Obras son amores: La propuesta del PP para el Consejo General del Poder Judicial
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre el anteproyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. En un post que publicamos antes de las elecciones generales (en noviembre de 2011) con la finalidad de analizar los programas electorales de los distintos partidos en este importante asunto de la independencia de la Justicia (aquí), comentaba así la propuesta del PP:
“En relación al CGPJ se propone sencillamente volver al sistema originario de elección exclusiva por jueces y magistrados de los 12 no reservados al Parlamento. La propuesta gana en independencia respecto de los que hay ahora, pero también en corporativismo, que es el argumento que el PSOE utilizó en 1985 para reformar la ley. Conviene recordar de todas maneras que el PP no cambió el sistema pese a estar ocho años en el poder y que ha participado activamente durante todo este tiempo en todos los manejos imaginables. Ahora propone la reforma. Veremos.”
Bueno, pues ya hemos visto. La verdad es que resulta muy útil releer continuamente el programa electoral del PP, sobre todo si uno quiere conocer de antemano lo que el Gobierno NO va a hacer y, de paso, claro, lo que va a hacer: lo contrario de lo que prometió.
El tema del CGPJ no es un tema secundario. La Justicia es la piedra angular del Estado de Derecho y si es sensible a las presiones políticas o funciona mal, ni puede controlar al poder público ni tampoco al privado. El riesgo evidente es, en consecuencia, volver a ese estado de Naturaleza en el que cada uno, como nos advirtió Spinoza, recupera su “derecho” a hacer lo que le dé la gana, sea banquero, líder político o fontanero. Pero no sé por qué me da que al banquero y al líder político les va a resultar más fácil, vaya.
Pues bien, el CGPJ es clave en la regeneración de la Justicia, porque en sus manos está el régimen básico de premios y castigos: la política de nombramientos en los tribunales superiores del Estado (que tanto interesa controlar a los políticos) y el régimen disciplinario. Por eso, como comentaba también en este otro post sobre el tema (aquí), a la hora de diseñarlo es necesario huir de dos peligros muy evidentes. Por una lado, existe el riesgo de que, tratando de conseguir una judicatura ferozmente independiente, la convirtamos en irresponsable, una especie de casta que vele por sus propios intereses y no rinda cuentas de su actuación a nadie (riesgo evidente si a los consejeros les nombran sólo los jueces). Por el contrario, a ver si por intentar hacerla responsable y conectada a los intereses de la ciudadanía, la vamos a transformar en una mera correa de transmisión de los políticos profesionales y de sus personales intereses partitocráticos (peligroso si a los consejeros les nombran sólo los políticos).
Hoy existe una clara conciencia de que el actual diseño de la institución nos ha metido de cabeza en el segundo riesgo, aunque, bien pensado, el actual sistema es un conglomerado de vicios casi perfecto, pues aúna simultáneamente falta de independencia e irresponsabilidad; quizás porque a los políticos, que son los que mandan, tampoco les interesa demasiado fomentar la responsabilidad interna del sistema, por lo menos no al precio de poner en peligro sus apaños a la hora de designar jueces cercanos en puestos sensibles.
Por eso, la cuestión clave es la siguiente: ¿el proyecto del Gobierno implica alguna mejora respecto de lo que ya tenemos? Les anticipo la respuesta: NO. Pero como comprendo que no tienen por qué creerme vamos a comprobarlo juntos.
Según la nota de prensa del Ministerio de Justicia (aquí), la reforma básicamente sólo incluye dos novedades. La primera es que podrán presentar su candidatura todos los jueces y magistrados en activo que reúnan un mínimo de 25 avales o el de una asociación judicial. La segunda es que sólo tendrán dedicación exclusiva los miembros de la comisión permanente, que rotarán anualmente.
Pensar que con esta reforma van a cambiar algo las cosas es de una ingenuidad pasmosa, a la que se apuntaba por cierto el editorialista del diario El País del día 22, cuando afirmaba lo siguiente: “Ruiz-Gallardón considera que la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros contribuirá a despolitizar el CGPJ; podría ser cierto si las fuerzas políticas —especialmente el partido del Gobierno, que cuenta con la mayoría absoluta— se decidieran a consensuar candidatos con criterios de más enjundia que la proximidad ideológica.” Pero como yo no pertenezco a esta peña, sino más bien a la de la sospecha -y no tanto por haber leído a Nietzsche y a Sarte como por haber soportado a González, Aznar, Zapatero y a Rajoy- creo que si los partidos no han consensuado candidatos antes, no lo van a hacer ahora.
Sin duda ahora tendrán más donde elegir. ¿Y qué? Dice el proyecto que los partidos “procurarán” respetar en su elección la proporción entre afiliados y no afiliados existente en la carrera judicial. Así que ni siquiera eso se les impone. Mientras la elección se realice por cuotas –y eso no va a cambiar- cada partido buscará a los suyos y, con más o menos dificultades –tampoco muchas- los encontrará.
En conclusión, los partidos están muy cómodos con este sistema y no lo van a cambiar. Si Gallardón proponía otra cosa es porque pensaba que, eligiendo los jueces, y dado el peso de la Asociación Profesional de la Magistratura, el resultado no iba a ser malo para el PP, pero en el fondo ningún partido tiene interés en defender la independencia de la Justicia. Sin embargo, otros sistemas son perfectamente posibles. Como comentaba en el primero de los post citados, en la pasada legislatura un partido político, UPyD, presentó en el Parlamento una propuesta interesante (aquí) Sugirió, simplemente, que esos jueces no fuesen nombrados sólo por sus pares, sino también por otros profesionales muy interesados en el correcto funcionamiento de la Justicia, como fiscales, abogados y secretarios judiciales. En Francia, con un número de miembros mucho más reducido, se permite a los fiscales y a los consejeros de Estado designar un representante. En España, por imperativo constitucional, ese representante tiene que ser un magistrado, pero nada impide que el elector pueda no serlo. Esto introduciría un factor de generación de incentivos muy sugestivo, pues el magistrado elegido por los abogados, que aspire además a la reelección, deberá tener en cuenta algo más que sus propios intereses corporativos.
Esta es la línea que tenemos que empezar a desarrollar de una vez por todas. Para ello deberemos superar esa retórica (más bien coartada) de que lo verdaderamente democrático es que a los consejeros los elijan los políticos. A ver si pillamos de una vez que lo verdaderamente democrático es que la Justicia sea independiente y responsable. Sin eso, no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no hay democracia digna de ese nombre. Tan fácil de decir y tan difícil de entender (y no sólo por el señor Mas).
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
No me parece casual que esto se proponga, precisamente, cuando por primera vez absolutamente todas las asociaciones de jueces, incluyendo APM, hacen causa común contra el Sr. Ministro de Justicia hasta el punto de que, algo sin precedentes, ha sido rechazado como interlocutor por todas ellas quienes han pedido que su interlocutor sea el Sr. Presidente del Gobierno. Esto es algo con lo que quizá no contaban cuando redactaron su programa electoral, porque, en efecto, era imprevisible el lío que el Sr. Ministro ha montado él solo.
Como el Sr. Presidente del Gobierno, en dos recientes declaraciones, ha avalado expresamente las reformas -y, se supone, las formas- del Sr. Ministro de Justicia o sus famosos declaraciones de que “gobernar es causar dolor”, por supuesto tasas incluidas en el apoyo, calificándolas de algo “sensato y equilibrado”, resulta que ahora no se deja a las asociaciones más alternativa que la huelga. No parece coincidencia lo que se pretende hacer en el CGPJ, que algo tendrá que ver esto ahora.
Si tenemos en cuenta además, que el Sr. Moliner, presidente del CGPJ, ante al sorpresa general (y en las mismas declaraciones, por cierto, en las que se quejaba por tener que viajar en turista), ha declarado que sus relaciones con el Sr. Ministro son buenas -sorpresa, porque nadie sabe cómo es posible hacerlo- , y además ha mencionado que “problemente” se sancionará pro el CGPJ a los jueces que no apliquen la ley de tasas, ya son muchas coincidencias.
Ya nadie puede sorprenderse de la politización del CGPJ, pues es ampliamente conocida y así lo reconoce su Pte. Lo que tiene que quedar claro es que el órgano de Gobierno de los jueces no es elegido por los jueces, y que una cosa es el CGPJ y otra los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Mientras el sistema de elección del Consejo no cambie, los jueces y magistrados deben cada vez más acercarse a sus únicos y verdaderos órganos representativos que son los Jueces Decanos y las Juntas de Jueces, y alejarse del Consejo por su influencia política, tanto para proteger la imagen de la Justicia como para defender su propia independencia. En palabras de Montero Aroca, el pseudogobierno del PJ difícilmente puede defender la independencia del PJ cuando él mismo no es independiente. Con lo cual la protección de la independencia judicial en la potestad jurisdiccional por jueces y magistrados ha de ser de férrea y sin fisuras, no sólo frente a órganos jerárquicamente superiores, otros poderes, o terceros, sino también frente al CGPJ.
“Si se habla de la politización del CGPJ, posiblemente sea cierto, pues es un órgano político”. Gonzalo Moliner, PTE CGPJ y TS.
http://youtu.be/60k-zzw8tnY
De todos los incumplimientos del programa del PP, este es, probablemente, el que más me ha decepcionado. Entre los dos riesgos que apunta este articulo -politización y corporativismo- me parece menos dañino el corporativismo, aunque solo sea porque la Constitución Española establece la independencia del poder judicial. Sobre este tema ya escribí dos posts en mi blog (aquí http://josemariadepablo.com/2012/07/03/la-falta-de-independencia-del-poder-judicial-i-el-problema-mas-grave-de-la-justicia-en-espana/ y aquí http://josemariadepablo.com/2012/07/10/la-falta-de-independencia-del-poder-judicial-ii-de-como-los-politicos-asaltaron-al-poder-judicial/) y en este mismo blog propuse hace unos meses una posible composición del CGPJ ajena a injerencias de los partidos políticos (http://hayderecho.com/2012/09/17/frente-al-asalto-politico-al-poder-judicial-una-propuesta-de-eleccion-del-cgpj/).
