La conformidad en el “caso Pallerols”: legalidad e ineficacia.

Aunque la noticia sea descorazonadora, y pese a lo que uno ha leído y oído en los últimos días, nada tiene que ver esta solución procesal con aquello de la colérica Reina de corazones de Alicia (¡No! ¡No! Gritó la Reina- ¡la sentencia primero! ¡Ya habrá tiempo para el juicio después!) Abundan las opiniones justificadamente perplejas ante el acuerdo de conformidad al que el Fiscal y las defensas de los acusados han llegado en el procedimiento penal conocido como  ‘caso Pallerols’, dando, una vez recaída sentencia que ratifique esta conformidad, definitiva respuesta judicial a hechos relativos a la trama de financiación irregular de UDC, por delitos cometidos nada menos que desde 1994 a 1999.

 

En síntesis, los hechos consistieron en el desvío de fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario -que tristemente ha dado nombre al caso en los medios de comunicación-  dinero con destino parcial a la financiación del partido político. No trato de mostrar mi parecer sobre las implicaciones políticas del asunto, aunque para un adecuado encuadre procesal de los hechos no puede perderse de vista  que, según el acuerdo, los acusados eran, a saber: el empresario mencionado; el entonces director general de Empleo de la Generalitat; su hermano, a la sazón ex secretario de organización de UDC;  un militante del partido; en fin, la propia formación política como responsable civil subsidiaria. El acuerdo contiene penas de prisión cuya duración implica que ningún condenado previsiblemente las cumplirá; además, se les imponen penas de multa en su conjunto próximas a 260.000 euros. Importa añadir que el Fiscal y las defensas han pactado que los acusados restituyan los 388.483 euros defraudados más intereses legales. Si bien se especula que la cantidad verdaderamente defraudada está alrededor de 600.000 euros, en el acuerdo de conformidad sólo esos 388.000 se consideran probadamente desviados a fines ilegítimos.

 

Sin duda otro dato esencial para entender la solución ofrecida por la Fiscalía es que la investigación de los hechos se ha demorado 13 años, lo que el Fiscal General del Estado, interpelado por semejante cosa, ha calificado literalmente de excesivo, escandaloso, aludiendo a unas circunstancias procesales penosas.

 

En fin, para el acusado respecto al que el Fiscal había solicitado la mayor pena de todos los implicados-cinco años de cárcel-el acuerdo que reflejará necesariamente la sentencia reduce la más grave a un año y medio de prisión (delito continuado de malversación y falsedad documental). Para otros dos, que aceptan una condena por delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, la más grave es de siete meses de cárcel. Y para un cuarto, la pena inicial de prisión se sustituye por una de multa; en cualquier caso, los condenados a penas de multa no ingresarán en prisión si la pagan, lo cual es más que previsible.

 

Las razones por las que la Fiscalía aceptó reducir las penas son en esencia dos: primero, concurre la atenuante de reparación del daño, prevista desde el Código Penal de 1995,  ya que los condenados han restituido el dinero defraudado, aunque como tantos otros ya nunca devolverán el cargo; segundo, el -en efecto- escandaloso retraso de la tramitación encaja como un guante en la atenuante de dilaciones indebidas del proceso, incoado en el año 1999 y hasta hoy no concluso por distintas vicisitudes que podrán explicarse pero no justificarse: baste destacar que incluyen un improcedente y prematuro archivo de la causa, pero que son gravísimas y extraordinarias es obvio.

 

Digámoslo claramente: la institución de la conformidad gustará o no pero no es una singularidad de nuestro ordenamiento, ni un instrumento oportunista empleado ad hoc  para favorecer a nadie. El plea bargaining o guilty plea es una venerable figura en el derecho norteamericano, pero también está presente en los países de tradición procesal continental (Portugal, Italia o Alemania tienen regulaciones en esencia análogas a la española y hasta se propuso en 1987 en una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa). Constituye una manifestación de la Justicia penal negociada que se introdujo como uno de los paliativos de su crisis.

