La justicia, de luto.

 

Son días tristes de un otoño, casi invierno, de la democracia en este país. A ésta se le van cayendo las hojas y se  introduce en sus raíces un frío helador que amenaza a que en un futuro el árbol pueda no volver a ser lo que fue. La savia, la sangre del árbol, se va quedando sin plaquetas que están bajo mínimos.

 

Ahora, la poda afecta a una de las ramas más importantes de lo que supone un Estado democrático: que los ciudadanos puedan acceder a los tribunales para resolver las controversias y sean tutelados los derechos de aquellos. Y esto deben garantizarlo los poderes públicos. Cuando no se lleva a cabo o se impide, se pone en cuestión todo el sistema. Sin Justicia, no hay democracia. Aquella es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y cuando se menoscaba de modo tan evidente desde el poder, las luces rojas deben encenderse.

 

La Constitución tiene por eje nuclear el reconocimiento y la garantía de unos derechos humanos que son previos al poder e inherentes a la condición de personas. Que nuestra Ley Fundamental dedique casi un tercio de su texto a estos, evidencia el valor que les da.  Pero incluso hay algunos derechos que son fundamentales y ocupan una posición de condición esencial para que pueda hablarse de democracia. Esta no existe si se restringe gravemente, por ejemplo, el derecho de participación en asuntos públicos, la libertad de información y expresión o el derecho de reunión o asociación.

 

Pues bien, al mismo nivel nuclear está el derecho a la tutela judicial efectiva de modo que cuando esta quiebra, cuando se restringe notablemente que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales, se está haciendo que el sistema democrático se resquebraje.

 

Esto es lo que está sucediendo con ocasión de la Ley de Tasas Judiciales cuya esperpéntica entrada en vigor de la norma legal, imposibilitada por la ausencia de formularios oficiales, es un caso claro de regresión democrática que unido a otras restricciones y recortes (les llaman falsamente “reformas”) en variados ámbitos sociales, hace que se empiece a notar un escalofrío, intuyendo que el invierno va a ser duro. Aunque todo empezó con la impresentable reforma express de la Constitución entre el PSOE y PP de la Constitución que alteraba, por imposición del exterior, nuestro modelo que era el “Estado social”, es muy triste ver cómo en apenas un año se han desmontado, con la coartada de la crisis económica, muchos logros democráticos desde la Constitución. Y pensar que pudieran quedar tres más…

 

Lo que se aprobado en tasas judiciales no es simplemente una medida recaudatoria sino algo más. No es una medida disuasoria para que los ciudadanos no acudan a los tribunales sino algo más. No es una simple vulneración de un derecho constitucional sino algo más.

 

Alguien que fuese un leal servidor público de los que rodean al Ministro o al Presidente se lo tendría que decir pero todos sabemos que a los que mandan les incomoda que les digan: “Jefe, esto no se puede hacer”. Y si lo dices dos veces, prepárate la salida. Este es uno de los problemas de nuestro sistema de captación de servidores –serviles- del poder. Desconozco si alguno se lo han hecho saber pero otros tenemos que advertir las consecuencias.

 

Y estas son que resultando las tasas tan notoriamente desmesuradas, impedirán claramente que los ciudadanos accedan a la tutela de los tribunales. Pero no todos pues en esto, como en otras decisiones que toman, los más perjudicados son los que constituyen el eje vertebrador de nuestra sociedad: la clase media que comienzan a ser media-baja, ahondando en la brecha social.

 

Aunque no les guste nada a quienes mandan y reciben obstáculos desde diversas Comunidades Autónomas, las personas sin apenas recursos van a poder seguir litigando “como pobres” tal y como antaño se decía en lo que hoy se denomina beneficio de justicia gratuita. ¿Y de los ricos? Pues que podrán pleitear pues ellos sí que podrán asumir ese nuevo coste.

 

En cambio, las clases medias, que son las golpeadas por casi todas las medidas gubernamentales: trabajadores por cuenta ajena, pequeños empresarios, empleados públicos, etc, son, también, los más perjudicados por esta ley promovida por el Ministerio de Injusticia.