Evidentemente, nuestro Ministro de Justicia tiene una idea muy diferente a la mía de lo que debería ser el órgano de gobierno del poder judicial.
El número de vocales del CGPJ (veinte, o más bien veintiuno si se cuenta al Presidente) es a todas luces excesivo y desmesurado. Téngase en cuenta que su número es superior al de ministros del Gobierno. Por ello, es lógico que no todos tengan dedicación exclusiva, aunque lo más razonable sería reducir sustancialmente el número de vocales, pero esto último exigiría una reforma constitucional pues dicho número de 20 vocales está constitucionalizado.
Ahora bien, el problema de desmesura del CGPJ no viene dado solamente por el muy elevado número de vocales, sino por la enorme inmensidad de jueces que, en lugar de estar celebrando juicios y dictando sentencias (que es lo que tiene que hacer un juez), se dedican a labores puramente gestoras y administrativas en el CGPJ, como facultativos, letrados, etc.
Todos estos jueces deberían volver a sus juzgados (de donde nunca debieron salir) para dedicarse a la actividad puramente jurisdiccional, máxime en un momento como el actual en el que se han suprimido los jueces sustitutos tras la reforma publicada en el BOE de 28-12-2012.
Es ilógico que haya jueces llevando dos juzgados a la vez (cosa materialmente imposible) mientras otros jueces se dedican a labores no jurisdiccionales sino de índole meramente gestora y administrativa, las cuales tareas podrían realizarse perfectamente por personas (funcionarios públicos) sin la alta cualificación que corresponde a un juez.
No me parece mal que haya un número de jueces que se dedique a labores no jurisdiccionales, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un elevado número de parlamentarios y adláteres, no solo estatales, sino en todas las comunidades autónomas. Que desde el Gobierno se nos venda como ahorro una reducción en el número de vocales del CGPJ me deja perpleja, teniendo en cuenta que por similar razón no nos reducen una tercera parte el número de parlamentarios. Por mi parte prefiero que, puestos a ahorrar, nos ahorren el sueldo de unos cuantos ministros manifiestamente mejorables, que para tener ministerios de esa forma, mejor no tener nada.
Y por supuesto, intolerable lo de los sustitutos. Como abogada tengo buenas y malas experiencias de jueces sustitutos, pero es grave que se quiera prescindir del ad impossibilia nemo tenetur.
Leo este blog por sus análisis jurídicos, y realmente pienso que si queremos ir adelante hay que reformar con sentido.
Pero señores, soy catalán y me siento catalán, y me cansa y aburre que, incluso en un post que no tiene nada que ver con eso, se vuelva a atacar al Sr. Mas, que por lo leído aquí es más malo que Bruto, hijo de Julio César.
Estimado Carles, soy español como Vd. pero no catalán sino de otra parte, da igual. En este blog se critica y ataca frecuentemente al Sr. Rajoy, y no por eso tacho al blog o sus intervinientes de antiespañoles, ni me siento atacado por ellos.
Me temo que lo que a Vd. le pasa es que identifica a todo lo catalán con lo que el Sr. Mas representa, y cree que cualquier crítica a Mas es crítica a lo catalán. Hágaselo mirar por un especialista. Le recomiendo al Sr. Boadella.
Me sorprende que el autor del post y muchos otros colaboradores de este blog persistan en sus críticas con la misma energía. Tenéis mérito en no desanimaros.
Cuando yo escuchaba a Trillo en 1989, en 1993, en 1996 decir que el sistema de la LOPJ de 1985 era nada menos que una “mutación constitucional”, o sea, una reforma de la CE por la puerta de atrás, y que cuando llegaran al gobierno restaurarían de inmediato en sistema de la LOCGPJ de 1980, entonces, digo, me pasmaba de su firmeza, de (lo que yo creía) su seriedad.
Algo parecido afirmaba cada poco el amigo Michavila, pero nada… Ni teniendo mayoría absoluta quisieron cumplir con sus compromisos reiterados.
¿Cree alguien que van a cumplir ahora?
Qué gran mentira todo!!!
Carles, ¡qué susceptibilidad! En realidad, debería haber interpretado la referencia en un sentido completamente opuesto. Lo que se deduce de ella es que, en el fondo, todos nuestros políticos tienen nulo o escaso respeto por el Estado de Derecho cuando están en juego sus intereses partitocráticos, y no sólo el Sr. Mas -que también- pese a que ahora sea el principal blanco de todas las miradas.
¿Por qué no convertir a todos los magistrados del Tribunal supremo jubilados en una suerte de Cámara de los Lores que tenga atribuidas las funciones de CGPJ. El Presidente del Tribunal Supremo (en activo) ayudado por 4 personas elegidas por él realizaría las funciones ejecutivas y propondría los acuerdos al pleno de los jubilados que decidirían lo que les viniera en gana. Barato, eficaz (asistirían los que estuvieran en buenas condiciones físicas) y con “mala leche” asegurada. Además, se incrementaría el respeto por nuestros mayores. Y los políticos no podrían tener ningún tipo de influencia porque, ya se sabe, los viejos pasan de todo!.
Buena idea; la gerontocracia es el futuro, los únicos radicalmente contrarios a ella han sido los fascismos y así les fue.
Pero eso sí: para que la idea pueda prosperar, ha de llamarse “Cámara de los Lores y las Loras”.
Si no, es machista.
Me parece que la reforma es acertada y ratifico plenamente las conclusiones de Lucía. A nadie se le escapa que los miembros de la carrera judicial son tan corporativos que en muchas ocasiones produce naúsea, que se llenan la boca con la palabra independencia pero ocultan el concepto siguiente que es de la responsabilidad. Bienvenida la reforma que solo ocupará a media docena de vocales y el resto a trabajar. También me parece absolutamente necesario reducir el presupuesto del Consejo dado que la mayor parte está dedicado a cursos sin ninguna relevancia jurídica y a viajes interoceánicos.
El número de 20 ó 21 vocales del CGPJ es a todas luces excesivo, por lo que su reducción redundará en beneficio de la institución, imprimiendo fluidez, dinamismo y celeridad a sus resoluciones. Cierto es que también son muchos (demasiados) los diputados y senadores, la mayor parte de los cuales resultan prescindibles, por lo que sería aconsejable una similar reducción de escaños en ambas cámaras, así como en los parlamentos autonómicos.
Por otro lado, los jueces están hartos de decir que la ratio Juez/Nº de habitantes en España está muy por debajo de la media comunitaria, y en estas circunstancias no veo lógico que haya jueces sin funciones jurisdiccionales, no sólo en el Consejo del Poder Judicial sino también en otros organismos de la Administración, mutualidad judicial, registros civiles, etc. También hay jueces asesorando (por cierto, muy mal) al ministro de Justicia. Todos ellos deben volver a la judicatura, o sea, a los juzgados y tribunales para impartir Justicia.
En cuanto a la elección de los vocales del CGPJ, habría que dar más intervención a los colegios de abogados, pues ellos sí saben quiénes son los jueces más competentes y trabajadores. Los partidos políticos nunca elegirán jueces idóneos, sino que nombrarán a los candidatos adláteres, o sea, a los más proclives a bailar el agua y obedecer consignas políticas.
Aquí, como vemos , opiniones abundan como en botica.Se habla de un Consejo muy politizado, obviando el hecho de que ha sido la imposibilidad de controlar a Almenar y Robles por parte de los responsables de los partidos políticos lo que ha determinado que el señor ministro no solo recule, sino que reduzca al mínimo las competencias del CGPJ, reduciéndolo al papel de palmero del Ejecutivo. Es verdaderamente notable, por otra parte, que haya deseos de ver a todos los jueces poniendo sentencias, y a muchos abogados compatibilizando la función de vocal con el libre ejercicio, con apelaciones permanentes a la responsabilidad de los jueces, como si los Colegios de Abogados fueran especialmente implacables en exigir la que corresponde a sus integrantes. Los vocales de la Permanente serán los únicos que cuenten realmente, el Presidente -siempre puesto a dedo por el poder político- tendrá poderes cuasi omnímodos y el juececillo de a pie será más permeable que nunca no solo a la casta política sino también a cualquier letrado con alguna capacidad de influencia. Podrían convertir al CGPJ en Tribunal único que nos dicte instrucciones acerca de qué camino seguir cuando el justiciable sea un notable. Nos ahorraríamos razonamientos y quebraderos de cabeza.
No me parece casual que esto se proponga, precisamente, cuando por primera vez absolutamente todas las asociaciones de jueces, incluyendo APM, hacen causa común contra el Sr. Ministro de Justicia hasta el punto de que, algo sin precedentes, ha sido rechazado como interlocutor por todas ellas quienes han pedido que su interlocutor sea el Sr. Presidente del Gobierno. Esto es algo con lo que quizá no contaban cuando redactaron su programa electoral, porque, en efecto, era imprevisible el lío que el Sr. Ministro ha montado él solo.
Como el Sr. Presidente del Gobierno, en dos recientes declaraciones, ha avalado expresamente las reformas -y, se supone, las formas- del Sr. Ministro de Justicia o sus famosos declaraciones de que “gobernar es causar dolor”, por supuesto tasas incluidas en el apoyo, calificándolas de algo “sensato y equilibrado”, resulta que ahora no se deja a las asociaciones más alternativa que la huelga. No parece coincidencia lo que se pretende hacer en el CGPJ, que algo tendrá que ver esto ahora.
Si tenemos en cuenta además, que el Sr. Moliner, presidente del CGPJ, ante al sorpresa general (y en las mismas declaraciones, por cierto, en las que se quejaba por tener que viajar en turista), ha declarado que sus relaciones con el Sr. Ministro son buenas -sorpresa, porque nadie sabe cómo es posible hacerlo- , y además ha mencionado que “problemente” se sancionará pro el CGPJ a los jueces que no apliquen la ley de tasas, ya son muchas coincidencias.
