El matrimonio homosexual y el divorcio “exprés” como medidas de protección y fomento de la familia en España

 

Sé que no está muy de moda reivindicar el legado de Zapatero hoy en día, y admito que por motivos muy justificados; no voy a negarlo. Pero durante su mandato se aprobaron dos leyes –las de 1 y 8 de julio de 2005- que, al margen de cual haya sido la voluntad real de su propulsor, creo que constituyen las dos últimas balas de nuestra recámara para salvar el matrimonio en España, siempre eso, sí, que legislativamente se saquen las correspondientes consecuencias.

 

Claro, lo primero que puede usted preguntar, querido lector, es si el matrimonio está hoy verdaderamente en peligro; y, en segundo lugar, por qué demonios habría que salvarlo en el caso de que efectivamente fuese así. Que el matrimonio está en peligro no admite ninguna duda. El porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio en 2009 era del 34,5%, frente al 17,7% de 2000 y al 4,4% de 1981. En Canarias ya es del 58% (sin contar a las extranjeras). Estamos siguiendo a marchas forzadas una pauta ya transitada por los países del norte de Europa, donde el matrimonio está en trance de desaparecer.

 

Esto sentado podemos preguntarnos si importa tanto. No le voy a dedicar mucho tiempo a esta cuestión, ya que éste es un blog jurídico. El contrato matrimonial proporciona una gran dosis de seguridad jurídica a los contrayentes e, indirectamente, a sus familias y a la sociedad en general. Establece un marco regulatorio adecuado a su convivencia tanto desde el punto de vista personal como patrimonial y un régimen aplicable a su ruptura mucho mejor que el que disponen las parejas no casadas. Por tanto, todo lo que fomente que las personas que quieren vivir juntas de manera estable se casen y disfruten de una convivencia de mejor calidad pienso que es beneficioso. Pues bien, considero que las leyes de julio de 2005, que permiten contraer matrimonio a las personas del mismo sexo y reconocen el divorcio por decisión unilateral, pueden ser un buen punto de partida para ello.

 

Es cierto que facilitar el divorcio reduce los costes internos para romper el vínculo matrimonial, de tal manera que podría hacernos pensar que con ello se priva de estabilidad al matrimonio. De hecho, tras la aprobación de la ley del 2005 el número de divorcios en España ha aumentado, hasta el punto de que hoy se tramitan dos divorcios por cada tres matrimonios, aunque en estos últimos años de crisis económica la tasa de divorcios ha vuelto a descender. Sin embargo, este análisis olvida dos factores muy importantes. El primero es la conocida superioridad preconizada por la teoría económica de los contratos repetidos a corto plazo sobre los pactados a largo plazo en un solo acuerdo. La razón de la superioridad de los primeros es que en éstos, en lugar de tener que realizar una previsión de todas las modificaciones posibles sobre las circunstancias originales, cabe adaptar las cláusulas a las nuevas circunstancias tras cada vencimiento a corto plazo. Esta característica hace que los elementos “informales” del contrato cobren especial importancia, pues las conductas estratégicas o de riesgo moral (“moral hazard”) de uno de los contratantes pueden ser inmediatamente sancionadas (por aplicación del juego del dilema del prisionero reiterativo). Aplicado al ámbito matrimonial esta idea demuestra que si uno de los cónyuges puede retirarse del contrato con relativa facilidad, ambos tendrán incentivos para comportarse de forma más cooperativa si quieren que la relación contractual continúe en los periodos siguientes, fomentándose de esa manera la confianza, la cooperación y la disposición a aceptar los cambios sobrevenidos. Por ello, aunque el divorcio exprés pueda fomentar más rupturas matrimoniales, lo que tampoco está totalmente claro a largo plazo, quizá los matrimonios que permanezcan funcionen mejor y cumplan más adecuadamente sus funciones familiares.

 

El segundo factor que no cabe desdeñar, quizás el más importante, es el psicológico. Un matrimonio con costes de salida elevados penaliza el contraerlo, especialmente cuando el coste aparente de no casarse es tan ínfimo como ocurre hoy en día. Es precisamente el tradicional alto coste de resolver el matrimonio, heredero de su carácter fuertemente institucional, lo que estigmatiza a este contrato con una poderosa carga simbólica que mucha gente prefiere rehuir (obviamente luego las cosas no son lo que parecen, pues los unidos de hecho que proceden a romper su relación se encuentran a menudo con problemas mucho más importantes que los que han contraído matrimonio). Al factor psicológico se une una desinformación generalizada que menosprecia el papel fundamental que juega el Derecho en este ámbito. Por ello, reducir los costes de salida puede ser no sólo una buena oportunidad para revalorizar el matrimonio como opción, sino también para, una vez contraído, fomentar su permanencia, pese a lo que intuitivamente puede parecer a primera vista, y, en el caso de que entre en crisis, facilitar su resolución amistosa.

