPC, esto es un préstamo) por un importe de 4.465 millones de euros. Obviamente, la concesión de dicho préstamo se acordó previa la realización de diversos informes económicos (especialmente uno, realizado por una importante compañía auditora) que aseguraban que, incluso en el escenario económico mas adverso que pudiera imaginarse, la entidad iba a ser capaz de devolver dicho préstamo en un plazo máximo de 5 años.

 

(ii)                El 3 de diciembre de 2010, día de constitución del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Sociedad Central del SIP, la misma realizó la citada emisión de PPC por importe de 4.465 millones de euros que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por el FROB (aproximadamente 100 euros por español si hacemos la cuenta). Ese mismo día los accionistas de BFA llevaron a cabo una ampliación de capital consistente en la emisión de 9 millones de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, suscritas íntegramente por las Cajas de Ahorro integrantes del SIP. La prima de emisión ascendió a 11.396 millones de euros.

 

(iii)               Las acciones fueron desembolsadas en su totalidad por las Cajas mediante una aportación no dineraria consistente en un denominado “derecho de mutualización” que no era otra cosa que el compromiso de aportar todo su negocio financiero. Dicha aportación no dineraria fue objeto de valoración, por importe de 11.405 millones de euros.

 

(iv)              Gracias a dicha apoyo financiero del FROB y el otros miles de pequeños inversores Bankia debutó en bolsa el día 20 de julio de 2011, mediante la emisión de 824.572.253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión por acción de 1,75 euros (3,75 euros en total), lo que supuso una ampliación de capital por un importe total de 1.649 millones de euros, con una prima de emisión de 1.443 millones de euros

 

(v)               Toda esta supuesta historia de éxito empresarial cambió de signo pocos meses después. A raíz de la negativa de los auditores de la compañía a avalar las cuentas del ejercicio 2011 formuladas por el Consejo de Administración, se descubrió un “agujero financiero” que requería de aportes de capital por nada menos que de 23.465 millones de euros, contando con la conversión del anterior préstamo en acciones ordinarias, lo que la convertía en el mayor rescate financiero de la historia de España.

 

(vi)              Lo anterior sucedió simultáneamente a la reformulación de las cuentas de la entidad, que pasaban de reflejar unos supuestos beneficios de 309 millones a arrojar unas pérdidas de nada menos que 2.979 millones de euros, llegando a perder las acciones un 82 % de su valor en bosa y más de 5.000 millones en capitalización bursátil en un año.

 

(vii)            La solicitud de recapitalización de Bankia fue atendida por la Comisión Rectora del FROB en su reunión de fecha 11 de mayo, que pasaba de esta manera a ser el principal accionista de BFA, una sociedad que según los recientes informes encargados a expertos independientes, vale menos que nada, pues ha sido valorada en -13.635 millones.

 

(viii)           En definitiva, en pocos meses BFA/Bankia pasó de ser perfectamente capaz de devolver 4.465 millones de euros (teniendo en cuenta los informes realizados sobre la base de su contabilidad) a resultarle imposible y tener que pedir un rescate por importe de 23.465 millones, a cambio del cual el FROB se ha quedado con una sociedad que no solo no vale nada, sino que tiene unas deudas de 13.635 millones de euros.

 

¿Se imaginan Uds. que el prestamista inicial de los 4.465 millones de euros hubiera sido un banco u otra entidad privada?

 

¿Cuánto habría tardado en interponer una demanda millonaria o una querella para depurar las responsabilidades incurridas por el posible falseamiento de la realidad contable de la entidad?

 

Ese hipotético prestamista privado, ¿se habría comprometido a aportar 19.000 millones más sin comprobar las razones por las que su prestatario se ha declarado incapaz de devolver el préstamo y depurar en su caso las responsabilidades existentes?

 

Pues bien, no sólo nada hizo el FROB para intentar recuperar los millones perdidos en la operación (dinero de todos los españoles, no lo olvidemos), sino que admitida a trámite la querella presentada por el partido UPyD frente a todos los integrantes del Consejo de Administración de BFA/Bankia, dicha entidad pública:

 

(i)          Se ha personado en el procedimiento exclusivamente como “interesado” y no como acusación, como sería esperable teniendo en cuenta que es el principal perjudicado.

 

(ii)         En la primera actuación judicial en la que ha participado su representación legal ha reconocido no haber impulsado ni iniciado actuación formal alguna dirigida a investigar o depurar las posibles responsabilidades incurridas.