 

Sobre todo, nuestra remendada y vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal la prevé desde el año 1882 con carácter general para el llamado procedimiento ordinario (previsto para delitos graves que tengan señalada penas que superen los 9 años de prisión), siempre que la concretamente impuesta no supere los 6 años, límite temporal insuperable para que el Ministerio Fiscal, en su caso las acusaciones particulares y las defensas lleguen a acuerdos de esta clase. En el más común de nuestros procedimientos por delito (el abreviado, por el que se siguen los delitos con penas previstas no superiores a 6 años de prisión), se aplica masivamente en todos los tribunales penales desde el año 1988. Desde 1995 existe en el procedimiento del Tribunal del Jurado. Desde 2002, en el ámbito del llamado juicio rápido, la conformidad es mayoritaria en los procedimientos penales con la particularidad de que, por ministerio de la ley, el tribunal ha de reducir en un tercio la que concertadamente fijen el fiscal y los abogados defensores, en un confesado esfuerzo del legislador  de  premiar al reo que acepte su culpa, bonificando de modo sustancial las penas que se le piden.

 

Nada de esto tiene que ver – y eso deben evitar fiscales y jueces – con el chalaneo desvergonzado, ni con torcer o forzar interesadamente la legalidad. Tampoco con coartar la libertad del delincuente impeliéndole a aceptar el delito y sus consecuencias sin ser verdaderamente el autor…aunque sí tiene que ver, y mucho, con la legítima búsqueda de ventajas con el acuerdo: para el Fiscal como primer defensor y garante de la legalidad, el pacto evita los riesgos de una posible sentencia absolutoria si la prueba practicada en juicio no responde a lo esperado, además de contribuir a agilizar la insoportable carga de los tribunales penales; para las defensas, mal se entiende una conformidad si no se reduce la pena, sea aplicando atenuantes a las que en efecto el acusado es acreedor, o simplemente fijándola en una extensión al menos cercana al mínimo legal. Con la transacción buscará el abogado evitar las más de las veces no las incomodidades de un juicio, sino el riesgo de que se impongan al acusado penas superiores a las que el pacto previo le asegura. Un acuerdo en el que por lo común todos deben ceder, menos la ley.

 

Quiere decirse que aunque uno comparta la estupefacción que a cualquiera produce saber que un proceso no especialmente complejo dura 13 años, la solución consensuada que en el caso Pallarols aceptará el Tribunal es perfectamente ajustada a la ley, resulta razonable en atención a las extraordinarias circunstancias del procedimiento, aunque implica una muestra de manual del fracaso de la respuesta de la Justicia penal. Lo que debe salvaguardar el Tribunal es que la conformidad se presta espontánea y libremente por el acusado, que ha sido ratificada por el abogado defensor, que los hechos aceptados encajan inequívocamente en el delito aplicado, además de que las penas se ajusten a la ley penal. No entrará pues, ni por desgracia importa, en si lo aceptado por las partes es o no la verdad formal (la que admiten los acusados por conveniencia a pesar de no ser cierto lo que reconocen) o la verdad material, aunque ésa debe ser la aspiración de todo procedimiento y de quienes servimos para defender la correcta aplicación de las normas.

 

No es pues fundada la afirmación de que el principio de oportunidad o la conveniencia política haya primado sobre el de legalidad, ni que sufran otros principios tradicionales como el de oficialidad: ni el fiscal ni el juez deben tolerar soluciones que la ley no permita, y menos para cerrar en falso un proceso por costoso y difícil que pueda preverse. Lo que no puede negarse es que aunque en esta solución consensuada se hayan aplicado correctamente las leyes, el sistema vuelve a mostrar su ineficacia para casos en los que especialmente todos esperamos que la (vapuleada, paupérrima) Justicia penal cumpla dignamente su papel. No son tiempos para confiar en que esto cambie pronto. Como tampoco para esperar que algunos acepten sus responsabilidades morales y políticas; pero ésa es otra historia.

 

 

¿Nos conformamos con esta conformidad? Reflexiones sobre el caso Pallarols y el sr. Durán i Lleida.

