Protección de datos ¿y de cloacas?
Mientras se aprueba el Proyecto de Ley de Transparencia, del que ya hemos hablado largo y tendido en este blog, seguimos tropezando en el día a día con una serie de actuaciones de nuestros representantes y cargos públicos que no dejan de producir asombro desde el punto de vista del derecho de acceso a la información pública, de la transparencia y sencillamente de los principios que rigen en un Estado democrático de Derecho.
Así, un día nos explica el sr. Posada, Presidente del Congreso, que no hay ninguna ley que obligue a dar las nóminas de los diputados y que eso no se hace en ningún otro país del mundo. Por favor, que le eche un vistazo por lo menos a alguna web, aunque esté en inglés lo que para nuestros políticos siempre es un obstáculo, dado que no hablan idiomas. Aquí tienen por ejemplo la famosa de Theyworkforyou. Pero vamos, también los hay en español, como la del Senado de Chile, con todo lo que ganan los senadores perfectamente detallado Para no deprimirnos en exceso, recordemos que tanta transparencia, por lo menos en el caso británico, fue la consecuencia de un escándalo desatado al descubrir que 6 de cada 10 diputados habían pasado gastos de manera incorrecta, que por cierto, fueron obligados a devolver.
Otro día, nos dicen que nos van a comunicar amablemente donde viajan los srs. Diputados (a los que pagamos el sueldo y suponemos que los gastos del viaje con nuestros impuestos) pero no nos van a decir lo que se gastan en los viajes (las explicaciones aquí son un tanto confusas, oscilando entre las de que no se puede saber priori cuanto gastan hasta las de que es que los gastos se los pagan otros).
Y luego otro nos enteramos de que hay Comisiones “secretas” que actúan sin embargo en régimen (suponemos) de Derecho Administrativo y (suponemos) con sujeción a la Ley y al Derecho…y así podemos seguir y seguir. En este caso se invoca el sacrosanto derecho a la protección de datos que, al parecer, justifica que haya en una democracia Comisiones que funcionan con el mismo grado de opacidad que los censores franquista, por poner un ejemplo que ahora está de moda. Y para fin de fiesta, resulta que, para decidir sobre la reforma de las Administraciones locales, los partidos políticos todavía mayoritarios se reúnen no en el Parlamento sino…en secreto.
Frente a tanto despropósito, no está de más recordar algunos conceptos jurídicos básicos. Es cierto que el derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, anclado en el art. 18 de la Constitución que protege a los individuos de los abusos que se derivan de la recopilación y utilización de la información personal (los datos) prohibiendo que se obtenga, retenga y utilice tal información si el interesado no lo ha consentido, ya que los perjuicios que pueden llegar a producírsele son enormes. Pero, sinceramente, no nos parece que los datos personales estén huérfana de protección en nuestro ordenamiento jurídico, como demuestra la importancia y el temor que inspira la Agencia Española de Protección de Datos, y sus numerosas hermanas pequeñas autonómicas. Por no hablar de la legislación, sumamente estricta.
Pero también tenemos que recordar que la Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales (es decir, de los ciudadanos) y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Esto al menos lo que dice nuestra Constitución (art. 103) y, aunque no estemos hablando de un derecho fundamental, no cabe duda de que estamos ante un principio esencial en un Estado democrático de Derecho ya lo enfoquemos desde la óptica económica más anglosajona (lo que es público lo pagamos entre todos) o desde la óptica democrática (hay que garantizar el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas), resulta tan indiscutible como el necesario respeto a la protección de los datos personales.
Este principio lo ha desarrollado fundamentalmente la Ley de Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común ley 30/92 que, triunfal, afirma en el apdo. IX de su exposición de motivos que: «El Título IV, bajo el epígrafe «De la actividad de las Administraciones Públicas», contiene una trascendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, además de los que les reconocen la Constitución y las leyes. De esta enunciación cabe destacar como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos -rompiendo la tradicional opacidad de la Administración-…». El artículo 35.b) establece este derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas “a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos”.
