Artículo de nuestro colaborador Segismundo Alvarez en “El País”: “Desahucios y banco malo, mucho por hacer”

En psicología se denomina habituación al proceso por el que ante un estímulo repetido, la respuesta de la persona es cada vez menos intensa. Pero a pesar de la reiteración de normas de reforma financiera y de apoyo a los deudores, no nos podemos ignorar ni permanecer pasivos ante las de los últimos meses, porque con el tema de los desahucios nos jugamos la paz social, y con el destino de los activos inmobiliarios de los bancos, la recuperación económica.
 
El Real Decreto-Ley 27/2012 sobre protección de los deudores hipotecarios paraliza durante dos años el lanzamiento de la vivienda habitual de los deudores más vulnerables. La intención es buena pero la determinación legal de quién merece esta protección es criticable: quizás tenga sentido que se limite a unidades familiares con miembros especialmente vulnerables, pero los límites de ingresos producirán graves injusticias. Además, la protección solo se aplica si el adquirente tras la ejecución es el propio acreedor, de forma que una familia, aunque cumpla todos los requisitos legales, puede ser expulsada de su casa si tiene la mala suerte de que en la subasta la compra un tercero. Finalmente, la norma no evita la pérdida de la propiedad, ni impide al banco reclamar el resto de la deuda —que seguirá produciendo altísimos intereses de demora—, por lo que al que al cabo de los dos años la familia será desahuciada y seguirá debiendo una cantidad que no podrá pagar.
 
Es decir que la ley aplaza, pero agrava, la situación de exclusión social que pretende evitar. A la norma la redime en parte el raro mérito de reconocer sus limitaciones, pues admite en su preámbulo la necesidad de reformar el sistema en profundidad, lo que debe hacerse siguiendo el diálogo que iniciaron gobierno y oposición. Es necesario que se eliminen las situaciones de abuso, estableciendo un límite a los intereses de demora. Para evitar que se llegue a la ejecución, hay que otorgar incentivos -fiscales y otros— a los deudores y a los bancos que acuerden soluciones alternativas como la dación en pago o la refinanciación. El vigente código de buenas prácticas solo será útil si se amplían las familias que pueden acogerse a él, al menos en cuanto a la posibilidad de imponer durante un periodo la carencia de capital y la reducción de intereses.
 
Las reformas en la ejecución hipotecaria no deben entorpecerla sino hacerla eficaz, transparente y rápida, y permitir que se obtengan en ella precios de mercado y que el deudor que colabore (entregando la vivienda, buscando un comprador) obtenga ventajas por ello. La ley aplaza, pero agrava, la situación de exclusión social que pretende evitar
 
No es menos lo que queda por hacer en relación con la nueva reforma bancaria. Para que los bancos vuelvan a facilitar el crédito al resto de la economía, se ha creado una sociedad (el banco malo o SAREB) que comprará los activos tóxicos —básicamente inmuebles y créditos dudosos— a las entidades financieras en dificultades. Los socios de la SAREB son el FROB (es decir nosotros, los contribuyentes), otros bancos no intervenidos, y aseguradoras. En el sistema son evidentes ciertas contradicciones: el FROB controla las entidades que venden los activos, pero pone también el dinero para comprarlos; se persigue que los bancos inyecten dinero en la economía, pero al mismo tiempo se pide a los no intervenidos que lo inviertan en la SAREB.
 
El problema más grave es el conflicto de intereses en la fijación del precio de los activos, pues el FROB está a ambos lados de la mesa. El criterio legal es que se transmitan por su valor de mercado —con el máximo de su valor contable tras provisiones—, valor que en la actualidad es dificilísimo de determinar, y que además no se entiende como permitirá alcanzar las rentabilidades que anunciaba el plan de negocio de la SAREB (nada menos que el 15% anual). Existe además otro conflicto de interés entre la SAREB y la economía nacional, pues para la reactivación de ésta es esencial que se reactive el mercado de vivienda, lo que a su vez requiere la vuelta del crédito y una mayor bajada de precios.
 
Resumiendo, solo si la SAREB compra lo bastante barato como para vender rápido y sin pérdida, será parte de la solución. En otro caso se habrá vestido de nuevo la insolvencia de los bancos con otro traje, pero seguirá paralizando nuestra economía y empeorando las cuentas públicas.
 