 

(iii)       No nos consta que ni siquiera haya encargado una valoración o cuantificación del dinero perdido en toda esta operación ni cuanto está dispuesto a perder si resulta que lo comprometido hasta ahora no es suficiente tampoco.

 

Que cada cual saque sus propias conclusiones sobre si el FROB defiende realmente el interés general, esto es, el de todos y cada uno de los ciudadanos que han aportado su dinero para rescatar a las entidades financieras (privadas) arruinadas.

 

¿Hay Derecho?, el blog jurídico más visitado

La magnífica web, y sumamente recomendable para cualquier jurista, www.notariosyregistradores.com tiene la saludable costumbre de hacer una clasificación de páginas jurídicas españolas por el número de visitas, según el contador Alexa. Ver clasificación.

 

En esta última oleada, este blog resulta estar en el puesto 17 de toda España, y se consolida como el blog jurídico más visitado.

 

Nos satisface, desde luego, que muchas personas se acerquen a conocer nuestros contenidos, y también la calidad y profundidad de los comentarios de un número importante de esas personas en cada uno de los posts. En muchas ocasiones, el post es el inicio de una viva conversación a varias voces, concordantes o discrepantes según los casos, pero no estridentes o extremistas sino respetuosas.

 

Los editores no sabemos cómo hemos conseguido este efecto de colaboración, pero lo reconocemos como una de los principales atractivos del blog, y por ello queremos hoy de manera expresa agradecer a todos nuestros comentaristas sus aportaciones.

 

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Aborto, conceptos y dolor

El PP ha impugnado ante el TC tanto la Ley del matrimonio homosexual como la del aborto. Sin embargo, en punto al primer asunto, respecto del cual el electorado popular está más dividido, el Ejecutivo ha confiado la solución a las doctas cabezas de los magistrados constitucionales, mientras que en lo toca al segundo, quizá porque a este respecto la presión de sus votantes es más fuerte, ha preferido promover una reforma legislativa, haciendo de este modo innecesaria la Sentencia del Alto Tribunal.

 

En efecto, recientemente el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunciaba un futuro proyecto de ley con el que –según dice- pretende dos cosas: (i) derogar el que tacha como sistema de “plazos”, implantado por la LO 2/2010, volviendo así al de “supuestos” de la LO 9/1985, el cual, a su juicio, sería el único compatible con la doctrina de nuestro TC (Sentencia nº 53/1985) y (ii) prohibir el aborto “eugenésico” (por malformaciones físicas o psíquicas del feto), el cual aceptó expresamente el TC, pero sería contrario a los Tratados Internacionales suscritos por España, siempre según el Ministro. (También quiere eliminar la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años aborten sin consentimiento de sus progenitores, pero no trataré aquí ese tema.)

 

En definitiva, para el Ministro su reforma no sería fruto de una decisión política, sino un acto de obediencia debida a Normas superiores. Mas no comparto esta tesis. Lo suyo puede ser una alternativa legítima, pero también lo es la Ley vigente. Creo que el Ministro hace una lectura dogmática de la Sentencia 53/1985, a espaldas de la realidad práctica. Y quisiera resaltar, en la línea de posts anteriores, que mirar de frente a la realidad no es una forma de saltarse los conceptos, sino antes bien el modo correcto de construirlos.

 

Comencemos con el aborto “eugenésico”. La Ley de 1985 lo admitía si se verificaba en el plazo de 22 semanas. La de 2010 mantiene esta solución aunque introduce una nueva modalidad, para la cual no establece límite temporal: anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto (lo que podríamos denominar aborto “eutanásico”). Al Ministro le repugnan ambas modalidades. Su argumento es que se discrimina al discapacitado. En sus palabras, «el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel … que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos».

 

Pero la apelación desnuda al principio de igualdad es siempre un recurso peligroso. Por las mismas, podríamos también cargarnos otro de los supuestos que contemplaba la Leyde 1985, el llamado aborto “ético”: ¿acaso es legítimo discriminar al concebido a raíz de una violación versus el que es fruto de una relación consentida? Por otra parte, este argumento solo ataca la diversidad de trato, pero decae cuando no hay tal. Verbigracia, bajo esta óptica, una ley sería intachable si admitiera el aborto libre, sin distinción de supuestos, en el plazo más largo (22 semanas) ¡o incluso sin plazo!

