Voto identitario y corrupción

 

Los titulares de los periódicos nos ofrecen todos los días una sucesión de escándalos de corrupción en los que se ven inmersos los principales partidos españoles. En esta situación, y desde una cierta perplejidad, no está de más reflexionar sobre las razones que llevan a los ciudadanos a entregar su voto a uno u otro partido.

 

Para situar el contexto de la reflexión sobre lo que condiciona el voto de un ciudadano en España, quiero empezar este post mencionando el ensayo sobre el Estado de Bélgica que Tony Judt publicó en 1999 en The New York Review of Books, y que posteriormente fue recogido en su libro Sobre el olvidado Siglo XX”. Aún hoy este ensayo sigue ilustrando la historia y los vicios que han perseguido a las democracias europeas a lo largo  del último siglo.

 

Bélgica fue creada en 1831, a instancias de las potencias de la época (Francia, Prusia y Gran Bretaña). Su vida política desde el principio se configuró alrededor de los denominados “pilares”, grupos sociales organizados que en gran medida sustituían al estado. Inicialmente estos pilares fueron dos, los católicos y los anticlericales, que se configuraban alrededor de los partidos católico y liberal. Posteriormente, para cubrir a la creciente clase obrera, se creó el Partido Socialista a finales del siglo XIX. Estos partidos servían para mucho más que para ganar elecciones y acceder al poder, realmente se configuraban como comunidades económicas, culturales y sociales cerradas. A lo largo del siglo XX, a estos tres pilares se sumó el vector de la lengua. El creciente protagonismo económico y cultural de Flandes, con una expansión espectacular a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, introdujo en la vida política reclamaciones de mayor protagonismo de la lengua neerlandesa, y con ello, una duplicación de los tres partidos tradicionales, para configurar seis partidos, tres en cada lengua. A los seis partidos tradicionales, que hoy son el liberal, el socialdemócrata, y el democristiano, en sus versiones flamenca y valona, se han sumado en los últimos tiempos partidos independentistas en la región de Flandes.

 

Este abanico de partidos políticos en Bélgica ilustra perfectamente las razones por las que los belgas han venido votando a uno u otro partido a lo largo de gran parte de su historia. La lengua, la religión y la clase social definían el partido al que votarían. En este escenario, los partidos configuraron un sistema clientelar para los grupos que representaban, que desembocó en un sistema complejo y corrupto de acuerdos y tratos.

 

Esta historia no es muy diferente a la que se ha desarrollado en otros países europeos. A medida que la religión ha ido perdiendo protagonismo en la vida pública, la fidelidad del voto por la religión ha ido perdiendo importancia, aun cuando debates morales y sociológicos como el aborto y el matrimonio homosexual sigan teniendo un papel muy relevante. Igualmente, a medida que se han reducido las distancias entre clases sociales, ha crecido la clase media, y se ha implantado el estado de bienestar y protección social en los estados europeos, el concepto de partido de clase se ha ido difuminando. En una democracia moderna, con una mayor cohesión social, y una sociedad más laica, el voto tenderá a definirse no por estos atributos de identidad tan básicos (religión, clase social, lengua), sino por aspectos más ligados a valores morales, programa económico,  o a la confianza en los líderes políticos.

 

Probablemente un indicador muy básico del grado de madurez de una democracia podría encontrarse en el porcentaje de personas que han votado a diferentes partidos a lo largo de su vida. En la medida en que gran parte de la población entregue su voto al mismo partido a lo largo de toda su vida, es una muestra clara de un voto ligado a la identidad personal, y por tanto de un sistema democrático inmaduro.

 

España dentro de las democracias europeas tiene una historia singular. La guerra civil y los años de dictadura han configurado una sociedad en la que aún hoy, 74 años después del final de la guerra, y 37 años después de la muerte de Franco, los factores identitarios juegan un papel muy relevante. La base electoral de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, ha sido extraordinariamente amplia. Electores dispuestos a perdonar cualquier decisión a su partido, y dispuestos a seguir entregándole su voto se han mantenido muy fieles desde el inicio de nuestra democracia. El voto a “los míos” aún hoy sigue teniendo un amplio protagonismo, y no deja de ser sonrojante la forma como el recurso a los “bandos” en la guerra civil siguen teniendo protagonismo en todas las campañas electorales.

