Recordatorio sobre la política de comentarios

Recordamos que existe una política de comentarios publicada en la web en el apartado “acerca de” que entre otras cosas, dice:

 

Nuestro objetivo es fomentar el debate independiente y riguroso, y con este objetivo realizamos una moderación de los comentarios, guiada por los siguientes criterios:

 

No se aceptarán comentarios que contengan descalificaciones personales, el racismo, el sexismo, insultos, acusaciones y semejantes.

 

La longitud máxima de los comentarios es de 350 palabras, salvo en determinados y justificados casos en los que las circunstancias aconsejen publicar comentarios más extensos.

 

No se aceptarán comentarios que se desvíen demasiado del tema tratado en el post.

 

Dado el ya considerable volumen actual de comentarios y el constante aumento de su número, en aras de que el debate no se desvíe respecto del tema central de cada cada post y para que el diálogo tenga la necesaria agilidad, estos criterios se van a observar más estrictamente a partir de ahora, por lo que se ruega a los comentaristas que procuren atenerse a ellos.

 

Recordatorio sobre la política de comentarios

Recordamos que existe una política de comentarios publicada en la web en el apartado “acerca de” que entre otras cosas, dice:

 

Nuestro objetivo es fomentar el debate independiente y riguroso, y con este objetivo realizamos una moderación de los comentarios, guiada por los siguientes criterios:

 

No se aceptarán comentarios que contengan descalificaciones personales, el racismo, el sexismo, insultos, acusaciones y semejantes.

 

La longitud máxima de los comentarios es de 350 palabras, salvo en determinados y justificados casos en los que las circunstancias aconsejen publicar comentarios más extensos.

 

No se aceptarán comentarios que se desvíen demasiado del tema tratado en el post.

 

Dado el ya considerable volumen actual de comentarios y el constante aumento de su número, en aras de que el debate no se desvíe respecto del tema central de cada cada post y para que el diálogo tenga la necesaria agilidad, estos criterios se van a observar más estrictamente a partir de ahora, por lo que se ruega a los comentaristas que procuren atenerse a ellos.

 

Sobre la proliferación de organismos reguladores

Hace ya unos cuantos meses que el Gobierno anunció su intención de unificar los organismos reguladores independientes sectoriales (a los que se uniría la Comisión Nacional de la Competencia) para crear una institución única: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una de las motivaciones de la reforma propuesta ha sido la de frenar la proliferación de este tipo de organismos que, aparentemente, se ha producido en los últimos años (véase la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley enviado por el Gobierno a las Cortes). El objeto de este post es, pues, reflexionar sobre este problema de la proliferación de organismos reguladores independientes al que se pretende dar solución.

 

Cuando se habla de la proliferación de organismos reguladores lo que preocupa en realidad es la proliferación, no de todos los órganos administrativos con funciones regulatorias, sino que preocupa la proliferación de un subtipo determinado: los organismos reguladores independientes. Pues si lo que preocupara fuera la proliferación de órganos administrativos reguladores “a secas”, se podrían haber suprimido/unificado, no sé, el Ministerio de Fomento con el Industria o el de Interior con Sanidad (no me invento nada: hasta 1977, la gestión de la sanidad estaba residenciada en el Ministerio de la Gobernación…). O suprimir otras muchas agencias (algunas de las cuales tienen funciones regulatorias): Aemps, Aesa, Aea, Aeval, Aemet, Aecid, Csic, AAO, etc. etc.

 

Esta nota de independencia es, de hecho, lo único que acomuna a todos estos organismos llamados a fusionarse; que son un grupo bastante heterogéneo de entidades: desde organismos reguladores sectoriales stricto sensu, como la CNE (energía) y la CMT (telecomunicaciones), hasta agencias como la CNC que son supervisores de la correcta aplicación de las normas de competencia (y que regular, no regula nada); desde organismos con una gran tradición (en España hay autoridad de competencia desde 1963) hasta otros que ni siquiera existen a día de hoy (Comisión Nacional del Juego o Consejo de Medios Audiovisuales, ambos por crear); desde entes formados fundamentalmente por funcionarios hasta los que tienen en principio personal laboral; desde agencias financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, hasta los que se financian con tasas a los operadores que regulan… Como es fácil imaginar, será tarea harto difícil que de esta fusión salga algo coherente.

 

Pero lo que me interesa destacar aquí son tres ideas que creo son importantes en esta discusión sobre la proliferación de este tipo de organismos. La primera ya la hemos apuntado antes: la única razón que parece estar detrás de esta reforma es la necesidad del Gobierno (voy a ser fino aquí) de “simplificar la gestión o sus relaciones con este grupo de agencias independientes”.