El último ejemplo (mientras escribo estas líneas, porque seguro que cuando las termine ya hay otro escándalo que “lo tapa”) que nos ha dado nuestra clase política de su nivel de irresponsabilidad y de su sensación de estar por encima de la Ley es el protagonizado por el sr. Duran i Lleida con  la sentencia de conformidad con la que ha terminado antes de empezar el caso Pallarols. Como sabrán, el caso Pallarols es el enésimo caso de financiación irregular de un partido político español. Con independencia de que ya estemos acostumbrados a ver un día sí y otro también una noticia relativa a la financiación irregular de los partidos políticos, por cierto jamás descubierta por el órgano teóricamente competente, el Tribunal de Cuentas (ya hemos explicado aquí las razones) el caso Pallarols, o el caso Durán i Lleida tiene algunas particularidades que lo hacen especialmente irritante para la ciudadanía. O por lo menos para mí.
 
Una es, evidentemente, la del contexto en que se produce. Cuando las encuestas del CIS (la última aquí) y de los medios proclaman de forma creciente la desafección de la ciudadanía por la clase política que se supone que la representa, y algunas hasta señalan que el 95% de los españoles consideran que los partidos políticos protegen la corrupción de los suyos no habría estado nada mal aprovechar la ocasión para demostrar que, aunque sea muy de vez en cuando, la justicia es igual para todos. Incluso para los políticos, aunque luego los indulten, ya saben.
 
Así por lo menos durante unos días o unos meses los más inocentes o más crédulos pueden creer a quienes nos dicen que la corrupción no está generalizada, que los políticos son honestos en su mayoría y que la Fiscalía es muy independiente del Gobierno, especialmente la catalana. En definitiva, se trataba de celebrar el juicio oral, como ocurre habitualmente por cierto. Eso sí, hubiera supuesto la pequeña incomodidad de una previsible declaración como testigo del sr. Duran i Lleida y una pena, supongo, seguramente bastante superior para los culpables.
 
En segundo lugar, tenemos también a unos protagonistas especiales, el partido UDC y su líder, el sr. Durán i Lleida. El partido, como sabemos, ha sido de los preferido de los sucesivos Gobiernos nacionales para “tender puentes” con la tradicionalmente más nacionalista y ahora directamente echada al monte CIU. Como partido político catalán y encima  de partido bisagra de la bisagra me imagino –aunque reconozco mi ignorancia sobre el tema- que dispondrá de una buena red clientelar con la que conseguir un número de votos suficientemente relevante al efecto. Y luego está la autodefinición como partido moderado  que se ve que tranquiliza mucho a la hora de negociar con él.
 
En cuanto al sr. Durán i Lleida es desde 1990 el presidente del partido y lleva en política nada menos que desde 1982. Es un personaje al que los medios han tratado siempre con guante blanco  y no olvidemos que gracias a este trato ha sido siempre uno de los políticos mejor valorados por los ciudadanos españoles. En la actualidad además preside la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, pese a sus posturas más o menos independentistas (como saben sus fans la cosa cambia según donde esté y con quien hable, o incluso según como vea el panorama, a este señor claramente le gusta ganar siempre) con el beneplácito del PP. Este tipo de actitudes (unida a ya la famosa historia de la suite del Palace donde se aloja cuando se traslada a Madrid ) le han convertido en uno de los ejemplos máximos de políticos expertos en decir una cosa y la contraria a la vez sin perder la compostura, sacar el máximo provecho de las instituciones a las que pertenece pero a las que con su conducta y declaraciones contribuye a degradar y desprestigiar, y , en definitiva, en tomar por tontos a los ciudadanos.
 
