La regulación de Eurovegas en la Ley de Acompañamiento de la Comunidad de Madrid

La Ley de acompañamiento de la Comunidad  de Madridha previsto para el conocido como proyecto Eurovegas un traje a medida, que ha venido a llamar Centros Integrales de Desarrollo (CID). Se trata de una figura jurídica configurada ad hoc, como una categoría de los llamadosProyectos de Alcance Regional, regulados en la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid. En ella se prevé que sus disposiciones aplicables a los CID prevalecerán en caso de conflicto sobre las restantes normas de la Comunidad de Madrid. Esos centros se podrán implantar mediante autorización administrativa, de oficio a solicitud de  un particular, otorgada mediante concurso público. En esa solicitud el particular deberá señalar el tipo de actividades a realizar, municipios afectados, estudio económico financiero, ajuste del proyecto a la legislación urbanística y la que incumpliría, etcétera y específicamente previsiones de creación de empleo, de la inversión que comportan y  del incremento de la riqueza que para la región supongan.

 

Tras la presentación de esa solicitud habrá una aprobación inicial, que saldrá a información pública, y una posterior aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, en la que se indicarán, entre otras cosas, los cambios en el planeamiento urbanístico a realizar y el plazo, que no podrá ser superior a diez años, durante el cual no se podrá autorizar la implantación de un nuevo CID que tenga autorizada la actividad de casinos, de nuevos casinos, o de la ampliación de los existentes en Madrid. Según la Ley, las previsiones urbanísticas de los CID prevalecerán sobre las determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico, que deberá ser adaptado por la Administración competente; de igual forma, para los CID no rige la limitación de alturas previstas en la Legislación del suelo de la Comunidad.

 

Por otra parte, la Ley dedica un capítulo entero a regular el régimen del juego en los CID. Cabe destacar que el CID podrá mediante una simple comunicación a la Comisión de Control del Juego incluir nuevos juegos, aunque estos no figuren expresamente recogidos en una norma; se permite la entrada a los menores en esos centros; la autorización de funcionamiento de los casinos será la del CID  y se autoriza que en esos casinos y centros de juego den crédito a los jugadores. La citada Comisión de Control será la que inspeccione el juego en los CID. Esta Comisión de nueva creación tendrá la composición, organización y funcionamiento que el Consejo de Gobierno autonómico mediante decreto decida.

 

En materia tributaria también goza de importantes especificidades. Se le aplicará una bonificación de un 95% de la cuota que resulte de las operaciones sujetas al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que estén relacionadas con su puesta en funcionamiento. Además, se prevé una reducción muy significativa del tipo del impuesto sobre el juego de casinos pasando de un máximo de un 55% y un mínimo del 20% a un tipo lineal del 10%. Previéndose también  importantes bonificaciones sobre la cuota resultante. Que en el proyecto inicial eran de un 9% de  las inversiones realizadas y 9.000 euros por trabajador de la plantilla media en cada periodo; debiendo ingresar un 1% de la base imponible, pero pudiendo acumular las bonificaciones no aplicadas para los 18 años siguientes. Y que tras las enmiendas del Partido Popular, y su paso por Comisión, han quedado en la cuantía que resulte de aplicar a la base de la tasa un 0,1%  por cada 100 trabajadores que integren la plantilla media en cada periodo. Lo que conlleva que desde 10.000 trabajadores la bonificación alcance el 10% de la base. Esto es un porcentaje igual, como hemos mencionado, al del tipo a aplicar sobre la base. En consecuencia, en a partir de esos trabajadores se compensará la bonificación con el tipo y la cuota a pagar resultará ser cero. Aunque,  como se mantiene un tipo mínimo del 1% en todo sobre la base, ese será al menos el impuesto  que pague el CID o Eurovegas.

