Revalorización de pensiones y el Estado de bienestar

Se ha dicho “que si Ortega se convirtió en enemigo público para las tropas nacional-católicas del franquismo, esas mismas tropas pusieron en marcha un diseño cultural que miraba al desmantelamiento del orteguismo en el seno de la vida nacional” (F. José Martín.  Rev. Occidente.- Enero 2011). Se trata de una supervaloración, no de Ortega, sino de sus oponentes pues el nacional-catolicismo en el ámbito cultural sólo hizo “asistir” a misa a las juventudes de Falange (que cantaban “viva la revolución”, “queremos el estado sindical”) y expedientar a los tres filósofos liberales (Aranguren, Laín, Gª. Calvo) que habían dado el tono a la filosofía, junto con Zaragüeta, mientras que Tierno Galván dominaba en el Instituto de Estudios Políticos.

 

Sin embargo, el nacional-catolicismo (y de las JONS) no se limitó a eso sino que decidió abrazar el laborismo y alumbrar, tras pasos sucesivos (Girón con el Seguro de Enfermedad en 1942), uno de los mas completos sistemas de Seguridad Social de Europa (aunque con bastantes deficiencias técnicas: Ley de bases de 28-12-1963), que fue precedido también por el régimen de pensiones de Mutualidades Laborales, un sistema financiero de reparto pero con capitalización de las pensiones causadas (sistema de cobertura de capitales). Por su parte, para el conjunto de España el régimen de Clases Pasivas de los funcionarios (excluidos de la Seguridad Social), poco generoso, era complementado con las pensiones del Mutualismo administrativo.

 

Aunque en ocasiones se olvide, de ese modelo sigue bebiendo en sistema español de Seguridad Social que surge de la democracia y se mantiene en el tiempo, con algunas variaciones, sin embargo, no siempre favorables. Así, el gobierno del PSOE de Felipe González, por cierto en un ambiente de crisis fiscal parecida a la actual, decidió refundir toda la variedad de mutualidades laborales por la Seguridad Social (no así las Clases Pasivas en sentido estricto), con unificación de prestaciones y recortes de los derechos adquiridos (incompatibilidad y tope de pensiones). Esa decisión comenzó a ensombrecer el panorama presente y futuro de los pensionistas y llevó al Tribunal Constitucional a hacer equilibrios jurídicos muy poco respetables, como la de que los funcionarios en materia de pensiones no tenían derechos adquiridos sino meras “expectativas de derechos”.

 

Es decir, fueron los defensores del Estado de Bienestar los primeros que recortaron derechos a los pensionistas. Y ahora, por falta de previsión, de falta de ahorro y buena gestión de unos y otros el actual sistema de Seguridad Social en España está en quiebra.  De los dos subsistemas: el de asistencia sanitaria y el de pensiones, el primero ya hace tiempo se “salio” (pasó a financiarse en buena parte por impuestos) y el segundo, tiene que acudir al crédito para pagar las pensiones, lo que supone insolvencia.

 

Pero además de un sistema en quiebra por falta de ingresos puede tratarse de un modelo inviable técnicamente. Así, los Anales del Instituto de Actuarios Españoles del año 2012 (M. García García y C. Vidal Meliá), analizan la reforma del sistema público de pensiones pretendido ahora por la ley 27/2011, que entrará en vigor de manera gradual a partir de primero de 2013.  Esta reforma se basa en aumentos de tipos, ampliación de bases y retraso de la edad de jubilación; pero con cotización global y sin especificar riesgo, o sea fuera de toda base técnica. Se justifica por las malas expectativas demográficas: natalidad, esperanza de vida, “reducción de la inmigración”. El Instituto de Actuarios hace un ligero repaso a todo nuestro sistema de seguridad social y propone una orientación racional al de pensiones, basándose en la experiencia sueca y USA (respetando el sistema de reparto). Considera necesario formular periódicamente un balance actuarial, como hacen los países citados, pero también Japón, Canadá, Reino Unido o Finlandia y otros. Ello se justifica fundamentalmente por el deseo de despolitizar la gestión de los sistemas de pensiones de reparto y contar con una base objetiva sobre la que poder aplicar un mecanismo de ajuste financiero periódico.