De todos los incumplimientos del programa del PP, este es, probablemente, el que más me ha decepcionado. Entre los dos riesgos que apunta este articulo -politización y corporativismo- me parece menos dañino el corporativismo, aunque solo sea porque la Constitución Española establece la independencia del poder judicial. Sobre este tema ya escribí dos posts en mi blog (aquí http://josemariadepablo.com/2012/07/03/la-falta-de-independencia-del-poder-judicial-i-el-problema-mas-grave-de-la-justicia-en-espana/ y aquí http://josemariadepablo.com/2012/07/10/la-falta-de-independencia-del-poder-judicial-ii-de-como-los-politicos-asaltaron-al-poder-judicial/) y en este mismo blog propuse hace unos meses una posible composición del CGPJ ajena a injerencias de los partidos políticos (http://hayderecho.com/2012/09/17/frente-al-asalto-politico-al-poder-judicial-una-propuesta-de-eleccion-del-cgpj/).
Evidentemente, nuestro Ministro de Justicia tiene una idea muy diferente a la mía de lo que debería ser el órgano de gobierno del poder judicial.
El número de vocales del CGPJ (veinte, o más bien veintiuno si se cuenta al Presidente) es a todas luces excesivo y desmesurado. Téngase en cuenta que su número es superior al de ministros del Gobierno. Por ello, es lógico que no todos tengan dedicación exclusiva, aunque lo más razonable sería reducir sustancialmente el número de vocales, pero esto último exigiría una reforma constitucional pues dicho número de 20 vocales está constitucionalizado.
Ahora bien, el problema de desmesura del CGPJ no viene dado solamente por el muy elevado número de vocales, sino por la enorme inmensidad de jueces que, en lugar de estar celebrando juicios y dictando sentencias (que es lo que tiene que hacer un juez), se dedican a labores puramente gestoras y administrativas en el CGPJ, como facultativos, letrados, etc.
Todos estos jueces deberían volver a sus juzgados (de donde nunca debieron salir) para dedicarse a la actividad puramente jurisdiccional, máxime en un momento como el actual en el que se han suprimido los jueces sustitutos tras la reforma publicada en el BOE de 28-12-2012.
Es ilógico que haya jueces llevando dos juzgados a la vez (cosa materialmente imposible) mientras otros jueces se dedican a labores no jurisdiccionales sino de índole meramente gestora y administrativa, las cuales tareas podrían realizarse perfectamente por personas (funcionarios públicos) sin la alta cualificación que corresponde a un juez.
No me parece mal que haya un número de jueces que se dedique a labores no jurisdiccionales, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un elevado número de parlamentarios y adláteres, no solo estatales, sino en todas las comunidades autónomas. Que desde el Gobierno se nos venda como ahorro una reducción en el número de vocales del CGPJ me deja perpleja, teniendo en cuenta que por similar razón no nos reducen una tercera parte el número de parlamentarios. Por mi parte prefiero que, puestos a ahorrar, nos ahorren el sueldo de unos cuantos ministros manifiestamente mejorables, que para tener ministerios de esa forma, mejor no tener nada.
Y por supuesto, intolerable lo de los sustitutos. Como abogada tengo buenas y malas experiencias de jueces sustitutos, pero es grave que se quiera prescindir del ad impossibilia nemo tenetur.
Leo este blog por sus análisis jurídicos, y realmente pienso que si queremos ir adelante hay que reformar con sentido.
Pero señores, soy catalán y me siento catalán, y me cansa y aburre que, incluso en un post que no tiene nada que ver con eso, se vuelva a atacar al Sr. Mas, que por lo leído aquí es más malo que Bruto, hijo de Julio César.
Me sorprende que el autor del post y muchos otros colaboradores de este blog persistan en sus críticas con la misma energía. Tenéis mérito en no desanimaros.
Cuando yo escuchaba a Trillo en 1989, en 1993, en 1996 decir que el sistema de la LOPJ de 1985 era nada menos que una “mutación constitucional”, o sea, una reforma de la CE por la puerta de atrás, y que cuando llegaran al gobierno restaurarían de inmediato en sistema de la LOCGPJ de 1980, entonces, digo, me pasmaba de su firmeza, de (lo que yo creía) su seriedad.
Algo parecido afirmaba cada poco el amigo Michavila, pero nada… Ni teniendo mayoría absoluta quisieron cumplir con sus compromisos reiterados.
¿Cree alguien que van a cumplir ahora?
Qué gran mentira todo!!!
Estimado Carles, soy español como Vd. pero no catalán sino de otra parte, da igual. En este blog se critica y ataca frecuentemente al Sr. Rajoy, y no por eso tacho al blog o sus intervinientes de antiespañoles, ni me siento atacado por ellos.
Me temo que lo que a Vd. le pasa es que identifica a todo lo catalán con lo que el Sr. Mas representa, y cree que cualquier crítica a Mas es crítica a lo catalán. Hágaselo mirar por un especialista. Le recomiendo al Sr. Boadella.
Carles, ¡qué susceptibilidad! En realidad, debería haber interpretado la referencia en un sentido completamente opuesto. Lo que se deduce de ella es que, en el fondo, todos nuestros políticos tienen nulo o escaso respeto por el Estado de Derecho cuando están en juego sus intereses partitocráticos, y no sólo el Sr. Mas -que también- pese a que ahora sea el principal blanco de todas las miradas.
¿Por qué no convertir a todos los magistrados del Tribunal supremo jubilados en una suerte de Cámara de los Lores que tenga atribuidas las funciones de CGPJ. El Presidente del Tribunal Supremo (en activo) ayudado por 4 personas elegidas por él realizaría las funciones ejecutivas y propondría los acuerdos al pleno de los jubilados que decidirían lo que les viniera en gana. Barato, eficaz (asistirían los que estuvieran en buenas condiciones físicas) y con “mala leche” asegurada. Además, se incrementaría el respeto por nuestros mayores. Y los políticos no podrían tener ningún tipo de influencia porque, ya se sabe, los viejos pasan de todo!.
Me parece que la reforma es acertada y ratifico plenamente las conclusiones de Lucía. A nadie se le escapa que los miembros de la carrera judicial son tan corporativos que en muchas ocasiones produce naúsea, que se llenan la boca con la palabra independencia pero ocultan el concepto siguiente que es de la responsabilidad. Bienvenida la reforma que solo ocupará a media docena de vocales y el resto a trabajar. También me parece absolutamente necesario reducir el presupuesto del Consejo dado que la mayor parte está dedicado a cursos sin ninguna relevancia jurídica y a viajes interoceánicos.
Ya nadie puede sorprenderse de la politización del CGPJ, pues es ampliamente conocida y así lo reconoce su Pte. Lo que tiene que quedar claro es que el órgano de Gobierno de los jueces no es elegido por los jueces, y que una cosa es el CGPJ y otra los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Mientras el sistema de elección del Consejo no cambie, los jueces y magistrados deben cada vez más acercarse a sus únicos y verdaderos órganos representativos que son los Jueces Decanos y las Juntas de Jueces, y alejarse del Consejo por su influencia política, tanto para proteger la imagen de la Justicia como para defender su propia independencia. En palabras de Montero Aroca, el pseudogobierno del PJ difícilmente puede defender la independencia del PJ cuando él mismo no es independiente. Con lo cual la protección de la independencia judicial en la potestad jurisdiccional por jueces y magistrados ha de ser de férrea y sin fisuras, no sólo frente a órganos jerárquicamente superiores, otros poderes, o terceros, sino también frente al CGPJ.
“Si se habla de la politización del CGPJ, posiblemente sea cierto, pues es un órgano político”. Gonzalo Moliner, PTE CGPJ y TS.
http://youtu.be/60k-zzw8tnY
El número de 20 ó 21 vocales del CGPJ es a todas luces excesivo, por lo que su reducción redundará en beneficio de la institución, imprimiendo fluidez, dinamismo y celeridad a sus resoluciones. Cierto es que también son muchos (demasiados) los diputados y senadores, la mayor parte de los cuales resultan prescindibles, por lo que sería aconsejable una similar reducción de escaños en ambas cámaras, así como en los parlamentos autonómicos.
Por otro lado, los jueces están hartos de decir que la ratio Juez/Nº de habitantes en España está muy por debajo de la media comunitaria, y en estas circunstancias no veo lógico que haya jueces sin funciones jurisdiccionales, no sólo en el Consejo del Poder Judicial sino también en otros organismos de la Administración, mutualidad judicial, registros civiles, etc. También hay jueces asesorando (por cierto, muy mal) al ministro de Justicia. Todos ellos deben volver a la judicatura, o sea, a los juzgados y tribunales para impartir Justicia.
En cuanto a la elección de los vocales del CGPJ, habría que dar más intervención a los colegios de abogados, pues ellos sí saben quiénes son los jueces más competentes y trabajadores. Los partidos políticos nunca elegirán jueces idóneos, sino que nombrarán a los candidatos adláteres, o sea, a los más proclives a bailar el agua y obedecer consignas políticas.
Buena idea; la gerontocracia es el futuro, los únicos radicalmente contrarios a ella han sido los fascismos y así les fue.
Pero eso sí: para que la idea pueda prosperar, ha de llamarse “Cámara de los Lores y las Loras”.
Si no, es machista.
En mi opinión, el CGPJ no es excesivo con 20 miembros. Lo ocurre es que nunca se ha desarrollado en toda su plenitud para que efectivamente sea el garante de la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, en el libro blanco de la justicia se proponía que los secretarios judiciales dependieran también del Consejo. ¿A que muchos cambios de la NOJ se podrían implementar mejor si esto fuera así? Las competencias del Ministerio y de los ejecutivos autonómicos en materia judicial las podría asumir perfectamente el CGPJ, con autonomía presupuestaria y debiendo acudir al parlamento a pedir el dinero en la ley de presupuestos, explicando clarito y con transparencia qué se necesita y para qué y en qué se gasta.
Recomiendo leer la “Carta Magna de los Jueces” proclamada el 17 de noviembre de 2010 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), y lo que dice sobre el “órgano encargado de garantizar la independencia”. La propuesta de modificación del CGPJ va justo en dirección contraria a las recomendaciones del Consejo Consultivo.
