Los inspectores ante la amnistía fiscal (I): Recaudación

La amnistía fiscal es, con mucha diferencia, la medida fiscal más polémica,  comentada y criticada, de las muchas tomadas el año pasado. A los Inspectores de Hacienda nos corresponde, legalmente, la dirección de la aplicación del sistema tributario. En este sentido, parece que a algunas personas, entre ellas algún colaborador de este blog, les han parecido “chocantes” las durísimas críticas emitidas por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, en la que están asociados aproximadamente el 80% de los Inspectores de Hacienda del Estado.
 
Respondiendo a alguna de las inquietudes, creo que es bueno aclarar algunos conceptos. En primer lugar, la “regularización fiscal especial”, más conocida como “amnistía fiscal”, es una medida del Gobierno, en sentido estricto, es decir, aprobada por Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo de 2012, en su Disposición Adicional 1ª. Posteriormente, el Real Decreto-Ley fue convalidado en el Congreso de los Diputados con el voto a favor del Partido Popular y de CiU, y el voto en contra de todos los demás grupos. En esencia, la amnistía fiscal consiste en la posibilidad de presentar una Declaración Tributaria Especial (modelo 750), en la que pagando el 10% del valor de adquisición en el que se hayan materializado rentas no declaradas al Fisco, se queda exento de pagar los impuestos defraudados.
 
La primera duda que conviene aclarar es la previsión presupuestaria: 2.500 millones de euros. Finalmente, se han recaudado 1.191 millones de euros. Sin embargo, conviene realizar una primera matización y es que, simultáneamente, ha disminuido el importe de las declaraciones complementarias realizadas (hasta julio, página 3 las complementarias habían caído en 287 millones de euros). La explicación es bastante sencilla: cuando un contribuyente cree que la Inspección puede descubrirle rentas sin declarar, tiene la opción de presentar una declaración complementaria, pagando lo que hubiese dejado de ingresar y un recargo, que puede ser de hasta el 20%, con intereses de demora, si ha transcurrido más de un año desde que debió declarar las rentas. Como acogerse a la amnistía fiscal es mucho más barato, algunos contribuyentes que, de otra forma, hubiesen presentado declaraciones complementarias, por ejemplo, porque la Inspección ya había descubierto en otros años fraudes importantes, obviamente se han acogido a la amnistía y no han presentado declaraciones complementarias. En consecuencia, el resultado neto para la Hacienda Pública estará en torno a los 800 millones de euros.
 
Si hay algún estudio técnico que avalase la previsión presupuestaria, no se conoce. De hecho, la Comisión Europea no admitió la estimación del Gobierno, el Banco de España tampoco se la creyó, y algunos insignes economistas como Luis Garicano o Jesús Fernández-Villaverde la calificaron literalmente como “ciencia-ficción”. Algún Alto Cargo ha comentado, en privado, que era “muy difícil realizar estudios, porque el dinero estaba oculto, aunque la referencia era Berlusconi, si la amnistía italiana pudo recaudar 5.000 millones…” La génesis de la “amnistía” aporta algún dato más: España fijó unilateralmente un objetivo de déficit del 5,8%. Sin embargo, el Eurogrupo no lo admitió, obligando a un ajuste adicional de 5.000 millones de euros, para dejarlo en el 5,3%. Para acometerlo, sin realizar impopulares recortes, se tomaron dos medidas. En primer lugar, aumentar los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, es decir, obligar a las empresas a adelantar pagos de este impuesto, que se convertirán en devoluciones el año que viene. Como esto no era suficiente, ya que sólo aportaba 2.500 millones de euros, se decidió dar una amnistía fiscal. Como faltaban 2.500 millones, estaba claro que es lo que debía recaudar la amnistía fiscal. Irónicamente, España tenía razón, no había forma de cumplir con un objetivo de déficit del 5,3%, y la Unión Europea ha tenido que flexibilizarlo hasta el 6,3%, que tampoco parece que se vaya a cumplir.
 
Que la previsión presupuestaria era de “muy complicado” cumplimiento resultó pronto tan evidente que en junio, en la Orden Ministerial que aprobaba el Modelo de declaración, se estableció que si se declaraba dinero en efectivo, siempre que se ingresase en un banco, se presumía, sin admitirse prueba en contrario, que el dinero se había obtenido antes de 31 de diciembre de 2010 y, en consecuencia, se podía acoger a la amnistía fiscal. Esto, que debía permitir una mayor recaudación, plantea problemas, en primer lugar de blanqueo de capitales, es decir, de que se reintroduzcan en el circuito legal, dinero procedente de actividades delictivas, simplemente porque el efectivo no es rastreable. Por otra parte, dinero obtenido en el año 2011 y 2012 puede no haberse declarado en estos ejercicios, pagando un 30 o 40% y se puede haber acogido a la amnistía fiscal, pagando un 10%. ¿Cuánto dinero se ha perdido de recaudación voluntaria por este procedimiento? Simplemente, no hay forma de saberlo. Dejo para otro post, o para la discusión en los comentarios, la legalidad o no de que la Orden Ministerial pueda regular la fecha, a efectos fiscales, de obtención del dinero en efectivo.
 
Con todo, la pérdida recaudatoria más importante de la amnistía viene derivada de otros conceptos. En primer lugar, el cálculo racional de los defraudadores de que sale a cuenta defraudar, porque, dada la situación de las Arcas Públicas, pronto volverá a haber otra Amnistía, diga lo que diga el correspondiente Gobierno. Por otra parte, las normas siempre se aplican de acuerdo con la realidad social, porque lo señala el código civil en su artículo, y por la propia naturaleza de las cosas. En este sentido, la deslegitimación del Estado que supone la amnistía hace que muchas sanciones no sean ratificadas por los Jueces y Tribunales: ¿Cómo se va a exigir una sanción del  50% por falta de diligencia si se perdonan los impuestos a los que los han defraudado?
 
Además, la desmoralización de los contribuyentes honestos también supone menores ingresos. En resumen, la amnistía fiscal es un torpedo en la línea de flotación de la medida anti-fraude más importante: convencer a los españoles de que hay que pagar impuestos. El balance, puramente recaudatorio sin entrar en consideraciones éticas, morales e institucionales, que quedan para otro post, es simplemente desolador: no hemos recaudado más en 2012, si se tienen en cuenta todos los factores, y en los próximos años seguiremos pagando el precio de la amnistía fiscal.