¿Justicia de dos velocidades? Un alegato en contra del Proyecto de Ley de tasas judiciales
¿Es el Proyecto de Ley de tasas judiciales una Justicia de dos velocidades? No, en mi opinión es sencillamente una Justicia para quien pueda pagársela, y ninguna para el que no pueda. Simplemente, miles de euros por demandar, miles de euros por recurrir a pagar por toda persona física que gane más de 1.100€ por unidad familiar, sin graduación en función de la capacidad económica. Las personas físicas son tratadas igual que una empresa multinacional. Y si no se paga se queda uno sin derecho, porque no se dará trámite al escrito sin el justificante del abono.Las tasas son descabelladas e inasumibles para cuantías de litigio altas y medias, y disuasorias para cuantías pequeñas. Ya he explicado en otro lugar con ejemplos qué va a pasar y también he expuesto las razones por las que este Proyecto es inconstitucional en el mismo sentido que otros autores, como Andrés de la Oliva aquí.
Y tampoco repetiré obviedades como que que el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución y en los Convenios Internacionales es un pilar del Estado de Derecho, porque es el límite a la arbitrariedad del Estado y de los poderosos. En los desafueros cotidianos hay grados.
Pero sí quiero insistir en lo siguiente:
Cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales incluyen la retirada del proyecto en sus reivindicaciones con amenaza hasta de huelga; los mismos que se verían descargados de trabajo, porque no se puede descongestionar los tribunales a costa de la indefensión de millones de ciudadanos.
Cuando los abogados salen a la calle en toda España, y los Jueces Decanos con ellos
Cuando todos los presidentes de Audiencias Provinciales de España lo rechazan;
Cuando todas las asociaciones de consumidores denuncian que el proyecto es el fin de Derecho del Consumo
Cuando los Colegios de Abogados promueven envío masivo de cartas a la Defensora del Pueblo (y quien esto firma aprovecha este foro para pedir al lector que lo haga si está de acuerdo, porque la Defensora del Pueblo puede interponer recurso de inconstitucionalidad).
Cuando la oposición abandona la Comisión de Justicia del Congreso porque el rodillo parlamentario impone que no solo no se acepten enmiendas salvo las del PP, insignificantes (análisis de las enmiendas: http://veronicadelcarpio.wordpress.com/2012/10/20/enmiendas-del-pp-al-inconstitucional-proyecto-de-tasas-judiciales-una-burla), sino que también se va por trámite de urgencia para que ni se discuta en Pleno un proyecto de tal relevancia y tachado de inconstitucional por la oposición y todos los operadores jurídicos, y para que entre en vigor ya, el 21 de noviembre
Algo muy grave se está intentando perpetrar, algo que ni como juristas ni como ciudadanos podemos tolerar, y todavía podemos evitarlo. Pero reaccionando deprisa, porque esto se echa encima.
Las soluciones alternativas como la mediación, sin perjuicio de su necesidad, no pueden dar respuesta a muchos supuestos, como el que exista una parte fuerte que no quiera negociar, sino imponer. Lo que pasa también con el Estado, con el que no se negocia, y estas tasas se aplican también en la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Fomentar medidas alternativas a los juicios? Sí, sin duda. Pero siempre partiendo de que se retiren estas tasas inconstitucionales, injustas y discriminatorias. Cualquier medida ha de partir de que no haya dejación por parte del Estado de su obligación mínima de impartir justicia, que tiene en monopolio.
Las llamadas a la reflexión han sido desoídas. Muchos juristas hacemos lo que está en nuestra mano para que este insensato proyecto no se apruebe, y seguiremos después si la presión social no impide que salga adelante. Nos gustaría también contar con quien esto esté leyendo. Porque hay un límite: el límite es el Estado de Derecho.
Colegiada en el año 1986 en el Colegio de Abogados de Madrid, desde entonces se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión, con despacho propio, especializada en el área de Derecho Civil. Profesora Asociada de Derecho Civil del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), impartiendo docencia en Primer y Segundo Ciclo de la Licenciatura de Derecho y en Grado de Trabajo Social. Mantiene un blog jurídico personal: http://veronicadelcarpio.wordpress.com/
Veronica dixit “porque el rodillo parlamentario impone que no solo…..”. En esta web no se escatiman las críticas al Gobierno y a sus proyectos legislativos. De manera precisa, analítica y con una cuidada exposición hemos leido decenas de magníficas entradas sobre lo desafortunado de determinadas actuaciones del Gobierno-Cortes Grales, lo miope por corto placista de muchas de las reformas/recortes. Pero Verónica se ha apuntado al tono de denuncia propio de los mitineros. Sra. del Carpio “el rodillo” es una mayoría producto de una elección democrática y su uso con intención de demerito es un desproposito en un asunto en cuyo fondo acierta Ud. 100%. Le agradecería mantuviera el tono de denuncia profesional habitual en las entradas de esta web.
Estimado Ignacio: Agradezco el elogio y la crítica. Soy una pacífica abogada y docente, y mis planteamientos jamás han sido ideólogicos. Mi blog y mis publicaciones jurídicas en medios digitales y tradicionales van dirigidos a juristas, y estoy deseando escribir con la profundidad y mesura jurídica que el tema merece, como siempre he hecho. Pero me preocupan la pasividad general, el desconocimiento; que este tema siga sin salir en los periódicos. Llevamos meses los abogados denunciando la situación en tono reflexivo, llamando a la cordura, haciendo gestiones. Si aquí he escogido el otro sistema a mi pesar, es porque me entristece profundamente ver que esto se va a aprobar el día 21, y desespero al no ver otra vía que la de cambiar mi forma de expresión de siempre. Hay en borrador otro post ya sí sesudo y serio, sobre jurisprudencia europea, que si la amabilidad de los editores de Hay Derecho lo sigue permitiendo, se publicará aquí. Personalmente no tengo ninguna duda de qué prefiero: el razonamiento jurídico al planfleto, que nunca he hecho y espero que las circunstancias no me obliguen a hacer nunca más. También en mi blog estoy deseando escribir sobre el testamento ológrafo y el rebus sic stantibus, pero por ahora la conciencia no me lo permite. Gracias por su interés. Sé que coincidimos en el fondo; en la forma, yo tampoco coincido con lo que he tenido que escribir.
No quisiera reiterar lo que ya he comentado en otros posts sobre este mismo tema y sobre la reforma de la Justicia en general. El asunto se está planteando por el Ministerio como “tasas para financiar la justicia gratuita” (ver, por ejemplo, hoy mismo: http://www.lexdiario.es/noticias/150480/gallardon-propone-unificar-el-turno-de-oficio-para-garantizar-el-acceso )
Desde el punto de vista lógico se trata de una falacia, desde el punto de vista hacendístico, al no existir impuestos “finalistas” exactamente igual. Que se manifieste todo el mundo no es argumento, que se apruebe por la mayoría absoluta parlamentaria (e incluso por el 100%) tampoco es un argumento, pues la argumentación es otra cosa. La Justicia no es un servicio público, es el basamento de un Estado de Derecho, y no puede ser sometida a tasas, especialmente “para el ejercicio de la potestad jurisdiccional” que sería meramente disuasorias o “desatascantes” como se plantean la mediación y el arbitraje que en realidad tienen una función mucho más seria y profunda que desatascar la mal llamada “administración” de Justicia. Otra cosa es imponer el litigante temerario incluso el coste completo del procedimiento que ha motivado (muchas veces el temerario es el demandado y no el demandante, que se “financia” gracias a la dilacion procesal). Esperemos que el clamor profesional surta algún efecto.
Habida cuenta de que en este blog intervienen bastantes profesores universitarios (que ellos sí tienen tiempo de estudiar e investigar), echo en falta intervenciones que expliquen lo que en este ámbito se hace en otros países.
A menudo en España creemos que estamos inventando el tebeo y descubriendo el Mediterráneo, y sin embargo generalmente todas estas cuestiones ya se han planteado en otros países de nuestra órbita cultural y jurídica.
No soy de las que sostienen que todo lo foráneo es mejor (y me consta que en otros sistemas jurídicos hay grandes carencias y deficiencias: ahí están los Estados Unidos con su pena de muerte, o el caso de cierto deportista que fue absuelto penalmente de asesinato y condenado civilmente por el mismo hecho). Pero estoy convencida de que hay muchas cosas de las que podríamos aprender.
¿Hay tasas judiciales en otros países de la U.E.? Y si las hay, ¿cómo funcionan? Y en todo caso, ¿qué otras medidas existen en sus leyes procesales para reducir la litigiosidad?
Ya no lo diré más, pero ¡sería tan enriquecedor que alguien nos ilustrase sobre estos asuntos!
Quizá pueda aportar algo al respecto. Hay países UE con tasas, no éstas, y no iguales, y con diversos criterios; y comparar sistemas jurisdiccionales heterogéneos es complejo, porque sería lo mismo que decir que aquí los notarios son caros porque tienen funciones distintas a otros sitios. Las tasas judiciales no son per se inconstitucionales; cuestión distinta es que sean injustas y discriminatorias, y no se acomoden a la legislación fiscal, claro. Sí son inconstitucionales las que constituyen barrera infranqueable -el caso de proyecto, obvio-, pero también contrarias a los convenios europeos. Porque hay un límite siempre, el recogido en sentencias del TEDH, que ha condenado a varios países por este tema (dando lugar a indemnizaciones, por cierto). Menciona algunas la propia sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3535 que admitió las tasas (porque eran solo para empresas de gran facturación, módicas y no en el orden social, y por esos concretos motivos), y que ha sido reiterada en varias posteriores.
¿Algunos de los juristas de por aquí tiene unos eurillos para dejarme? Viendo el panorama voy a montar uno de esos 906/903/806 tan característicos del sistema de algún que otro ideólogo y lo voy a enlazar con el de la Policía. Eso sí, para dar un mejor servicio público, que conste.
Los accionistas que se animen pueden ponerse en contacto con mi número: 806-XX-XX-XX. Gracias.
Veronica dixit “porque el rodillo parlamentario impone que no solo…..”. En esta web no se escatiman las críticas al Gobierno y a sus proyectos legislativos. De manera precisa, analítica y con una cuidada exposición hemos leido decenas de magníficas entradas sobre lo desafortunado de determinadas actuaciones del Gobierno-Cortes Grales, lo miope por corto placista de muchas de las reformas/recortes. Pero Verónica se ha apuntado al tono de denuncia propio de los mitineros. Sra. del Carpio “el rodillo” es una mayoría producto de una elección democrática y su uso con intención de demerito es un desproposito en un asunto en cuyo fondo acierta Ud. 100%. Le agradecería mantuviera el tono de denuncia profesional habitual en las entradas de esta web.