Aquí, como vemos , opiniones abundan como en botica.Se habla de un Consejo muy politizado, obviando el hecho de que ha sido la imposibilidad de controlar a Almenar y Robles por parte de los responsables de los partidos políticos lo que ha determinado que el señor ministro no solo recule, sino que reduzca al mínimo las competencias del CGPJ, reduciéndolo al papel de palmero del Ejecutivo. Es verdaderamente notable, por otra parte, que haya deseos de ver a todos los jueces poniendo sentencias, y a muchos abogados compatibilizando la función de vocal con el libre ejercicio, con apelaciones permanentes a la responsabilidad de los jueces, como si los Colegios de Abogados fueran especialmente implacables en exigir la que corresponde a sus integrantes. Los vocales de la Permanente serán los únicos que cuenten realmente, el Presidente -siempre puesto a dedo por el poder político- tendrá poderes cuasi omnímodos y el juececillo de a pie será más permeable que nunca no solo a la casta política sino también a cualquier letrado con alguna capacidad de influencia. Podrían convertir al CGPJ en Tribunal único que nos dicte instrucciones acerca de qué camino seguir cuando el justiciable sea un notable. Nos ahorraríamos razonamientos y quebraderos de cabeza.
Y los abogados, que no tienen en absoluto interés en seleccionar jueces afines , pese a que coman de las decisiones que estos adopten, siempre elegirán a los más preparados y competentes. ¿Lo dice de verdad o es un chiste?.
En mi opinión, el CGPJ no es excesivo con 20 miembros. Lo ocurre es que nunca se ha desarrollado en toda su plenitud para que efectivamente sea el garante de la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, en el libro blanco de la justicia se proponía que los secretarios judiciales dependieran también del Consejo. ¿A que muchos cambios de la NOJ se podrían implementar mejor si esto fuera así? Las competencias del Ministerio y de los ejecutivos autonómicos en materia judicial las podría asumir perfectamente el CGPJ, con autonomía presupuestaria y debiendo acudir al parlamento a pedir el dinero en la ley de presupuestos, explicando clarito y con transparencia qué se necesita y para qué y en qué se gasta.
Recomiendo leer la “Carta Magna de los Jueces” proclamada el 17 de noviembre de 2010 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), y lo que dice sobre el “órgano encargado de garantizar la independencia”. La propuesta de modificación del CGPJ va justo en dirección contraria a las recomendaciones del Consejo Consultivo.
Tal vez el paso por la Alcaldía de Madrid enseña eso de “los programas se hacen para incumplirlos” que dijo “el viejo profesor”. Ya he transcrito la cita del malogrado Melquiades Álvarez en otros comentarios y posts sobre la independencia judicial en España, y veo que D. Rodrigo se suma a la idea. Tengo la impresión de que vamos en la dirección contraria a la debida y nos guían pilotos ciegos. Cada uno que concluya lo que quiera, pero yo cada día creo más que la definición de Justicia de Pacheco y la “maldición del gitano” deberían introducirse en los diccionarios jurídicos como condensación de la sabiduría popular. Atengámonos a los hechos: los partidos y sus heraldos y acólitos no van a soltar ni un gramo de poder. No hay una sociedad que lo exija con la seriedad debida. En un marasmo de leyes incomprensibles y contratos incumplidos quien controla la iuris dictio controla el Estado. Si quien controla las fallas del Estado es independiente y el Estado hace aguas por todas partes, acabaría habiendo responsables y eso no está previsto, porque “quien hizo la ley, hizo la trampa” y “saltarse las normas a la torera” son también expresiones de nuestro acervo PPopular o PSoEcial (sin demérito de otros aspirantes a gobernar, que harán lo mismo si algún día les toca, ¿o no?).
Las competencias y la composición, del Consejo, pues don Alberto además impone una gerontocracia. Cuatro de los integrantes del CGPJ tienen que ser, por eggs, Magistrados del TS (ya sabemos lo cercanos y conocedores que son esos altísimos señores de los problemas que acucian al Juez de pueblo). Encima, se inventa una nueva figura llamada “promotor de la responsabilidad disciplinaria”, figura desconocida en el derecho sancionador (qué raro que se invente para jueces, ¿no?), vulgo esbirro -más todavía que el Fiscal- para sancionar al juez incómodo. Vamos, todo para garantizar la independencia. Insisto, que se constituyan en Tribunal único y que, cuando litiguen entre sí dos notables, que decida la Permanente quién tiene más influencia. Que uno tiene churumbeles e hipoteca, leñe, y le gusta la vida tranquila.
Perdón, corrijo, tres del TS. Otros tres deberán tener al menos 25 años de experiencia. Para compensar, ponemos a dos jueces, que pueden haber acabado la Escuela Judicial hace ocho meses, sin experiencia alguna por tanto de la que partir.
¿Quieren vds saber cuando don Alberto cambió de postura? Les pongo en situación: estalla el escándalo Divar, en donde se descubre por el diario El Pais que el referido aplica fondos del CGPJ a viajes estrictamente privados, aprovechando una más que laxa regulación en orden a su justificación. Pero Divar sigue siendo el preferido de Gallardón para meter en vereda tanto a Manuel Almenar – conservador- como a Margarita Robles – progresista- y a los vocales que estos controlan.El señor Secretario de Estado -un tal Román, Magistrado desconocido hasta entonces destinado en la Secretaria Técnica del TS- llama a Almenar y le dice que el Ministro tomaría como una declaración de guerra que los vocales “del PP” no apoyaran a Divar. Almenar, que es juez por encima de todo, le manda a paseo, y Divar cae cae gracias a la pérdida de confianza del llamado “sector conservador”. En ese momento, Alberto comprueba que algunos vocales “de los suyos” no son tan esbirrillos como él pensaba y decide alinearse con los de la acera de enfrente para parir este engendro de Ley y tenerlo todo aun más atado: reduce las competencias del CGPJ, reduce sus miembros no liberados (un tío que viene dos veces al mes a decidir lo pre-cocinado desde el Consejo ni es vocal ni manda nada, pues las decisiones en el Consejo se toman en los pasillos antes de los plenos) y se garantiza un núcleo duro servil siempre a sus instrucciones. Fácil, ¿no? Quien tiene el BOE en la mano, todo lo puede.
La selección de los vocales del CGPJ nunca ha dado buen resultado. Los vocales se han plegado a los designios de los políticos que los han nombrado, manteniendo la dialéctica conservadores-progresistas. Al defecto de origen se ha unido el defecto de ejercicio. Está también la personalidad de los propios vocales, siendo de destacar que dos jueces condenados por prevaricación formaron parte en su día del CGPJ (uno fue condenado por inventarse un pseudodelito en relación con los descodificadores de TV, y otro por exigir dinero a cambio de no acordar prisiones preventivas). ¿Por qué van estas personas al CGPJ?
Pasa un poco como con la Audiencia Nacional, que por alguna razón atrae a los jueces más atrabiliarios y extravagantes, ávidos de salir en la tele en detrimento de su profesionalidad.
No es fácil arbitrar un sistema de elección y, sobre todo, de selección de vocales, pero entre los abogados (no sólo abogados “privados”) sino también abogados del Estado y fiscales, sí se conoce a los jueces que en verdad son honestos, competentes, rigurosos y trabajadores. Y por eso sería bueno darles la posibilidad de -al menos- proponer candidatos al CGPJ.
Rodrigo,
Si el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y si se pretende que sea un órgano independiente de los otros dos poderes, lo lógico es que sus miembros sean elegidos por votación popular separada de la votación popular de los otros poderes. La justificación constitucional es simple: la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. La justificación ética también es simple: los que demandan justicia deben elegir a los miembros del CGPJ y no los que pretenden ofrecer servicios de justicia, muchos menos los profesionales de la justicia. Podemos discutir muchos detalles de cómo podría ser esa elección, pero primero es necesario un acuerdo sobre quiénes deben tener la primera y la última palabra sobre el gobierno del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial jamás debe ser excusa para establecer privilegios para un grupo, sean políticos, funcionarios, o profesionales.
¿Y como sabe el lego quien es el mejor juez? ¿Aceptaría vd como economista que su puesto en una cátedra lo decidiera el tendero? ¿Qué otra referencia tiene el elector que la etiqueta de “progresista” o “conservador”? ¿Como evitar por tanto que la gente, cuando coja la papeleta del PP no coja también la de la APM -o la de JD , cuando va a votar al PSOE? ¿Se da cuenta que los resultados serían los mismos -o tal vez peores- que cuando eligen directamente las Cortes?
Luis García,
Si uno aceptara su argumento lo que estaría diciendo es que el pueblo no puede elegir a nadie para ninguna posición de poder porque no sabe lo que está haciendo. Si usted fuera consistente, usted abogaría por eliminar de la Constitución el principio de que la soberanía reside en el pueblo, pero no se lo olvide indicar en quién residiría. Si va a indicar a alguien le recuerdo la ignorancia de todos los profesionales respecto de temas que no están directamente relacionados con su formación profesional –por ejemplo, no creo que ningún abogado ni ningún economista, por sus formaciones profesionales, estén en condiciones de elegir entre varias personas una para desempeñar un cargo. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado en elegir la persona adecuada para algo que le interesaba?
Todos nos equivocamos y para eso se requiere un proceso que minimice errores –si es abogado, sabrá de procesos judiciales donde todos los días se cometen errores, y si es académico sabrá de procesos de publicación de investigaciones donde todos los días se cometen errores, y si es economista sabrá de procesos de decisión en los ministerios de finanzas donde todos los días se cometen errores brutales.
La excusa de la democraticidad y aumentar la participación del pueblo la mayoría de las veces suele ser una mampara inmovilista en el mejor de los casos y en el peor suele buscar aumentar aún más el poder político y sus redes clientelares. Bastante Leviatán estatal dominado por el poder político tenemos ya.
Muy bien, copiamos el sistema americano de elección popular, pero también con sus deficiencias. En USA sin dinero difícilmente hay Justicia y ese es el camino que estamos siguiendo. ¿Quiénes financiarían las campañas de jueces y fiscales Sr. Quasimontoro? ¿Grandes bufetes, corporaciones y fortunas como en USA?