Los ciudadanos no perdonarán a PP y PSOE que en un tema como los desahucios hagan prevalecer sus respectivos intereses electorales sobre los generales. Es necesario que demuestren capacidad para llegar a un acuerdo y para ello han de evitar tanto las presiones de los bancos como las tentaciones de la demagogia. Por otra parte, el Gobierno y los ciudadanos tenemos que vigilar que la última norma de reestructuración financiera no suponga, otra vez, una transferencia de dinero del contribuyente en beneficio de los accionistas y obligacionistas de los bancos, y de sus gestores —incluyendo, ahora, los del SAREB—. Queda todo por hacer.

Artículo de nuestro colaborador Segismundo Alvarez en “El País”: “Desahucios y banco malo, mucho por hacer”

En psicología se denomina habituación al proceso por el que ante un estímulo repetido, la respuesta de la persona es cada vez menos intensa. Pero a pesar de la reiteración de normas de reforma financiera y de apoyo a los deudores, no nos podemos ignorar ni permanecer pasivos ante las de los últimos meses, porque con el tema de los desahucios nos jugamos la paz social, y con el destino de los activos inmobiliarios de los bancos, la recuperación económica.

 

El Real Decreto-Ley 27/2012 sobre protección de los deudores hipotecarios paraliza durante dos años el lanzamiento de la vivienda habitual de los deudores más vulnerables. La intención es buena pero la determinación legal de quién merece esta protección es criticable: quizás tenga sentido que se limite a unidades familiares con miembros especialmente vulnerables, pero los límites de ingresos producirán graves injusticias. Además, la protección solo se aplica si el adquirente tras la ejecución es el propio acreedor, de forma que una familia, aunque cumpla todos los requisitos legales, puede ser expulsada de su casa si tiene la mala suerte de que en la subasta la compra un tercero. Finalmente, la norma no evita la pérdida de la propiedad, ni impide al banco reclamar el resto de la deuda —que seguirá produciendo altísimos intereses de demora—, por lo que al que al cabo de los dos años la familia será desahuciada y seguirá debiendo una cantidad que no podrá pagar.

 

Es decir que la ley aplaza, pero agrava, la situación de exclusión social que pretende evitar. A la norma la redime en parte el raro mérito de reconocer sus limitaciones, pues admite en su preámbulo la necesidad de reformar el sistema en profundidad, lo que debe hacerse siguiendo el diálogo que iniciaron gobierno y oposición. Es necesario que se eliminen las situaciones de abuso, estableciendo un límite a los intereses de demora. Para evitar que se llegue a la ejecución, hay que otorgar incentivos -fiscales y otros— a los deudores y a los bancos que acuerden soluciones alternativas como la dación en pago o la refinanciación. El vigente código de buenas prácticas solo será útil si se amplían las familias que pueden acogerse a él, al menos en cuanto a la posibilidad de imponer durante un periodo la carencia de capital y la reducción de intereses.

 

Las reformas en la ejecución hipotecaria no deben entorpecerla sino hacerla eficaz, transparente y rápida, y permitir que se obtengan en ella precios de mercado y que el deudor que colabore (entregando la vivienda, buscando un comprador) obtenga ventajas por ello. La ley aplaza, pero agrava, la situación de exclusión social que pretende evitar

 

No es menos lo que queda por hacer en relación con la nueva reforma bancaria. Para que los bancos vuelvan a facilitar el crédito al resto de la economía, se ha creado una sociedad (el banco malo o SAREB) que comprará los activos tóxicos —básicamente inmuebles y créditos dudosos— a las entidades financieras en dificultades. Los socios de la SAREB son el FROB (es decir nosotros, los contribuyentes), otros bancos no intervenidos, y aseguradoras. En el sistema son evidentes ciertas contradicciones: el FROB controla las entidades que venden los activos, pero pone también el dinero para comprarlos; se persigue que los bancos inyecten dinero en la economía, pero al mismo tiempo se pide a los no intervenidos que lo inviertan en la SAREB.

 

El problema más grave es el conflicto de intereses en la fijación del precio de los activos, pues el FROB está a ambos lados de la mesa. El criterio legal es que se transmitan por su valor de mercado —con el máximo de su valor contable tras provisiones—, valor que en la actualidad es dificilísimo de determinar, y que además no se entiende como permitirá alcanzar las rentabilidades que anunciaba el plan de negocio de la SAREB (nada menos que el 15% anual). Existe además otro conflicto de interés entre la SAREB y la economía nacional, pues para la reactivación de ésta es esencial que se reactive el mercado de vivienda, lo que a su vez requiere la vuelta del crédito y una mayor bajada de precios.