 

Y es que al argumento en cuestión le falta un hervor, el que precisamente le habría dado atender a la doctrina del TC sobre el principio de igualdad. No toda diferencia de trato es inconstitucional. Solo lo es la que persigue un fin (un objetivo práctico) irrazonable o lo hace con medios desproporcionados. ¿Cuál es en este caso el fin? ¿Acaso la mejora de la especie, la depuración genética u otro más atendible?

 

Ya lo contestaremos, pero por ahora señalemos que la misma crítica merece la otra pretensión del Ministro, el ataque al llamado sistema de plazos.

 

Ciertamente, nuestro TC ha declarado que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por la Constitución (art. 15), que solo decae cuando colisiona con un bien o derecho prevalente. Y es de destacar que el Alto Tribunal concedió tal rango a los tres supuestos de la Ley de 1985 (terapéutico, ético y eugenésico), pero exigió que se acreditara su verificación, mediante la evidencia adecuada en cada caso.

 

Ahora bien, mientras no se vista esta objeción con algún ropaje adicional, pienso quela Leyde 2010 la salva limpiamente. Esta también es una ley de supuestos, solo sucede que los contempla de distintas calidades. Hay uno general o básico y otros cualificados. Para estos últimos, el requisito temporal es más laxo (plazo más largo) o incluso (en el caso super-cualificado del aborto eutanásico) inexistente y por eso se exige una justificación más intensa. En el supuesto general, en cambio, el plazo es más estricto (se recorta a 14 semanas) y por eso se admite una justificación menor, pero esta también existe. Estamos ante la indicación de “decisión consciente”: la Ley exige información a la mujer sobre las consecuencias del embarazo o su interrupción y que la intervención solo se practique tras el transcurso de un período de reflexión de 3 días.

 

Obviamente, la pregunta es: la nueva indicación, que parece mucho más liviana, ¿tiene “peso” suficiente como para inclinar a su favor la balanza, en detrimento de la vida del nasciturus, por mucho que este sea más joven? En física, a la hora de decidir qué platillo se hunde, el criterio rector es la fuerza de la gravedad: vence el que es atraído por la tierra con más intensidad y lo es que el que sustenta un objeto con más masa. ¿Cuál es el equivalente ético de la gravitación y la masa?

 

Desde una perspectiva religiosa, ambas preguntas se responden fácilmente: el concebido tiene un alma, puesta por Dios y cuyo peso, por ende, es infinito, de modo que vence en la contienda con cualquier valor. No en vano para la Iglesia ningún supuesto o indicación es legítimo. Respeto esta postura, pero un Estado laico debe atenerse a otro tipo de criterio, no basado en la fe sino en una discusión racional. ¿Cuál? Para mí es claro: el objetivo es hacer un mundo más amable y habitable y, por tanto, pesa más la solución que causa menor sufrimiento.

 

No puedo evitar buscar refrendo, como en posts anteriores, en el cuento de Cenicienta. Los conceptos de “vida independiente o dependiente”, “discapacitado”… son como la zapatilla de Cenicienta. En puridad, su valor viene acotado por el procedimiento empírico con el que se han formado. Tiene “zapateidad del 9”, digamos, el conjunto de mujeres a las que les vale un determinado calzado. Mas esto no resuelve per se el problema del Príncipe; la zapatilla también le vale a las hermanastras, que se han recortado los pies al efecto… El objetivo del Príncipe, que es un remedo de todo estudioso, va más allá y, curiosamente, está también ligado al sufrimiento. El chico quiere una esposa buena y compasiva, como la damita con la que danza en la fiesta, alguien que sepa bailar en sintonía con sus cuitas de hombre y con las del pueblo que habrá de gobernar. Las hermanastras, sin embargo, con sus pies mutilados, solo podrían viajar en carroza, como por cierto les aconseja su madre, experta en el fraude de Ley. El Príncipe advierte esta treta y se lanza las calles a probar él mismo las zapatillas a todas las chicas del reino, en un duro peregrinaje, en el que se mancha con la sangre de las hermanastras, el polvo del camino y, en último término, la ceniza de los pies de Cenicienta. Gracias a estas penurias, él mismo se ha hecho algo “Ceniciento”: la reconoce porque, por la vía del sufrimiento propio, se ha convertido en espejo de su objetivo. Junto a la zapatilla, ha utilizado un instrumento de medida complementario, su propio cuerpo y sensibilidad, que resuenan al contacto con la joven, porque funcionan en su misma frecuencia.