 

El balance actuarial (Activo-Pasivo = déficit/superávit) persigue estimar el índice de solvencia del sistema en un horizonte temporal de medio plazo (normalmente un quinquenio).  En nuestro caso se señala, como principal inconveniente para estos procedimientos técnicos, que “no existe desagregación explícita del tipo de cotización global por contingencias”.  Desagregación que también procedería del “fondo de reserva de la Seguridad Social”.  Calcula que de los 60.022 millones de euros que existían a 31-12-2009 (que ahora por el déficit creciente ha variado poco),  corresponderían a jubilación 40.133 millones de euros. Sin embargo, debería tener una cuantía mucho mayor, si se hubieran capitalizado todos los excedentes previos a la fecha inicial de constitución del fondo (año 2000).

 

El Informe citado del Instituto de Actuarios concluye que la reforma de la Ley 27/2011 parte de una ausencia de base actuarial y financiera adecuada. Como consecuencia, tal modificación no sería una solución sino “un diferimiento de las tensiones de tesorería que harán inevitable en un plazo no muy lejano a nuevas reformas”.  O sea, que el régimen de Seguridad Social no tiene un sistema de pensiones técnicamente viable, negándole ingresos de miles de millones de cuotas que se despilfarran en la llamada “formación ocupacional”, un concepto que está lejos de haber demostrado alguna eficacia para reducir el paro.

 

En cuanto al asunto de la revalorización de pensiones en función del coste de vida, cabe defender que se trata de un sistema ajeno a la buena técnica actuarial, pues no se puede prometer a los pensionistas una cantidad abierta (en función de una variable que no se conoce cuál será) que no está concretada ni “pintada” en los presupuestos que se han hecho para ese año; es decir para cuyo pago no están previstos los ingresos necesarios de forma adecuada. Esto no es hacer ningún favor a los pensionistas sino dejar todo el sistema de pensiones a la evolución del mercado de deuda, como ha pasado este año. Lo que tendría que arbitrase sería una tasa fija con financiación adecuada en función de ingresos ordinarios, pero como ya decía el Prof. Barea “los políticos sienten la tentación de establecer un mecanismo de intercambio de votos por aumento de pensiones”.

 

Y ahora para terminar entramos en una dimensión que en ocasiones pasa desapercibida cuando se habla del maltrato de la tercera edad por parte del Estado. Y ésta es el conjunto de cargas que pesan sobre las personas que han entrado en la edad de jubilación. A este respecto, cabe señalar (en línea con lo que ha sostenido el economista Alberto Recarte) que aunque la mayor parte de los pensionistas no tienen fondos de pensiones privados sí que disponen de su casa en propiedad. En cualquier otro país, aunque las pensiones públicas pueden ser más bajas, contrariamente la mayor parte de los pensionistas dispone de un fondo privado (igual más o menos al público), si bien sólo el 50 % quizás sea propietario de su vivienda. Por tanto, todas las cargas que pesan sobre la vivienda tienen una incidencia específica más grave sobre la tercera edad. A ello se añade que los pensionistas, como el de todos los contribuyentes netos, no tienen ninguna protección especial cuando toca contribuir a financiar una organización elefantiásica como la del Estado pluri-administrativo mediante un aumento de las cargas públicas directas e indirectas: actuales contribuciones a la seguridad social de la familia, coste de la energía, rescate bancario, tasas, la persecución fiscal del ahorro, depreciación de activos, etc…  Por no hablar de los nuevos impuestos autonómicos que se plantean (por ejemplo a los depósitos bancarios) que al ser las entidades bancarias las mismas que operan en el resto del territorio español es fácil suponer que, como el aleteo de una mariposa, puede incidir en las economías  domésticas de otros territorios ¿Para cuándo, por ejemplo, declarar exenta la pensión a efectos impositivos? Esto sí sería proteger a los pensionistas. Sin embargo, la situación actual deja el art. 31 de la Constitución en barbecho.