La independencia entre poderes es algo básico en la democracia y en un Estado de Derecho. Hay que evitar que los poderes ejecutivo y judicial sigan metiendo la mano en el judicial, pues no les corresponde, no es legítimo y no es más democrático. Sólo busca la autoprotección y la ausencia de control para un poder ilimitado.
El desapego ciudadano hacia la política produce una búsqueda de sus contrapoderes, y principalmente es el judicial. Los ciudadanos ven a la Justicia como último muro contra ese poder político omnipresente.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/29/actualidad/1356811898_883671.html
No soy gran fan de Rosa Díez, pero en esta intervención a mi parecer estuvo acertadísima.
http://youtu.be/O5JbQhX-lQM
PD: si pretende que los jueces con sus míseros sueldos, sin paga extraordinaria y sus recortes y congelaciones financien una campaña, me parece una utopía.
Paulo,
Antes de seguir conversando sobre el tema, por favor lea este texto sobre la misión del CGPJ
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Informacion_Institucional/Que_es_el_CGPJ/Mision_
Mi posición es que el CGPJ debe estar integrado por gente elegida por votación popular y no necesariamente por gente que tenga experiencia judicial o título de abogado (ni esa experiencia ni ese título deberían ser condiciones necesarias para ser miembro del CGPJ y mucho menos condiciones suficientes). Si usted quiere exigir determinada experiencia profesional o funcionaria, le pregunto que experiencia le exigiría a los diputados y en particular al Presidente (¿les exigiría además pruebas de su integridad como en algunos países se exige a quienes solicitan licencias para algunas profesiones o actividades?).
Quasimontoro,
Conozco la función del CGPJ y creo que un poco más arriba contestando a Veronica del Carpio la he distinguido de la función jurisdiccional. Es más, defiendo que esa distinción y distancia se convierta cada vez más en una brecha más profunda,y sea conocida por la toda la ciudadanía.Al igual que ha de saberse que el TC no forma parte del PJ.No debe confundirse a jueces y magistrados que la mayoría han pasado una dura oposición y han de ser independientes,inamovibles,responsables y sometidos al imperio de la ley con cargos políticos que pueden verse influidos por su cooptación.
Ud. defiende, que “el CGPJ debe estar integrado por gente elegida por votación popular y no necesariamente por gente que tenga experiencia judicial o título de abogado”. Desconozco cómo es en Chile (país que admiro, sobretodo por la labor a destacar en los últimos tiempos),pero en España cualquier policía o bombero ha de tener el Bachillerato superior y pasar una oposición,un maestro ha de tener el Bachillerato,la carrera y pasar y una oposición,un médico ha de tener el Bachillerato,una Licenciatura de 6 años y pasar una dura oposición,al igual que un Juez.¿Y me plantea que para el órgano de Gobierno (externo) de los Jueces no se requiera nada?¿Sólo votación?¿Y elegimos también a los profesores, a los médicos, bomberos o policías también por votación?
No me ha contestado a mi pregunta anterior,¿cómo los elegimos? ¿Individualmente, por asociaciones, por grupos, o quizás por partidos políticos también?¿Se financian ellos las campañas o las financian las editoriales, las farmacéuticas, las empresas de mangueras o las armamentísticas?¿O los hacemos que se afilien a partidos y sean éstos los que les financien las campañas?
Aunque sea diferente de la potestad jurisdiccional, como decía más arriba, no puede un órgano velar por la independencia judicial, si por sí mismo es independiente, y creo que la independencia judicial es una cosa muy seria Sr. Quasimontoro, y no fácil de conseguir ni mucho menos. No creo que ciudadanos legos deban elegir sobre méritos, sanciones, ascensos, nombramientos, … sin conocer ni siquiera Dº. Podría ocurrir (y ocurre) que haya sentencias sean jurídicamente impecables (conforme a la Ley), pero no comprensibles por la ciudadanía. Esto ha sido bastante común en casos mediáticos con juicios paralelos donde a una masa no le importa una presunción de inocencia, un principio de legalidad, una necesidad de prueba de cargo,… sino una venganza, una pena de muerte, una castración… de unos juicios que les han formado a través de “telebasura”. ¿Esos jueces no ascienden? ¿Ud. cree que un ciudadano lego puede distinguir (y motivar) si una actuación es meritoria de una sanción disciplinaria o de una prevaricación delictual dolosa o imprudente?
Lo que plantea es una auténtica locura que creo que sé claramente a quién beneficia (más aún si cabe).
Respecto a su pregunta, como sabe, aquí estamos muy descontentos con nuestra clase política. Como ve, a nuestros servidores públicos se les exige una alta cualificación, y nuestros jóvenes (nuestro futuro), están emigrando en masa (muchos a Chile, por cierto), teniendo la gran mayoría bachillerato, una o dos licenciaturas o algún máster y dos o más idiomas al menos.
¿Exigiría los requisitos para ser diputado? Pues le voy a ser claro, particularmente sí, algunos por lo menos, pero mire, por ser democrático lo sometería a referéndum en lo que se llama cuestión política de especial trascendencia, p.ej. Quizás nos sorprenderíamos de los resultados. ¿Prueba de integridad? Creo que un procesamiento (que no imputación, muy diferente), debería suponer la suspensión de cargo o empleo público. ¿Y usted?
Doña Lucía: me ha puesto vd dos ejemplos muy malos (un juez escoradísimo y un delincuente que cumplió condena de prisión efectiva).Yo le he puesto dos de ejemplos de vocales que han sido razonablemente independientes (salvo en la elección inicial de Divar, vomitiva). De todo ha habido, por tanto.Tengo por nobilísima la profesión de abogado(soy hijo del cuerpo al que doña Elisa pertenece), pero ¿qué le hace vd pensar que los abogados más doctos, honestos y competentes -o los Fiscales, o los Abogados del Estado- van a querer seleccionar jueces “pro patria amori”? Pero si eso solo da quebraderos de cabeza… (más o menos, como formar parte de un Tribunal de oposiciones). Mujer, no sea ingenua. Los que se matarán por ese puesto serán los Gomez Benitez, Cobo del Rosal, Ignacio Pelaez, Antonio Garrigues (ponga vd el nombre que quiera aquí), que cobran muchísimo dinero por defender al poderoso y que lo único que les falta es elegir juez para sus clientes.
Ejem, quería decir “caritate patriae” (por amor a la patria). Mis latines están muy oxidados, y me temo que he usado de una expresión incorrecta basada en un texto de Horacio (dulce et decorum…) que obviamente no es aplicable pues habla de morir por la patria. Mis disculpas a los aficionados a las Lenguas Clásicas.
Querido Maceto,
No he negado ser español, que lo soy oficialmente (aunque tenga el DNI caducado, ya lo renovaré), ni, por supuesto, identifico lo catalán con lo que el Sr.Mas representa. Por el amor de Dios, ni tan solo he dicho que me caiga bien.
Quería solamente expresar mi perplejidad por el comentario directo al Sr.Mas, cuando, como bien nos comenta Rodrigo, ninguno de nuestros políticos parece haber entendido nada. Me enfada que, aún sabiéndolo, no haya podido mencionar a ningún otro político ADEMÁS de Mas, como si la pretendida independencia fuera el único problema real en España.
Nada más
Señor Quasimontoro:hay cuestiones en las que el principio democrático resulta válido y cuestiones en las que no. El tendero no sabe de macroeconomía, pero es capaz de identificar sus intereses perfectamente a la hora de votar. Otra cosa es que se le nombre Ministro de Hacienda. Los profesionales no están libres del desacierto, pero poner a un lego a escoger, de un grupo de juristas, el que mejor le parezca o el que más simpático le caiga es un tipo de arbitrariedad como otra cualquiera. La Consttitución dispone que la Justicia emana del pueblo pero también que “se administra en su nombre por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la Ley”. Por tanto, reside en el pueblo, sí, pero el pueblo no interviene en su administración (salvo por la discutida excepción del jurado). Tampoco lo debería hacer en la selección de quien admiministra la misma.
Disculpe pero su comentario me ha hecho reír harto. Lo primero que necesita saber un ministro de hacienda es contabilidad –por ejemplo, opté por el nombre de Quasimontoro porque el Sr. Montoro dijo que los datos sobre déficits fiscales no se podían falsificar, señal clara de que el Sr. Montoro no sabía de que décadas atrás ya hablábamos de los déficits cuasi-fiscales para referirnos a estimaciones de aquella parte de los déficits que se ocultaban en los bancos centrales. Para su información, antes de 1930, no había algo llamado macroeconomía y las haciendas públicas eran administradas por gente que sabía sumar y restar pero más importante que sabía que cada gasto que se aprueba debe ser financiado de alguna manera, que no hay muchas maneras de financiar gastos y que cada forma tiene un límite que se alcanza muy pronto.
No permita que ningún economista le venda el cuento de que se necesitan profundos conocimientos de análisis económico para ser ministro o presidente de un banco central o miembro de un tribunal de defensa de la competencia (a propósito, hoy en Chile, tres buenos amigos y ex-colegas con doctorados en economía de Harvard son presidente de la República, ministro de hacienda y presidente del banco central, y a pesar del auge de la economía chilena, yo tengo claro que este auge se debe a los altos precios mundiales del cobre, el oro y otros metales y para nada a la gestión de mis tres amigos que solo gastan lo que el Estado ingresa gracias a ese auge).
Tal vez el paso por la Alcaldía de Madrid enseña eso de “los programas se hacen para incumplirlos” que dijo “el viejo profesor”. Ya he transcrito la cita del malogrado Melquiades Álvarez en otros comentarios y posts sobre la independencia judicial en España, y veo que D. Rodrigo se suma a la idea. Tengo la impresión de que vamos en la dirección contraria a la debida y nos guían pilotos ciegos. Cada uno que concluya lo que quiera, pero yo cada día creo más que la definición de Justicia de Pacheco y la “maldición del gitano” deberían introducirse en los diccionarios jurídicos como condensación de la sabiduría popular. Atengámonos a los hechos: los partidos y sus heraldos y acólitos no van a soltar ni un gramo de poder. No hay una sociedad que lo exija con la seriedad debida. En un marasmo de leyes incomprensibles y contratos incumplidos quien controla la iuris dictio controla el Estado. Si quien controla las fallas del Estado es independiente y el Estado hace aguas por todas partes, acabaría habiendo responsables y eso no está previsto, porque “quien hizo la ley, hizo la trampa” y “saltarse las normas a la torera” son también expresiones de nuestro acervo PPopular o PSoEcial (sin demérito de otros aspirantes a gobernar, que harán lo mismo si algún día les toca, ¿o no?).
