Dos delitos contra el crédito que no existen en España (y que quizá deberían)

Sin duda, el proceso judicial  contra  los directivos de Bankia constituye uno de los sucesos más notorios de la  crónica judicial  de finales de 2012, que además se prolongará  durante el año 2013.  Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, sino de un escándalo financiero que se une al protagonizado por otras entidades bancarias públicas,  Caja Castilla La Mancha, Caja Sur, etc. ; y que incrementa la desazón que todo español medio sentimos cuando conocemos la gigantesca inversión de capital público que se  está inyectando para impedir la quiebra de los bancos españoles, públicos y privados .

 

A raíz de estos acontecimientos, mi  memoria ha rescatado de mi personal olvido el proyecto de  Código de Eurodelitos del año 2002 . Su  contenido  y explicación doctrinal se recoge en un libro  editado por la Universidad de Castilla La Mancha. Este proyecto   fue realizado por un grupo de ilustres penalistas europeos, dirigidos por el profesor alemán Klaus Tiedemann, catedrático del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo (Alemania), cuyo curriculum puede consultarse en este enlace.

 

En el momento en que su elaboración -bajo la vigencia del Tratado de Ámsterdam,  que reformó el Tratado de Maastricht y en vísperas del non-nato Tratado Constitucional-  se había consagrado ya la unión política europea, superándose la mera unión económica,  con  el objetivo, entre otros,  de reconocer un mismo status jurídico a todos los ciudadanos de la Unión . Estos ciudadanos europeos son libres para emprender actividades  económicas y  para acceder en igualdad de condiciones a los bienes y servicios  que se ofrecen en un mercado interior único. Este espacio económico único debe  ser  seguro para la plena efectividad de estos derechos cívicos, por  ello se vislumbró ya  la  futura competencia penal europea dentro de un sistema integrado de justicia penal, que,  dado el carácter sensible de la materia, no se consagraría definitivamente  hasta  varios años después con el Tratado de Lisboa de 2007 ( Se puede consultar una síntesis de toda esta normativa europea aquí)

 

Por  estas razones, este proyecto de código de “eurodelitos” tipifica un  catálogo de conductas que  atentan contra  los bienes jurídicos  esenciales del orden económico y financiero  de la UE como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos contra  los derechos de los consumidores y el mercado,  contra la marca comunitaria, el medio ambiente, delitos societarios  etc.

 

Entre estos “ eurodelitos” El Título V  se titula “ protección del crédito, la bolsa y el ahorro “

El artículo 49 trata de la llamada estafa de crédito , castiga  “a quien ante una entidad de crédito, con motivo de la solicitud de un crédito para un negocio o empresa, del mantenimiento o modificación de sus condiciones o con el fin de impedir su revocación, realice declaraciones incorrectas o incompletas o aporte documentos incorrectos relativos a la situación económica del negocio o empresa y relevantes para la concesión de la solicitud

En su segundo apartado sanciona con igual pena a.” …quien tras la presentación de la solicitud no aporte documentos o no comunique hechos a la entidad que resultan relevantes para la solicitud relativa a la concesión de un préstamo, la modificación o el mantenimiento de sus condiciones o revocación“.

(…)

 

Este delito, la estafa de crédito, no existe en nuestra legislación penal. De producirse este tipo de conductas, se  incluirían en el tipo común de la estafa previsto y penado en los artículos 248 a 250 de nuestro Código Penal,  que castiga a quien con  ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Se requiere por lo tanto que el  banco, en virtud del engaño del cliente, acceda a transferir el montante del crédito al estafador, que, de antemano,  no intención de devolver. Protegería un bien jurídico particular, la indemnidad patrimonial del banco como individuo.

 

La estafa de crédito  requiere como resultado el riesgo de insolvencia del mercado de crédito.  El bien jurídico protegido es de naturaleza social o  colectivo. El resultado requerido sería la falta de liquidez de los fondos de las entidades bancarias, que conduzca a una política restrictiva de concesión de créditos. Lógicamente no consiste en ampliar el ámbito penal para incluir la simple mora  del cliente bancario. Parece evidente que su objeto es  sancionar aquellas conductas consistentes en ocultar la verdadera situación financiera de la empresa,  vulnerando de forma ostensible y grave la normativa bancarios sobre limitación  de riesgos; el crédito consiste en una ingente cantidad de dinero, cuyo impago pueda desembocar en la insolvencia de la entidad bancaria.