 

Y por si algo faltaba, la disposición 39 de la citada Ley 27/2011, que quiere cambiar la financiación de las pensiones altera de paso, como quien no quiera la cosa, el concepto de familia y la transforma en una empresa a efectos de la contratación del servicio doméstico, aunque sólo sea por tres horas al día, algo especialmente sensible en una población como la tercera edad, que pasa a convertirse por arte de birlibirloque en verdaderos empresarios para que les cuiden. En resumen, señores políticos, el problema de los pensionistas no sólo es de ingresos, es de los crecientes gastos incontrolados a los que les obliga el Estado que en cada campaña electoral dice querer defender a sus mayores. Vivir para ver.

What money can´t buy (reflexiones sobre el libro de Michael Sandel y las elecciones… a lo que sea)

He leído recientemente el ensayo “What Money can´t buy, the moral limits of markets” de Michael Sandel, profesor de Harvard y autor muy conocido por su anterior obra “Justice”, que ya tiene traducción al español y es también muy recomendable. Las reflexiones que hace en este ensayo muy sencillo de leer son muy pertinentes para juristas inquietos, y más todavía si viven en España a principios del 2013. A mí, en concreto, me han venido a la cabeza un montón de ejemplos de aquí y ahora que ilustran perfectamente las tesis del libro, que, muy brevemente, puede resumirse en esta frase: es muy preocupante el que en nuestras sociedades de forma creciente todo esté en venta (“everything is up for sale”). Y las razones por las que debemos preocuparnos, y mucho son dos: la desigualdad y la corrupción que esta dinámica genera. La desigualdad, porque no todos van a tener las mismas posibilidades si todo se compra, de forma que la falta de dinero importará cada vez más. En cuanto a la corrupción, la idea central del libro es que poner precio a determinados bienes o servicios puede corromperlas o hacerlas perder su valor intrínseco. Los ejemplos del libro son extraordinariamente interesantes, y no se los cuento porque merece la pena leerlo.
 
Pues bien, uno de los casos –hay muchos más- que tienen que ver con la tesis del libro es precisamente el de las recientes elecciones al ICAM. Como saben, he ido en una de las candidaturas. Ya expliqué aquí que las elecciones solían despertar nulo interés entre los colegiados en Madrid y los motivos por los que yo pensaba que esto no debería ser así. Pues bien, después de una campaña electoral muy intensa desde todos los puntos de vista, en la que competían candidaturas con muchos medios o/y con muchos apoyos mediáticos (las dos cosas suelen ir de la mano) y también bastante sucia, para que engañarnos, la cosa culminó el día de las elecciones con un espectáculo bochornoso, como bien saben.
 
Efectivamente, la mayoría de los que estuvimos en el Palacio de Congresos el día 18 de diciembre pasamos mucha vergüenza, y desde luego la imagen de la abogacía como colectivo no ha salido muy bien parada que digamos. Pero, bien pensado, la escena final no era sino la lógica culminación de una campaña en la que pareció que todo valía para ganar los votos de los colegiados, desde las más habituales llamadas a los amigos, reparto de folletos, visitas y presentaciones en despachos, etc, etc hasta las invitaciones a comer o a cenar en sitios caros, las fiestas multitudinarias en discotecas, los regalitos, etc, etc pasando por los debates entre las candidaturas, incluido uno muy novedoso en twitter. No siempre nos es dado visualizar el grado de deterioro de una institución en tiempo real, pero ya les digo que no es un espectáculo agradable.
 