Estimado Ignacio: Agradezco el elogio y la crítica. Soy una pacífica abogada y docente, y mis planteamientos jamás han sido ideólogicos. Mi blog y mis publicaciones jurídicas en medios digitales y tradicionales van dirigidos a juristas, y estoy deseando escribir con la profundidad y mesura jurídica que el tema merece, como siempre he hecho. Pero me preocupan la pasividad general, el desconocimiento; que este tema siga sin salir en los periódicos. Llevamos meses los abogados denunciando la situación en tono reflexivo, llamando a la cordura, haciendo gestiones. Si aquí he escogido el otro sistema a mi pesar, es porque me entristece profundamente ver que esto se va a aprobar el día 21, y desespero al no ver otra vía que la de cambiar mi forma de expresión de siempre. Hay en borrador otro post ya sí sesudo y serio, sobre jurisprudencia europea, que si la amabilidad de los editores de Hay Derecho lo sigue permitiendo, se publicará aquí. Personalmente no tengo ninguna duda de qué prefiero: el razonamiento jurídico al planfleto, que nunca he hecho y espero que las circunstancias no me obliguen a hacer nunca más. También en mi blog estoy deseando escribir sobre el testamento ológrafo y el rebus sic stantibus, pero por ahora la conciencia no me lo permite. Gracias por su interés. Sé que coincidimos en el fondo; en la forma, yo tampoco coincido con lo que he tenido que escribir.
No quisiera reiterar lo que ya he comentado en otros posts sobre este mismo tema y sobre la reforma de la Justicia en general. El asunto se está planteando por el Ministerio como “tasas para financiar la justicia gratuita” (ver, por ejemplo, hoy mismo: http://www.lexdiario.es/noticias/150480/gallardon-propone-unificar-el-turno-de-oficio-para-garantizar-el-acceso )
Desde el punto de vista lógico se trata de una falacia, desde el punto de vista hacendístico, al no existir impuestos “finalistas” exactamente igual. Que se manifieste todo el mundo no es argumento, que se apruebe por la mayoría absoluta parlamentaria (e incluso por el 100%) tampoco es un argumento, pues la argumentación es otra cosa. La Justicia no es un servicio público, es el basamento de un Estado de Derecho, y no puede ser sometida a tasas, especialmente “para el ejercicio de la potestad jurisdiccional” que sería meramente disuasorias o “desatascantes” como se plantean la mediación y el arbitraje que en realidad tienen una función mucho más seria y profunda que desatascar la mal llamada “administración” de Justicia. Otra cosa es imponer el litigante temerario incluso el coste completo del procedimiento que ha motivado (muchas veces el temerario es el demandado y no el demandante, que se “financia” gracias a la dilacion procesal). Esperemos que el clamor profesional surta algún efecto.
Habida cuenta de que en este blog intervienen bastantes profesores universitarios (que ellos sí tienen tiempo de estudiar e investigar), echo en falta intervenciones que expliquen lo que en este ámbito se hace en otros países.
A menudo en España creemos que estamos inventando el tebeo y descubriendo el Mediterráneo, y sin embargo generalmente todas estas cuestiones ya se han planteado en otros países de nuestra órbita cultural y jurídica.
No soy de las que sostienen que todo lo foráneo es mejor (y me consta que en otros sistemas jurídicos hay grandes carencias y deficiencias: ahí están los Estados Unidos con su pena de muerte, o el caso de cierto deportista que fue absuelto penalmente de asesinato y condenado civilmente por el mismo hecho). Pero estoy convencida de que hay muchas cosas de las que podríamos aprender.
¿Hay tasas judiciales en otros países de la U.E.? Y si las hay, ¿cómo funcionan? Y en todo caso, ¿qué otras medidas existen en sus leyes procesales para reducir la litigiosidad?
Ya no lo diré más, pero ¡sería tan enriquecedor que alguien nos ilustrase sobre estos asuntos!
Quizá pueda aportar algo al respecto. Hay países UE con tasas, no éstas, y no iguales, y con diversos criterios; y comparar sistemas jurisdiccionales heterogéneos es complejo, porque sería lo mismo que decir que aquí los notarios son caros porque tienen funciones distintas a otros sitios. Las tasas judiciales no son per se inconstitucionales; cuestión distinta es que sean injustas y discriminatorias, y no se acomoden a la legislación fiscal, claro. Sí son inconstitucionales las que constituyen barrera infranqueable -el caso de proyecto, obvio-, pero también contrarias a los convenios europeos. Porque hay un límite siempre, el recogido en sentencias del TEDH, que ha condenado a varios países por este tema (dando lugar a indemnizaciones, por cierto). Menciona algunas la propia sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3535 que admitió las tasas (porque eran solo para empresas de gran facturación, módicas y no en el orden social, y por esos concretos motivos), y que ha sido reiterada en varias posteriores.
¿Algunos de los juristas de por aquí tiene unos eurillos para dejarme? Viendo el panorama voy a montar uno de esos 906/903/806 tan característicos del sistema de algún que otro ideólogo y lo voy a enlazar con el de la Policía. Eso sí, para dar un mejor servicio público, que conste.
Los accionistas que se animen pueden ponerse en contacto con mi número: 806-XX-XX-XX. Gracias.
¿QUÉ PASA CON LOS PROCURADORES?
Me sorprende mucho, la verdad, que todos los abogados andemos soliviantados con las tasas, pero que nadie se queje de la obligatoriedad de tener que utilizar un Procurador, que es redundante, encarece el coste del litigio de un 30 a un 50%, y además no aporta nada de valor al letrado director, pues se limita a llevar y traer las notificaciones…
Tal vez si desapareciesen los procuradores, o quedasen en meramente optativos, únicamente para los abogados sin despacho en la sede del tribunal, o aquellos que los quieran utilizan -pero pagándolos ellos-, se reduciría mucho el coste de los pleitos.
En Argentina, por ejemplo, hace ya muchos años que han pasado a ser meramente potestativos, y caso de querer utilizar Procurador el Abogado -por comodidad-, su cliente sólo paga una minuta, de la que se reparten el 60% el abogado y el 40% el procurador. Lógicamente la mayoría de los abogados no utilizan procurador y así cobran el 100% de los honorarios. A cambio, lógicamente, tienen que presentar las demandas, recibir las notificaciones, instar la ejecución, etc.
En resumen, menos corporatismo profesional entre abogados y procuradores y ´más pensar en la situación del ciudadano litigante, que acaba siendo esquilmado entre ambos profesionales, por no hablar si hay condena en costas, en cuyo caso tiene que pagar a dos abogados y dos procuradores (los suyos y los de la parte contraria).
¿QUÉ PASA CON LOS PROCURADORES?
Me sorprende mucho, la verdad, que todos los abogados andemos soliviantados con las tasas, pero que nadie se queje de la obligatoriedad de tener que utilizar un Procurador, que es redundante, encarece el coste del litigio de un 30 a un 50%, y además no aporta nada de valor al letrado director, pues se limita a llevar y traer las notificaciones…
Tal vez si desapareciesen los procuradores, o quedasen en meramente optativos, únicamente para los abogados sin despacho en la sede del tribunal, o aquellos que los quieran utilizan -pero pagándolos ellos-, se reduciría mucho el coste de los pleitos.
En Argentina, por ejemplo, hace ya muchos años que han pasado a ser meramente potestativos, y caso de querer utilizar Procurador el Abogado -por comodidad-, su cliente sólo paga una minuta, de la que se reparten el 60% el abogado y el 40% el procurador. Lógicamente la mayoría de los abogados no utilizan procurador y así cobran el 100% de los honorarios. A cambio, lógicamente, tienen que presentar las demandas, recibir las notificaciones, instar la ejecución, etc.
En resumen, menos corporatismo profesional entre abogados y procuradores y ´más pensar en la situación del ciudadano litigante, que acaba siendo esquilmado entre ambos profesionales, por no hablar si hay condena en costas, en cuyo caso tiene que pagar a dos abogados y dos procuradores (los suyos y los de la parte contraria).
Efectivamente, el tema de los procuradores es muy interesante, por obvios intereses corporativos nadie dice nada pero la pregunta del millón es para qué sirven en un mundo tecnológico. Si, ya sé que la Administración de Justicia española es medieval, pero al fín y al cabo está el Lexnet y esas cosas y ni por esas se habla del papel de los procuradores. Y sí, en último término, que sean optativos si los abogados o sus clientes los consideran necesarios. En mi modesta opinión los procuradores obligatorios debieran ser, en breve, un intermediario a extinguir Y no serán los primeros con los que haya acabado Internet, ni los últimos.
Efectivamente, el tema de los procuradores es muy interesante, por obvios intereses corporativos nadie dice nada pero la pregunta del millón es para qué sirven en un mundo tecnológico. Si, ya sé que la Administración de Justicia española es medieval, pero al fín y al cabo está el Lexnet y esas cosas y ni por esas se habla del papel de los procuradores. Y sí, en último término, que sean optativos si los abogados o sus clientes los consideran necesarios. En mi modesta opinión los procuradores obligatorios debieran ser, en breve, un intermediario a extinguir Y no serán los primeros con los que haya acabado Internet, ni los últimos.
La Carta de derechos fundamentales, la Constitución, debería venir con el precio al margen, como todas las cartas de los restaurantes: derecho a la tutela judicial efectiva, diez mil millones de euros, todos tienen derecho a la vida, veinte mil millones de euros; todos tienen derecho a la educación pública, cincuenta mil millones de euros; y así, sucesivamente.
Una “carta” sin los precios (costes) parece un timo, tiene trampa, produce desconfianza.
Recomiendo el libro de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein “El coste de los derechos. El por qué la libertad depende de los impuestos”, recién publicado en castellano por la editorial Siglo XXI.
La Carta de derechos fundamentales, la Constitución, debería venir con el precio al margen, como todas las cartas de los restaurantes: derecho a la tutela judicial efectiva, diez mil millones de euros, todos tienen derecho a la vida, veinte mil millones de euros; todos tienen derecho a la educación pública, cincuenta mil millones de euros; y así, sucesivamente.
Una “carta” sin los precios (costes) parece un timo, tiene trampa, produce desconfianza.
Recomiendo el libro de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein “El coste de los derechos. El por qué la libertad depende de los impuestos”, recién publicado en castellano por la editorial Siglo XXI.
Sinceramente, estoy con la bloguera. Si esto no es rodillo parlamentario, que venga Dios y lo vea. Primero, por la importancia, se tramita una ley que pone un obstáculo más a lo que es un derecho fundamental, cual es la obtención de la tutela judicial efectiva. Habría que analizar y ponderar bien. Y hacer cálculos, incluso. Segundo por la forma, no se aprueba ni siquiera en pleno con mayoría absoluta, donde el Gobierno y la mayoría tenga que aguantar que le saquen los colores, sino que se delega en la comisión correspondiente, un miniparlamento al que tuvieron que llamar, además, a otros de otra comisión porque mire usted, 7 del PP no estaban donde tenían que estar, trabajando. Y tercero, porque cuando se plantea el tema recientemente, el Sr. Ruiz-Gallardón aprovechó una incauta pregunta de Rosa Díez para salirse de la tangente, hablar de otro tema (sobre la responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos, que no venía a cuento, que no era el tema del día) pero que le da muchos réditos ocupando portadas con eso, que es llamativo pero no servirá para nada en vez de esto que es de verdad importante y que afectará a millones de personas.