 

La España actual nos ofrece ejemplos de este tipo de conductas, relacionadas con empresas importantes: por ejemplo, los créditos irregulares concedidos por  la antigua Caja Madrid, a determinadas corporaciones empresariales afines, o por Caja Castilla La Mancha, en la misma forma.

 

Estas operaciones de crédito tan extraordinarias están sometidas a especiales regímenes de autorización   por la cúpula directiva de la entidad bancaria. La realidad nos enseña que, a menudo,  el beneficiario de estos millonarios créditos, que son ruinosos para el banco, está en connivencia con los gestores responsables de las entidades de crédito. Por ello, el artículo 50  castiga, paralelamente,  la administración fraudulenta en la concesión del crédito y sanciona “.. al empleado de una entidad de crédito o a la persona que en ella tiene el poder de decisión que le ocasione  un perjuicio patrimonial mediante el otorgamiento de un crédito o su autorización , la modificación de sus condiciones o la omisión de su revocación, si con ello ha infringido las disposiciones concernientes al otorgamiento de créditos o a la limitación de riesgo y ha obrado de manera contraria a una gestión prudente y cuidadosa(…)”.

 

También se sanciona la administración fraudulenta en la intermediación financiera ( art. 54) la realización no autorizada de operaciones bancarias, de seguros y de prestaciones de servicios de inversión ( art 55) y con la sanción penal a quien suministre falsas informaciones a las autoridades de control en el ejercicio de actividades económicas ( art 56)    Todos ellos magníficamente redactados y explicados doctrinalmente por el profesor italiano Luigi Foffani.

 

Tampoco existe un delito similar a la administración fraudulenta de crédito ni en el Código Penal actual ni en el último anteproyecto de octubre de  2012.  El vigente artículo 295 de nuestro Código Penal castiga al administrador que, en beneficio propio o de tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. Por lo que resulta una modalidad de apropiación indebida y su tipificación penal  obedece a la necesidad de proteger el patrimonio individual de la entidad o de los individuos  titulares de los bienes administrados

 

En el mismo sentido , el artículo 252 del anteproyecto de Código Penal de octubre de 2012 prevé un tipo penal de administración desleal cometido mediante abuso o deslealtad en el ejercicio de las facultades del administrador del patrimonio de un tercero y causa con ello un perjuicio patrimonial; bien por una disminución del patrimonio o bien por una  falta de incremento del patrimonio administrado; o cuando se crea una situación de peligro de pérdida del mismo, como  la concesión no autorizada de créditos sin garantías.  Aunque se sancionan  conductas de riesgo, su objetivo es proteger el patrimonio individual del sujeto administrado

 

Frente a ello, el mencionado artículo  50 del código de eurodelitos  propone castigar  la conducta del  gestor bancario que, infringiendo las normas de limitación de riesgo,  y los dictados de una prudente gestión económica, concede un crédito con riesgo de insolvencia haciendo peligrar el sistema de crédito. Este se concibe, como un bien jurídico colectivo,  accesible a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad

 

La existencia de una regulación penal semejante en España habría obligado  quizás a las entidades bancarias a desarrollar adecuados programas de gobernanza corporativa, para evitar las responsabilidades  penales. También   habría reforzado la aplicación eficaz de la preexistente normativa administrativa cuya superior vigilancia le corresponde al Banco de España.

 

Esta  propuesta penal habría sido también beneficiosa por su equidad. Sobre la base de un adecuado desarrollo de los derechos del consumidor, que los nivele jurídicamente con el banco contratante, se distribuyen las responsabilidades criminales derivadas de la contratación del crédito  entre las dos partes por igual, según su respectiva conducta.  Esta equidad, virtud de  justicia natural que según la RAE mueve a dar a cada uno lo que se merece, permitiría resarcir a la sociedad perjudicada por las consecuencias de estos actos. Evitaría así  justificar la aportación de   dinero público  a estas entidades bancarias sin que se les imponga  la obligación de devolverlo, con el argumento de que nos corresponde exclusivamente a los contribuyentes impedir  la debacle del sistema de crédito español.

El indulto del día

Si ustedes, queridos lectores, son de los que están tan preocupados o/y escandalizados como nosotros por algunos de los indultos que concede el Gobierno (y eso que todavía no ha llegado el de Urdangarín ni el de Bárcenas, de hecho a ver si no prescriben antes los delitos) les gustará conocer esta nueva iniciativa que nos hace llegar uno de nuestros lectores. Se trata de una web que publica los indultos que va concediendo el Gobierno.
 