Y por degradación institucional no se entiende solo las escenas protagonizada por las candidaturas rivales en el Palacio de Congresos, voces y zarandeos incluidos, sino también a la forma en que el ICAM gestionó todo el proceso electoral, desde la complejidad del voto por correo, la negativa a proporcionar a las candidaturas el censo electoral, la falta de transparencia, etc, etc hasta los “encierros” de candidatos durante la noche del día 18, pasando por los gritos con que se llamó a los miembros de la Comisión Electoral (cuya composición desconocíamos), las filtraciones a la prensa o/y candidatos de la decisión de esa misma Comisión el fin de semana de dar por buenas las elecciones sin que hubiese comunicado oficial alguno a las candidaturas o las llamadas de abogados de la candidatura ganadora (extraoficialmente en ese momento) la noche de las elecciones en las redes sociales a rodear la sede del Palacio de Congresos. Evidentemente, todos estos problemas vienen de muy atrás, de una forma de gestionar el Colegio caracterizada por la opacidad y la falta de participación de los colegiados que ha durado muchos años y no son en absoluto imputables a la candidatura ganadora. Pero ahí están.
 
El final de la historia está recogido por ahora en el acuerdo de la Comisión Electoral que da por bueno el proceso electoral y por ganadora a la sra Gumpert, acuerdo cuya lectura recomiendo, básicamente porque pone de relieve gran parte de los fallos que han llevado a la necesidad de que la Comisión tenga que dictar esta resolución. Pero yo no quería referirme aquí a cuestiones de legalidad (ya lo ha hecho la Comisión Electoral) sino a otro tipo de cuestiones. La propia Comisión Electoral advierte que no le compete hablar de legitimidad de las elecciones, solo de la regularidad o legalidad del proceso electoral. De hecho, aunque muchas personas me preguntaron después del 18 si la candidatura ganadora había hecho algo ilegal por lo que hubiera que anular las elecciones, sinceramente les contesté que no tenía ni idea, dado que desconozco por completo la regulación electoral corporativa. Pero sí les contesté que había visto cosas que me parecían poco éticas, y no solo por parte de la candidatura ganadora, por cierto. Y les recordé que muchas veces los principios éticos no están recogidos sino implícitamente en las regulaciones de las instituciones, dado que se dan por supuestos. Creo que es a esto a lo que se refiere la Comisión Electoral cuando habla de “legitimidad” aunque no estoy segura.
 
En cualquier caso, es el aspecto ético o moral de toda la historia de estas elecciones lo que las relaciona con el libro de Sandel. Que a mi juicio se refleja estupendamente en la frase de uno de los abogados jóvenes que apoyaron a la ganadora dicha a una abogada joven de nuestra candidatura que se había dejado la piel en la campaña con toda la ilusión propia de su edad: “Tenéis que tener claro que esto es como las elecciones al Real Madrid, gana quien tiene más medios”. Una reflexión muy interesante, máxime cuando se hace por una persona joven de una candidatura con muchos medios a una persona joven de una candidatura con muy pocos medios. En fín, dos concepciones del mundo, no solo del mundo corporativo y profesional, muy diferentes.
 
Efectivamente, si las cosas son así, entonces las candidaturas digamos más “pobres” en las elecciones a Junta de Gobierno a una Corporación profesional (y en general a cualquier tipo de elecciones del tipo que sean) tendrán siempre menos posibilidades de ganar por esa exclusiva razón. Es una de las consecuencias (la desigualdad) que preocupa a Sandel cuando se cuestiona la creciente tendencia a comprar y vender cualquier tipo de bienes o servicios en nuestras sociedades. Entre los servicios que se compran o venden hay que incluir, en todo tipo de elecciones, a los medios, los favores, los regalos, las cenas que al fín y al cabo se traducen en la capacidad de atraer y movilizar a los electores, e incluso en algún caso, de trasladarlos físicamente a la sede electoral para que se molesten lo menos posible. En el caso concreto de las elecciones al ICAM movilizar los votos de los colegiados e incluso a los propios colegiados físicamente era esencial para ganar. Insisto en que este no es un fenómeno exclusivo de las Corporaciones profesionales, todo lo contrario, probablemente es de los últimos sitios a los que ha llegado, aunque hay que reconocer que cuando lo ha hecho ha sido de forma muy vistosa.
 