 

Algo parecido ocurre con el matrimonio homosexual. Por supuesto la consagración de este tipo de matrimonio ha supuesto un espaldarazo al matrimonio entendido como contrato frente a su consideración institucional de única puerta de entrada a la familia, como resulta evidente. Creo que en la consideración del matrimonio como contrato residen las muchas o pocas posibilidades de subsistencia de esta figura en el futuro. Y ha supuesto un espaldarazo desde el momento en que al permitir contraer matrimonio a los homosexuales lo único que se estaba haciendo era facilitarles la vida permitiéndoles obtener de golpe unos efectos (personales, patrimoniales, sucesorios, etc) que del mismo modo hubieran podido obtener a través de una pluralidad de contratos. Es obvio que desde la concepción religiosa tradicional de matrimonio como institución y puerta clave de entrada a la familia, el matrimonio homosexual es un sinsentido. Pero de nuevo hay que recordar que esa puerta está en medio del campo y que de lo que se trata es de fomentar el matrimonio como el medio más adecuado de composición de intereses entre los cónyuges y de manera indirecta a favor de los hijos. Ratificar su carácter contractual frente a su profunda carga simbólica es un buen medio para ello.

 

Pero además hay que tener en cuenta un importante factor añadido. Desde el momento en que los homosexuales pueden casarse carece de sentido esa proliferación de normas sobre unidos de hecho que tanto ha abundado en nuestra legislación autonómica esto últimos años. Por supuesto que esa normativa sí tiene mucho sentido si de lo que se trata es de reconocer derechos a esos unidos frente a terceros, al menos en ciertos casos (seguros, pensiones, impuestos, subrogaciones arrendaticias, etc.), pero no para regular situaciones internas que hay que presumir que no han sido queridas, por los motivos que sean. La derogación de esa normativa puede ser también una buena oportunidad, no sólo para eliminar las incertidumbres e inseguridades derivadas de la dificultad de calificar y probar situaciones de hecho, sino para fomentar el matrimonio como contrato.

 

 

 

 

 

La reforma territorial que no llega

Vivimos una tensa relación entre los distintos niveles administrativos del país.  El Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, las Mancomunidades y los Municipios frecuentemente se solapan en competencias sin que nadie verdaderamente quiera poner fin a la duplicación y a la ineficiencia.  Preguntado por el gran número de municipios en el país, muchos políticos contestan que no sobra ni uno, ni por supuesto tampoco sobra ningún alcalde ni concejal.
 
Sin embargo,  la duplicidad de funciones y el gasto despilfarrador ha llegado a encontrarse en entredicho con la aguda falta de liquidez que vive el país,  así como la persistente crisis inmobiliaria; obliga incluso a los más reticentes a ahorrar.  Por ejemplo, una reciente iniciativa del Gobierno contempla la eliminación de las mancomunidades en España y propugna cierta reducción en el número de municipios que suman, actualmente, 8.116 en total.
 
Sorprende la supresión de las mancomunidades pues son entidades constituidas por agrupación de municipios, bajo la órbita de las Comunidades Autónomas, para mejorar y hacer más eficientes la prestación de servicios básicos, tales como, la recogida de basura, maquinaria de obras, servicios técnicos, servicios sociales, etc.  Funciones similares las realizan las Diputaciones que fueron creadas por un patrón estatal anterior a la Constitución de 1978 y cuya redundancia es evidente desde la puesta en marcha del estado autonómico.   Pero, lo que más sorprendente de la iniciativa es el escaso ahorro que se pretende conseguir con estas medidas, tan siquiera 3.500 millones de euros.  Estudios presentados y comentados en el último y animado Debate del Foro Arrupe Madrid muestran ahorros iniciales diez veces mayores, si se consiguiera agrupaciones municipales mínimas de 20.000 habitantes entre los municipios, si se impusiera criterios de eficiencia en la gestión de todas las Comunidades Autónomas así como en las grandes urbes, y si, además, se suprimiesen las Diputaciones que son superfluas desde la creación de las Comunidades Autónomas.
 
Sin embargo, dichos ahorros parecen no interesar a nuestra clase política.  A mayor número de instancias administrativas la oportunidad para el caciquismo está servida; aspecto que parece muy atrayente para ciertos de nuestros políticos.  También contribuye al status quo la falta de transparencia que dificulta que la Sociedad Civil española se entere debidamente y actúe, en consecuencia, poniendo límite a una situación del todo inviable.  Dicho esto, lo cierto es que estimaciones como las realizadas por algún joven y valiente partido político y por ciertos Secretarios de Administración Local, igualmente valientes, empiezan a aportar luz.[1]
 
En estos momentos económicos tan difíciles en que nuestro país precisa de ayuda económica extranjera, podemos atisbar una mínima luz de esperanza: será el exterior el que ponga condiciones y presione a la clase política para que haga reformas.  Mucho pedir será que quemen la poltrona, pero algo tendrán que hacer para proceder a simplificar las estructuras presentes, tal y como la presión exterior reclama.  No será toda la reforma territorial que necesite España pero bienvenido sea cualquier paso que mejora la eficiencia del sector público.



[1]Véase por ejemplo, Grupos de Administración Pública y Economía de UPyD, El coste del Estado Autonómico: Administración Autonómica y Local, 2012 y  Leopoldo Reguera Reguera et al, “Propuestas para el Debate sobre la Reforma de la Ordenación Territorial y Administrativa Local”, Febrero 2012.