Las competencias y la composición, del Consejo, pues don Alberto además impone una gerontocracia. Cuatro de los integrantes del CGPJ tienen que ser, por eggs, Magistrados del TS (ya sabemos lo cercanos y conocedores que son esos altísimos señores de los problemas que acucian al Juez de pueblo). Encima, se inventa una nueva figura llamada “promotor de la responsabilidad disciplinaria”, figura desconocida en el derecho sancionador (qué raro que se invente para jueces, ¿no?), vulgo esbirro -más todavía que el Fiscal- para sancionar al juez incómodo. Vamos, todo para garantizar la independencia. Insisto, que se constituyan en Tribunal único y que, cuando litiguen entre sí dos notables, que decida la Permanente quién tiene más influencia. Que uno tiene churumbeles e hipoteca, leñe, y le gusta la vida tranquila.
Y los abogados, que no tienen en absoluto interés en seleccionar jueces afines , pese a que coman de las decisiones que estos adopten, siempre elegirán a los más preparados y competentes. ¿Lo dice de verdad o es un chiste?.
¿Quieren vds saber cuando don Alberto cambió de postura? Les pongo en situación: estalla el escándalo Divar, en donde se descubre por el diario El Pais que el referido aplica fondos del CGPJ a viajes estrictamente privados, aprovechando una más que laxa regulación en orden a su justificación. Pero Divar sigue siendo el preferido de Gallardón para meter en vereda tanto a Manuel Almenar – conservador- como a Margarita Robles – progresista- y a los vocales que estos controlan.El señor Secretario de Estado -un tal Román, Magistrado desconocido hasta entonces destinado en la Secretaria Técnica del TS- llama a Almenar y le dice que el Ministro tomaría como una declaración de guerra que los vocales “del PP” no apoyaran a Divar. Almenar, que es juez por encima de todo, le manda a paseo, y Divar cae cae gracias a la pérdida de confianza del llamado “sector conservador”. En ese momento, Alberto comprueba que algunos vocales “de los suyos” no son tan esbirrillos como él pensaba y decide alinearse con los de la acera de enfrente para parir este engendro de Ley y tenerlo todo aun más atado: reduce las competencias del CGPJ, reduce sus miembros no liberados (un tío que viene dos veces al mes a decidir lo pre-cocinado desde el Consejo ni es vocal ni manda nada, pues las decisiones en el Consejo se toman en los pasillos antes de los plenos) y se garantiza un núcleo duro servil siempre a sus instrucciones. Fácil, ¿no? Quien tiene el BOE en la mano, todo lo puede.
Perdón, corrijo, tres del TS. Otros tres deberán tener al menos 25 años de experiencia. Para compensar, ponemos a dos jueces, que pueden haber acabado la Escuela Judicial hace ocho meses, sin experiencia alguna por tanto de la que partir.
La selección de los vocales del CGPJ nunca ha dado buen resultado. Los vocales se han plegado a los designios de los políticos que los han nombrado, manteniendo la dialéctica conservadores-progresistas. Al defecto de origen se ha unido el defecto de ejercicio. Está también la personalidad de los propios vocales, siendo de destacar que dos jueces condenados por prevaricación formaron parte en su día del CGPJ (uno fue condenado por inventarse un pseudodelito en relación con los descodificadores de TV, y otro por exigir dinero a cambio de no acordar prisiones preventivas). ¿Por qué van estas personas al CGPJ?
Pasa un poco como con la Audiencia Nacional, que por alguna razón atrae a los jueces más atrabiliarios y extravagantes, ávidos de salir en la tele en detrimento de su profesionalidad.
No es fácil arbitrar un sistema de elección y, sobre todo, de selección de vocales, pero entre los abogados (no sólo abogados “privados”) sino también abogados del Estado y fiscales, sí se conoce a los jueces que en verdad son honestos, competentes, rigurosos y trabajadores. Y por eso sería bueno darles la posibilidad de -al menos- proponer candidatos al CGPJ.
Rodrigo,
Si el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y si se pretende que sea un órgano independiente de los otros dos poderes, lo lógico es que sus miembros sean elegidos por votación popular separada de la votación popular de los otros poderes. La justificación constitucional es simple: la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. La justificación ética también es simple: los que demandan justicia deben elegir a los miembros del CGPJ y no los que pretenden ofrecer servicios de justicia, muchos menos los profesionales de la justicia. Podemos discutir muchos detalles de cómo podría ser esa elección, pero primero es necesario un acuerdo sobre quiénes deben tener la primera y la última palabra sobre el gobierno del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial jamás debe ser excusa para establecer privilegios para un grupo, sean políticos, funcionarios, o profesionales.
Doña Lucía: me ha puesto vd dos ejemplos muy malos (un juez escoradísimo y un delincuente que cumplió condena de prisión efectiva).Yo le he puesto dos de ejemplos de vocales que han sido razonablemente independientes (salvo en la elección inicial de Divar, vomitiva). De todo ha habido, por tanto.Tengo por nobilísima la profesión de abogado(soy hijo del cuerpo al que doña Elisa pertenece), pero ¿qué le hace vd pensar que los abogados más doctos, honestos y competentes -o los Fiscales, o los Abogados del Estado- van a querer seleccionar jueces “pro patria amori”? Pero si eso solo da quebraderos de cabeza… (más o menos, como formar parte de un Tribunal de oposiciones). Mujer, no sea ingenua. Los que se matarán por ese puesto serán los Gomez Benitez, Cobo del Rosal, Ignacio Pelaez, Antonio Garrigues (ponga vd el nombre que quiera aquí), que cobran muchísimo dinero por defender al poderoso y que lo único que les falta es elegir juez para sus clientes.
Ejem, quería decir “caritate patriae” (por amor a la patria). Mis latines están muy oxidados, y me temo que he usado de una expresión incorrecta basada en un texto de Horacio (dulce et decorum…) que obviamente no es aplicable pues habla de morir por la patria. Mis disculpas a los aficionados a las Lenguas Clásicas.
¿Y como sabe el lego quien es el mejor juez? ¿Aceptaría vd como economista que su puesto en una cátedra lo decidiera el tendero? ¿Qué otra referencia tiene el elector que la etiqueta de “progresista” o “conservador”? ¿Como evitar por tanto que la gente, cuando coja la papeleta del PP no coja también la de la APM -o la de JD , cuando va a votar al PSOE? ¿Se da cuenta que los resultados serían los mismos -o tal vez peores- que cuando eligen directamente las Cortes?
Luis García,
Si uno aceptara su argumento lo que estaría diciendo es que el pueblo no puede elegir a nadie para ninguna posición de poder porque no sabe lo que está haciendo. Si usted fuera consistente, usted abogaría por eliminar de la Constitución el principio de que la soberanía reside en el pueblo, pero no se lo olvide indicar en quién residiría. Si va a indicar a alguien le recuerdo la ignorancia de todos los profesionales respecto de temas que no están directamente relacionados con su formación profesional –por ejemplo, no creo que ningún abogado ni ningún economista, por sus formaciones profesionales, estén en condiciones de elegir entre varias personas una para desempeñar un cargo. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado en elegir la persona adecuada para algo que le interesaba?
Todos nos equivocamos y para eso se requiere un proceso que minimice errores –si es abogado, sabrá de procesos judiciales donde todos los días se cometen errores, y si es académico sabrá de procesos de publicación de investigaciones donde todos los días se cometen errores, y si es economista sabrá de procesos de decisión en los ministerios de finanzas donde todos los días se cometen errores brutales.
Querido Maceto,
No he negado ser español, que lo soy oficialmente (aunque tenga el DNI caducado, ya lo renovaré), ni, por supuesto, identifico lo catalán con lo que el Sr.Mas representa. Por el amor de Dios, ni tan solo he dicho que me caiga bien.
Quería solamente expresar mi perplejidad por el comentario directo al Sr.Mas, cuando, como bien nos comenta Rodrigo, ninguno de nuestros políticos parece haber entendido nada. Me enfada que, aún sabiéndolo, no haya podido mencionar a ningún otro político ADEMÁS de Mas, como si la pretendida independencia fuera el único problema real en España.
Nada más
La excusa de la democraticidad y aumentar la participación del pueblo la mayoría de las veces suele ser una mampara inmovilista en el mejor de los casos y en el peor suele buscar aumentar aún más el poder político y sus redes clientelares. Bastante Leviatán estatal dominado por el poder político tenemos ya.
Muy bien, copiamos el sistema americano de elección popular, pero también con sus deficiencias. En USA sin dinero difícilmente hay Justicia y ese es el camino que estamos siguiendo. ¿Quiénes financiarían las campañas de jueces y fiscales Sr. Quasimontoro? ¿Grandes bufetes, corporaciones y fortunas como en USA?
La independencia entre poderes es algo básico en la democracia y en un Estado de Derecho. Hay que evitar que los poderes ejecutivo y judicial sigan metiendo la mano en el judicial, pues no les corresponde, no es legítimo y no es más democrático. Sólo busca la autoprotección y la ausencia de control para un poder ilimitado.
El desapego ciudadano hacia la política produce una búsqueda de sus contrapoderes, y principalmente es el judicial. Los ciudadanos ven a la Justicia como último muro contra ese poder político omnipresente.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/29/actualidad/1356811898_883671.html
No soy gran fan de Rosa Díez, pero en esta intervención a mi parecer estuvo acertadísima.
http://youtu.be/O5JbQhX-lQM
PD: si pretende que los jueces con sus míseros sueldos, sin paga extraordinaria y sus recortes y congelaciones financien una campaña, me parece una utopía.