 

Lo mismo pasa con el aborto: es un drama, en el que sufren todos los actores. Ante ello, procede sacar a relucir nuestra compasión, sentir y medir el dolor de cada parte y averiguar de qué modo, en cómputo global, se causa menos daño. Sin ánimo de exhaustividad, repasemos algunas de las variables relevantes.

 

Cuando se lleva a cabo el que he denominado aborto “eutanásico”, se ahorra al nacido una vida claudicante y atravesada por el dolor. Y en los demás casos, aunque suene triste decirlo, quien menos sufre es el concebido. No tanto porque no se le haga daño durante la intervención, sino porque no tiene capacidad para anticipar y temer lo que va a suceder… Padece más la sociedad. Repugna a nuestras emociones pensar que una forma humana pueda acabar como desecho clínico en un contenedor, tanto más cuanto más avanzada se encuentra la gestación. Cuando se extirpa una vida humana, aunque sea en ciernes, parece que se socave filosóficamente el valor de todas, también de la independiente. Esto es particularmente cierto si pensamos en los grupos afectados por las indicaciones cualificadas. Comprendo que las Asociaciones de Discapacitados reaccionen contra la eugenésica, porque defenderla suena como decir que los discapacitados ya nacidos son “menos válidos”, lo cual obviamente es falso. Comprendo que se pretenda apretar las clavijas éticas a las mujeres para que no aborten y no solo en el caso de malformaciones, también en el de violación.

 

Ahora bien, ¿quid si esta persuasión no tiene éxito y la mujer aborta, a pesar de todo? La tesis ultrafeminista sería que ella, con su cuerpo, en el santuario de su intimidad (la privacy a que aludió alguna sentencia americana), puede hacer lo que quiera. En cambio, el Dictamen de nuestro Consejo de Estado utilizó, al informar favorablemente la Ley de 2010, el argumento contrario: la mujer cuando aborta no hace lo que quiere, sino lo que no quiere. No hay que presumir que obra con irreflexión o malevolencia; podemos suponer que actúa de buena fe, impulsada por el dolor. Diría más: esta conclusión es casi obligada. Ella está programada por la evolución para nutrir y llevar a buen puerto a su hijo y si a pesar de esta carga biológica y a pesar del discurso ético que se derrame sobre su conciencia, prefiere el aborto… es porque el dolor que le causa la perspectiva de tener ese hijo es superior. Opera aquí una matemática paradójica. Cuanto más feo se pinta el aborto, más se demuestra la angustia de la mujer que, pese a todo, lo practica. Si esto no es verdad en todo caso, por lo menos lo será en la mayoría y, por cierto, no hay concepto que no se construya así, con apoyo en la estadística.

 

El grado de desarrollo del feto es también un elemento de peso. Evidentemente, no nos alarma igual la “píldora del día después” que la muerte de un concebido ya viable. En atención a ello, la Ley de 2010 no solo no rebajó sino que incrementó la protección, pues puso límite temporal (22 semanas) también a la indicación terapéutica, estimando que a partir de esa fecha el feto ya es viable y por ende cabe cumplir el objetivo (preservar a vida o salud de la madre) por un método menos gravoso (el parto inducido).

 

Otro factor es la proporcionalidad del castigo penal. Los defensores de la reforma se han apresurado a alegar que “el Ministro no quiere meter en la cárcel a las mujeres”, pues en efecto desde la reforma de 2010 a la mujer que comete un aborto ilegal sólo se le multa. No obstante, se sigue castigando con prisión e inhabilitación a los médicos que operan y ese barro trae estos lodos: la mujer que decida abortar sin cobertura legal se verá en la tesitura de viajar a cualquiera de los países de nuestro entorno que tienen la ley adecuada (si dispone de medios para ello) o (en su defecto) ponerse en manos de un héroe que se la juega por ella o de un desaprensivo que le pueda causar un estropicio.

 

Seguro que me dejo mucho en el tintero y precisamente olvido los argumentos anti-abortistas. ¿Pero al menos no están de acuerdo ustedes con que este es el campo de juego que debe acotar el debate? No se puede querer ganar sin bajar del autobús de las grandes palabras; hay que tirarse al ruedo y mezclarse con todos los dolores que causa el problema, a unos y otros; esto es simplemente una batalla entre sufrimientos, incluidos los que inflige o deja de infligir el propio Estado.