 

Resumiendo, solo si la SAREB compra lo bastante barato como para vender rápido y sin pérdida, será parte de la solución. En otro caso se habrá vestido de nuevo la insolvencia de los bancos con otro traje, pero seguirá paralizando nuestra economía y empeorando las cuentas públicas.

 

Los ciudadanos no perdonarán a PP y PSOE que en un tema como los desahucios hagan prevalecer sus respectivos intereses electorales sobre los generales. Es necesario que demuestren capacidad para llegar a un acuerdo y para ello han de evitar tanto las presiones de los bancos como las tentaciones de la demagogia. Por otra parte, el Gobierno y los ciudadanos tenemos que vigilar que la última norma de reestructuración financiera no suponga, otra vez, una transferencia de dinero del contribuyente en beneficio de los accionistas y obligacionistas de los bancos, y de sus gestores —incluyendo, ahora, los del SAREB—. Queda todo por hacer.

“La España oficial y la España real” Artículo en “el Mundo” de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Creo que hay que remontarse al final del franquismo para encontrar una brecha tan amplia entre la España real y la España oficial como la que pone de relieve la reciente encuesta del CIS, así como otras muchas realizadas a finales de 2012, incluida la encargada por este mismo periódico. Una brecha que va en aumento, lo mismo que el desafecto por la clase política que, asombrosamente, pretende no darse por enterada o, a lo sumo, habla de planes de Secretaría General Técnica o tira de BOE para enfrentarse a una Crisis Política con mayúsculas. Otro tanto empieza a ocurrir con la Monarquía, muy alejada en el fondo y en la forma de las nuevas generaciones que no vivieron la Transición. Mientras tanto, los pobres ciudadanos ya no dan crédito ni al discurso oficialista, ni a las entrevistas oficialistas (veáse la reacción frente a la concedida por el Rey a Jesús Hermida) ni a los medios oficialistas, dudando entre lanzarse a la calle o al exilio. Un panorama desolador. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Y lo más importante ¿Cómo salimos de aquí?

En cuanto a lo primero, las causas de esta separación entre la España oficial y la España real son muy variadas pero podríamos resumirlas así: mientras la España oficial vive cada vez más ensimismada, aislada en una auténtica burbuja política, mediática y empresarial que amortigua los ruidos que llegan de la España real, bunkerizándose a ojos vista para defender sus intereses, la España real lo está pasando cada vez peor y no sólo económicamente. La España oficial parece abocada -como bien ha explicado el profesor Luis Garicano- a un proceso creciente de “peronización” muy preocupante, en que se combina la defensa a ultranza de los intereses propios de la partitocracia (confundidos interesadamente con la defensa de lo público) con la creciente confusión entre lo privado y lo público, con la inevitable corrupción que este modelo genera. Conviene recordar que hay estudios que hablan de la correlación positiva entre el incremento de la presencia de políticos en empresas y la corrupción de un país

En este proceso se intercambian todo tipo de favores: desde los normativos hasta los económicos, pasando por las colocaciones de políticos y ex políticos algunos de ellos con trayectorias que darían miedo en cualquier país serio. En todo caso, esta situación impide que en la España oficial se perciba con nitidez la realidad, que se identifiquen correctamente los problemas y, lógicamente, que puedan resolverse. Quizá el caso más llamativo es la posición del Gobierno central respecto a la situación en Cataluña, un problema político de gran magnitud que se pretende resolver como si fuera un problema ordinario de naturaleza jurídica, pero hay innumerables ejemplos. En este contexto, los españoles de a pie, la España real que sufre la crisis económica, política y moral en sus carnes está entre perpleja e indignada. Y se siente -con razón- estafada. Como en un juego de magia, ven como se les están escamoteando no sólo los productos de muchos años de esfuerzo y trabajo, sino también la confianza que depositaron en la democracia y sus valores. Valores como el de la igualdad de oportunidades, esencia de la meritocracia en que fueron -fuimos- educados la mayoría, ciertamente al menos dos o tres generaciones de españoles. Así los españoles a los que se nos educó en la confianza de que el estudio, el esfuerzo, el trabajo, la honradez, la competencia, la capacidad, el mérito, el talento, eran las claves para conseguir una mejora de las condiciones de vida y también las claves para el éxito y el prestigio laboral o profesional no entendemos nada. Porque las claves del éxito laboral o profesional resulta que ahora son otros. En estos tiempos importa más a quien se conoce que el qué se conoce, o qué se sabe hacer. En la España del 2013 se progresa (o se sobrevive dado los tiempos que corren) mucho más fácilmente si se ha hecho carrera en un partido político, o a la sombra de un cargo público, o si se es pariente o protegido de alguien importante, o si se tiene un cargo o responsabilidad pública desde el que se pueda hacer favores que después sea posible cobrar. Y las reglas en algunas empresas importantes del Ibex no parecen muy distintas, la verdad.