El derecho a la identificación del personal y de las autoridades es, efectivamente, un elemento clave para garantizar la objetividad administrativa y el cumplimiento de las leyes, así como para, en su caso, exigir responsabilidades, pues impide a quienes ejercen las potestades públicas ampararse en la oscuridad y abusar de los poderes que la ley les atribuye para alcanzar los intereses generales. Se trata de luchar contra lo que tradicionalmente se ha definido como “las cloacas” del poder, lugares inciertos y opacos donde se ocultan los trapos sucios. Y lo mismo, por extensión, cabe decir de las personas que no siendo funcionarios ejercen potestades públicas, ya se trate de cargos públicos, contratados laborales o profesionales, asesores o expertos llamados a formar parte de Comisiones y demás organismos que puedan participar tanto en la definición de políticas públicas, elaboración de libros blancos o directamente asunción de potestades públicas en los casos así previstos por las Leyes.
Curiosamente, hoy parece que aunque se enarbola la bandera de la transparencia, las cosas están cambiando y no precisamente para bien. Estamos yendo hacia atrás. Resulta que hoy las cloacas ya no se ocultan, sino que se airean y se justifica su existencia nada menos que en el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
En ese sentido, quizá el caso paradigmático, por ahora, sea el de la Comisión de Propiedad Intelectual (más conocida como Comisión Sinde, o ahora Comisión Sinde-Wert) el órgano administrativo que resuelve de forma ejecutiva las quejas por infracción de la propiedad intelectual, ordenando la retirada de páginas web de aquellos contenidos que se compruebe, mediante un procedimiento administrativo y previo a la vía jurisdiccional, que infringen los derechos de terceros o, incluso, ordenando el cierre de las páginas web. Sobre el tema de fondo ya hemos tratado en el blog. Pero ahora lo asombroso es que la Administración oculta de forma celosa la identidad de los componentes de esta Comisión, según denuncia David Bravo, uno de los abogados que defiende casos frente a la misma.
¿Por qué? Nos gustaría saber cuales son las razones . ¿Para proteger los datos personales de los componentes de la Comisión? Pues por esa regla de tres, tampoco podríamos conocer nunca los nombres de los responsables de cualquier acto o actuación de las Administraciones Públicas, en flagrante contradicción con los principios de nuestra Constitución y con las leyes que los desarrollan. Lamentable situación, que recuerda a la capucha del verdugo y que no invita a pensar nada bueno.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Totalmente de acuerdo, la protección de datos se ha convertido en nuestra partitocracia en la excusa perfecta para no dar información que puede llevar a exigir rendición de cuentas y responsabilidades, o simplemente a escandalizar a los ciudadanos. Otra cosa es que muchas veces se invoca por pura ignorancia y otras por pura maldad, siempre con la ventaja de la escasa formación jurídica los ciudadanos en general y de los periodistas en particular sobre estos temas. De la de los políticos no hace falta ni hablar, aunque la tengan la sacrificarán en el altar de la partitocracia. No nos dejemos engañar.
La opacidad en asuntos públicos cuando no es un tema verdaderamente sensible, es siempre sospechosa. Luego puede haber algo detrás o no. Pero escudarse en que son datos protegidos es un poco esperpéntico. Al final va a resultar que protegen más a los datos que a los ciudadanos a los que representan, y al ejercicio de los derechos de control que corresponde, como derecho y como deber, a esos ciudadanos.
¿Es un acto inquisitorial, impropio de un Estado de Derecho, publicar las nóminas de los diputados o sus gastos en viajes?
¿Y la lista de los defraudadores a la Hacienda Pública?
Será que tenemos que prepararnos todos para una nueva era bajo la héjira de regímenes como el Chino, donde el partido y el estado vigilan sin ser vigilados. Desde este blog se ha hecho referencia en distintas ocasiones a la importancia e la labor de entidades como CIVIO, que inician (9 meses de vida) una labor que, esperemos, se extienda poco a poco. Es inconcebible, a estas alturas, que toda la información pagada con nuestros ipuesto, o sea, nuestro tiempo y esfeuerzo, o sea, nuestras vidas, no sea pública y transparente, salvo la que estrictamente afecte ala defensa y seguridad nacional conforme ala Ley de Secretos Oficiales que, por lo demás, creo que data de 1968. Ya veremos los trucos que hacen con la Ley de Transparencia en vigor.