 

Establecer un sistema judicial en el que el acceso está gravemente impedido para la gran mayoría de la población, es claramente una medida inconstitucional y son prácticamente unánimes las opiniones de todos los sectores jurídicos a los que el gobierno, como sucede en otros ámbitos, no quiere escuchar.

 

Si al impedimento para los ciudadanos se suma que para la Administración que litiga profusamente y que en ocasiones solo busca dilatar la solución, no tenga, en cambio que pagar, es una vulneración del principio de igualdad procesal. Hay que tratar igual a las dos partes en un juicio y al configurar esta decisión como una tasa y dado que las Administraciones están exentas, se produce una situación muy desigual.

 

El negro es el color de las togas de los jueces pero también expresión que nuestra Justicia esta de luto.

Constitución y lenguaje para no entendidos

Es interesante cómo en Estados Unidos hay una enorme preocupación por la comprensión por los ciudadanos del texto constitucional. Es, a mi juicio, un elemento más de la legitimidad constitucional. Esta tiene un origen pero tiene, sobre todo, un mantenimiento a lo largo del tiempo. Si la Constitución no mantiene el respaldo de los ciudadanos será una Constitución muerta. O la Constitución es querida o está liquidada socialmente. Este aspecto es crítico y en Estados Unidos lo tienen claro. Muy recientemente, en uno de los blog jurídicos de mayor relevancia (The Wolokh Conspiracy), se ha interesado por este tema. Por un lado, han recordado las palabras del Presidente Hoover (1935) (If You Believe Blog Comment Threads, It’s Almost Disqualifying)

“Our Constitution is not alone the working plan of a great Federation of States under representative government. There is embedded in it also the vital principles of the American system of liberty. That system is based upon certain inalienable freedoms and protections which not even the government may infringe and which we call the Bill of Rights. It does not require a lawyer to interpret those provisions.”

Y, por otro, han recordado que es una exigencia presente en la doctrina constitucional norteamericana (Do You Have to Be a Lawyer to Understand the Constitution?)

As Justice Owen Roberts put it in a unanimous 1931 decision, “[t]he Constitution was written to be understood by the voters; its words and phrases were used in their normal and ordinary as distinguished from technical meaning.” This conclusion was reaffirmed by the Court inDistrict of Columbia v. Heller (2008).

¿Se podría decir lo mismo de nuestra Constitución? Yo creo que no. La nuestra es una Constitución “muy técnica”. Es una Constitución de profesores, no de ciudadanos. Es significativo que es, tal vez, la única Constitución del mundo que tiene reconocida la “autonomía universitaria” como derecho fundamental (art. 27 CE). Es la huella de la influencia de los académicos. El resultado es una Constitución propia de su tiempo (1978), muy centrada en resolver los problemas políticos y territoriales del momento pero incomprensible para el común de los ciudadanos. Incluso, suscita problemas entre los académicos. Esta complejidad también contribuye a que no sea una Constitución ciudadana, en el entendido de que los españoles se identifican con la Constitución por lo que simboliza (que es mucho y muy importante) pero no por su contenido real que, usualmente, desconocen. Se podría considerar que esta identificación sería más factible respecto del título relativo a los derechos (título I). Tampoco aquí es fácil, como sucede con las dificultades interpretativas que suscita el artículo 53 CE en relación con los distintos tipos de derechos fundamentales y, en particular, la eficacia y naturaleza de los denominados “principios rectores de la política social y económica”. Me parece que esta dificultad radica en que, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, la Constitución es, entre nosotros, un instrumento de transformación social y política que ha de plasmar nuestro desiderátum, nuestra utopía como sociedad. En cambio, en Estados Unidos, es la que ordena el marco de convivencia. No tiene pretensiones de transformación sino de establecer las reglas básicas que hacen posible la convivencia ciudadana. La utopía está al margen de la Constitución; la utopía es vivir en libertad. Nosotros, en cambio, tal vez, consideramos que el mundo mejor es el que la Constitución hace posible. Tenemos una fe excesiva en la misma. Algunos, incluso, podrían considerar que es un fe basada en la desconfianza en la libertad y en los mismos ciudadanos. Necesitamos que se nos venga impuesta. Podría ser. Es una idea a reflexionar.