Y -esto es quizá es lo más grave desde el punto de vista político- los españoles también se sienten estafados porque hay otros valores consustanciales a la democracia, como la igualdad política o la igualdad de todos ante la Ley, o la obligación de los representantes de rendir cuentas a sus representados que tampoco se respetan. Porque lo cierto es que en España ya no es verdad que la Ley sea igual para todos, para gobernantes y para gobernados, para poderosos y para débiles, para ricos y para pobres. Sin necesidad de poner ejemplos concretos, el que nuestra democracia pueda coexistir con una enorme cantidad de cargos públicos imputados, o el que se indulte tranquilamente a condenados por delitos contra las Administraciones Públicas, se incumplan las sentencias del Tribunal Supremo cuando a los políticos no les gustan o se cambien las leyes cuando una persona poderosa lo necesita, o asuste tanto la transparencia deja claro donde estamos. En cuanto a la rendición de cuentas de nuestros representantes, qué vamos a decir cuando se asume con tranquilidad que una vez que se celebran las elecciones, los electores se tienen que estar muy quietecitos durante los años que medien hasta las siguientes, y cuidadito con preguntar nada sobre las promesas electorales que se hicieron para atraerles a las urnas o con exigir cualquier tipo de responsabilidad jurídica por la mala gestión, las corruptelas o el despilfarro del dinero de los contribuyentes.

Creo que estas son algunas de las claves de la divergencia entre la España real y la España oficial, que no es la primera vez que se produce, como recordarán los lectores de la obra del mismo nombre de Julián Marías, escrita al comienzo de la Transición, en cuyo título me he inspirado para este artículo. En aquel libro Don Julián sostenía que la España oficial, concebida en oposición a la España real, no puede ser otra cosa que la España de la irrealidad.

En cuanto a lo que se puede y se debe hacer, ya lo explicó él en su momento, con el optimismo que le caracterizaba, más necesario que nunca. Él confiaba en que la España real tenía mucho más empuje, valor, fuerza y sentido común que la oficial. Por ello, ¿qué tal si en vez de esperar que nos caiga de la España oficial la solución a nuestros problemas nos ponemos nosotros a ello? Podemos hacer y decir muchas cosas de aquí a las siguientes elecciones o a la siguiente encuesta que impidan a la España oficial seguir ignorando por más tiempo a la España real.

¿Complicado librarse de la costra, que diría Ortega, de la España oficial? Sin duda, por eso hay que hacer un esfuerzo de imaginación, de voluntad, de actividad. De forma que cada uno de nosotros, sin pensar en lo que le pueda costar o en la incomodidad que le pueda suponer, haga en el espacio público -esto es importante- lo que considere correcto, no lo conveniente. En el trabajo, en la Administración, en los foros, en la calle. Y hay que decir la verdad, aunque sea a los políticos, sobre todo a los políticos.

¿Ejemplos concretos? Desde denunciar los abusos y conductas irregulares de los que tenemos cerca y conocemos bien -siempre más difícil de hacer que denunciar los abusos y corruptelas lejanos, pero bastante más efectivo- hasta dejar de comprar periódicos que silencian casos de corrupción por motivos económicos, pasando por respetar las normas también cuando nos viene mal. Seguro que a ustedes se les ocurren muchas más. ¿Que no sirven para nada? Prueben a hacerlas y ya verán si sirven.

En definitiva, si no queremos que la España oficial siga diciendo que es la España real no dejemos que se confundan hasta que sean indistinguibles.