 

El segundo punto tiene que ver con los costes que puede tener esta reducción del “pluralismo regulatorio” para la independencia de estos entes. Efectivamente, el hecho de que el Gobierno de turno “herede” una pluralidad de administraciones independientes es, en cierto modo, una garantía de la independencia de éstas. Porque, dependiendo de un racimo de leyes en vigor, ese Gobierno se encontrará con una variedad de situaciones en distintos sectores con las que tendrá que convivir (por un tiempo determinado por los plazos y condiciones que dicten las normativas sectoriales correspondientes). Por ejemplo, el Gobierno del PP se ha encontrado con una pluralidad de situaciones en los distintos organismos: en algunos podía empezar casi desde cero (los no creados); en otros, hereda situaciones kafkianas (por ejemplo, en el Consejo de la CNE se sigue sentando tan panchamente Idoia Zenarruzabeitia, cuyo mayor mérito aparente para el cargo es haber sido vicelehendakari con Ibarretxe); algunos, como la CNC, son animales correosos, celosos de su independencia (que algún disgusto gordo le ha acarreado, véase el Gobierno enmendándoles la plana con la fusión Antena3/La Sexta este pasado verano…) y respetados por su prestigio institucional e internacional, por lo que leo últimamente. Pero tiene algo de positivo que el Gobierno entrante no pueda cambiar de golpe todas estas situaciones. Esta preferencia por las independencias (de una pluralidad de organismos) sobre la independencia (de un único órgano) actúa como una suerte de mecanismo de checks and balances que impide el eventual control total del Gobierno de turno sobre sectores enteros de la economía de un país.

 

El tercer punto tiene que ver con la preferencia por organismos multisectoriales sobre los monosectoriales (en este caso da igual que sean independientes o no). La literatura sobre organización administrativa tiene señaladas desde hace tiempo las ventajas que tiene el que las unidades administrativas tengan una única función. Cuando tienen múltiples funciones aumentan los riesgos de descoordinación interna, pueden surgir luchas por el reparto de los recursos escasos dentro de la organización y, como consecuencia, unas funciones pueden acabar teniendo preferencia en detrimento de otras. Además, la evaluación de los organismos es mucho más practicable (y, si hay buena evaluación, es más fácil que sean organismos con capacidad de mejora en el tiempo). Es muy posible que buena parte de los problemas de los organismos multisectoriales/multifuncionales se den en la nueva CNMC. Pensemos simplemente en el Consejo de la futura CNMC, que es muy difícil que sea capaz de resolver sobre la enorme (y extraordinariamente diversa) cantidad de asuntos que llevan los organismos hoy existentes y los de nueva creación que incorporará. Pensemos, por ejemplo, en el conflicto entre la regulación ex ante (típica de la regulación) y la supervisión de competencia que realiza ahora ex post la CNC.

 

Por todas estas razones merecería quizá la pena reconsiderar la fusión de estos organismos independientes. Bueno, por éstas y porque, como decía el otro día Gerard Llovet en un magnífico post en Nada es Gratis, los ahorros derivados de la fusión serán muy, muy limitados. En todo caso si, como señalábamos antes, el único motivo real que parece estar detrás de esta reforma es el de “simplificar la gestión de la independencia” de estos organismos (de nuevo, estoy finísimo…), queda como cuestión fundamental dilucidar cuáles son las intenciones del Gobierno sobre esa independencia: si iremos hacia una mayor independencia o, por el contrario, hacia un mayor control e intervención del Gobierno…

Sobre la proliferación de organismos reguladores

Hace ya unos cuantos meses que el Gobierno anunció su intención de unificar los organismos reguladores independientes sectoriales (a los que se uniría la Comisión Nacional de la Competencia) para crear una institución única: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una de las motivaciones de la reforma propuesta ha sido la de frenar la proliferación de este tipo de organismos que, aparentemente, se ha producido en los últimos años (véase la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley enviado por el Gobierno a las Cortes). El objeto de este post es, pues, reflexionar sobre este problema de la proliferación de organismos reguladores independientes al que se pretende dar solución.

 

Cuando se habla de la proliferación de organismos reguladores lo que preocupa en realidad es la proliferación, no de todos los órganos administrativos con funciones regulatorias, sino que preocupa la proliferación de un subtipo determinado: los organismos reguladores independientes. Pues si lo que preocupara fuera la proliferación de órganos administrativos reguladores “a secas”, se podrían haber suprimido/unificado, no sé, el Ministerio de Fomento con el Industria o el de Interior con Sanidad (no me invento nada: hasta 1977, la gestión de la sanidad estaba residenciada en el Ministerio de la Gobernación…). O suprimir otras muchas agencias (algunas de las cuales tienen funciones regulatorias): Aemps, Aesa, Aea, Aeval, Aemet, Aecid, Csic, AAO, etc. etc.