 

Para un partido político, el voto identitario es un modelo perfecto. Poco esfuerzo es necesario para explicar el programa o el ideario, y poco esfuerzo es necesario para rendir cuentas de los resultados obtenidos o las acciones emprendidas. El grupo se mantendrá fiel al partido en la medida en que el partido siga representando su identidad. Igualmente, en una sociedad con un voto fuertemente identitario, es difícil que en el debate político puedan encontrarse argumentos sólidos, y que el comportamiento ético de los dirigentes tenga algún protagonismo. Tristemente esta situación describe el actual escenario político español. El debate sobre la privatización de la gestión de la sanidad madrileña es solo el último de los ejemplos. Ante una decisión de tanta trascendencia, uno esperaría una argumentación basada en razonamiento económicos y de eficiencia en la gestión. Lo que hasta ahora ha predominado son razonamientos básicos sobre la idea primaria de que “la derecha privatiza” y la “izquierda socializa”. Sin duda “debates de gran profundidad intelectual” y que sin duda “arrojarán mucha luz sobre la idoneidad de la decisión”.

 

Los ejemplos de estos debates en la vida política española son innumerables, pero sin duda, el aspecto más pernicioso de un voto fuertemente identitario es la corrupción. Seguir observando como los partidos políticos siguen incorporando en sus listas a personas inmersas en procesos judiciales por corrupción, con total impunidad, u observar el escaso peaje que pagan los partidos políticos por casos de corrupción tan graves como los EREs en Andalucía, o el caso Gürtel en Valencia, no invita al optimismo. Cuando las noticias sobre el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y los pagos opacos a sus dirigentes, sobre la corrupción en CIU y los indultos a cargos políticos, copan las portadas de los periódicos, aún seguimos preguntándonos qué tiene que suceder para que se rompan los lazos entre la identidad y el voto en España.

 

Probablemente los partidos políticos ya no representan los intereses de esa identidad con la que muchos electores lo asocian. En gran medida hoy los partidos políticos defienden sus propios intereses, pero es esa base electoral identitario la que les permite mantener impunes sus comportamientos de opacidad y corrupción. El voto identitario confiere impunidad y por tanto no hay motivo para erradicar la corrupción si el voto va a entregarse al partido en cualquier caso.

 

Mientras la corrupción salga tan barata, en términos de votos, a los partidos políticos, cabe poca esperanza de regeneración en la vida democrática española. Uno solo puede esperar que en las próximas elecciones cada español se piense muy bien a quien entrega su voto.

 

 

 

El matrimonio homosexual y el divorcio “exprés” como medidas de protección y fomento de la familia en España

 
Sé que no está muy de moda reivindicar el legado de Zapatero hoy en día, y admito que por motivos muy justificados; no voy a negarlo. Pero durante su mandato se aprobaron dos leyes –las de 1 y 8 de julio de 2005- que, al margen de cual haya sido la voluntad real de su propulsor, creo que constituyen las dos últimas balas de nuestra recámara para salvar el matrimonio en España, siempre eso, sí, que legislativamente se saquen las correspondientes consecuencias.
 
Claro, lo primero que puede usted preguntar, querido lector, es si el matrimonio está hoy verdaderamente en peligro; y, en segundo lugar, por qué demonios habría que salvarlo en el caso de que efectivamente fuese así. Que el matrimonio está en peligro no admite ninguna duda. El porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio en 2009 era del 34,5%, frente al 17,7% de 2000 y al 4,4% de 1981. En Canarias ya es del 58% (sin contar a las extranjeras). Estamos siguiendo a marchas forzadas una pauta ya transitada por los países del norte de Europa, donde el matrimonio está en trance de desaparecer.
 
Esto sentado podemos preguntarnos si importa tanto. No le voy a dedicar mucho tiempo a esta cuestión, ya que éste es un blog jurídico. El contrato matrimonial proporciona una gran dosis de seguridad jurídica a los contrayentes e, indirectamente, a sus familias y a la sociedad en general. Establece un marco regulatorio adecuado a su convivencia tanto desde el punto de vista personal como patrimonial y un régimen aplicable a su ruptura mucho mejor que el que disponen las parejas no casadas. Por tanto, todo lo que fomente que las personas que quieren vivir juntas de manera estable se casen y disfruten de una convivencia de mejor calidad pienso que es beneficioso. Pues bien, considero que las leyes de julio de 2005, que permiten contraer matrimonio a las personas del mismo sexo y reconocen el divorcio por decisión unilateral, pueden ser un buen punto de partida para ello.
 