Señor Quasimontoro:hay cuestiones en las que el principio democrático resulta válido y cuestiones en las que no. El tendero no sabe de macroeconomía, pero es capaz de identificar sus intereses perfectamente a la hora de votar. Otra cosa es que se le nombre Ministro de Hacienda. Los profesionales no están libres del desacierto, pero poner a un lego a escoger, de un grupo de juristas, el que mejor le parezca o el que más simpático le caiga es un tipo de arbitrariedad como otra cualquiera. La Consttitución dispone que la Justicia emana del pueblo pero también que “se administra en su nombre por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la Ley”. Por tanto, reside en el pueblo, sí, pero el pueblo no interviene en su administración (salvo por la discutida excepción del jurado). Tampoco lo debería hacer en la selección de quien admiministra la misma.
Paulo,
Antes de seguir conversando sobre el tema, por favor lea este texto sobre la misión del CGPJ
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Informacion_Institucional/Que_es_el_CGPJ/Mision_
Mi posición es que el CGPJ debe estar integrado por gente elegida por votación popular y no necesariamente por gente que tenga experiencia judicial o título de abogado (ni esa experiencia ni ese título deberían ser condiciones necesarias para ser miembro del CGPJ y mucho menos condiciones suficientes). Si usted quiere exigir determinada experiencia profesional o funcionaria, le pregunto que experiencia le exigiría a los diputados y en particular al Presidente (¿les exigiría además pruebas de su integridad como en algunos países se exige a quienes solicitan licencias para algunas profesiones o actividades?).
Disculpe pero su comentario me ha hecho reír harto. Lo primero que necesita saber un ministro de hacienda es contabilidad –por ejemplo, opté por el nombre de Quasimontoro porque el Sr. Montoro dijo que los datos sobre déficits fiscales no se podían falsificar, señal clara de que el Sr. Montoro no sabía de que décadas atrás ya hablábamos de los déficits cuasi-fiscales para referirnos a estimaciones de aquella parte de los déficits que se ocultaban en los bancos centrales. Para su información, antes de 1930, no había algo llamado macroeconomía y las haciendas públicas eran administradas por gente que sabía sumar y restar pero más importante que sabía que cada gasto que se aprueba debe ser financiado de alguna manera, que no hay muchas maneras de financiar gastos y que cada forma tiene un límite que se alcanza muy pronto.
No permita que ningún economista le venda el cuento de que se necesitan profundos conocimientos de análisis económico para ser ministro o presidente de un banco central o miembro de un tribunal de defensa de la competencia (a propósito, hoy en Chile, tres buenos amigos y ex-colegas con doctorados en economía de Harvard son presidente de la República, ministro de hacienda y presidente del banco central, y a pesar del auge de la economía chilena, yo tengo claro que este auge se debe a los altos precios mundiales del cobre, el oro y otros metales y para nada a la gestión de mis tres amigos que solo gastan lo que el Estado ingresa gracias a ese auge).
Desde el momento en que la Constitución habla de Poder Judicial, los miembros del Consejo deben ser elegidos o bien directamente por el pueblo o a través de sus representantes. Por supuesto si alguién sabe o conoce la laboriosidad de un miembro de la carrera judicial, su formación, las sentencias que le revocan ese es el Secretario judicial y por ello su opinión debe ser tenida en cuenta en el caso que se opte (espero que no sea así) porque los miembros del CGPJ sean elegidos a través de votación de juristas.
Escribano,
En la referencia que doy en un comentario anterior se puede leer lo siguiente
“La función de Gobierno del Consejo versa sobre materias tales como los nombramientos, ascensos, y traslados; la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la Carrera Judicial. Mediante la atribución de este tipo de competencias al Consejo, se evita que otro poder del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, pueda influir directa o indirectamente sobre la independencia judicial.
“Es importante señalar que la actuación del Consejo General del Poder Judicial no es de carácter jurisdiccional, pues este tipo de actividad está reservada, tal y como proclama el artículo 117 de la Constitución, a los Jueces y Tribunales. La labor de gobierno del Consejo es equiparable, en buena medida, a los actos administrativos y, al igual que estos últimos, sus resoluciones están sujetas al control de legalidad por parte de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo.“
Jamás deben confundirse las funciones del CGPJ con las funciones de los tribunales. De igual manera que para “gobernar“ un circo no se necesita ser payaso o trapecista, para “gobernar“ los tribunales no se necesita ser juez o abogado (y muchos imputado en un juicio).
Desde el momento en que la Constitución habla de Poder Judicial, los miembros del Consejo deben ser elegidos o bien directamente por el pueblo o a través de sus representantes. Por supuesto si alguién sabe o conoce la laboriosidad de un miembro de la carrera judicial, su formación, las sentencias que le revocan ese es el Secretario judicial y por ello su opinión debe ser tenida en cuenta en el caso que se opte (espero que no sea así) porque los miembros del CGPJ sean elegidos a través de votación de juristas.
Quasimontoro: el CGPJ no ejerce jurisdicción (en teoría, en la práctica se ha saltado la regla de no enjuiciar decisiones de índole jurisdiccional cuando le ha dado la gana, véase caso de El Negro , para sancionar a los jueces implicados tal y como demandaba la opinión pública y publicada), pero resulta imposible desempeñar adecuadamente su función sin que sus miembros conozcan Derecho, y mucho, por muchos Letrados adscritos que tengan los señores vocales. De no ser así, es imposible que un vocal pueda evaluar la competencia de alguien para ser magistrado del Tribunal Supremo o Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, pongo por caso. Igualmente, resulta imposible, sin conocer no solo Derecho , sino el funcionamiento diario de un Juzgado, que adopte Instrucciones referidas, por ejemplo, a la determinación de las cargas de trabajo, o apruebe Reglamentos que regulen el servicio de guardia, pongo por caso.
Quasimontoro: el CGPJ no ejerce jurisdicción (en teoría, en la práctica se ha saltado la regla de no enjuiciar decisiones de índole jurisdiccional cuando le ha dado la gana, véase caso de El Negro , para sancionar a los jueces implicados tal y como demandaba la opinión pública y publicada), pero resulta imposible desempeñar adecuadamente su función sin que sus miembros conozcan Derecho, y mucho, por muchos Letrados adscritos que tengan los señores vocales. De no ser así, es imposible que un vocal pueda evaluar la competencia de alguien para ser magistrado del Tribunal Supremo o Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, pongo por caso. Igualmente, resulta imposible, sin conocer no solo Derecho , sino el funcionamiento diario de un Juzgado, que adopte Instrucciones referidas, por ejemplo, a la determinación de las cargas de trabajo, o apruebe Reglamentos que regulen el servicio de guardia, pongo por caso.
Lo lógico es que a los consejeros del Poder Judicial los elijan los representantes de los ciudadanos, porque es a través de ellos como se manifiesta la voluntad popular. Ahora bien, el problema viene porque, en lugar de ponerse de acuerdo para designar personas aceptables por todos debido a su cualificación y solvencia profesional, lo que hacen los partidos es repartirse cuotas (como quien reparte cromos), de modo que, en proporción a sus escaños, se parten y reparten los vocales del CGPJ.
Así cada partido (PP y PSOE) designa a los “suyos” y luego ambos partidos que han participado en el reparto de la tarta votan al conjunto.
Por eso se habla de vocales del PP y vocales del PSOE. Es una terminología formalmente inexacta pero que en la práctica describe bien las cosas y responde materialmente a la realidad.
También se aprecia esto en el Tribunal Constitucional, y en la Sala Penal del TS (aquí los políticos son especialmente cuidadosos pues es la que juzga a los aforados, de modo que se cuidan de designar magistrados de su cuerda para que absuelvan a sus correligionarios y condenen a los adversarios políticos).
De modo que el problema es la subversión, adulteración y prostitución del sistema, provocada por la lógica perversa de la partitocracia, máxime en un sistema proclive al bipartidismo como venimos teniendo en España.
A los magistrados de la Sala de lo Penal los designan los mismos que a los de la Sala de lo Civil, lo Contencioso , lo Laboral y lo Militar , doña Luisa: los vocales del CGPJ , por lo que en la elección juegan más factores que el puramente político (léase elemento corporativo o fuerza de las asociaciones a las pertenecen los vocales judiciales, últimamente muy poco próximas a los partidos, especialmente al que manda).
Lo lógico es que a los consejeros del Poder Judicial los elijan los representantes de los ciudadanos, porque es a través de ellos como se manifiesta la voluntad popular. Ahora bien, el problema viene porque, en lugar de ponerse de acuerdo para designar personas aceptables por todos debido a su cualificación y solvencia profesional, lo que hacen los partidos es repartirse cuotas (como quien reparte cromos), de modo que, en proporción a sus escaños, se parten y reparten los vocales del CGPJ.
Así cada partido (PP y PSOE) designa a los “suyos” y luego ambos partidos que han participado en el reparto de la tarta votan al conjunto.
Por eso se habla de vocales del PP y vocales del PSOE. Es una terminología formalmente inexacta pero que en la práctica describe bien las cosas y responde materialmente a la realidad.
También se aprecia esto en el Tribunal Constitucional, y en la Sala Penal del TS (aquí los políticos son especialmente cuidadosos pues es la que juzga a los aforados, de modo que se cuidan de designar magistrados de su cuerda para que absuelvan a sus correligionarios y condenen a los adversarios políticos).
De modo que el problema es la subversión, adulteración y prostitución del sistema, provocada por la lógica perversa de la partitocracia, máxime en un sistema proclive al bipartidismo como venimos teniendo en España.
Paulo, Luisa y otros lectores interesados,
1. Insisto en mis dos supuestos iniciales: “Si el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y si se pretende que sea un órgano independiente de los otros dos poderes, …“ No he encontrado experiencias similares a la de España y no conozco detalles del Consejo Superior de la Magistratura de Francia ni del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia pero parece que han tenido vidas agitadas y no es claro que hayan contribuido a la independencia del Poder Judicial. EEUU no tiene un órgano parecido al CGPJ y Chile tampoco. Supongo que el CGPJ puede ser un mecanismo de independencia del Poder Judicial alternativo a las dos fórmulas discutidas por R. Cooter en The Strategic Constitution (p. 195 y siguientes) y también supongo en base a todos los reclamos recogidos en este blog y en este post en particular que en España hay consenso de que las normas actuales que regulan el CGPJ han fracasado en asegurar la independencia del Poder Judicial.