Lamentable. Y los periodistas le entran al trapo y le dan el titular que el ministro quiere y no lo que de verdad es relevante para la mayoría.
Sinceramente, estoy con la bloguera. Si esto no es rodillo parlamentario, que venga Dios y lo vea. Primero, por la importancia, se tramita una ley que pone un obstáculo más a lo que es un derecho fundamental, cual es la obtención de la tutela judicial efectiva. Habría que analizar y ponderar bien. Y hacer cálculos, incluso. Segundo por la forma, no se aprueba ni siquiera en pleno con mayoría absoluta, donde el Gobierno y la mayoría tenga que aguantar que le saquen los colores, sino que se delega en la comisión correspondiente, un miniparlamento al que tuvieron que llamar, además, a otros de otra comisión porque mire usted, 7 del PP no estaban donde tenían que estar, trabajando. Y tercero, porque cuando se plantea el tema recientemente, el Sr. Ruiz-Gallardón aprovechó una incauta pregunta de Rosa Díez para salirse de la tangente, hablar de otro tema (sobre la responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos, que no venía a cuento, que no era el tema del día) pero que le da muchos réditos ocupando portadas con eso, que es llamativo pero no servirá para nada en vez de esto que es de verdad importante y que afectará a millones de personas.
Lamentable. Y los periodistas le entran al trapo y le dan el titular que el ministro quiere y no lo que de verdad es relevante para la mayoría.
Coincido con Joane (y conste que desconocía lo que cuenta) en que este es un tema muy grave. Y el debate que se impide hacer en el Parlamento se está haciendo fuera, demostrando una vez más que lejos están las preocupaciones de os representantes de las de los representados.
Como dice Joane, es preocupante la dejación que están haciendo los medios de comunicación tradicionales de su responsabilidad como Cuarto Poder. Porque de esto de las tasas judiciales ustedes no se habrán enterado por los periódicos nacionales. Gracias a la red se está sabiendo; gracias a editores de blogs como éste, conscientes de su responsabilidad social. Todavía no ha publicado ni un editorial ni un reportaje en El País, en El Mundo, en ABC. Habrá, quizá, algún reportaje cuando se apruebe la ley; cuando empiece a difundirse el caso del tetrapléjiico que no puede demandar a la aseguradora y pide dinero en la red para pagar la tasa. Cuando ya no haya remedio. Lo de los medios tradicionales es imperdonable.
Coincido con Joane (y conste que desconocía lo que cuenta) en que este es un tema muy grave. Y el debate que se impide hacer en el Parlamento se está haciendo fuera, demostrando una vez más que lejos están las preocupaciones de os representantes de las de los representados.
No hay cuarto poder. Los medios están en la ruina, en manos de los grandes anunciantes, bancos, gobierno, etc., y no pueden llevarles la contraria. Creo que siempre fue una ficción la existencia del cuarto poder, pero ahora más que nunca. Únicamente con medios independientes económicamente podría existir. En estos momentos se recibe más información, y de mejor calidad, por medio de internet que en soporte papel. Y que conste que quien lo dice es un enamorado de la letra impresa, a quien le ha costado mucho adaptarse a las nuevas tecnologías…
Su blog me parece muy interesante e instructivo, pero hecho en falta algunos temas. Por ejemplo, que yo recuerde -puedo estar equivocado-, nunca han publicado ningún trabajo sobre los PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES, profesión de la que nadie habla, pero que tanto encarece el coste de los litigios. Es más, en la práctica totalidad de los países civilizados han desaparecido, o, al menos, han quedado en meramente OPTATIVOS, nunca de intervención obligatoria. (Seguramente tienen sentido cuando el Letrado reside en otro lugar distinto a la sede del Juzgado o Tribunal, pero no tienen utilidad alguna cuando el Abogado pueda desplazarse a entregar demandas o recoger citaciones). Me consta por el propio autor, que les han ofrecido algún trabajo sobre el particular, pero ustedes se han negado a publicarlo. ¿Es que son corporatistas, y defienden -primero- los intereses de los profesionales del Derecho, por encima de los derechos de los ciudadanos…?
Los procuradores están porque así lo quiere el propio Estado, por motivos económicos y en su propio beneficio. Mientras no exista una comunicación electrónica en condiciones, y estamos muy lejos de tenerla, el Estado se ahorra muchísimo dinero dejando las notificaciones en las casillas de los propios juzgados, y desde ese momento cuentan los plazos, ya es problema del procurador hacerlas llegar a cliente y abogado, y se evitan cientos de miles de notificaciones individuales diarias que luego además hay que comprobar si se han recibido, con el coste de personal y correo correspondiente. Ha sido el Estado quien se niega a que sea compatible la profesión de abogado y procurador. Con estos programas informáticos fallidos de todos conocidos y el fracaso de la digitalización experimental en la AN los procuradores están y seguirán muchos años porque la alternativa es cero. Buena está la cosa para que el Estado se gaste dinero en medios informáticos, cuando los juzgados penales siguen funcionando con fax y se están mandando sentencias por e-mail en formato word, ni siquiera en pdf.
JaJaJaJaJaJaJaja … No veo aquí a los comentaristas habituales de las florestas autonómicas y demás.
Si en lugar del Poder Judicial, privatizaran la fe pública o la abogacía del Estado, igual si se veían.
Pues puestos a ello, propongo abrir un post para sustituir a los Notarios por Abogados privados con cámara de video y a los Abogados del Estado por Abogados privados escogidos en cada caso según su especialización y su reputación profesional.
Combinado esto con las tasas judiciales igual sale más barato pagar a un Abogado privado cuando surja un litigio de la Adminstración con un particular (el cual, por efecto de las tasas será o un rico por herencia o una empresa potente), y así nos ahorramos los sueldos permanentes que ahora cobran. O para una mediación, y de paso, nos ahorramos también otro sueldo público.
Total, como ahora lo de la tutela judicial y lo de la igualdad real y efectiva para quien no haya sido favorecido por la fortuna o la herencia es cosa antigua…
Mat con su rigor habitual.
Por supuesto que si tiene usted una idea buena y es capaz de plasmarla por escrito de forma correcta, y sin incluir burdas descalificaciones, se la podríamos publicar. Cosas veredes…
¿Descalificaciones? Dígame una. Le reconozco el mérito de al menos haber hecho acto de presencia, aunque sólo sea para formular un argumento ad hominem (¿descalificatorio?) y no para entrar en la cuestión de fondo, que tiene que ver con la coherencia argumental (cuando uno está por la poda de florestas, debe estar dispuesto a que la floresta podada sea también la propia, y no sólo la ajena), y con el carácter profundamente discriminatorio que tiene una barrera aparentemente fiscal y formalmente igual para todos en cuantía económica, habida cuenta de las profundas desigualdades de renta realmente existentes en nuestro país, que determinan la imposibilidad de acceso a la tutela judicial de cada vez más personas habida cuenta del creciente empobrecimiento generalizado que empieza a darse en España, y las profundas discriminaciones por razón de renta que en este ámbito de acceso a la justicia van a suponer lo elevado de esas tasas proyectadas.
Contésteme, por favor, a eso, y si, por coherencia, dado que predica Vd. recortes en otros ámbitos, también consideraría recortarse en el suyo propio (con el consiguiente riesgo de que le recorten a Vd. y no sólo a su prójimo). Sin descalificaciones por mi parte (ni por la suya, por favor), pues no creo que debatir sobre estas cuestiones lo sea.
JaJaJaJaJaJaJaja … No veo aquí a los comentaristas habituales de las florestas autonómicas y demás.
Si en lugar del Poder Judicial, privatizaran la fe pública o la abogacía del Estado, igual si se veían.
Pues puestos a ello, propongo abrir un post para sustituir a los Notarios por Abogados privados con cámara de video y a los Abogados del Estado por Abogados privados escogidos en cada caso según su especialización y su reputación profesional.
Combinado esto con las tasas judiciales igual sale más barato pagar a un Abogado privado cuando surja un litigio de la Adminstración con un particular (el cual, por efecto de las tasas será o un rico por herencia o una empresa potente), y así nos ahorramos los sueldos permanentes que ahora cobran. O para una mediación, y de paso, nos ahorramos también otro sueldo público.
Total, como ahora lo de la tutela judicial y lo de la igualdad real y efectiva para quien no haya sido favorecido por la fortuna o la herencia es cosa antigua…
Otro ejemplo,
http://derechoynormas.blogspot.com.es/2012/11/otro-ejemplo-real-de-aplicacion-de-las.html
Otro ejemplo,
http://derechoynormas.blogspot.com.es/2012/11/otro-ejemplo-real-de-aplicacion-de-las.html
Pedro, intentamos no ser corporativistas, por lo menos conscientemente,..:-) Por lo demás, salvo yo que estoy excedente, ninguno de los editores es abogado en ejercicio. Dicho eso, si no hemos publicado nada sobre procuradores es porque lo que se ha remitido no ha sido aprobado por el Consejo de Redacción, lo que a veces ocurre, por diversos motivos entre los que nunca se encuentra el de no ser “políticamente correcto” como creo que demuestra la trayectoria del blog…Pero efectivamente, encuentro que es un tema interesante.
Mat, ya le echábamos de menos con su habitual tono provocador…y nada menos que a favor de las tasas judiciales y en contra de las profesiones de los editores del blog….-) Esta vuelta promete.
Pedro, intentamos no ser corporativistas, por lo menos conscientemente,..:-) Por lo demás, salvo yo que estoy excedente, ninguno de los editores es abogado en ejercicio. Dicho eso, si no hemos publicado nada sobre procuradores es porque lo que se ha remitido no ha sido aprobado por el Consejo de Redacción, lo que a veces ocurre, por diversos motivos entre los que nunca se encuentra el de no ser “políticamente correcto” como creo que demuestra la trayectoria del blog…Pero efectivamente, encuentro que es un tema interesante.
Mat, ya le echábamos de menos con su habitual tono provocador…y nada menos que a favor de las tasas judiciales y en contra de las profesiones de los editores del blog….-) Esta vuelta promete.