Es cierto que facilitar el divorcio reduce los costes internos para romper el vínculo matrimonial, de tal manera que podría hacernos pensar que con ello se priva de estabilidad al matrimonio. De hecho, tras la aprobación de la ley del 2005 el número de divorcios en España ha aumentado, hasta el punto de que hoy se tramitan dos divorcios por cada tres matrimonios, aunque en estos últimos años de crisis económica la tasa de divorcios ha vuelto a descender. Sin embargo, este análisis olvida dos factores muy importantes. El primero es la conocida superioridad preconizada por la teoría económica de los contratos repetidos a corto plazo sobre los pactados a largo plazo en un solo acuerdo. La razón de la superioridad de los primeros es que en éstos, en lugar de tener que realizar una previsión de todas las modificaciones posibles sobre las circunstancias originales, cabe adaptar las cláusulas a las nuevas circunstancias tras cada vencimiento a corto plazo. Esta característica hace que los elementos “informales” del contrato cobren especial importancia, pues las conductas estratégicas o de riesgo moral (“moral hazard”) de uno de los contratantes pueden ser inmediatamente sancionadas (por aplicación del juego del dilema del prisionero reiterativo). Aplicado al ámbito matrimonial esta idea demuestra que si uno de los cónyuges puede retirarse del contrato con relativa facilidad, ambos tendrán incentivos para comportarse de forma más cooperativa si quieren que la relación contractual continúe en los periodos siguientes, fomentándose de esa manera la confianza, la cooperación y la disposición a aceptar los cambios sobrevenidos. Por ello, aunque el divorcio exprés pueda fomentar más rupturas matrimoniales, lo que tampoco está totalmente claro a largo plazo, quizá los matrimonios que permanezcan funcionen mejor y cumplan más adecuadamente sus funciones familiares.
 
El segundo factor que no cabe desdeñar, quizás el más importante, es el psicológico. Un matrimonio con costes de salida elevados penaliza el contraerlo, especialmente cuando el coste aparente de no casarse es tan ínfimo como ocurre hoy en día. Es precisamente el tradicional alto coste de resolver el matrimonio, heredero de su carácter fuertemente institucional, lo que estigmatiza a este contrato con una poderosa carga simbólica que mucha gente prefiere rehuir (obviamente luego las cosas no son lo que parecen, pues los unidos de hecho que proceden a romper su relación se encuentran a menudo con problemas mucho más importantes que los que han contraído matrimonio). Al factor psicológico se une una desinformación generalizada que menosprecia el papel fundamental que juega el Derecho en este ámbito. Por ello, reducir los costes de salida puede ser no sólo una buena oportunidad para revalorizar el matrimonio como opción, sino también para, una vez contraído, fomentar su permanencia, pese a lo que intuitivamente puede parecer a primera vista, y, en el caso de que entre en crisis, facilitar su resolución amistosa.
 
Algo parecido ocurre con el matrimonio homosexual. Por supuesto la consagración de este tipo de matrimonio ha supuesto un espaldarazo al matrimonio entendido como contrato frente a su consideración institucional de única puerta de entrada a la familia, como resulta evidente. Creo que en la consideración del matrimonio como contrato residen las muchas o pocas posibilidades de subsistencia de esta figura en el futuro. Y ha supuesto un espaldarazo desde el momento en que al permitir contraer matrimonio a los homosexuales lo único que se estaba haciendo era facilitarles la vida permitiéndoles obtener de golpe unos efectos (personales, patrimoniales, sucesorios, etc) que del mismo modo hubieran podido obtener a través de una pluralidad de contratos. Es obvio que desde la concepción religiosa tradicional de matrimonio como institución y puerta clave de entrada a la familia, el matrimonio homosexual es un sinsentido. Pero de nuevo hay que recordar que esa puerta está en medio del campo y que de lo que se trata es de fomentar el matrimonio como el medio más adecuado de composición de intereses entre los cónyuges y de manera indirecta a favor de los hijos. Ratificar su carácter contractual frente a su profunda carga simbólica es un buen medio para ello.
 
Pero además hay que tener en cuenta un importante factor añadido. Desde el momento en que los homosexuales pueden casarse carece de sentido esa proliferación de normas sobre unidos de hecho que tanto ha abundado en nuestra legislación autonómica esto últimos años. Por supuesto que esa normativa sí tiene mucho sentido si de lo que se trata es de reconocer derechos a esos unidos frente a terceros, al menos en ciertos casos (seguros, pensiones, impuestos, subrogaciones arrendaticias, etc.), pero no para regular situaciones internas que hay que presumir que no han sido queridas, por los motivos que sean. La derogación de esa normativa puede ser también una buena oportunidad, no sólo para eliminar las incertidumbres e inseguridades derivadas de la dificultad de calificar y probar situaciones de hecho, sino para fomentar el matrimonio como contrato.