Aquí tienen el enlace a la web “El indulto del día”
 
El funcionamiento del blog, que ha puesto en marcha Sara Cuenda, profesora de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, es muy sencillo. Sara ha programado un robot que, cuando se pone en marcha, busca de forma automática en la página del BOE los indultos del gobierno en las fechas indicadas, copia la información de cada indulto y luego los postea en el blog vía correo electrónico, cada uno con sus tags correspondientes.
 
Los tags se corresponden con los delitos cometidos. La forma en la que se eligen los tags de cada post es muy sencilla, a partir de las frases usadas en el texto de la resolución. Se trata por tanto de un mecanismo muy sencillo pero eficaz para echar un vistazo rápido a los indultos que va concediendo el Gobierno.
 
Actualmente el blog sólo contiene la información desde enero de 2012. El blog se pone en marcha cada día “a mano” para comprobar los indultos del día anterior aunque en ocasiones los indultos solo los publica el Gobierno semanalmente y, a veces, cada dos semanas.
 
Una buena iniciativa, esta vez personal, de la sociedad civil para que el Gobierno no haga lo que le de la gana en este como en otros temas. El último escándalo supongo que lo tienen presente: el indulto de un kamikaze, Ramón Ríos Salgado, condenado por un delito contra la seguridad vial a 13 años de cárcel, que mató a un joven de 25 años, José Dolz España, concedido por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en contra de los informes emitidos por la Fiscalía y el Juzgado y en contra de la práctica habitual de no indultar este tipo de delitos contra la seguridad vial. Según noticias de prensa, el kamikaze además de  relaciones familiares con cargos del PP, estaba defendido por el abogado Esteban Astarloa, del bufete Uría y Menendez, donde también trabaja el hijo del Ministro Ruiz Gallardón, José Ruiz-Gallardón Utrera. Ponemos todos los nombres para no olvidarnos de que los responsables tienen nombre y apellidos, algunos muy conocidos.
 
Ante la conmoción social producida, el Gobierno reconoce que “ha sido un error pero ya no se puede hacer nada“. ¿No? A nosotros se nos ocurren bastantes cosas, empezando por la dimisión del Ministro. Eso sí, el Gobierno dice que la familia del fallecido puede recurrir el indulto ante la jurisdicción contencioso-administrativa, suponemos que con tasas incluidas. Por lo menos, esta vez no nos han dicho que cambiarán la ley para que en adelante no se haga trato de favor con los indultos a cambio de terminar con la Justicia en casos tan tremendos como éste.
 
Porque señores del Gobierno, el vacío no es legal, es moral.

El indulto del día

Si ustedes, queridos lectores, son de los que están tan preocupados o/y escandalizados como nosotros por algunos de los indultos que concede el Gobierno (y eso que todavía no ha llegado el de Urdangarín ni el de Bárcenas, de hecho a ver si no prescriben antes los delitos) les gustará conocer esta nueva iniciativa que nos hace llegar uno de nuestros lectores. Se trata de una web que publica los indultos que va concediendo el Gobierno.

 

Aquí tienen el enlace a la web “El indulto del día”

 

El funcionamiento del blog, que ha puesto en marcha Sara Cuenda, profesora de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, es muy sencillo. Sara ha programado un robot que, cuando se pone en marcha, busca de forma automática en la página del BOE los indultos del gobierno en las fechas indicadas, copia la información de cada indulto y luego los postea en el blog vía correo electrónico, cada uno con sus tags correspondientes.

 

Los tags se corresponden con los delitos cometidos. La forma en la que se eligen los tags de cada post es muy sencilla, a partir de las frases usadas en el texto de la resolución. Se trata por tanto de un mecanismo muy sencillo pero eficaz para echar un vistazo rápido a los indultos que va concediendo el Gobierno.

 

Actualmente el blog sólo contiene la información desde enero de 2012. El blog se pone en marcha cada día “a mano” para comprobar los indultos del día anterior aunque en ocasiones los indultos solo los publica el Gobierno semanalmente y, a veces, cada dos semanas.

 

Una buena iniciativa, esta vez personal, de la sociedad civil para que el Gobierno no haga lo que le de la gana en este como en otros temas. El último escándalo supongo que lo tienen presente: el indulto de un kamikaze, Ramón Ríos Salgado, condenado por un delito contra la seguridad vial a 13 años de cárcel, que mató a un joven de 25 años, José Dolz España, concedido por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en contra de los informes emitidos por la Fiscalía y el Juzgado y en contra de la práctica habitual de no indultar este tipo de delitos contra la seguridad vial. Según noticias de prensa, el kamikaze además de  relaciones familiares con cargos del PP, estaba defendido por el abogado Esteban Astarloa, del bufete Uría y Menendez, donde también trabaja el hijo del Ministro Ruiz Gallardón, José Ruiz-Gallardón Utrera. Ponemos todos los nombres para no olvidarnos de que los responsables tienen nombre y apellidos, algunos muy conocidos.