En tercer lugar, abundando en esta última reflexión, tenemos también las explicaciones que nos han dado desde el partido, en forma de un comunicado en el que se dice que el partido como tal (es decir, como persona jurídica) no ha sido imputado (normal, no se podía) y además su directiva desconocía los hechos, aunque sorprendentemente reconocen que se  beneficiaron de los efectos de tales hechos (vulgo, se quedó con el dinero de las subvenciones concedidas). Nos aclaran que si se ha acordado devolver a la Administración catalana ciertas cantidades es porque hay una “responsabilidad civil a título gratuito” por haberse beneficiado de buena fe de unos actos ilícitos de cuya existencia no sabían nada. Bueno, aunque yo no soy penalista toda esto suena a tomadura de pelo. Total, que se reconocen los hechos (se desviaron al partido 388.483 euros destinados por la Unión Europea a formación para parados) pero resulta que el partido como tal, como persona jurídica, no ha sido imputado, y además sus dirigentes lo ignoraban todo, aunque me imagino que no ignoraban que sus cuentas presentaban unos ingresos caídos del cielo, qué suerte tienen algunos. Así que nada, se niega la responsabilidad penal, se pide perdón –ahora está de moda pedir perdón y pelillos a la mar- y se viene a decir que encima se han portado de lujo devolviendo el dinero, cosa que no hace nadie (ahí tienen razón). Todo esto sin contar con que probablemente el dinero que se devuelve me imagino que procederá de los fondos públicos con los que subvencionamos a nuestros partidos, se ve que de forma muy cicatera porque todos acaban necesitando un dinerillo extra. Un poco más y la culpa va a ser nuestra.
 
A estas alturas, y sin entrar en muchos tecnicismos,  conviene cotejar la versión de UDC de lo que supone una sentencia de conformidad en términos penales y de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito con la regulación de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre las sentencias de conformidad, recogida en el art. 787 de la LECRim
“ Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes.
2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.
(…) 4.  Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio.
También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.
(…) 6.  La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.
7.  Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.
 
Pues ya ven, según el documento de UDC la regulación de la LECrim de las sentencias de conformidad no equivale para nada a una condena penal. Y la responsabilidad civil no deriva tampoco de la condena penal, es una responsabilidad “gratuita”. Si piden perdón es “en nombre de quienes cometieron los ilícitos”, que, afortunadamente a estas alturas (los hechos acontecieron hace más de trece años) o se han dado de baja voluntariamente o han sido expulsados del partido. Y hasta ha tenido mala suerte -el partido, no los interfectos- de que ninguno haya fallecido dado el tiempo transcurrido.
 
En cuarto lugar, nos informa la Fiscalía que esto de las sentencias de conformidad es muy común. Ninguna duda al respecto, la pregunta es cuantas sentencias de conformidad similares hay en supuestos  de desvío de fondos públicos (en este caso nada menos que dinero de la UE para formación de desempleados) para fines particulares, prescindiendo de la consideración de si los fines de un partido político merecen más que los de un ciudadano corriente que para atenderlos se cometan delitos, discusión que nos llevaría demasiado lejos. O si es normal que una instrucción para ver si se han desviado fondos públicos de una subvención para otros fines dure más de trece años cuando se trata de ciudadanos o empresas privadas, incluso en España. O si esto tendrá algo que ver con que se está investigando a un partido político, y además catalán  y en Cataluña, lo que debe de rozar lo heroico. En cualquier caso, yo no les animaría a comprobar si es verdad esto de que las sentencias de conformidad son iguales para todos, y los fiscales igual de considerados siempre, no solo porque haya que cometer un delito aunque sea de cuello blanco para comprobarlo, sino porque a lo mejor se encuentran con una sorpresa. Porque además seguramente ustedes, como ciudadanos de a pie, no tengan un “conseguidor” de campanillas, nada menos que Consejero de Estado, socio del sr. Michavila, abogado del Estado y diputado de Unió, que medió ante la Fiscalía para conseguir una conformidad tan conveniente según esta noticia.
 
Y por último, terminamos con las elucubraciones del sr. Durán i Lleida sobre su responsabilidad política, inexistente, por supuesto. Pese a que, al parecer, hace más de una década se comprometió a dimitir si se demostraba que su partido se había financiado irregularmente. Bueno, pues ya está demostrado para todo el mundo menos para él y para su partido. Así que, faltaría más, no dimite. Se ve que ya hasta las palabras más sencillas como “demostrar”  tienen significados distintos para políticos y ciudadanos.
 
Eso sí, yo sacaría ya al sr. Durán i Lleida de las encuestas del CIS cuando den nombres para su valoración. Es que les va a hundir todavía más la media.