Pues bien, siguiendo con el razonamiento del profesor de Harvard, en elecciones así concebidas en el mejor de los casos los electores perderán opciones, dado que solo podrán elegir entre candidatos que tengan muchos medios económicos a su disposición –dado que la capacidad de disponer de medios económicos está muy relacionada con la capacidad de obtener la atención de los votantes- con lo que esto puede suponer tanto en términos de perfiles de candidatos como en términos de los perfiles de los que ponen los medios para apoyarles.
 
Pero la otra consecuencia, a mi juicio más todavía preocupante, es la pérdida de valor intrínseco que esta circunstancia confiere a la propia institución. Dicho de otra forma, si las elecciones a una institución solo se pueden ganar si se dispone de muchos medios materiales su propio valor como tal institución disminuye, mientras que aumenta su valor económico o comercial, valores que no son intrínsecos o esenciales a la institución, o que no son los auténticos valores de la institución, por lo menos en mi opinión. En este contexto, tiene bastante sentido la pregunta que muchos de los que estábamos allí la noche del 18 de diciembre nos hicimos, y de la que se hicieron eco después los medios de comunicación ¿qué tesoro esconde entonces el Colegio de Abogados de Madrid? En cualquier caso, sea cual sea la naturaleza del tesoro, (dinero, favores, cercanía con el Poder, influencia, clientela etc, etc) si la razón fundamental para aspirar a ser Decano de un Colegio de Abogados (o Presidente de una Comunidad de Vecinos, o Alcalde, por poner otros ejemplos) es la gestión de ese tesoro, es más que probable que los incentivos materiales para aspirar al puesto desplacen a los motivos altruistas, cívicos, morales o simplemente profesionales que podrían también funcionar como estímulos (incluso como únicos estímulos) en otras circunstancias. Como explica muy bien Sandel en su libro en este caso, como en tantos otros, los dos tipos de incentivos no suman, sino que sencillamente, unos pueden eliminar a los otros produciendo un efecto de “crowding out”.
 
En cualquier caso, la experiencia ha resultado muy ilustrativa desde todos los puntos de vista y le deseo lo mejor a la nueva Decana del Colegio de Abogados de Madrid. Pero desde luego si resulta que las elecciones a una Corporación profesional son como las elecciones al Real Madrid, conmigo que no cuenten ni para electora ni para elegible. Si ni siquiera me gusta el fútbol!
 

What money can´t buy (reflexiones sobre el libro de Michael Sandel y las elecciones… a lo que sea)

He leído recientemente el ensayo “What Money can´t buy, the moral limits of markets” de Michael Sandel, profesor de Harvard y autor muy conocido por su anterior obra “Justice”, que ya tiene traducción al español y es también muy recomendable. Las reflexiones que hace en este ensayo muy sencillo de leer son muy pertinentes para juristas inquietos, y más todavía si viven en España a principios del 2013. A mí, en concreto, me han venido a la cabeza un montón de ejemplos de aquí y ahora que ilustran perfectamente las tesis del libro, que, muy brevemente, puede resumirse en esta frase: es muy preocupante el que en nuestras sociedades de forma creciente todo esté en venta (“everything is up for sale”). Y las razones por las que debemos preocuparnos, y mucho son dos: la desigualdad y la corrupción que esta dinámica genera. La desigualdad, porque no todos van a tener las mismas posibilidades si todo se compra, de forma que la falta de dinero importará cada vez más. En cuanto a la corrupción, la idea central del libro es que poner precio a determinados bienes o servicios puede corromperlas o hacerlas perder su valor intrínseco. Los ejemplos del libro son extraordinariamente interesantes, y no se los cuento porque merece la pena leerlo.