 

Como se puede ver el traje a medida se ajusta muy bien a lo que el señor Adelson pidió: una isla legal,  como contábamos antes las leyes del CID pactadas con él prevalecen sobre cualquier otra de la Comunidad de Madrid. Una isla en la que hay libertad urbanística, escasos impuestos, limitación de los competidores, capacidad de dar crédito directamente a los jugadores –a pesar del riesgo de blanqueo de capitales, o será por eso mismo-, diferente normativa sobre menores, entre otras medidas. Ya sólo falta que el Gobierno del Estado deje fumar. Se trata claramente de una regulación muy beneficiosa para un inversor y un tipo de inversor, que los mejores economistas en ningún caso recomiendan.

 

Milton Fridman decía en su libro “Capitalism and freedom”: “The kind of economic organization that provides economic freedom directly, namely, competitive capitalism, also promotes political freedom because it separates economic power from political power and in this way enables the one to offset the other”.Pese a que el Gobierno Regional del PP de Madrid se define como liberal, en esa Ley hay mucha confusión entre los intereses públicos y privados, entre el poder político y el económico. Y eso sólo puede conducir a más intervencionismo, menos libertad y más corrupción; a un país donde las decisiones políticas influidas por el poder económico determinen a quien van las rentas y beneficios de la actividad económica. Un mal camino para salir de la crisis. Lo que necesitamos son reglas claras, iguales para todos, y dejar que el dinero fluya hacia quienes tienen verdadera capacidad de iniciativa e inventiva.

Obras son amores: La propuesta del PP para el Consejo General del Poder Judicial

 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre el anteproyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. En un post que publicamos antes de las elecciones generales (en noviembre de 2011) con la finalidad de analizar los programas electorales de los distintos partidos en este importante asunto de la independencia de la Justicia (aquí), comentaba así la propuesta del PP:
 
“En relación al CGPJ se propone sencillamente volver al sistema originario de elección exclusiva por jueces y magistrados de los 12 no reservados al Parlamento. La propuesta gana en independencia respecto de los que hay ahora, pero también en corporativismo, que es el argumento que el PSOE utilizó en 1985 para reformar la ley. Conviene recordar de todas maneras que el PP no cambió el sistema pese a estar ocho años en el poder y que ha participado activamente durante todo este tiempo en todos los manejos imaginables. Ahora propone la reforma. Veremos.
 
Bueno, pues ya hemos visto. La verdad es que resulta muy útil releer continuamente el programa electoral del PP, sobre todo si uno quiere conocer de antemano lo que el Gobierno NO va a hacer y, de paso, claro, lo que va a hacer: lo contrario de lo que prometió.
 
El tema del CGPJ no es un tema secundario. La Justicia es la piedra angular del Estado de Derecho y si es sensible a las presiones políticas o funciona mal, ni puede controlar al poder público ni tampoco al privado. El riesgo evidente es, en consecuencia, volver a ese estado de Naturaleza en el que cada uno, como nos advirtió Spinoza, recupera su “derecho” a hacer lo que le dé la gana, sea banquero, líder político o fontanero. Pero no sé por qué me da que al banquero y al líder político les va a resultar más fácil, vaya.
 
Pues bien, el CGPJ es clave en la regeneración de la Justicia, porque en sus manos está el régimen básico de premios y castigos: la política de nombramientos en los tribunales superiores del Estado (que tanto interesa controlar a los políticos) y el régimen disciplinario.  Por eso, como comentaba también en este otro post sobre el tema (aquí), a la hora de diseñarlo es necesario huir de dos peligros muy evidentes. Por una lado, existe el riesgo de que, tratando de conseguir una judicatura ferozmente independiente, la convirtamos en irresponsable, una especie de casta que vele por sus propios intereses y no rinda cuentas de su actuación a nadie (riesgo evidente si a los consejeros les nombran sólo los jueces). Por el contrario, a ver si por intentar hacerla responsable y conectada a los intereses de la ciudadanía, la vamos a transformar en una mera correa de transmisión de los políticos profesionales y de sus personales intereses partitocráticos (peligroso si a los consejeros les nombran sólo los políticos).
 