Mat, Un comentario que comienza con una carcajada no lo veo, la verdad, muy respetuoso. Yo no lo hubiera subido, sinceramente se lo digo. Esto no es un chat de adolescentes. Sobre mi posición le envito a que lea mi post: http://hayderecho.com/2012/11/02/el-colapso-de-la-justicia-las-tasas-judiciales-y-sus-posibles-alternativas/ Y que comente sobre el mismo. Y sobre el tema que se trate, no sobre sus obsesiones particulares. Si quiere tratar sobre ellas, abra un blog propio y que tenga suerte. Aquí no es usted el que elige los temas que creemos que son de interés general. Así que le invito a seguir comentando con toda libertad. Pero, por favor, sobre el tema del que trata el post, no sobre lo que usted quiera. Porque esto no es un escaparate gratuito para sus opiniones sobre lo divino y lo humano.
Mat, Un comentario que comienza con una carcajada no lo veo, la verdad, muy respetuoso. Yo no lo hubiera subido, sinceramente se lo digo. Esto no es un chat de adolescentes. Sobre mi posición le envito a que lea mi post: http://hayderecho.com/2012/11/02/el-colapso-de-la-justicia-las-tasas-judiciales-y-sus-posibles-alternativas/ Y que comente sobre el mismo. Y sobre el tema que se trate, no sobre sus obsesiones particulares. Si quiere tratar sobre ellas, abra un blog propio y que tenga suerte. Aquí no es usted el que elige los temas que creemos que son de interés general. Así que le invito a seguir comentando con toda libertad. Pero, por favor, sobre el tema del que trata el post, no sobre lo que usted quiera. Porque esto no es un escaparate gratuito para sus opiniones sobre lo divino y lo humano.
Sigo pensando que hay que reducir el número de “actores” en el teatro judicial. En todo el mundo civilizado los Procuradores están a extinguir. Pueden pasar a ser abogados normales y corrientes; por unos pocos miles más, en toda España, ni nos íbamos a enterar… Lo que no es de recibo es que el litigante tenga que apechugar con el pago de los honorarios del Abogado, los aranceles del Procurador, y caso de condena en costas, con el pago de los cuatro profesionales: dos abogados y dos procuradores. Lo raro es que la gente aun quiera litigar… Desde luego, después de las tasas, creo que la “conflictividad” judicial se va a reducir a la mitad: solo pleitearán los bancos, compañías de seguros y grandes empresas.
Tampoco tiene mucho sentido el uso y abuso de la Justicia Gratuita. Una persona que cobre el doble del salario mínimo interprofesional -unos dos mil euros mensuales-, puede perfectamente pagarse un abogado, aunque sea a plazos. Cuanto más se extiende el beneficio de la justicia gratuita, más alegremente pleitea la gente, sabiendo que no les cuesta nada…
Disculpe que le rectifique, Pedro. El límite para tener derecho a justicia gratuita está en el doble del llamado IPREM, indicador de rentas múltiples, es decir, aprox. 15.000€/año por unidad familiar; puede usted comprobarlo http://www.iprem.com.es/. Nada de 2.000€ y por persona; ya quisiéramos.
Para conceder la justicia gratuita se tienen en cuenta sólo los ingresos, no los gastos ni las cargas familiares; es decir, que una persona con varios hijos a su cargo y cónyuge enfermo con un fuerte préstamo hipotecario que pagar, aunque no tenga apenas para sobrevivir, si gana más de aprox. 1.100€ por todo los conceptos su unidad familiar, es considerado igual que una persona sin gastos ni cargas que gane lo mismo. No deseo a ninguno de los que leen este blog, ni a nadie, verse en la situación de intentar pagar una tasa de 6.500€ por demanda para solicitar una indemnización por daños de 1M€, con esos ingresos, por ejemplo por una negligencia médica sufrida. ¿Les dará el banco un préstamo? Porque incluso para solicitar concurso se necesitará pagar tasa, calculada con su correspondiente cuota fija y variable del 0.5% sobre el pasivo.
Y habrán observado que muchos, muchísimo, de los desahuciados por impagos hipotecarios no tiene justicia gratuita, por la sencilla razón de que ganan más de 1.100€/mes, ellos y sus familias en conjunto, y están asfixiados con los gastos, que no se les tienen en cuenta. A esos mismos, la tasa judicial que pague el banco se le repercutirá en costas, porque en este caso, a diferencia de en otros, sí se repercute en costas, engrosando la deuda. Qué gracioso.
Creo que la restricción o limitación de la justicia gratuita no va a reducir “per se” la litigiosidad, ya que cada vez está más extendida la “cuota litis” en los honorarios de los abogados, de modo que al ciudadano no le cuesta nada litigar porque, si no gana el pleito, no tiene que pagar nada al abogado. Y si gana, le abonará un porcentaje de lo que se le reconozca en sentencia. Así que el litigante no tiene nada que perder.
De hecho es habitual últimamente que los abogados se ofrezcan a posibles damnificados de un accidente para llevarles el asunto “a porcentaje”, siendo frecuente que en los vehículos aparcados junto a los hospitales se deje propaganda de abogados que se ofrecen a llevar así los casos: “Si usted no percibe indemnización, no tendrá que pagar nada”.
(suelen anunciarse como “Asociación de ayuda a los accidentados” o “Asociación para la defensa frente a negligencias médicas”, etc, pero al final son abogados que se ofrecen a llevar la reclamación judicial a cambio de un porcentaje, incitando incluso a litigar a ciudadanos que quizá ni se lo habían planteado). Y al parecer también disponen de peritos judiciales que igualmente cobran a porcentaje: sólo si el asunto se gana.
Es claro que en estas condiciones la litigiosidad no va a reducirse, porque quien no tiene nada que perder (“el No ya lo tengo”, suele decirse) pero alberga una expectativa -aunque sea remota- de obtener un beneficio, no va a dejar de pleitear.
Creo que la restricción o limitación de la justicia gratuita no va a reducir “per se” la litigiosidad, ya que cada vez está más extendida la “cuota litis” en los honorarios de los abogados, de modo que al ciudadano no le cuesta nada litigar porque, si no gana el pleito, no tiene que pagar nada al abogado. Y si gana, le abonará un porcentaje de lo que se le reconozca en sentencia. Así que el litigante no tiene nada que perder.
De hecho es habitual últimamente que los abogados se ofrezcan a posibles damnificados de un accidente para llevarles el asunto “a porcentaje”, siendo frecuente que en los vehículos aparcados junto a los hospitales se deje propaganda de abogados que se ofrecen a llevar así los casos: “Si usted no percibe indemnización, no tendrá que pagar nada”.
(suelen anunciarse como “Asociación de ayuda a los accidentados” o “Asociación para la defensa frente a negligencias médicas”, etc, pero al final son abogados que se ofrecen a llevar la reclamación judicial a cambio de un porcentaje, incitando incluso a litigar a ciudadanos que quizá ni se lo habían planteado). Y al parecer también disponen de peritos judiciales que igualmente cobran a porcentaje: sólo si el asunto se gana.
Es claro que en estas condiciones la litigiosidad no va a reducirse, porque quien no tiene nada que perder (“el No ya lo tengo”, suele decirse) pero alberga una expectativa -aunque sea remota- de obtener un beneficio, no va a dejar de pleitear.
Y que gusto ver a tanto candidato a decano gritando hoy en la protesta contra el Proyecto de Ley de Tasas “Gallardón dimisión” incluido el actual decano, tan poco dado a estas efusiones…
La verdad, no sé si protestan por defender al ciudadano o porque esta ley les afecta al bolsillo. No veo a estos decanos defendiendo con tanto entusiasmo a los abogados del turno de oficio cuando cobran mal y tarde. En fin…
Me incorporo tarde al debate y lo lamento. En realidad me incorporo tarde al blog aunque con ganas y agradecimiento a quienes están detrás. Valgan estas primeras líneas a modo de reconocimiento personal en mi primer comentario.
En cuanto a las tasas que se debaten aquí, efectivamente no hay suficiente información para que los ciudadanos sepan qué les espera (qué nos espera porque aun siendo abogados somos también usuarios de la justicia). De hecho, no creo haber visto reacciones en la ciudadanía más allá de la del pasado lunes de los abogados y que se presentaba casi como si defendieran cosas de ellos (de nosotros) y no de todos (de hecho, en algún lugar leí quejas en el sentido de que el aumento de tasas disminuiría la litigiosidad y consiguientemente nuestro negocio). Pero lo que me importa ahora es insistir en que una mayoría, aun absoluta, no legitima nunca un atropello de las libertades y de los derechos básicos. Y la exigencia y la necesidad de que se haga justicia están, sin duda, entre las más básicas de cualquier persona. Sin justicia, o haciéndola tan difícil, tan inaccesible o tan costosa ¿qué podemos esperar de nuestra sociedad? Me gustaría no obstante conocer el texto de la propuesta ya que no me parece haberlo visto en los links propuestos.
De nuevo gracias.
Me incorporo tarde al debate y lo lamento. En realidad me incorporo tarde al blog aunque con ganas y agradecimiento a quienes están detrás. Valgan estas primeras líneas a modo de reconocimiento personal en mi primer comentario.
En cuanto a las tasas que se debaten aquí, efectivamente no hay suficiente información para que los ciudadanos sepan qué les espera (qué nos espera porque aun siendo abogados somos también usuarios de la justicia). De hecho, no creo haber visto reacciones en la ciudadanía más allá de la del pasado lunes de los abogados y que se presentaba casi como si defendieran cosas de ellos (de nosotros) y no de todos (de hecho, en algún lugar leí quejas en el sentido de que el aumento de tasas disminuiría la litigiosidad y consiguientemente nuestro negocio). Pero lo que me importa ahora es insistir en que una mayoría, aun absoluta, no legitima nunca un atropello de las libertades y de los derechos básicos. Y la exigencia y la necesidad de que se haga justicia están, sin duda, entre las más básicas de cualquier persona. Sin justicia, o haciéndola tan difícil, tan inaccesible o tan costosa ¿qué podemos esperar de nuestra sociedad? Me gustaría no obstante conocer el texto de la propuesta ya que no me parece haberlo visto en los links propuestos.
De nuevo gracias.
Tres apuntes:
1) Es incomprensible el escaso debate social que la nueva ley de tasas judiciales, que está a punto de terminar su trámite parlamentario, ha suscitado.
2) Tengo la convicción de que, más pronto que tarde, el Tribunal Constitucional declarará la inconstitucionalidad de la Ley. No se puede cobrar una tasa por recurrir una sentencia, y tener que abonar dicha tasa incluso en caso de que finalmente el tribunal “ad quem” estime el recurso. Es como decirle al ciudadano “Obtuviste una sentencia injusta y, por el hecho de recurrir para remediar esa injusticia, te cobramos un tributo”.
3) Una vez más, la Justicia de instancia es maltratada y despreciada, pues poner límites y gravámenes al recurso aumenta la responsabillidad de los jueces de instancia, a quienes por la sobrecarga de trabajo a menudo les falta el sosiego para resolver los asuntos con todo el detenimiento deseable.