 

Pues bien, uno de los casos –hay muchos más- que tienen que ver con la tesis del libro es precisamente el de las recientes elecciones al ICAM. Como saben, he ido en una de las candidaturas. Ya expliqué aquí que las elecciones solían despertar nulo interés entre los colegiados en Madrid y los motivos por los que yo pensaba que esto no debería ser así. Pues bien, después de una campaña electoral muy intensa desde todos los puntos de vista, en la que competían candidaturas con muchos medios o/y con muchos apoyos mediáticos (las dos cosas suelen ir de la mano) y también bastante sucia, para que engañarnos, la cosa culminó el día de las elecciones con un espectáculo bochornoso, como bien saben.

 

Efectivamente, la mayoría de los que estuvimos en el Palacio de Congresos el día 18 de diciembre pasamos mucha vergüenza, y desde luego la imagen de la abogacía como colectivo no ha salido muy bien parada que digamos. Pero, bien pensado, la escena final no era sino la lógica culminación de una campaña en la que pareció que todo valía para ganar los votos de los colegiados, desde las más habituales llamadas a los amigos, reparto de folletos, visitas y presentaciones en despachos, etc, etc hasta las invitaciones a comer o a cenar en sitios caros, las fiestas multitudinarias en discotecas, los regalitos, etc, etc pasando por los debates entre las candidaturas, incluido uno muy novedoso en twitter. No siempre nos es dado visualizar el grado de deterioro de una institución en tiempo real, pero ya les digo que no es un espectáculo agradable.

 

Y por degradación institucional no se entiende solo las escenas protagonizada por las candidaturas rivales en el Palacio de Congresos, voces y zarandeos incluidos, sino también a la forma en que el ICAM gestionó todo el proceso electoral, desde la complejidad del voto por correo, la negativa a proporcionar a las candidaturas el censo electoral, la falta de transparencia, etc, etc hasta los “encierros” de candidatos durante la noche del día 18, pasando por los gritos con que se llamó a los miembros de la Comisión Electoral (cuya composición desconocíamos), las filtraciones a la prensa o/y candidatos de la decisión de esa misma Comisión el fin de semana de dar por buenas las elecciones sin que hubiese comunicado oficial alguno a las candidaturas o las llamadas de abogados de la candidatura ganadora (extraoficialmente en ese momento) la noche de las elecciones en las redes sociales a rodear la sede del Palacio de Congresos. Evidentemente, todos estos problemas vienen de muy atrás, de una forma de gestionar el Colegio caracterizada por la opacidad y la falta de participación de los colegiados que ha durado muchos años y no son en absoluto imputables a la candidatura ganadora. Pero ahí están.

 

El final de la historia está recogido por ahora en el acuerdo de la Comisión Electoral que da por bueno el proceso electoral y por ganadora a la sra Gumpert, acuerdo cuya lectura recomiendo, básicamente porque pone de relieve gran parte de los fallos que han llevado a la necesidad de que la Comisión tenga que dictar esta resolución. Pero yo no quería referirme aquí a cuestiones de legalidad (ya lo ha hecho la Comisión Electoral) sino a otro tipo de cuestiones. La propia Comisión Electoral advierte que no le compete hablar de legitimidad de las elecciones, solo de la regularidad o legalidad del proceso electoral. De hecho, aunque muchas personas me preguntaron después del 18 si la candidatura ganadora había hecho algo ilegal por lo que hubiera que anular las elecciones, sinceramente les contesté que no tenía ni idea, dado que desconozco por completo la regulación electoral corporativa. Pero sí les contesté que había visto cosas que me parecían poco éticas, y no solo por parte de la candidatura ganadora, por cierto. Y les recordé que muchas veces los principios éticos no están recogidos sino implícitamente en las regulaciones de las instituciones, dado que se dan por supuestos. Creo que es a esto a lo que se refiere la Comisión Electoral cuando habla de “legitimidad” aunque no estoy segura.