Hoy existe una clara conciencia de que el actual diseño de la institución nos ha metido de cabeza en el segundo riesgo, aunque, bien pensado, el actual sistema es un conglomerado de vicios casi perfecto, pues aúna simultáneamente falta de independencia e irresponsabilidad; quizás porque a los políticos, que son los que mandan, tampoco les interesa demasiado fomentar la responsabilidad interna del sistema, por lo menos no al precio de poner en peligro sus apaños a la hora de designar jueces cercanos en puestos sensibles.
 
Por eso, la cuestión clave es la siguiente: ¿el proyecto del Gobierno implica alguna mejora respecto de lo que ya tenemos? Les anticipo la respuesta: NO. Pero como comprendo que no tienen por qué creerme vamos a comprobarlo juntos.
 
Según la nota de prensa del Ministerio de Justicia (aquí), la reforma básicamente sólo incluye dos novedades. La primera es que podrán presentar su candidatura todos los jueces y magistrados en activo que reúnan un mínimo de 25 avales o el de una asociación judicial. La segunda es que sólo tendrán dedicación exclusiva los miembros de la comisión permanente, que rotarán anualmente.
 
Pensar que con esta reforma van a cambiar algo las cosas es de una ingenuidad pasmosa, a la que se apuntaba por cierto el editorialista del diario El País del día 22,  cuando afirmaba lo siguiente: “Ruiz-Gallardón considera que la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros contribuirá a despolitizar el CGPJ; podría ser cierto si las fuerzas políticas —especialmente el partido del Gobierno, que cuenta con la mayoría absoluta— se decidieran a consensuar candidatos con criterios de más enjundia que la proximidad ideológica.” Pero como yo no pertenezco a esta peña, sino más bien a la de la sospecha -y no tanto por haber leído a Nietzsche y a Sarte como por haber soportado a González, Aznar, Zapatero y a Rajoy- creo que si los partidos no han consensuado candidatos antes, no lo van a hacer ahora.
 
Sin duda ahora tendrán más donde elegir. ¿Y qué? Dice el proyecto que los partidos “procurarán” respetar en su elección la proporción entre afiliados y no afiliados existente en la carrera judicial. Así que ni siquiera eso se les impone. Mientras la elección se realice por cuotas –y eso no va a cambiar- cada partido buscará a los suyos y, con más o menos dificultades –tampoco muchas- los encontrará.
 
En conclusión, los partidos están muy cómodos con este sistema y no lo van a cambiar. Si Gallardón proponía otra cosa es porque pensaba que, eligiendo los jueces, y dado el peso de la Asociación Profesional de la Magistratura, el resultado no iba a ser malo para el PP, pero en el fondo ningún partido tiene interés en defender la independencia de la Justicia. Sin embargo, otros sistemas son perfectamente posibles. Como comentaba en el primero de los post citados, en la pasada legislatura un partido político, UPyD, presentó en el Parlamento una propuesta interesante (aquí) Sugirió, simplemente, que esos jueces no fuesen nombrados sólo por sus pares, sino también por otros profesionales muy interesados en el correcto funcionamiento de la Justicia, como fiscales, abogados y secretarios judiciales. En Francia, con un número de miembros mucho más reducido, se permite a los fiscales y a los consejeros de Estado designar un representante. En España, por imperativo constitucional, ese representante tiene que ser un magistrado, pero nada impide que el elector pueda no serlo. Esto introduciría un factor de generación de incentivos muy sugestivo, pues el magistrado elegido por los abogados, que aspire además a la reelección, deberá tener en cuenta algo más que sus propios intereses corporativos.
 
Esta es la línea que tenemos que empezar a desarrollar de una vez por todas. Para ello deberemos superar esa retórica (más bien coartada) de que lo verdaderamente democrático es que a los consejeros los elijan los políticos. A ver si pillamos de una vez que lo verdaderamente democrático es que la Justicia sea independiente y responsable. Sin eso, no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no hay democracia digna de ese nombre. Tan fácil de decir y tan difícil de entender (y no sólo por el señor Mas).