Tal como funciona hoy la justicia cuantas más trabas mejor, menos ciudadanos se estrellaran en los tribunales, desgraciadamente yo lo veo así.
La tasa judicial ya se ha aprobado. Queda solo la publicación en BOE y entrada en vigor al día siguiente.
Tiere usted razón ha sucitado escaso debate social; mejor dicho; se queda usted muy corta, porque casi nadie se ha enterado. No será porque muchos abogados no llevemos meses intentando que llegue a la opinión pública y a los medios, clamando en el desierto.
Quzá se enteren cuando empiecen a salir las noticias de que, como YA está pasando, una compañía aseguradora utiliza una tasa inasumible como arma de negociación para aplastar al pequeño justiciable.
Quizá ya enteren cuando justiciables desesperados empiecen a utilizar la vía de hecho, desoyendo las advertencias de sus abogados. Porque quien esto firma ya ha tenido que disuador a clientes de que lo hagan.
Quizá se enteren cuando un excónyuge mate a otro por no poder demandar, al ser miles de eurorsla tasa, para que se le atribuya el uso de la vivienda familiar o se venda.
Quizá se enteren cuando a un discapacitado le pidan 600 euros por recurrir una sentencia laboral de clasificación de enfermedad profesional; porque la “magnífica” rebaja de tasa en laboral NO afecta siquiera más que a las relaciones laborales.
Quizá se enteren cuando se empiece a constatar que el Estado que paga miserias por expropiaciones, las baja aun más, sabedor de que muy pocos podrán pagar los miles de euros de un contencioso.
Y seguro que se enterarán cuando dentro de unos años todos, con nuestros impuestos, empecemos a pagar indemnizaciones masivas a cuyo abono condenen los tribunales europeos al Estado español. Por mi parte, prefeiría que las pagara los votantes de la ley, que ha salido aprobada en solictario por el partido en el gobierno, tras rechazar los 6 vetos de la toda la oposición y todas las enmiendas.
Puedo incluso entender que si alguien acude a los tribunales y no le dan la razón, no le devuelvan la tasa. Puedo entender que si alguien recurre una sentencia y el recurso se desestima, no le devuelvan la tasa. Pero a quien ha obtenido la razón de los tribunales, a quien se le ha estimado el recurso que formuló frente a una sentencia injusta…, ¿cómo se justifica que no le devuelvan la tasa?
Eso no es que sea inconstitucional, es que es absurdo. El contrato social (Rousseau) se resquebraja: los hombres renunciaron a la violencia para que el Estado les garantizase la seguridad y la justicia. Y no hay justicia si para obtenerla hay que sufrir un desembolso no recuperable. Un abono que, por su propia naturaleza, es injusto.
¿Nos hemos vuelto todos locos?
Me autorrespondo: Sí, al menos alguien aquí se ha vuelto loco.
El planteamiento es tan demencial que, por esa misma lógica, lo siguiente serán las “tasas policiales”.
O sea, que cuando alguien llame a la policía porque está sufriendo un robo, un asesinato, o una violación…, la persona robada, violada o agredida tendrá que pagar una TASA por haber provocado (justificadamente) la actuación del servicio público policial.
Después de las tasas judiciales, las tasas policiales.
Una locura, vamos.
Ssscchhh no dé ideas Luisa, que esto hay gente que lo lee
En verdad el planteamiento de fondo (tasas judiciales, tasas policiales) es el mismo. Siempre se ha dicho que las instituciones esenciales de todo Estado, que nunca podrán dejar de ejercerse por la autoridad pública, son el ejército, la policía y la justicia. Hay otras cosas privatizables y que el Estado podría no ejercer. De hecho cabe concebir un país donde no exista educación pública ni sanidad pública (y que los ciudadanos se busquen la vida por su cuenta), pero nadie puede imaginar un país donde los ciudadanos se autodefiendan de una agresión o se tomen la justicia por su mano. Eso no sería un Estado, sino el Far West.
Y por ello, esas potestades públicas (que no servicios) no pueden prestarse con sujeción a precio.
Que se haga pagar una tasa (o más bien una sanción pecuniaria) a quien use indebidamente de la policía o de la justicia, tiene justificación. Pero lo injustificable es que se haga pagarla a quien ha usado de estos servicios porque no podía autodefenderse por sí mismo ni autorrealizar “motu proprio” su derecho, precisamente porque el Estado le prohíbe hacerlo.
La cuestión es tan clara que seguir insistiendo es perder el tiempo, porque quien diga que no lo entiende no es que no lo entienda: es que no le da la gana de entenderlo.
En verdad el planteamiento de fondo (tasas judiciales, tasas policiales) es el mismo. Siempre se ha dicho que las instituciones esenciales de todo Estado, que nunca podrán dejar de ejercerse por la autoridad pública, son el ejército, la policía y la justicia. Hay otras cosas privatizables y que el Estado podría no ejercer. De hecho cabe concebir un país donde no exista educación pública ni sanidad pública (y que los ciudadanos se busquen la vida por su cuenta), pero nadie puede imaginar un país donde los ciudadanos se autodefiendan de una agresión o se tomen la justicia por su mano. Eso no sería un Estado, sino el Far West.
Y por ello, esas potestades públicas (que no servicios) no pueden prestarse con sujeción a precio.
Que se haga pagar una tasa (o más bien una sanción pecuniaria) a quien use indebidamente de la policía o de la justicia, tiene justificación. Pero lo injustificable es que se haga pagarla a quien ha usado de estos servicios porque no podía autodefenderse por sí mismo ni autorrealizar “motu proprio” su derecho, precisamente porque el Estado le prohíbe hacerlo.
La cuestión es tan clara que seguir insistiendo es perder el tiempo, porque quien diga que no lo entiende no es que no lo entienda: es que no le da la gana de entenderlo.
Siento ponerme serio, pero en mi modesta opinión, si la sociedad española y los juristas en particular no nos movilizamos en contra de esta Ley, estamos todos muertos junto con el Derecho y la Justicia.
Siento ponerme serio, pero en mi modesta opinión, si la sociedad española y los juristas en particular no nos movilizamos en contra de esta Ley, estamos todos muertos junto con el Derecho y la Justicia.
No sabía que la Ley en cuestión se hubiera aprobado ya. Creía que había pasado el trámite del Senado con enmiedas y ahora tenía que volver al Congreso. Pero bueno, si ya ha sido aprobada no hay nada que hacer. O mejor dicho, hay mucho que hacer: recurso de inconstitucionalidad por los parlamentarios que no la apoyaron (todos salvo el PP), cuestiones de inconstitucionalidad por los jueces, y recursos de amparo por los ciudadanos. Por cierto, que entre las intervenciones habidas en este magnífico blog, puede confeccionarse un alegato bastante potente para que el Tribunal Constitucional declare su (para mí evidente) carácter contrario a la Constitución.
La ley de tasas es ya ley, solo pendiente de envío al BOE para entrada en vigor al día siguiente. ¿Que no hay nada que hacer contra una ley de ionconstitucionalidad manifiesta? Hay muchísimo que hacer, y lo vamos a hacer, e invito a los lectores a que colaboren. En tema de tan suma gravedad todo esfuerzo es poco. Dese aquí hago un llamamiento.
En primer lugar, que juristas y no juristas sigamos difundiendo este disparate porque la ciudadanía sigue sin enterarse y la opinión pública tiene mucha fuerza. Incluso en ámbitos europes e internacionales, como ya se está haciendo.
En segundo lugar, que juristas y no juristas hagamos todo lo posible para que sea recurrida al TC por la Defensora del Pueblo y los grupos parlamentarios de oposición. Incluyendo los que no reúnen por sí solos el número mínimo de 50 diputados o senadores, que son todos menos el PSOE. Por coherencia política le deben a la ciudadanía el esfuerzo de unirse cuando han denunciado todos reiteradamente la inconstitucionalidad del proyecto, han intentado todos vetarlo y hasta se han levantado del Congreso todos en bloque, algo sin precedentes, en protesta por su tramitación.
En tercer lugar, que todos los operadores jurídicos cooperen para que la ley llegue al TC e incluso a los tribunales europeos vía cuestiones de inconstitucionalidad y cuestiones prejudiciales de Derecho europeo, intentando, evidentemente, que no se paralice el pleito, y el derecho, porque ése es el inconveniente de estas vías.
Y en cuarto lugar, como todo ello no suspende la aplicación de la ley, y cuando sea, como será, declarada inconstitucional, muchos justiciables habrán perdido sus derechos, buscar ya fórmulas jurídicas para impedir la aplicación práctica. Somos muchos los que ya estamos en ello. Invito a abogados y demás juristas a que reflexionen seriamente sobre ello, y a que transmitan sus soluciones, en bemeficio de la ciudadanía. En mi blog veronicadelcarpio.wordpress.com se indicará en breve una vía de contacto para canalizar las propuestas, que se ruegan serias. Constitucionalistas, fiscalistas procesalistas, y todo tipo de juristas, tienen mucho que aportar.
No sabía que la Ley en cuestión se hubiera aprobado ya. Creía que había pasado el trámite del Senado con enmiedas y ahora tenía que volver al Congreso. Pero bueno, si ya ha sido aprobada no hay nada que hacer. O mejor dicho, hay mucho que hacer: recurso de inconstitucionalidad por los parlamentarios que no la apoyaron (todos salvo el PP), cuestiones de inconstitucionalidad por los jueces, y recursos de amparo por los ciudadanos. Por cierto, que entre las intervenciones habidas en este magnífico blog, puede confeccionarse un alegato bastante potente para que el Tribunal Constitucional declare su (para mí evidente) carácter contrario a la Constitución.
Creo se impone la supresión de la obligatoriedad de utilizar un PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, para poder litigar, de forma que el cliente, el ciudadano, sólo tenga que pagar a un profesional, el Abogado, y éste puede asumir la defensa y representación, como sucede en todo el mundo, por otra parte, ya que los procuradores están prácticamente extinguidos en los países civilizados.
Por supuesto podrían seguir existiendo, pero de forma potestativa, voluntaria, pues cuando el Letrado no ejerce en el lugar dónde lleva el pleito, siempre será más barato tener allí un Procurador que estar desplazándose a todas horas.
Y respecto a las notificaciones, puedes y deben hacerse por correo certificado con acuse de recibo o por correo electrónico, que también permite el acuse de recibo, y es mucho más rápido y económico. Pero cuando deba utilizarse el soporte papel, por correo certificado, o mediante notificación personal en la sede judicial.
En resumen, bien venidas sean las costas si al menos reducimos la factura del cliente, suprimiendo o disminuyendo mucho la utilización de los Procuradores, para cuándo sean realmente precisos.
Creo se impone la supresión de la obligatoriedad de utilizar un PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, para poder litigar, de forma que el cliente, el ciudadano, sólo tenga que pagar a un profesional, el Abogado, y éste puede asumir la defensa y representación, como sucede en todo el mundo, por otra parte, ya que los procuradores están prácticamente extinguidos en los países civilizados.