2. Lo que está en juego es cómo se nombran los 20 miembros del CGPJ y no cómo el CGPJ debería nombrar a los jueces. Mi propuesta está limitada al método de elección o designación de esos 20 miembros porque el post de Rodrigo se refiere sólo a ese tema, aunque una reforma constitucional como la que yo propongo obviamente tiene consecuencias para las otras normas constitucionales que regulan el CGPJ. Por ejemplo, se podría alegar que el número de miembros esté determinado por el mínimo necesario para que el Consejo tome en cuenta la diversidad de España (yo propondría que hubiera uno por Comunidad porque la dimensión esencial de la diversidad española está dada por las comunidades, así que podemos reducir el número a 17). Además, el método de elección o designación de los miembros del CGPJ debería tener consecuencias importantes sobre la organización interna y las políticas del CGPJ. Todo esto lo podemos discutir pero primero tenemos que ver si hay acuerdo en el punto esencial de la elección popular para asegurar la independencia de los 20 (o menos) miembros del CGPJ.
3. En términos de condiciones necesarias para ser candidato a miembro del CGPJ no deberían ser distintas de las que se exigen a los diputados (condiciones que deberían revisarse y recuerdo que son condiciones a cumplirse en el momento de presentar la candidatura). Mi punto es que los miembros del CGPJ deberían tener un estatus legal y social similar al estatus de los diputados, siendo tan representantes del pueblo como los segundos pero bien separados. No ignoro todos los intereses en juego que se opondrían a tal reforma, pero entonces no insistamos en un poder judicial independiente. No ignoro que los diputados tienen privilegios que no deberían tener pero entonces lo importante es quitarles esos privilegios y no protegerlos diciendo que otros no pueden tener esos privilegios –si todos tenemos los mismos privilegios, su valor será cero. Un privilegio que debería eliminarse ya es la inmunidad.
Claro que también podríamos hablar no sólo del sistema de nombramiento sino de la propia existencia de un órgano que en el derecho comparado creo sólo existe en Italia, y que algunos ya incluso tildan de fracaso… Y esto ya es harina de otro costal.
http://monsieurdevillefort.wordpress.com/2012/07/16/el-fracaso-del-consejo-general-del-poder-judicial/
Paulo, Luisa y otros lectores interesados,
1. Insisto en mis dos supuestos iniciales: “Si el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y si se pretende que sea un órgano independiente de los otros dos poderes, …“ No he encontrado experiencias similares a la de España y no conozco detalles del Consejo Superior de la Magistratura de Francia ni del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia pero parece que han tenido vidas agitadas y no es claro que hayan contribuido a la independencia del Poder Judicial. EEUU no tiene un órgano parecido al CGPJ y Chile tampoco. Supongo que el CGPJ puede ser un mecanismo de independencia del Poder Judicial alternativo a las dos fórmulas discutidas por R. Cooter en The Strategic Constitution (p. 195 y siguientes) y también supongo en base a todos los reclamos recogidos en este blog y en este post en particular que en España hay consenso de que las normas actuales que regulan el CGPJ han fracasado en asegurar la independencia del Poder Judicial.
2. Lo que está en juego es cómo se nombran los 20 miembros del CGPJ y no cómo el CGPJ debería nombrar a los jueces. Mi propuesta está limitada al método de elección o designación de esos 20 miembros porque el post de Rodrigo se refiere sólo a ese tema, aunque una reforma constitucional como la que yo propongo obviamente tiene consecuencias para las otras normas constitucionales que regulan el CGPJ. Por ejemplo, se podría alegar que el número de miembros esté determinado por el mínimo necesario para que el Consejo tome en cuenta la diversidad de España (yo propondría que hubiera uno por Comunidad porque la dimensión esencial de la diversidad española está dada por las comunidades, así que podemos reducir el número a 17). Además, el método de elección o designación de los miembros del CGPJ debería tener consecuencias importantes sobre la organización interna y las políticas del CGPJ. Todo esto lo podemos discutir pero primero tenemos que ver si hay acuerdo en el punto esencial de la elección popular para asegurar la independencia de los 20 (o menos) miembros del CGPJ.
3. En términos de condiciones necesarias para ser candidato a miembro del CGPJ no deberían ser distintas de las que se exigen a los diputados (condiciones que deberían revisarse y recuerdo que son condiciones a cumplirse en el momento de presentar la candidatura). Mi punto es que los miembros del CGPJ deberían tener un estatus legal y social similar al estatus de los diputados, siendo tan representantes del pueblo como los segundos pero bien separados. No ignoro todos los intereses en juego que se opondrían a tal reforma, pero entonces no insistamos en un poder judicial independiente. No ignoro que los diputados tienen privilegios que no deberían tener pero entonces lo importante es quitarles esos privilegios y no protegerlos diciendo que otros no pueden tener esos privilegios –si todos tenemos los mismos privilegios, su valor será cero. Un privilegio que debería eliminarse ya es la inmunidad.
Interesante el debate, pero, la verdad, da igual lo que digamos.
Interesante el debate, pero, la verdad, da igual lo que digamos.
Verónica, no da igual lo que digamos porque me consta que este blog es muy seguido en la comunidad jurídica, aunque a la hora de participar somos pocos los que comentamos. Además, ya está bien de que la libertad de expresión la monopolicen los cebrianes y los pejotas, como pasaba hasta la aparición de Internet. Estoy convencida de que gran parte de los males que han arruinado España (multi-superposición de Administraciones públicas, superávit de políticos, asesores por doquier que llevando una vida vegetativa cobran del erario público, obras faraónicas e inútiles erigidas para cobrar comisiones, etc), gran parte de esos males no se habrían producido si en el tiempo transcurrido desde la Transición la sociedad hubiera dispuesto de Internet. Es gracias a foros como éste como los ciudadanos podemos controlar y atar corto a los políticos, pues si los dejamos campar a sus anchas y por sus fueros, ya sabemos de lo que son capaces.
Llevas razón, Luisa. Internet es poderoso, y por eso mismo tengo blog y tuiter. Ha sido un momento de desánimo al leer una vez más las muchas bobadas que dicen los medios de comunicación tradicionales, que han hecho grave dejación de sus responsabilidad en muchos casos, y peor aún, constatando lo mucho e importante que omiten.
A Quasimontoro : lo primero es atenerse a la Constitución, donde está determinado el nº de vocales del CGPJ (20 más el Presidente), a no ser que se cambiara la CE repentinamente, también se determina la procedencia (12 jueces y magistrados de todas las categorías, el resto, su procedencia está sin determinar, pero sí su elección de estos 8 por el Poder Legislativo); y dentre estos, no tienen por qué ser necesariamente profesionales del Derecho (pueden ser sociólogos de renombre, expertos en estadística, reconocidos, etc..), y, en cualquier caso, todos ellos han de dedicarse a la tarea de defender la independencia del poder judicial (no sus propios intereses o los del grupo profesional al que pertenezcan, ej. abogados, procuradores, secretarios, etc…), y, por ello, también deben estar revestidos de las mismas garantías de independencia que los jueces y magistrados. La independencia exige que el juez esté libre y fuera de influencias externas e internas (las que provengan del propio sistema judicial)y también que no se vea inmerso en conflictos de intereses; de ahí que el que vocales abogados puedan compatibilizar el ejercicio de su profesión, por ejemplo, pueda resultar perjuidicial. Les sugiero la lectura de los textos internacionales aprobados, también por nuestro país, sobre este tema, que España no puede incumplir. En los mismos se explica el porqué y para qué es necesaria la independencia judicial.
Sobre qué requisitos han de tener nuestros políticos, decía un comentarista, al menos, los parlamentarios deberían saber de leyes, pero mucho y saber redactar, para no encontrarnos con el galimatías inmanejable de hoy día, y todos, deberían saber de la materia de su departamento, cuántos asesores nos ahorraríamos.
Al contrario, existe en muchísimos países, cada vez más, aunque pueden diferir en los nombres. La tendencia internacional es a su instauración, no sólo en Europa sino en todo el mundo. Lo que no tienen que estropearlo son las personas que lo integren, ni quienes los eligen.
D. Juan Antonio Xiol Ríos, buen juez para el TC. Enhorabuena.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-designa-juan-antonio-xiol-santiago-martinez-vares-constitucional-20130607103511.html
D. Juan Antonio Xiol Ríos, buen juez para el TC. Enhorabuena.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-designa-juan-antonio-xiol-santiago-martinez-vares-constitucional-20130607103511.html
(leído en cadenaser.com)
Una huelga indefinida que amenaza con paralizar los juzgados de toda España
Los secretarios judiciales de toda España han convocado una huelga indefinida para el 1 de noviembre
Tras una asamblea de secretarios judiciales que se ha desarrollado en las últimas horas en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, este colectivo ha decidido votar a favor de una huelga indefinida desde el próximo 1 de Noviembre.
La huelga se prevé larga por lo que ya han preparado incluso una caja de resistencia, con más de 400.000 euros, para evitar la pérdida de sueldo que van a sufrir aquellos que hayan decidido secundar el paro. Se trataría de la primera vez que esta iniciativa se desarrolla a escala nacional.
El papel que juega los secretarios judiciales en las distintas jurisdicciones es tan fundamental como el de los técnicos sanitarios en el sistema público sanitario.
Los jueces dirigen las actuaciones, pero los que las desarrollan sobre el terreno y sobre el papel son los secretarios. Su paro significa el paro de los juzgados y mucho más en comunidades como la madrileña o la catalana donde se interponen demandas de todo tipo al ser centros administrativos y por la riqueza que genera sus economías con miles de empresas que han registrado sus sedes en esas áreas del Estado.
Será el Ministerio de Justicia el que deba mover ficha ahora para evitar el conflicto, aunque no lo parece ante el silencio que mantiene el ministro Alberto Ruiz Gallardón.