Totalmente de acuerdo, la protección de datos se ha convertido en nuestra partitocracia en la excusa perfecta para no dar información que puede llevar a exigir rendición de cuentas y responsabilidades, o simplemente a escandalizar a los ciudadanos. Otra cosa es que muchas veces se invoca por pura ignorancia y otras por pura maldad, siempre con la ventaja de la escasa formación jurídica los ciudadanos en general y de los periodistas en particular sobre estos temas. De la de los políticos no hace falta ni hablar, aunque la tengan la sacrificarán en el altar de la partitocracia. No nos dejemos engañar.
La opacidad en asuntos públicos cuando no es un tema verdaderamente sensible, es siempre sospechosa. Luego puede haber algo detrás o no. Pero escudarse en que son datos protegidos es un poco esperpéntico. Al final va a resultar que protegen más a los datos que a los ciudadanos a los que representan, y al ejercicio de los derechos de control que corresponde, como derecho y como deber, a esos ciudadanos.
¿Es un acto inquisitorial, impropio de un Estado de Derecho, publicar las nóminas de los diputados o sus gastos en viajes?
¿Y la lista de los defraudadores a la Hacienda Pública?
Será que tenemos que prepararnos todos para una nueva era bajo la héjira de regímenes como el Chino, donde el partido y el estado vigilan sin ser vigilados. Desde este blog se ha hecho referencia en distintas ocasiones a la importancia e la labor de entidades como CIVIO, que inician (9 meses de vida) una labor que, esperemos, se extienda poco a poco. Es inconcebible, a estas alturas, que toda la información pagada con nuestros ipuesto, o sea, nuestro tiempo y esfeuerzo, o sea, nuestras vidas, no sea pública y transparente, salvo la que estrictamente afecte ala defensa y seguridad nacional conforme ala Ley de Secretos Oficiales que, por lo demás, creo que data de 1968. Ya veremos los trucos que hacen con la Ley de Transparencia en vigor.
Comparto el análisis de Elisa de la Nuez y quiero aportar algunas precisiones. La posición del Sr. Presidente del Congreso de los Diputados es muy criticable. En el ámbito del ejecutivo, los ministros y secretarios de estado declaran anualmente no ya sus ingresos sino su patrimonio total, que es publicado en el BOE para general conocimiento. Incluso en el sector privado, la Ley de Economía Sostenible obligó a las sociedades cotizadas a dar cuenta de las retribuciones devengadas por sus consejeros, desglosadas individualmente para que los accionistas pudieran enjuiciar la política retributiva de la sociedad. Ocultar las remuneraciones de los Diputados es una actitud de poco recorrido, en mi opinión. Distinta es la cuestión de la “Comisión Sinde-Wert”. El abogado Sr. Bravo ha sido informado de la identidad de sus integrantes (por si procede que recuse a alguno de sus miembros), pero le han prohibido divulgar públicamente sus nombres. Es decir, la Administración ha proporcionado la información, pero ha restringido su difusión por no considerarla de interés público o general. Entiendo que es un tema discutible, pero quería matizar la entrada de Elisa de la Nuez, que comparto globalmente como ya he dicho.
Comparto el análisis de Elisa de la Nuez y quiero aportar algunas precisiones. La posición del Sr. Presidente del Congreso de los Diputados es muy criticable. En el ámbito del ejecutivo, los ministros y secretarios de estado declaran anualmente no ya sus ingresos sino su patrimonio total, que es publicado en el BOE para general conocimiento. Incluso en el sector privado, la Ley de Economía Sostenible obligó a las sociedades cotizadas a dar cuenta de las retribuciones devengadas por sus consejeros, desglosadas individualmente para que los accionistas pudieran enjuiciar la política retributiva de la sociedad. Ocultar las remuneraciones de los Diputados es una actitud de poco recorrido, en mi opinión. Distinta es la cuestión de la “Comisión Sinde-Wert”. El abogado Sr. Bravo ha sido informado de la identidad de sus integrantes (por si procede que recuse a alguno de sus miembros), pero le han prohibido divulgar públicamente sus nombres. Es decir, la Administración ha proporcionado la información, pero ha restringido su difusión por no considerarla de interés público o general. Entiendo que es un tema discutible, pero quería matizar la entrada de Elisa de la Nuez, que comparto globalmente como ya he dicho.