 

Ante la conmoción social producida, el Gobierno reconoce que “ha sido un error pero ya no se puede hacer nada“. ¿No? A nosotros se nos ocurren bastantes cosas, empezando por la dimisión del Ministro. Eso sí, el Gobierno dice que la familia del fallecido puede recurrir el indulto ante la jurisdicción contencioso-administrativa, suponemos que con tasas incluidas. Por lo menos, esta vez no nos han dicho que cambiarán la ley para que en adelante no se haga trato de favor con los indultos a cambio de terminar con la Justicia en casos tan tremendos como éste.

 

Porque señores del Gobierno, el vacío no es legal, es moral.

Que se mueran los viejos…

Haciendo un remedo del título de la vieja película “Que se mueran los feos”, el ministro japonés de finanzas Taro Aso ha culpado a las personas mayores del elevado gasto sanitario de su país y ha declarado que él se sentiría mal si supiera que su tratamiento está pagado por el Gobierno,  al tiempo que atacaba las tácticas de reanimación y los tratamientos para prolongar la vida e instaba a los mayores a que se dieran prisa en morir. Así lo recogía The Guardian y así ha sido reflejado por la prensa española.
 
Lo cierto es que en Japón casi un veinticinco por ciento de sus 128 millones de habitantes supera los sesenta años. Y es posible que en los próximos cincuenta años alcance el cincuenta por ciento. El propio Aso tiene setenta y dos años…. pero parece que él no se incluye porque ya en alguna ocasión había criticado a quienes comen y beben y no hacen ningún esfuerzo y luego visitan las consulta: se debe de considerar en forma (ver aquí)
 
No pretendo hacer un post con esta sugerente noticia, sino sólo plantear las cuestiones que me suscita:
 
¿Es hasta cierto punto disculpable -aunque la forma sea brutal- la conclusión del ministro japonés cuando tenemos un mundo masificado, disponemos de recursos limitados y la esperanza de vida es cada vez mayor? ¿Nos encontramos ya en una situación como la del avión en peligro en el que es necesario -como en el chiste del español, el francés y el inglés- tirar a un pasajero para que los demás se salven?
 
¿Hasta qué punto tiene esta noticia conexión con estas otras más antiguas sobre la posibilidad de denegar el tratamiento a fumadores y obesos, que se planteó en Gran Bretaña? O, dicho de otra manera, ¿es exigible una autorresponsabilidad en el cuidado de nuestro cuerpo de tal manera que no genere costes innecesarios a la colectividad? ¿Puede la ley tomar cartas en el asunto, coartando nuestra libertad, como traté en unos de mis primeros posts, acerca de la ley antitabaco?
 
¿O estamos, en todos estos casos, ante un ejemplo más de economicismo eficientista del que ni siquiera la vida humana logra escapar, un utilitarismo racionalista que sacrifica lo que sea necesario si redunda en beneficio de la mayoría? ¿Estamos ya cerca de la distopía cinematográfica de Soylent Green, en la que la falta de recursos naturales -salvo para una reducida élite- hace que la gente se alimente de un producto sintético y les obliga, cuando son mayores, a irse a El Hogar, donde mueren en un ambiente como el de su infancia?
 
Se trata de un dilema moral -quizá un poco prematuro, pero posible en el futuro- del tipo de los que plantea Michael Sandel en Justicia (y que comentaba Rodrigo Tena aquí): un tren que se dirige contra varios obreros pero el conductor puede cambiar de vía para matar solo a uno: ¿es ético hacerlo? ¿Y si tiramos a un gordo a la vía desde un puente para que descarrile el tren?  En nuestro caso sería: vale, no incitemos a las personas mayores a suicidarse, pero no los reanimemos, no paguemos sus tratamientos, no los cuidemos, porque no hay recursos…¿o hay algo por encima de los recursos?
 
Como dice Sandel, hay tres maneras de enfocar la justicia: según el bienestar (maximizar el bienestar de la mayoría, el utilitarismo), según la libertad (la defensa de los derechos individuales) o según la virtud (la justicia asociada a ciertas virtudes). Y el dilema moral surge cuando estos ideales entran en conflicto.
 
¿Quid iuris? Decidan ustedes.