Por supuesto podrían seguir existiendo, pero de forma potestativa, voluntaria, pues cuando el Letrado no ejerce en el lugar dónde lleva el pleito, siempre será más barato tener allí un Procurador que estar desplazándose a todas horas.
Y respecto a las notificaciones, puedes y deben hacerse por correo certificado con acuse de recibo o por correo electrónico, que también permite el acuse de recibo, y es mucho más rápido y económico. Pero cuando deba utilizarse el soporte papel, por correo certificado, o mediante notificación personal en la sede judicial.
En resumen, bien venidas sean las costas si al menos reducimos la factura del cliente, suprimiendo o disminuyendo mucho la utilización de los Procuradores, para cuándo sean realmente precisos.
Totalmente de acuerdo con el comentario de Pedro. Yo también soy abogado, y estoy cansado de ver que cualquier procurador que tenga una “cuadra” de media docena de abogados, puede vivir -y de hecho vive- mucho mejor que nosotros, sin tener que aguantar a los clientes, redactar las demandas, atenderles, asistir a las vistas, recurrir, etc. A ellos les basta con pedir provisiones de fondos desde el primer momento, y no presentar demanda alguna si no hay dinero por medio. Y, por supuesto, les importa un rábano el resultado del pleito: cobran según su Arancel -debidamente incrementado con gastos exorbitantes e injustificados-, y aquí paz y después gloria.
No creo que la mayoría de los litigantes sean capaces de pagar al abogado, el arancel del procurador y las costas judiciales, muchas veces para no obtener resultado positivo alguno. Y barrunto el cierre de muchos despachos de abogados, o la reconversión a otras profesiones, ¿pero a cuál? ¿Tal vez a procuradores…?
Totalmente de acuerdo con el comentario de Pedro. Yo también soy abogado, y estoy cansado de ver que cualquier procurador que tenga una “cuadra” de media docena de abogados, puede vivir -y de hecho vive- mucho mejor que nosotros, sin tener que aguantar a los clientes, redactar las demandas, atenderles, asistir a las vistas, recurrir, etc. A ellos les basta con pedir provisiones de fondos desde el primer momento, y no presentar demanda alguna si no hay dinero por medio. Y, por supuesto, les importa un rábano el resultado del pleito: cobran según su Arancel -debidamente incrementado con gastos exorbitantes e injustificados-, y aquí paz y después gloria.
No creo que la mayoría de los litigantes sean capaces de pagar al abogado, el arancel del procurador y las costas judiciales, muchas veces para no obtener resultado positivo alguno. Y barrunto el cierre de muchos despachos de abogados, o la reconversión a otras profesiones, ¿pero a cuál? ¿Tal vez a procuradores…?
Como dice Lucía en su intervención más arriba, “Siempre se ha dicho que las instituciones esenciales de todo Estado, que nunca podrán dejar de ejercerse por la autoridad pública, son el ejército, la policía y la justicia. Hay otras cosas privatizables y que el Estado podría no ejercer. …. , pero nadie puede imaginar un país donde los ciudadanos se autodefiendan de una agresión o se tomen la justicia por su mano. Eso no sería un Estado, sino el Far West…..” “Y por ello, esas potestades públicas (que no servicios) no pueden prestarse con sujeción a precio”.
Efectivamente, la administración de Justcia entra de lleno en el corazón del Estado, y, más en un Estado de Derecho, por eso no es un servicio público, en el sentido técnico-jurídico, por eso no se puede delegar, y, por eso, no es susceptible de tasas. Las instituciones esenciales del Estado, como son los Tribunales de Justicia (o ¿es que sólo lo es el TC?, para cuya actividad, por cierto, no se establecen tasas) han de ser financiados a través del sistema impositivo general.
Eso es lo principal, lo secundario es la cuantía (y estas son exorbitadas, desde luego), no se puede imponer tasa alguna.
Como dice Lucía en su intervención más arriba, “Siempre se ha dicho que las instituciones esenciales de todo Estado, que nunca podrán dejar de ejercerse por la autoridad pública, son el ejército, la policía y la justicia. Hay otras cosas privatizables y que el Estado podría no ejercer. …. , pero nadie puede imaginar un país donde los ciudadanos se autodefiendan de una agresión o se tomen la justicia por su mano. Eso no sería un Estado, sino el Far West…..” “Y por ello, esas potestades públicas (que no servicios) no pueden prestarse con sujeción a precio”.
Efectivamente, la administración de Justcia entra de lleno en el corazón del Estado, y, más en un Estado de Derecho, por eso no es un servicio público, en el sentido técnico-jurídico, por eso no se puede delegar, y, por eso, no es susceptible de tasas. Las instituciones esenciales del Estado, como son los Tribunales de Justicia (o ¿es que sólo lo es el TC?, para cuya actividad, por cierto, no se establecen tasas) han de ser financiados a través del sistema impositivo general.
Eso es lo principal, lo secundario es la cuantía (y estas son exorbitadas, desde luego), no se puede imponer tasa alguna.
Lucía, Verónica: Por supuesto que hay muchísimo que hacer. Como argumentos a favor de la inconstitucionalidad, aparte del artículo (me parece que una tercera), ya citado, de Andrés de la Oliva en el periódico ABC, sugiero leer el publicado en el siguiente enlace:
http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/201211-contitucionalidad_proyecto_ley_tasas_judiciales.html?_mrMailingList=4034&_mrSubscriber=505
Lucía, Verónica: Por supuesto que hay muchísimo que hacer. Como argumentos a favor de la inconstitucionalidad, aparte del artículo (me parece que una tercera), ya citado, de Andrés de la Oliva en el periódico ABC, sugiero leer el publicado en el siguiente enlace:
http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/201211-contitucionalidad_proyecto_ley_tasas_judiciales.html?_mrMailingList=4034&_mrSubscriber=505
Otro interesante artículo sobre las tasas judiciales referido específicamente al orden jurisdiccional social, en este enlace:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe54.pdf
Otro interesante artículo sobre las tasas judiciales referido específicamente al orden jurisdiccional social, en este enlace:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe54.pdf
Para que no decaiga:
Importante artículo crítico sobre las tasas judiciales en El País de hoy, a cargo de Soledad Gallego-Díaz (en el que por cierto se dice que el proyecto aún no ha sido aprobado definitivamente por las Cortes Generales: ¿en qué quedamos?).
Otra interesante información en este enlace:
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/victimas-accidentes-trafico-denuncian-copago-judicial/csrcsrpor/20121118csrcsrnac_5/Tes
¿Y por qué no han reaccionado antes ? Es inexplicable. Los de accidentes de tráfico, las asociaciones de consumidores y usuarios, y tantos y tantos grupos de población que se van a ver seriamente afectados. Ahora no hay nada que hacer (ya está aprobado), más que pasar por caja, el que pueda.
El impulsor de la tasas “el progresista” de Gallardón, lo que es capaz de hacer éste para ganarse la confianza de los ultras del PP con el fin de que algún día le nombren candidato a Presidente. En fin…
Javier de la Cueva ha a abierto un procedimiento libre para la impugnación de las tasas judiciales.
En el presente procedimiento se buscan dos objetivos con respecto a la «Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses», llamada ley de tasas judiciales:
1. Un objetivo inmediato, consistente en la redacción colectiva de un Otrosí para ser copiado y pegado en cualquier inicio de procedimiento sometido a la ley de tasas en el que se solicite la cuestión de inconstitucionalidad de la misma.
2. Un objetivo mediato, consistente en la elevación de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de tasas ante el Tribunal Constitucional.
El procedimiento de creación del escrito para buscar que un juzgado o tribunal plantee la cuestión de inconstitucionalidad consiste en lo siguiente (copio de prodecimientoslibres.es):
Por último, no está de más señalar que en esta colaboración no debe existir ningún protagonismo ni en su momento más cabeza visible que la del Consejo General de la Abogacía Española, a quien se le enviará el documento redactado colaborativamente solicitando su enmienda, en su caso, así como si fuere posible su adopción por el pleno a celebrarse en diciembre de 2012 y su remisión a todos los letrados para su libre utilización. Se trata de unir las redes de personas e instituciones, utilizando metodologías de trabajo que ya han demostrado su éxito en campos como el del entorno digital.
Todo el que quiera colaborar puede hacerlo aquí:
http://procedimientoslibres.es/procedimientos/tasas-judiciales/
El diario EL MUNDO de hoy, lunes 19 de noviembre de 2012, publica un interesante artículo, a toda página -pág. 27- de don Javier GÓMEZ DE LIAÑO, titulado LA JUSTICIA TIENE UN PRECIO, y dónde da otra visión sobre el asunto. Aunque no lo comporto en su totalidad, me parece muy razonado y documentado.
El diario EL MUNDO de hoy, lunes 19 de noviembre de 2012, publica un interesante artículo, a toda página -pág. 27- de don Javier GÓMEZ DE LIAÑO, titulado LA JUSTICIA TIENE UN PRECIO, y dónde da otra visión sobre el asunto. Aunque no lo comporto en su totalidad, me parece muy razonado y documentado.
Las tasas no me parecerían mal, aunque son excesivamente elevadas, siempre y cuando hubieran conllevado la desaparición de la obligatoriedad de utilizar un Procurador en nuestras relaciones con los Juzgados y Tribunales, para que fuese simplemente optativo, no preceptivo.
Yo soy abogado “de provincias”, y en mi ciudad no necesito para nada un procurador, pues voy prácticamente todos los días al Juzgado, pero si me viene bien en los pleitos que llevo en Madrid, por ejemplo.
Esta obsoleta figura -desaparecida en casi todo el mundo-, supone un coste de un 30 a un 50% de los honorarios que hay que pagar a los dos profesionales, abogado y procurador, por lo que su desaparición, o al menos voluntariedad de utilización, supondría una buena reducción de honorarios para los clientes, con lo cual aunque haya tasas, siempre les compensaría pleitear. Pero ahora mismo, NO. Entre abogado, procurador y tasas, nos comemos el principal, es decir la cantidad reclamada, sobre todo cuando se trata de pequeñas cuantías, que, por otra parte, son la mayoría de los litigios.
Las tasas no me parecerían mal, aunque son excesivamente elevadas, siempre y cuando hubieran conllevado la desaparición de la obligatoriedad de utilizar un Procurador en nuestras relaciones con los Juzgados y Tribunales, para que fuese simplemente optativo, no preceptivo.
Yo soy abogado “de provincias”, y en mi ciudad no necesito para nada un procurador, pues voy prácticamente todos los días al Juzgado, pero si me viene bien en los pleitos que llevo en Madrid, por ejemplo.