 

En cualquier caso, es el aspecto ético o moral de toda la historia de estas elecciones lo que las relaciona con el libro de Sandel. Que a mi juicio se refleja estupendamente en la frase de uno de los abogados jóvenes que apoyaron a la ganadora dicha a una abogada joven de nuestra candidatura que se había dejado la piel en la campaña con toda la ilusión propia de su edad: “Tenéis que tener claro que esto es como las elecciones al Real Madrid, gana quien tiene más medios”. Una reflexión muy interesante, máxime cuando se hace por una persona joven de una candidatura con muchos medios a una persona joven de una candidatura con muy pocos medios. En fín, dos concepciones del mundo, no solo del mundo corporativo y profesional, muy diferentes.

 

Efectivamente, si las cosas son así, entonces las candidaturas digamos más “pobres” en las elecciones a Junta de Gobierno a una Corporación profesional (y en general a cualquier tipo de elecciones del tipo que sean) tendrán siempre menos posibilidades de ganar por esa exclusiva razón. Es una de las consecuencias (la desigualdad) que preocupa a Sandel cuando se cuestiona la creciente tendencia a comprar y vender cualquier tipo de bienes o servicios en nuestras sociedades. Entre los servicios que se compran o venden hay que incluir, en todo tipo de elecciones, a los medios, los favores, los regalos, las cenas que al fín y al cabo se traducen en la capacidad de atraer y movilizar a los electores, e incluso en algún caso, de trasladarlos físicamente a la sede electoral para que se molesten lo menos posible. En el caso concreto de las elecciones al ICAM movilizar los votos de los colegiados e incluso a los propios colegiados físicamente era esencial para ganar. Insisto en que este no es un fenómeno exclusivo de las Corporaciones profesionales, todo lo contrario, probablemente es de los últimos sitios a los que ha llegado, aunque hay que reconocer que cuando lo ha hecho ha sido de forma muy vistosa.

 

Pues bien, siguiendo con el razonamiento del profesor de Harvard, en elecciones así concebidas en el mejor de los casos los electores perderán opciones, dado que solo podrán elegir entre candidatos que tengan muchos medios económicos a su disposición –dado que la capacidad de disponer de medios económicos está muy relacionada con la capacidad de obtener la atención de los votantes- con lo que esto puede suponer tanto en términos de perfiles de candidatos como en términos de los perfiles de los que ponen los medios para apoyarles.

 

Pero la otra consecuencia, a mi juicio más todavía preocupante, es la pérdida de valor intrínseco que esta circunstancia confiere a la propia institución. Dicho de otra forma, si las elecciones a una institución solo se pueden ganar si se dispone de muchos medios materiales su propio valor como tal institución disminuye, mientras que aumenta su valor económico o comercial, valores que no son intrínsecos o esenciales a la institución, o que no son los auténticos valores de la institución, por lo menos en mi opinión. En este contexto, tiene bastante sentido la pregunta que muchos de los que estábamos allí la noche del 18 de diciembre nos hicimos, y de la que se hicieron eco después los medios de comunicación ¿qué tesoro esconde entonces el Colegio de Abogados de Madrid? En cualquier caso, sea cual sea la naturaleza del tesoro, (dinero, favores, cercanía con el Poder, influencia, clientela etc, etc) si la razón fundamental para aspirar a ser Decano de un Colegio de Abogados (o Presidente de una Comunidad de Vecinos, o Alcalde, por poner otros ejemplos) es la gestión de ese tesoro, es más que probable que los incentivos materiales para aspirar al puesto desplacen a los motivos altruistas, cívicos, morales o simplemente profesionales que podrían también funcionar como estímulos (incluso como únicos estímulos) en otras circunstancias. Como explica muy bien Sandel en su libro en este caso, como en tantos otros, los dos tipos de incentivos no suman, sino que sencillamente, unos pueden eliminar a los otros produciendo un efecto de “crowding out”.

 

En cualquier caso, la experiencia ha resultado muy ilustrativa desde todos los puntos de vista y le deseo lo mejor a la nueva Decana del Colegio de Abogados de Madrid. Pero desde luego si resulta que las elecciones a una Corporación profesional son como las elecciones al Real Madrid, conmigo que no cuenten ni para electora ni para elegible. Si ni siquiera me gusta el fútbol!