 

Esta nota de independencia es, de hecho, lo único que acomuna a todos estos organismos llamados a fusionarse; que son un grupo bastante heterogéneo de entidades: desde organismos reguladores sectoriales stricto sensu, como la CNE (energía) y la CMT (telecomunicaciones), hasta agencias como la CNC que son supervisores de la correcta aplicación de las normas de competencia (y que regular, no regula nada); desde organismos con una gran tradición (en España hay autoridad de competencia desde 1963) hasta otros que ni siquiera existen a día de hoy (Comisión Nacional del Juego o Consejo de Medios Audiovisuales, ambos por crear); desde entes formados fundamentalmente por funcionarios hasta los que tienen en principio personal laboral; desde agencias financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, hasta los que se financian con tasas a los operadores que regulan… Como es fácil imaginar, será tarea harto difícil que de esta fusión salga algo coherente.

 

Pero lo que me interesa destacar aquí son tres ideas que creo son importantes en esta discusión sobre la proliferación de este tipo de organismos. La primera ya la hemos apuntado antes: la única razón que parece estar detrás de esta reforma es la necesidad del Gobierno (voy a ser fino aquí) de “simplificar la gestión o sus relaciones con este grupo de agencias independientes”.

 

El segundo punto tiene que ver con los costes que puede tener esta reducción del “pluralismo regulatorio” para la independencia de estos entes. Efectivamente, el hecho de que el Gobierno de turno “herede” una pluralidad de administraciones independientes es, en cierto modo, una garantía de la independencia de éstas. Porque, dependiendo de un racimo de leyes en vigor, ese Gobierno se encontrará con una variedad de situaciones en distintos sectores con las que tendrá que convivir (por un tiempo determinado por los plazos y condiciones que dicten las normativas sectoriales correspondientes). Por ejemplo, el Gobierno del PP se ha encontrado con una pluralidad de situaciones en los distintos organismos: en algunos podía empezar casi desde cero (los no creados); en otros, hereda situaciones kafkianas (por ejemplo, en el Consejo de la CNE se sigue sentando tan panchamente Idoia Zenarruzabeitia, cuyo mayor mérito aparente para el cargo es haber sido vicelehendakari con Ibarretxe); algunos, como la CNC, son animales correosos, celosos de su independencia (que algún disgusto gordo le ha acarreado, véase el Gobierno enmendándoles la plana con la fusión Antena3/La Sexta este pasado verano…) y respetados por su prestigio institucional e internacional, por lo que leo últimamente. Pero tiene algo de positivo que el Gobierno entrante no pueda cambiar de golpe todas estas situaciones. Esta preferencia por las independencias (de una pluralidad de organismos) sobre la independencia (de un único órgano) actúa como una suerte de mecanismo de checks and balances que impide el eventual control total del Gobierno de turno sobre sectores enteros de la economía de un país.

 

El tercer punto tiene que ver con la preferencia por organismos multisectoriales sobre los monosectoriales (en este caso da igual que sean independientes o no). La literatura sobre organización administrativa tiene señaladas desde hace tiempo las ventajas que tiene el que las unidades administrativas tengan una única función. Cuando tienen múltiples funciones aumentan los riesgos de descoordinación interna, pueden surgir luchas por el reparto de los recursos escasos dentro de la organización y, como consecuencia, unas funciones pueden acabar teniendo preferencia en detrimento de otras. Además, la evaluación de los organismos es mucho más practicable (y, si hay buena evaluación, es más fácil que sean organismos con capacidad de mejora en el tiempo). Es muy posible que buena parte de los problemas de los organismos multisectoriales/multifuncionales se den en la nueva CNMC. Pensemos simplemente en el Consejo de la futura CNMC, que es muy difícil que sea capaz de resolver sobre la enorme (y extraordinariamente diversa) cantidad de asuntos que llevan los organismos hoy existentes y los de nueva creación que incorporará. Pensemos, por ejemplo, en el conflicto entre la regulación ex ante (típica de la regulación) y la supervisión de competencia que realiza ahora ex post la CNC.

 

Por todas estas razones merecería quizá la pena reconsiderar la fusión de estos organismos independientes. Bueno, por éstas y porque, como decía el otro día Gerard Llovet en un magnífico post en Nada es Gratis, los ahorros derivados de la fusión serán muy, muy limitados. En todo caso si, como señalábamos antes, el único motivo real que parece estar detrás de esta reforma es el de “simplificar la gestión de la independencia” de estos organismos (de nuevo, estoy finísimo…), queda como cuestión fundamental dilucidar cuáles son las intenciones del Gobierno sobre esa independencia: si iremos hacia una mayor independencia o, por el contrario, hacia un mayor control e intervención del Gobierno…