Esta obsoleta figura -desaparecida en casi todo el mundo-, supone un coste de un 30 a un 50% de los honorarios que hay que pagar a los dos profesionales, abogado y procurador, por lo que su desaparición, o al menos voluntariedad de utilización, supondría una buena reducción de honorarios para los clientes, con lo cual aunque haya tasas, siempre les compensaría pleitear. Pero ahora mismo, NO. Entre abogado, procurador y tasas, nos comemos el principal, es decir la cantidad reclamada, sobre todo cuando se trata de pequeñas cuantías, que, por otra parte, son la mayoría de los litigios.
Publicado. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
Se me cae el alma a los pies.
Publicado. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
Se me cae el alma a los pies.
Aquí podéis encontrar un útil cuadro comparativo:
http://www.lexdiario.es/noticias/152291/publicada-la-nueva-ley-de-tasas-judiciales
La iniciativa de Jdela Cueva que indica Sitogr va a ser una alternativa para combatirlas, aunque con el TS y TC que tenemos no hay que tener muchas esperanzas. Por ejemplo, hoy mismo, una funcionaria por oposición a la que han quitado la extra y rebajado el sueldo y que se ve en la necesidad de reclamar al constructor de su casa inacabada 30.000 Euros tiene que pagar la provisión de fondos de su abogado y procurador (no es posible ir a un monitorio), más 490 Euros, pero evidentemente no es que tenga ninguna gana de litigar, sino que no le queda otro remedio. Mientras tanto, el constructor moroso, de rositas y ya veremos si tiene solvencia alguna como para devolver costas incluidas las tasas. ¿Garantía de calidad y seguridad y plazo de proceso por pagar tasas judiciales? Cero. Tiene fácil para un año y, aunque está todo documentado en un Juzgado nunca se sabe, eso si no le cae un juez sustituto, un alarde o inspección, o vaya Ud. a saber qué.
Se ha materializado finalmente, como suele ocurrir con las malas noticias. Es devastadora tanto desde el punto de vista técnico, como de la implicación ética, como del devenir de nuestro ordenamiento. Siempre sigo el blog y jamás me había osado a escribir en él, pues considero que mi aportación no podía ser del calibre de la gran mayoría de usuarios. Mi pregunta es la siguiente:
¿Cuál será el siguiente movimiento de la violencia estructural?
A nadie le sorprende lo que aquí se ha comentado acerca del periodismo (cuarto poder), y de cómo se ha ignorado esta noticia a pesar de la enorme importancia de la misma y de su calado social. Eso es lo peor de todo, que no sorprende a nadie. El “tentáculo político” asoma ya en todos y cada uno de los rincones de nuestra organización, incluso en los que le estaba restringido el acceso. y personalmente me preocupa por dos razones:
En primer lugar, que no exista limitación práctica o funcional a la arbitrariedad de sus decisiones.
Y en segundo lugar, que no exista la repercusión necesaria, pues ya saben cómo manejar estas situaciones a la perfección para que volvamos a tragar.
Visto esto, ya no sé que más nos queda por tragar, pero tengo la certeza de que tragaremos, aunque consigamos atragantarnos.
Como dice Jesús Casas, hay que estar expectantes en lo que pudiera resolver el TC, aunque quizás no tan esperanzados.
Y yo planteo, de la iniciativa de De la Cueva, si se plantea en masa y se admite en masa? Qué ocurriría? Teniendo en cuenta que todos los operadores jurídicos han protestado contra esta ley, imaginemos que los abogados la plantean en masa en sus demandas y querellas, y tras su sustanciación y audiencia se admiten en todos los órganos judiciales en masa. La cuestión de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos en el proceso, pero sí se suspende el que se dicte sentencia en tanto en cuanto no resuelva el TC. Y como tardara igual en resolver que sobre el matrimonio del mismo sexo, tendríamos una hecatombe, cientos de miles de procesos a expensas de una sentencia del TC, no os parece?
Como dice Jesús Casas, hay que estar expectantes en lo que pudiera resolver el TC, aunque quizás no tan esperanzados.
Y yo planteo, de la iniciativa de De la Cueva, si se plantea en masa y se admite en masa? Qué ocurriría? Teniendo en cuenta que todos los operadores jurídicos han protestado contra esta ley, imaginemos que los abogados la plantean en masa en sus demandas y querellas, y tras su sustanciación y audiencia se admiten en todos los órganos judiciales en masa. La cuestión de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos en el proceso, pero sí se suspende el que se dicte sentencia en tanto en cuanto no resuelva el TC. Y como tardara igual en resolver que sobre el matrimonio del mismo sexo, tendríamos una hecatombe, cientos de miles de procesos a expensas de una sentencia del TC, no os parece?
¡Cómo cambian las cosas!
La Ley de Tasas PARECIA inconstitucional: si por recurrir una multa de tráfico (90 euros) has de pagar 200 leuritos de tasas, que aunque ganes ya las has visto… ¿dónde está el “libre acceso” a la Justicia? Incluso: ¿dónde está la Justicia?
Pues no. Ya, no. La Ley de Tasas resulta ahora plenamente constitucional, tras la línea marcada por el TC en el asunto “matrimonio gay”.
En efecto: ahora la Constitución se “interpreta” (rectius: “se reescribe”) atendiendo a la realidad social actual para determinar qué son las instituciones a las que se refiere.
¿Qué es, históricamente hablando, el “libre acceso a la Justicia”? Situémosnos:
–Conceptos de 1978: Lo que dicen las palabras:
“Hombre” o “mujer”, eran eso que todo el mundo sabe, el que lleva cromosomas “XY” y la que los lleva “XX” (los famosos patucos azules o rosas del chiste del nido, que en algún caso no se pueden ver porque tengo tan grandes los … que no me veo los patucos, ja ja, Uds perdonen).
“Matrimonio” es unión de “hombre” y “mujer”
“Libre acceso” es sin trabas injustificadas.
“Justicia” es ese poder del Estado (separado de los demás, qué tiempos aquéllos) que resuelve, en tiempo razonable, las pretensiones justas. Que funciona bastante bien, con pocas corruptelas y relativamente al día.
E cosí vía.
–Conceptos de 2012: Lo que dice el sentir social, tal como lo percibe el TC en cada momento:
“Hombre” o “mujer”, es algo que cada unºª elige libérrimamente ser, según cómo le de el aire. Con o SIN operación por medio. Si mañana me da por a salir del armario, puedo ser reconocido “mujer” tal como soy, con mi barba blanca y todas las piezas con las que vine al mundo. Tal cual. Me basta un dictámen de un psicólogo diciendo que caparme “me causaría traumas” (hombre, ¡y tanto!); et voilá, dejo de ser Curro para ser Curra. Así podría realizar algunos de mis sueños, como por ejemplo entrar en los lavabos de señoras a ver qué diablos hacen allí cuando se van todas juntas tanto tiempo…
“Matrimonio” es… cualquier cosa: se ha levantado la veda. Lo siguiente será lo que planteará mi amigo Adil, que el pobre se dejó en su Arabia Saudí a tres esposas legítimas…
“Libre acceso a la Justicia” es … “que ya entraremos en los Tribunales cuando haya sitio; que por ahora no lo hay, que está todo lleno y que no arrempujen pó favó!”. ¡“Realidad social” y esas cosas!
La –bendita- Ley de Tasas va a bloquear el acceso a algo donde ya NO SE CABE, algo que no funciona de ninguna manera, que es un desastre. Pasado algún tiempo, se habrán puesto al día, y entonces se podrá plantear suprimir las Tasas. Y al final tendremos una Justicia desatascada, que podrá operar normalmente.
Nuestro TC, con su novedosa doctrina, ha abierto la puerta a tantísimas cosas… ¡que maravilla!
¡Cómo cambian las cosas!
La Ley de Tasas PARECIA inconstitucional: si por recurrir una multa de tráfico (90 euros) has de pagar 200 leuritos de tasas, que aunque ganes ya las has visto… ¿dónde está el “libre acceso” a la Justicia? Incluso: ¿dónde está la Justicia?
Pues no. Ya, no. La Ley de Tasas resulta ahora plenamente constitucional, tras la línea marcada por el TC en el asunto “matrimonio gay”.
En efecto: ahora la Constitución se “interpreta” (rectius: “se reescribe”) atendiendo a la realidad social actual para determinar qué son las instituciones a las que se refiere.
¿Qué es, históricamente hablando, el “libre acceso a la Justicia”? Situémosnos:
–Conceptos de 1978: Lo que dicen las palabras:
“Hombre” o “mujer”, eran eso que todo el mundo sabe, el que lleva cromosomas “XY” y la que los lleva “XX” (los famosos patucos azules o rosas del chiste del nido, que en algún caso no se pueden ver porque tengo tan grandes los … que no me veo los patucos, ja ja, Uds perdonen).
“Matrimonio” es unión de “hombre” y “mujer”
“Libre acceso” es sin trabas injustificadas.
“Justicia” es ese poder del Estado (separado de los demás, qué tiempos aquéllos) que resuelve, en tiempo razonable, las pretensiones justas. Que funciona bastante bien, con pocas corruptelas y relativamente al día.
E cosí vía.
–Conceptos de 2012: Lo que dice el sentir social, tal como lo percibe el TC en cada momento:
“Hombre” o “mujer”, es algo que cada unºª elige libérrimamente ser, según cómo le de el aire. Con o SIN operación por medio. Si mañana me da por a salir del armario, puedo ser reconocido “mujer” tal como soy, con mi barba blanca y todas las piezas con las que vine al mundo. Tal cual. Me basta un dictámen de un psicólogo diciendo que caparme “me causaría traumas” (hombre, ¡y tanto!); et voilá, dejo de ser Curro para ser Curra. Así podría realizar algunos de mis sueños, como por ejemplo entrar en los lavabos de señoras a ver qué diablos hacen allí cuando se van todas juntas tanto tiempo…
“Matrimonio” es… cualquier cosa: se ha levantado la veda. Lo siguiente será lo que planteará mi amigo Adil, que el pobre se dejó en su Arabia Saudí a tres esposas legítimas…
“Libre acceso a la Justicia” es … “que ya entraremos en los Tribunales cuando haya sitio; que por ahora no lo hay, que está todo lleno y que no arrempujen pó favó!”. ¡“Realidad social” y esas cosas!
La –bendita- Ley de Tasas va a bloquear el acceso a algo donde ya NO SE CABE, algo que no funciona de ninguna manera, que es un desastre. Pasado algún tiempo, se habrán puesto al día, y entonces se podrá plantear suprimir las Tasas. Y al final tendremos una Justicia desatascada, que podrá operar normalmente.
Nuestro TC, con su novedosa doctrina, ha abierto la puerta a tantísimas cosas… ¡que maravilla!
La chapuza es gigantesca. El jueves entró en vigor la Ley de Tasas pero mediante una mera instrucción del Ministerio de Justicia dirigida a los secretarios judiciales se ha dejado sin efecto la entrada en vigor de la Ley.
O sea, una mera instrucción (una especie de circular que ni siquiera es fuente del Derecho, o si lo es tiene un valor ínfimo en la jerarquía normativa) ha alterado la entrada en vigor de una Ley (cuya vigencia está fijada en la propia norma legal al disponer que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE).
Se infringe la jerarquía normativa y se conculca radicalmente el art. 2 del Código Civil, según el cual las normas entrarán en vigor cuando la propia norma lo indique (salvo que no diga nada y entonces entra en vigor a los 20 días, plazo ordinario de “vacatio legis”).
Pero para Gallardón una instrucción ministerial prevalece sobre la propia Ley. Nunca habíamos visto una chapuza jurídica tan espantosa.
Por supuesto la Ley de Tasas está llena de chapuzas, pero ninguna tan grande como ésta.
Además esas chapuzas internas de la Ley crearán muchísima conflictividad interpretativa y aplicativa en los tribunales (con recursos al secretario y al juez o tribunal), con lo cual a Gallardón le saldrá el tiro por la culata, ya que la propia aplicación de la Ley de Tasas generará una casuística y una litigiosidad monumentales, que absorberá gran parte del trabajo judicial sólo para dirimir estas cuestiones tributarias.
Peor el remedio que la enfermedad.
En este post lo explica muy bien. Pretender contradecir una ley mediante una instrucción y nota de prensa!! http://derechoynormas.blogspot.com.es/2012/11/gallardonla-monumental-chapuza-de-y-la.html?m=1
La chapuza es gigantesca. El jueves entró en vigor la Ley de Tasas pero mediante una mera instrucción del Ministerio de Justicia dirigida a los secretarios judiciales se ha dejado sin efecto la entrada en vigor de la Ley.
O sea, una mera instrucción (una especie de circular que ni siquiera es fuente del Derecho, o si lo es tiene un valor ínfimo en la jerarquía normativa) ha alterado la entrada en vigor de una Ley (cuya vigencia está fijada en la propia norma legal al disponer que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE).
Se infringe la jerarquía normativa y se conculca radicalmente el art. 2 del Código Civil, según el cual las normas entrarán en vigor cuando la propia norma lo indique (salvo que no diga nada y entonces entra en vigor a los 20 días, plazo ordinario de “vacatio legis”).
Pero para Gallardón una instrucción ministerial prevalece sobre la propia Ley. Nunca habíamos visto una chapuza jurídica tan espantosa.
Por supuesto la Ley de Tasas está llena de chapuzas, pero ninguna tan grande como ésta.
Además esas chapuzas internas de la Ley crearán muchísima conflictividad interpretativa y aplicativa en los tribunales (con recursos al secretario y al juez o tribunal), con lo cual a Gallardón le saldrá el tiro por la culata, ya que la propia aplicación de la Ley de Tasas generará una casuística y una litigiosidad monumentales, que absorberá gran parte del trabajo judicial sólo para dirimir estas cuestiones tributarias.
Peor el remedio que la enfermedad.
No acabo de entender que si una persona demanda a otra que le debe dinero, el mecanismo para reclamar esa deuda entres dos particulares lo tenga que pagar yo, que ni debo ni me deben nada. No parece irrazonable que el beneficiado directamente contribuya a sufragar el servicio, sobre todo teniendo en cuenta que el coste medio para el Estado de un procedimiento judicial está en torno a los 2.000 euros. ¿Por qué tengo yo que pagar eso? Que lo pague quien lo usa.
Para eso ya están las costas judiciales, quien pierde el juicio paga de toda la vida de Dios. La financiación vía impuestos generales se da en todo. Porque si no, ¿por qué yo tengo que pagar la sanidad pública y la educación si tengo seguro médico privado y mis hijos van a colegio privado? Esto no es copago ni repago, es tripago: impuestos, costas, y tasas.
No acabo de entender que si una persona demanda a otra que le debe dinero, el mecanismo para reclamar esa deuda entres dos particulares lo tenga que pagar yo, que ni debo ni me deben nada. No parece irrazonable que el beneficiado directamente contribuya a sufragar el servicio, sobre todo teniendo en cuenta que el coste medio para el Estado de un procedimiento judicial está en torno a los 2.000 euros. ¿Por qué tengo yo que pagar eso? Que lo pague quien lo usa.
Otra incoherencia de la Ley de Tasas:
La Ley de La Jurisdicción Social dispone en su art. 229 que
“Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación o prepare recurso de casación, consignará como depósito:
Trescientos euros, si se trata de recurso de suplicación.
Seiscientos euros, si el recurso fuera el de casación incluido el de casación para la unificación de doctrina”.
Pues bien, estas cantidades (depósito para recurrir) se suman ahora a la tasa judicial. De modo que se impone una doble tasa por un mismo concepto (recurso de suplicación o casación).
Obviamente esto atenta contra el principio de prohibición del “non bis in idem” y los tribunales tendrán que pronunciarse sobre esta ilegalidad, que por supuesto se les planteará. Así que más trabajo, más polémica, más conflicto y más litigiosidad.
El tiro por la culata.
La Ley de Gallardón es muy defectuosa técnicamente. O sea, no es sólo que pueda discreparse sobre la conveniencia o no de establecer tasas judiciales: es que, además, la Ley es mala técnicamente. No aclara si las tasas judiciales son compatibles o no con los depósitos para recurrir que ya existen legalmente, lo cual generará un sinfín de problemas hermenéuticos.
Por otro lado, las tasas judiciales no deberían estar en función de la cuantía litigiosa, pues esto puede hacer inviable para muchas personas acudir a los tribunales para reclamar un daño elevado que hayan sufrido (por ejemplo, persona que es atropellada y queda tetrapléjica). Otra cosa distinta sería que las tasas estuvieran en función de la capacidad económica del litigante.
Da, en fin, la impresión de que el ministro está muy mal asesorado técnicamente. Gallardón, aunque es fiscal, no ha ejercido prácticamente nunca, de modo que de Administración de Justicia no sabe nada. Y los asesores que tiene deben de ser malísimos, porque no paran de llevarle del error a la equivocación y de la equivocación al desbarre.
Después del espectáculo/chapuza/aberración que ha ofrecido Gallardón, aprobando una ley que está jurídicamente en vigor pero se deja sin aplicar mediante una mera instrucción interna dirigida a los secretarios (monstruosidad jurídica donde las haya), creo que Rajoy debería plantearse seriamente el cese de este ministro, si no quiere que le arrastre en su incompetencia y sus desmanes.
Después del espectáculo/chapuza/aberración que ha ofrecido Gallardón, aprobando una ley que está jurídicamente en vigor pero se deja sin aplicar mediante una mera instrucción interna dirigida a los secretarios (monstruosidad jurídica donde las haya), creo que Rajoy debería plantearse seriamente el cese de este ministro, si no quiere que le arrastre en su incompetencia y sus desmanes.
ACOJON… INCREIBLE!! Todas las asociaciones unidas, los jueces y fiscales protestando, convocando paros y huelgas. Los abogados, los procuradores, secretarios y demás funcionarios de Justicia… todos los operadores jurídicos en contra de la ley de Tasas, la reforma de la LOPJ, pidiendo la dimisión de Gallardón… y va el CGPJ y hace esto?? Increible. Es que me he quedado sin palabras. Es que se están riendo en nuestra cara. Estoy indignadísimo.
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1106939
Bueno, ya sabemos para qué sirve el CGPJ para hacerle la pelota a Gallardón, no vaya a que le quiten sus privilegios. ¿Seguirán las semanas caribeñas?
ACOJON… INCREIBLE!! Todas las asociaciones unidas, los jueces y fiscales protestando, convocando paros y huelgas. Los abogados, los procuradores, secretarios y demás funcionarios de Justicia… todos los operadores jurídicos en contra de la ley de Tasas, la reforma de la LOPJ, pidiendo la dimisión de Gallardón… y va el CGPJ y hace esto?? Increible. Es que me he quedado sin palabras. Es que se están riendo en nuestra cara. Estoy indignadísimo.
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1106939
Bueno, ya sabemos para qué sirve el CGPJ para hacerle la pelota a Gallardón, no vaya a que le quiten sus privilegios. ¿Seguirán las semanas caribeñas?
Los jueces cada vez se sienten más alejados del CGPJ, que parece inhibirse de sus obligaciones, siendo constantemente ninguneado por el Ministerio de Justicia, como está viéndose con el asunto de la Ley de tasas y lo que se prepara (reforma de la LOPJ).
Si Bermejo se hubiera atrevido a hacer la décima parte de lo que está haciendo Gallardón, los consejeros del Poder Judicial (y también el propio PP) habrían montado en cólera y se habría organizado una gran zapatiesta, pero al actual ministro, incomprensiblemente, todo le es silenciado y permitido.
Los jueces cada vez se sienten más alejados del CGPJ, que parece inhibirse de sus obligaciones, siendo constantemente ninguneado por el Ministerio de Justicia, como está viéndose con el asunto de la Ley de tasas y lo que se prepara (reforma de la LOPJ).
Si Bermejo se hubiera atrevido a hacer la décima parte de lo que está haciendo Gallardón, los consejeros del Poder Judicial (y también el propio PP) habrían montado en cólera y se habría organizado una gran zapatiesta, pero al actual ministro, incomprensiblemente, todo le es silenciado y permitido.
Anoche estuvimos en una cena-tertulia con un grupo de magistrados y abogados penalistas. Tras dos horas y media de escuchar a personas documentadas y eruditas nos despedimos con la sensación de que están muy quemados. Más que en las palabras se les notaba en los gestos y en el tono decepcionado y resignado de muchos comentarios.
Cada vez es más fuerte la sensación de que nuestros procesos políticos y electorales tienen la extraña virtud de hacer que lo mejor que nuestra sociedad tiene que ofrecer (yo creo que es mucho) desaparezca del espectro visible mientras emerge gente con bastantes menos cualidades.
Gente que nos causa un daño objetivo, que destruye lo que el resto de la sociedad construye.
Esta sensación se da en muchos ámbitos privados y públicos.
¿Y cómo no van a estar decepcionados los jueces, si tienen que aplicar leyes hechas con los pies, como se ha visto con la denostada Ley de Tasas Judiciales que, aparte de ser criticable en cuanto al fondo, incluso en los aspectos formales es defectuosa, obligando a los tribunales a hacer cuentas y aplicar porcentajes tributarios en cada asunto para liquidar la tasa (convirtiéndose en agentes recaudadores de Hacienda)?
Para colmo, la ley (¡ UNA LEY aprobada por las Cortes Generales y en vigor !) está “suspendida” por una circular interna del Mº de Justicia.
El “genio jurídico” del inefable pesa como una losa sobre el buen hacer de los jueces españoles.